Cuando se habla de “drogas” en Guatemala, resulta inevitable relacionarlas con el narcotráfico. Constantemente se difunden en las noticias y redes sociales casos de enfrentamientos armados vinculados con estructuras del crimen organizado que tienen repercusiones en los espacios urbanos y rurales del país. Guatemala es un país con una ubicación estratégica para las redes internacionales de narcotráfico en América, ya que posee una posición clave entre el norte y el sur del continente. El poco control de la problemática ha causado olas de violencia armada que no solamente afectan a los actores criminales; también afectan a personas inocentes que habitan los espacios utilizados. Desde este punto de vista, es muy evidente cómo la distribución de drogas desencadena olas de violencia e inseguridad en el país.
Sin embargo, moviendo el enfoque a los individuos, un fenómeno menos estudiado en el país es cómo el consumo de drogas puede afectar a espacios mucho más cercanos y cotidianos: hogares, escuelas y espacios sociales. Mientras las políticas públicas y el debate público tienden a centrarse en el control territorial y la represión del narcotráfico, como lo refleja la Ley contra la Narcoactividad, existen dinámicas menos visibles que también vinculan el consumo de sustancias con distintas formas de violencia. Desde el consumo de drogas en edades tempranas, hasta contextos de violencia intrafamiliar, estas problemáticas configuran situaciones de vulnerabilidad que rara vez forman parte de la mirada mediática.
Este artículo busca discutir la relación entre las drogas y diversas formas de violencia física en Guatemala. Como primer punto, se examina la dimensión territorial de la distribución de sustancias ilícitas relacionada con redes de grupos criminales. Luego se indaga en otras modalidades de violencia que no están vinculadas con grupos criminales, como las que suceden en los hogares, escuelas y espacios sociales. Estas modalidades son menos estudiadas en Guatemala y existe menos literatura al respecto. Por lo tanto, más que llegar a conclusiones generalizables, el objetivo de este artículo es discutir los datos disponibles en la actualidad y marcos conceptuales que contribuyan a una comprensión más amplia del fenómeno.
Tres formas de entender la violencia ligada a las drogas
Las drogas y la violencia son dos variables que se influyen mutuamente: cada una puede propiciar la otra. Para estudiar esta relación, uno de los modelos más completos es el modelo tripartito de Goldstein que identifica tres categorías principales: la psicofarmacológica, la económico-compulsiva y la sistemática. Ninguna pretende abarcar todas las formas de violencia posibles, sino ilustrar los mecanismos más documentados en la literatura. El modelo resulta pertinente para Guatemala, ya que según Darío Monterroso en la Revista Análisis de la Realidad Nacional, el país pasó de ser corredor de tránsito entre los años 1960 y 1980, a tener consumo, producción y crimen organizado propio desde el año 2000. Por ello, Guatemala no solo enfrenta el narcotráfico, sino que también convive con las consecuencias del consumo de drogas en su población. A continuación, se explica cada una de las categorías.
La categoría psicofarmacológica del modelo tripartito de Goldstein contempla efectos directos entre las drogas y el comportamiento violento. En algunos individuos, los efectos de algunas sustancias ilegales o del alcohol generan alteraciones en el estado de ánimo, resultando en irritabilidad, irracionalidad y hostilidad. Estos efectos dependen del tipo de droga consumida. Por ejemplo, se ha comprobado que la cocaína y las metanfetaminas aumentan los episodios de agresión en consumidores; mientras que el cannabis y los opioides –drogas más relacionadas con el consumo recreativo– pueden inhibir el comportamiento violento e inducir a estados de relajación. Aún hace falta documentar casos de esta categoría que se adapten al contexto guatemalteco.
La categoría económica-compulsiva discute los actos violentos que algunos consumidores con dependencia adoptan para conseguir dinero que sustente la compra de estas sustancias. Las adicciones prolongadas significan un gran costo, lo que repercute en los recursos económicos del consumidor, en especial para grupos socialmente vulnerables. En consecuencia, los individuos se ven motivados a ejecutar robos, asaltos y otros crímenes como recurso para financiar sus adicciones. Al igual que la categoría psicofarmacológica, existen pocos datos que exploren su prevalencia en Guatemala.
