Para comprender cómo se vive la extorsión desde la experiencia cotidiana de las MYPES, y cuáles son sus implicancias económicas, sociales y políticas, conversamos con Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Su testimonio permite articular los datos estadísticos con las dinámicas concretas de la economía popular urbana, revelando cómo la violencia criminal se ha incorporado a la lógica cotidiana del emprendimiento en el Perú contemporáneo.

Entrevista

Las cifras del INEI muestran que la extorsión ha alcanzado niveles históricos en el primer semestre de 2025. ¿Cómo se traduce este crecimiento del delito en la vida diaria de los pequeños empresarios de Gamarra?

Lo primero que hay que decir es que las cifras confirman algo que nosotros venimos denunciando desde hace años. Cuando el INEI señala que hay más de catorce mil denuncias por extorsión en solo seis meses, está poniendo en números una realidad que en Gamarra se vive todos los días. Sin embargo, esa cifra no refleja todo lo que ocurre, porque muchos casos nunca llegan a denunciarse.

En la práctica, la extorsión se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Hay comerciantes que reciben llamadas, mensajes por WhatsApp, notas amenazantes o visitas “preventivas”. Otros ya saben que, si no pagan, pueden sufrir atentados contra su negocio o su familia. Eso genera un clima de miedo permanente que afecta la forma de trabajar y de tomar decisiones.

El informe del INEI muestra que Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de denuncias. ¿Por qué cree que los emporios comerciales como Gamarra son especialmente vulnerables?

Porque somos territorios donde la economía popular está muy concentrada. Gamarra reúne a miles de talleres, galerías, comerciantes ambulantes y pequeños empresarios que dependen del ingreso diario. Esa concentración, sumada a la informalidad, nos convierte en un blanco atractivo para el crimen organizado.

El INEI registra que Lima Metropolitana pasó de 3,697 denuncias por extorsión en el primer semestre de 2024 a 5,783 en el mismo periodo de 2025.^[10] Ese crecimiento tan acelerado no puede explicarse solo por una mayor disposición a denunciar; responde a una expansión real del delito en zonas económicamente activas.

Usted menciona la informalidad como un factor clave. ¿Cómo se relaciona esta con la extorsión?

La informalidad es uno de los principales factores de vulnerabilidad.

El propio INEI reconoce que el subregistro del delito está asociado a la falta de denuncia.^[11] En Gamarra, ese subregistro tiene rostro: comerciantes que prefieren pagar antes que exponerse, que sienten que el Estado no los va a proteger o que temen represalias si acuden a la policía.

Desde la Asociación Gamarra Perú han identificado que alrededor del 10 % de las MYPES ha sido extorsionadas. ¿Qué revela este dato sobre la magnitud del problema?

Revela que estamos ante un fenómeno estructural, no marginal. Estamos hablando de miles de negocios y, detrás de ellos, miles de familias. Cuando una MYPE es extorsionada, no solo pierde dinero; pierde tranquilidad, capacidad de inversión y confianza en el futuro.

Ese 10 % es una cifra dura, pero probablemente conservadora. Incluso en encuestas internas, muchos empresarios no se sienten cómodos reconociendo que han sido víctimas. El miedo es un factor muy poderoso que distorsiona cualquier medición.

¿Cómo impacta la extorsión en la dinámica económica del emporio?

Impacta de múltiples maneras. En primer lugar, reduce la rentabilidad de los negocios, porque el pago del “cupo” se convierte en un costo adicional. En segundo lugar, desalienta la inversión y la expansión. ¿Quién va a ampliar su taller o abrir una nueva tienda si sabe que eso puede atraer más atención de los extorsionadores?

Además, afecta la competencia. Los negocios que no pueden pagar terminan cerrando o mudándose, mientras que otros sobreviven en condiciones muy precarias. Esto distorsiona el mercado y debilita al conjunto del emporio.

Diversos estudios señalan que la extorsión funciona como una forma de “gobernanza criminal”. ¿Comparte esa idea?

Sí, totalmente. La extorsión no es solo un delito económico, es una forma de control territorial. Los extorsionadores imponen reglas, cobran impuestos ilegales y castigan a quienes no cumplen. En ese sentido, están ocupando un espacio que debería ser del Estado. Autores como Francisco Durand han señalado que las economías ilegales y criminales construyen formas propias de poder cuando el Estado es débil o ausente.^[12] En Gamarra, esa ausencia se siente cuando no hay presencia policial efectiva o cuando las denuncias no tienen seguimiento.

¿Cómo evalúa la respuesta del Estado frente a este fenómeno?

