Según data registrada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), al 30 de septiembre de 2015 la tasa acumulada de necropsias relacionadas con hechos criminales va seis por ciento por debajo de la observada a la misma fecha del año anterior. En términos absolutos, en 2015 hay 165 muertes menos que en los primeros nueve meses del 2014. Sólo en enero y mayo de 2015 se sobrepasó la cantidad de necropsias de los mismos meses en 2014, mientras que en los otros siete meses el número fue menor. En julio y agosto se lograron las mejorías más notables. Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) confirman este descenso, aunque la caída es más modesta: del cinco por ciento.
La tasa interanual de la PNC se ubica en 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, y la tasa acumulada de los primeros nueve meses del año en 23, por lo que es bastante probable que el año concluya en alrededor de 30 por 100 mil. Eso significa dos puntos menos que la tasa anual del 2014. Lo cual implica que se estaría logrando un sexto año consecutivo de descenso en la violencia homicida en Guatemala, a nivel nacional. No importa si ésta se mide con data del INACIF o de la PNC, como se muestra en el siguiente gráfico.[2]
La mejoría de Guatemala es acompañada por la de Honduras, aunque el nivel de violencia en este segundo país llega a duplicar al del primero, su reducción es más impresionante: del 13 por ciento. Ambas tendencias contrastan con el aumento del 65 por ciento de la violencia en El Salvador, cuya tasa interanual ya triplica a la de Guatemala, como se observa en el siguiente gráfico. No debe olvidarse que en el denominado Triángulo Norte de Centroamérica, la subregión más violenta del planeta, hay factores comunes a los tres países y vasos comunicantes que podrían explicar las variaciones mucho mejor que los cambios en políticas públicas de seguridad ciudadana a nivel nacional. Por ejemplo, se dice que la violencia está correlacionada con factores como el narcotráfico (sobre todo en Honduras), como la violencia entre pandillas y de éstas contra el Estado (sobre todo en El Salvador) y como la “cultura del honor” en ciertas comunidades donde históricamente los conflictos se resuelven por medio de la violencia armada (sobre todo en la zona oriente de Guatemala).[3]
En Guatemala seguimos sin tener muy claras las causas del descenso en la violencia, pues los cambios en las políticas públicas no se suelen evaluar de manera rigurosa, y sabemos que pueden existir factores exógenos que explican mejor la variación en la tasa de homicidios que la toma de decisiones gubernamentales. Aunque se califique como modesta, dicha mejoría ha salvado unas 10 mil vidas en los últimos seis años, si tomamos como punto de referencia el año 2009, cuando se registró la tasa anual más elevada.
Entre los especialistas, se acepta como una hipótesis plausible el hecho que una mejor coordinación de trabajo entre el Ministerio Público (MP) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB), también con el apoyo del INACIF por medio del aporte de las pruebas científicas para la investigación criminal, ha contribuido a disminuir la impunidad y, por lo tanto, los incentivos para cometer crímenes. Por un lado, se han capturado y condenado a varias estructuras criminales, sacándolos así de circulación. Por otro lado, se ha enviado a dichas organizaciones un mensaje claro por parte del sistema de justicia, elevándose así los costos del crimen y, consecuentemente, sus beneficios netos.
En efecto, ha disminuido la impunidad en Guatemala desde el año 2010 de manera perceptible, como se puede verificar en un estudio por publicarse (elaborado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG). Aunque no está del todo claro cómo los criminales incorporan en su análisis de costo-beneficio ese cambio en la probabilidad de ser capturados y condenados. Una explicación alternativa es que los mismos criminales se han estado eliminando entre sí y por ello quedan menos en operación. Puede ser que hayan migrado a otros países donde les sea más rentable o seguro cometer crímenes o que, simplemente, hayan decidido llamar menos la atención de las autoridades alcanzando una especie de pacto de no agresión entre ellos mismos.
Aunque la violencia en Guatemala ha disminuido durante los últimos seis años, la tendencia de mediano plazo parece estar estancada desde hace varios meses en torno a los 30 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto puede deberse a que aún persisten inalterados los determinantes estructurales de la violencia en el país, como lo son la pobreza y la desigualdad. Una numerosa población masculina, joven y sin empleo formal, en medio de tanta inequidad, es la combinación más peligrosa que una sociedad puede ofrecer. Los cambios institucionales no bastan para detener el uso de la violencia en los mercados ilegales que surgen para proveer bienes y servicios no permitidos, y en los cuales las “disputas comerciales” se resuelven a balazos, como es el caso del narcotráfico.
Mientras escribo estas líneas, el MP pide sentencia condenatoria contra unos 40 jóvenes integrantes de pandillas a quienes se les acusa de extorsión, asesinato y conspiración para el asesinato de unas 70 víctimas. Según la PNC, en 2014, hubo al menos 80 muertes violentas entre pandilleros, mientras que ellos victimizaron a unas 76 personas.[4]
Finalmente, respecto a la geografía de la violencia en Guatemala, al 31 de agosto de 2015, la data de la PNC refleja patrones muy similares a los de años anteriores. Escuintla, Chiquimula y Zacapa presentan las tasas acumuladas más altas, ya superando los 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. De hecho, los dos primeros son también los que más han aumentado en números absolutos. En contraste, el departamento de Guatemala ha mejorado, mostrando 164 homicidios menos que en 2014, es decir, una disminución del 14 por ciento. Es en dicho lugar donde ocurre el 32 por ciento de todos los homicidios (aunque allí habita el 21 por ciento de la población total del país).
Hace cuatro años, incluso hace ocho, las campañas electorales se centraban en quién podría solucionar el problema de la violencia y la inseguridad. Ahora es el problema de la corrupción el que obtiene la atención del electorado y los candidatos sólo responden a ello. Aunque hemos mejorado, Guatemala sigue siendo una de las sociedades más violentas del planeta. El actual período de gobierno terminará entregando un reporte de más de 20 mil vidas perdidas por hechos criminales. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes de las zonas urbanas pobres. Por ello, es crucial que la nueva administración de gobierno sea capaz de sostener la tendencia positiva y que acelere el descenso.
[1] Sí hubo asesinatos de candidatos políticos durante la presente campaña. Se contabilizan entre 25 y 28 víctimas relacionadas de alguna manera con los partidos políticos –según recuento de Plaza Pública (21 oct. 2015), pero ello no afecta el nivel general de violencia homicida anual, la cual está más relacionada con otras causas.
[2] En Guatemala, las principales fuentes sobre la violencia homicida son la Policía Nacional Civil (PNC) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que generan registros independientes entre sí, con diferencias sistemáticas explicables por el momento en que contabilizan las muertes. La PNC se limita a la escena del crimen, donde muchas víctimas son registradas como heridas pero luego mueren en centros de atención hospitalaria. El INACIF recibe casi todos los cadáveres con signos de violencia, incluyendo a quienes murieron por accidente o por heridas auto-provocadas.
[3] Escribí una breve explicación sobre el término “cultura del honor” en The Black Box (23 ene. 2013).
[4] En 2014 la PNC únicamente generó hipótesis del móvil criminal para menos del 40 por ciento de los homicidios. Su registro es ampliamente cuestionado por la escasa capacidad de investigación de los agentes de la Policía, pero sirve por un indicativo ante la falta de registros sistematizados por parte de otras entidades del sistema de justicia, como el mismo MP y las hipótesis criminales elaboradas por sus fiscales.
