En 2025 se publicó el libro Behemoth: Violencia colectiva, política y criminal en el México contemporáneo, en el que el académico mexicano Marco Estrada Saavedra propone un marco analítico para explicar las violencias colectiva, política y criminal a partir de tres casos paradigmáticos conocidos por el público mexicano: Atenco, las autodefensas en Michoacán y el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
El autor desarrolla algunos conceptos para analizar estos casos de violencia en México. Uno de ellos es el de “orden de impunidad estatalmente organizado”, el cual, parafraseando al autor, se define como un entramado de actores estatales y criminales que mantienen relaciones y complicidades para garantizar beneficios mutuos. Estos actores coexisten y coordinan estructuras criminales que generan “modos y espacios de impunidad”[1] que son posibles debido a su ubicación e influencia en nichos burocráticos[2] con capacidad de operar –ya sea por acción u omisión– dentro de la administración pública, en beneficio propio y de los criminales.
Es importante señalar que, según el autor, el “orden de impunidad estatalmente organizada” no describe una conspiración centralizada y organizada por el Estado. Este orden no supone la ausencia del Estado, ni implica que este sea fallido, capturado o cooptado. Más bien, se caracteriza por propiciar “parcelas institucionales”[3] en las que agentes estatales cooperan con estructuras criminales para hacer valer sus intereses. Para el caso mexicano, el autor identifica estas parcelas en espacios institucionales como alcaldías, policía, ejército, tribunales, sistema penitenciario, por mencionar algunos.
Esta categoría analítica es útil para analizar la crisis de seguridad que afecta a la ciudadanía guatemalteca, porque, además de superar explicaciones simplistas, nos permite disputar las narrativas públicas sobre el fenómeno, superando las dicotomías políticas ideologizadas. Un ejemplo ilustrativo de estas dicotomías puede observarse en las opiniones y explicaciones ofrecidas por analistas y otros actores expertos en la prensa y espacios de opinión a raíz de los motines carcelarios y de los ataques armados que ocasionaron la muerte de diez agentes de la Policía Nacional Civil. En estos análisis es posible identificar posicionamientos claramente alineados a favor o en contra del gobierno de turno. Las interpretaciones de los hechos criminales tienden así a sobredimensionar determinados argumentos en función de dichas afinidades políticas, lo que termina de distorsionar el debate público y empobrecer la discusión sobre las causas estructurales del fenómeno.
Asimismo, esta aproximación le permite al ciudadano hacer nuevas preguntas, por ejemplo: ¿qué actores y agentes podrían estar detrás de este orden de impunidad estatalmente organizada? ¿Qué actores públicos y privados se oponen a él y encaminan esfuerzos para desarticularlo? ¿Qué privilegios y redes de cooperación se ven amenazados por las acciones de control y ataque a la impunidad?
En el caso guatemalteco, el sistema penitenciario ofrece un ejemplo paradigmático del “orden de impunidad estatalmente organizada”, o de esa forma específica de presencia estatal en las “parcelas institucionales” mencionadas por el autor. Las cárceles son territorios que se administran mediante arreglos sociales institucionales en donde confluyen distintos actores que facilitan espacios de impunidad. Aquí cabe hacer una precisión sobre a qué me refiero con “arreglos sociales institucionales”. Estas son reglas formales e informales derivadas en prácticas rutinarias que posibilitan el funcionamiento del sistema penitenciario. Por ejemplo, la permisividad de ciertos privilegios a los reos, traslados selectivos, tolerancia de ilegalidades dentro de la cárcel, gestión discrecional de castigos o el respeto de los guardias por las estructuras criminales dentro de la cárcel, que se traducen en tratos preferenciales.
Además, los arreglos sociales institucionales son nodos estratégicos porque se articulan flujos de poder criminal que tienen impacto, dentro y fuera de las cárceles. Del mismo modo, se articula el flujo de economías ilícitas como la extorsión, cobros a otros internos y mercancías de contrabando. Finalmente, en la cárcel fluyen espacios de negociación dado el perfil de los reos y el control que estos tienen dentro y fuera de la cárcel. En ese sentido, los esfuerzos encaminados a controlarlas suponen un rompimiento con el equilibrio político administrativo informal, lo que amenaza intereses político-criminales. Aquí, dos preguntas clave son: ¿cuáles son esos intereses y por qué son importantes para los agentes?
En ese sentido, es razonable esperar que el control de estos nodos genere los niveles de violencia que estamos viviendo. Por el momento, la violencia está especialmente dirigida contra la policía como aparato del Estado. Sin embargo, no es descartable que pueda ser extensivo a otros espacios. En ese sentido, invito a las personas lectoras a cuestionarse: ¿qué equilibrios se rompen al controlar las cárceles? ¿Contra qué tipo de orden de impunidad se está atentando al retomar el control institucional de las cárceles?
Los espacios de impunidad no se reducen al sistema penitenciario. Y acá es donde la ciudadanía debería hacerse preguntas que le permitan identificar espacios de corrupción. Por ejemplo: ¿qué otros actores político-criminales garantizan, ya sea por omisión o acción, estos espacios de impunidad? ¿Qué intereses compatibles existen entre las estructuras criminales de las maras y sectores políticos sociales en el país? ¿Qué causas en común comparten estas estructuras?
La reacción coordinada de las maras revela una estrategia defensiva para que prevalezca ese orden de impunidad, pues su derrocamiento ve amenazados sus intereses. Las reacciones políticas, sociales y legales frente a estos hechos pueden servir de crisol para sopesar quiénes intentan romper el orden de impunidad y quienes trabajan para sostenerlo. En ese sentido, entender el orden de la impunidad estatalmente organizada permite ver que el problema no es solamente criminal, sino profundamente político.
En ese sentido, el aporte de esta reflexión consiste en nutrir el debate público con insumos conceptuales que permitan problematizar y superar explicaciones simplistas sobre la violencia, orientando una discusión informada y crítica capaz de identificar y comprender los mecanismos de impunidad que la reproducen y a los actores que la propician y sostienen.