Ha sido reactiva y fragmentada. Hay operativos, anuncios, incluso estados de emergencia, pero no una estrategia integral. El problema es que la extorsión no se combate solo con más policías; se combate con inteligencia, justicia eficaz y políticas que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños empresarios.

Mientras formalizarse siga siendo costoso y riesgoso, muchos preferirán mantenerse al margen del Estado. Y eso es terreno fértil para el crimen organizado.

¿Qué rol cumplen las organizaciones gremiales frente a esta situación?

Cumplen un rol fundamental. Nosotros tratamos de acompañar a los empresarios, de visibilizar el problema y de presionar a las autoridades. También generamos información propia, como la encuesta sobre extorsión, porque sabemos que si no producimos datos, el problema se minimiza.

Sin embargo, hay límites claros. Un gremio no puede reemplazar al Estado. Podemos denunciar, articular, proponer, pero la seguridad ciudadana es una responsabilidad pública.

Desde una perspectiva más amplia, ¿qué nos dice el avance de la extorsión sobre el modelo económico del país?

Nos dice que hay una contradicción profunda. El Perú se ha sostenido durante décadas en el emprendimiento y la economía popular, pero no ha garantizado las condiciones básicas para que esos emprendimientos se desarrollen con seguridad. La extorsión es una señal de alerta. Si no protegemos a las MYPES, estamos poniendo en riesgo no solo la seguridad, sino el propio tejido económico y social del país.

El informe del INEI subraya que la extorsión es uno de los delitos con mayor crecimiento relativo en los últimos años. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre criminalidad y economía popular en el Perú?

Nos dice que hay una relación directa entre la precariedad estructural y la expansión del delito. La economía popular, como la que existe en Gamarra, se sostiene sobre el esfuerzo diario, el autoempleo y la flexibilidad. Pero esa flexibilidad también implica fragilidad frente a la violencia. El crecimiento de la extorsión no es un fenómeno aislado; está conectado con la falta de oportunidades, con la debilidad institucional y con la ausencia de políticas sostenidas para fortalecer a las MYPES. Cuando el Estado no llega con servicios, seguridad y justicia, otros actores ocupan ese espacio. Y esos actores no ofrecen protección, ofrecen miedo.

Desde su perspectiva, ¿la extorsión está cambiando la manera en que los empresarios se relacionan con el espacio público y con el Estado?

Definitivamente. Hoy muchos empresarios organizan su rutina en función del miedo. Cambian horarios, evitan ciertos recorridos, limitan su visibilidad. Algunos incluso prefieren no crecer para no llamar la atención. Eso es gravísimo porque va en contra de cualquier lógica de desarrollo. Además, se rompe la relación de confianza con el Estado. Cuando una persona siente que denunciar no sirve o que la va a dejar más expuesta, se produce un retiro silencioso de la ciudadanía. La gente sigue trabajando, pero se desvincula emocionalmente del Estado. Eso debilita la democracia.

El INEI reconoce el problema del subregistro. ¿Cómo se manifiesta este subregistro en Gamarra?

Se manifiesta de muchas formas. Hay comerciantes que nunca denuncian, otros que lo intentaron una vez y no volvieron a hacerlo porque no obtuvieron respuesta. También hay quienes sienten que la denuncia los puede perjudicar frente a otras autoridades, por ejemplo, municipales o tributarias. En la práctica, la extorsión se maneja como un problema privado, cuando en realidad es un problema público. El subregistro no es solo una falla estadística, es una señal de que algo está roto en la relación entre ciudadanía y Estado. ^[13]

¿Qué impacto tiene la extorsión en la formalización de los negocios?

Un impacto negativo enorme. Durante años se ha promovido la formalización como una solución, pero no se ha garantizado seguridad a quienes dan ese paso. Para muchos empresarios, formalizarse significa hacerse visibles sin estar protegidos. Si no se articula formalización con seguridad, lo que se genera es una trampa. El empresario siente que cumple con el Estado, pero el Estado no cumple con él. En ese contexto, la informalidad aparece como una estrategia de supervivencia, no como una elección ideológica.

Desde una perspectiva económica, ¿cómo afecta la extorsión a la competitividad del emporio de Gamarra?

La afecta directamente. Un negocio que paga extorsión tiene menos margen para invertir en maquinaria, innovación o mejores condiciones laborales. Eso reduce su capacidad de competir, tanto en el mercado interno como frente a productos importados. Además, se genera una competencia desleal. Algunos negocios cierran porque no pueden asumir ese costo adicional, mientras otros sobreviven en condiciones muy precarias. A largo plazo, esto debilita al conjunto del emporio y reduce su capacidad de adaptación.

Algunos analistas sostienen que la extorsión funciona como un “impuesto ilegal” sobre la economía popular. ¿Está de acuerdo con esa caracterización?

Sí, es una caracterización muy acertada. La extorsión funciona como un impuesto regresivo, porque golpea más fuerte a quienes menos tienen. No es un pago proporcional, es una imposición arbitraria que no ofrece ningún beneficio a cambio. A diferencia de los impuestos formales, este “impuesto” no se reinvierte en servicios ni infraestructura. Solo alimenta redes criminales que, a su vez, fortalecen su capacidad de control territorial. Es un círculo vicioso muy difícil de romper.

¿Qué rol juegan las mujeres en este contexto, considerando que muchas MYPES son lideradas por ellas?

Un rol central y muchas veces invisibilizado. En Gamarra hay miles de mujeres emprendedoras que sostienen negocios y familias. Para ellas, la extorsión tiene un impacto emocional muy fuerte, porque las amenazas suelen involucrar a los hijos y al entorno familiar. Además, muchas mujeres enfrentan este problema en soledad, sin redes de apoyo claras. Por eso, desde el gremio, tratamos de generar espacios de acompañamiento y contención, aunque sabemos que no es suficiente.

¿Cree que el discurso público ha minimizado el impacto de la extorsión en las MYPES?

Sí, muchas veces se habla de la extorsión como si fuera un problema de grandes empresas o de sectores específicos. Pero la realidad es que las principales víctimas son los pequeños negocios, los talleres, los comerciantes de a pie. El informe del INEI es importante porque pone cifras donde antes había solo percepciones. Sin embargo, todavía falta traducir esos datos en políticas públicas concretas que prioricen a las MYPES.^[14]

Desde su experiencia, ¿qué tipo de políticas serían necesarias para enfrentar este problema de manera integral?

Primero, una política de seguridad que no sea solo reactiva. Necesitamos inteligencia, investigación y presencia permanente del Estado en los territorios económicos. Segundo, una política de formalización realista, que reduzca costos y ofrezca beneficios tangibles. Tercero, fortalecimiento de la justicia. No sirve de nada denunciar si los casos no avanzan. Y cuarto, trabajo con los gremios y organizaciones sociales, que conocen el territorio y pueden ayudar a construir confianza.

¿Qué papel deberían jugar los datos y las estadísticas en esta estrategia?

Un papel central. Sin datos no hay política pública. El trabajo del INEI es fundamental, pero debe complementarse con información cualitativa y con datos producidos por los propios actores sociales. Las encuestas gremiales, los estudios de caso y las investigaciones académicas permiten entender lo que las cifras no muestran: el miedo, la autocensura, la normalización de la violencia. Todo eso debe ser parte del diagnóstico.

¿Qué riesgos enfrenta el país si no se controla el avance de la extorsión?

El riesgo es enorme. Podemos terminar en un escenario donde emprender sea un acto de valentía extrema. Donde la economía popular, que ha sido un motor de inclusión, se convierta en un espacio capturado por el crimen. Si eso ocurre, no solo perderemos negocios, perderemos cohesión social. Y recuperar eso es mucho más difícil que recuperar cifras económicas. Por eso insistimos: la extorsión no es un problema sectorial, es un problema nacional.

Para cerrar, ¿qué mensaje le daría al Estado y a la sociedad?

Que la extorsión no es un problema ajeno, es un problema que nos afecta a todos. Cada negocio que cierra por miedo es una derrota colectiva. Necesitamos políticas integrales, presencia estatal real y un compromiso serio con la defensa de la economía popular. Gamarra no es solo un mercado, es el resultado de décadas de trabajo migrante, esfuerzo familiar y emprendimiento. No podemos permitir que el miedo lo destruya.

^[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia. I semestre 2025 (Lima: INEI, 2025), 15.

^[2] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 16.

^[3] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 22.

^[4] Cifras proporcionadas por la Asociación Empresarial Gamarra Perú

^[5] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 9.

^[6] Asociación Gamarra Perú, Encuesta sobre seguridad y extorsión en el emporio comercial de Gamarra (Lima, 2024), documento interno.

^[7]  RPP (2023). Comerciantes pagan hasta S/ 4 000 a extorsionadores en Gamarra

^[8] Latina (2021). Reporte Semanal | Banda criminal «Los ojaleros de Gamarra»

^[9] El Comercio (2021). Las mafias de La Victoria.

^[10] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 22.

^[11] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 9.

^[12] Francisco Durand, Economías ilegales y poder político en el Perú (Lima: Fondo Editorial PUCP, 2022), 87–92.

^[13] INEI, Estadísticas de la criminalidad, 9–10.

^[14] Defensoría del Pueblo, Inseguridad ciudadana y crimen organizado en el Perú (Lima, 2024), 34–38.