Por último, se encuentra la categoría sistemática, la cual relaciona la violencia con los puntos geográficos de venta de sustancias ilícitas. La competitividad de distribución genera conflictos entre traficantes, la eliminación de la competencia e incluso represalias por deudas con consumidores. Esta categoría se relaciona más con las disputas territoriales en áreas estratégicas, pero también se relaciona con la propensión a involucrarse con estructuras criminales. Por ejemplo, individuos que desarrollan adicciones y viven en áreas marginales. Distribuir drogas no solo se vuelve un ingreso económico para cubrir necesidades básicas, sino que se vuelve un ingreso que permite perpetuar la adicción.
Esto se refleja con claridad en el contexto guatemalteco. La categoría sistemática del modelo de Goldstein resalta la violencia estructural que proviene de la comercialización de drogas en países como Guatemala. Las peleas causadas entre grupos rivales por las rutas de transporte, extensión de tierras productoras y puntos de comercialización han generado olas de violencia. El control del territorio es un factor determinante para que las redes criminales consoliden el éxito de sus operaciones, sin importarles las consecuencias para la población general. Incluso puede mencionarse el contrabando de armas ilegales como parte del narcotráfico, ya sea para atacar a rivales o para protección propia. En cualquiera de los casos, la violencia parece un resultado inevitable.
De las tres categorías, la sistemática es la que cuenta con mayor evidencia disponible para el caso guatemalteco a nivel territorial, por lo que será el punto de partida del análisis. La categoría psicofarmacológica, aunque menos documentada territorialmente, se expresa con claridad en el ámbito individual, como se verá más adelante.
Violencia sistemática y territorial en Guatemala
Cuando se habla de violencia sistemática, no se habla de la violencia que ejerce un individuo, sino de los patrones que repiten estructuras o grupos de personas. En Guatemala, el narcotráfico ha logrado tomar el control de territorios e instituciones de la sociedad, perpetuando una violencia sistemática. Es difícil determinar con exactitud cómo esto se refleja individualmente en los ciudadanos guatemaltecos, pero ya existen algunos datos que empiezan a alertar sobre esta problemática. Por ejemplo, en el año 2018 se realizó la Encuesta Nacional de Percepción de Violencia (ENPEVI) con el objetivo de conocer la percepción de los ciudadanos sobre temáticas relacionadas con la violencia, incluidas las drogas. El Observatorio Nacional de Drogas (OND) utilizó estos datos para realizar un “índice de situación” que considera cuatro variables con 25% de peso cada una:
- Consumo de alcohol
- Venta ilegal de alcohol
- Consumo de drogas
- Venta de drogas
Como puede verse en la Gráfica No.1, los departamentos con mayor prevalencia de consumo y venta de alcohol y drogas para el 2018 son Sololá, Suchitepéquez, Jutiapa, El Progreso y Jalapa. La lista de estos departamentos es clave para realizar hipótesis sobre la distribución de consumo en Guatemala. A primera vista, es difícil determinar las causas de este fenómeno según el contexto de cada departamento, ya que existen muchas variables que podrían involucrarse, como la salud mental, la exposición a sustancias en poblaciones vulnerables y, por supuesto, distintos tipos de violencia. La principal limitante para esta discusión es la falta de estudios posteriores al 2018 que profundicen en el comportamiento de estas variables.
Gráfica 1. Índice de situación (consumo y venta de alcohol y drogas) y tasa anual de homicidios, 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del OND, ENPEVI * y Observatorio de Violencia de Diálogos**, 2018
*A cada una de estas variables se le asignó un peso del 25%, creando así un índice de situación con una ponderación equilibrada entre las cuatro variables mencionadas. El índice es de escala 0 a 1
**Tasa anual por 100,000 habitantes
Analizando otras investigaciones relacionadas con la distribución de drogas en Guatemala, Diálogos publicó un boletín en 2018 sobre la narcoactividad del país. La narcoactividad abarca desde la posesión por consumo y almacenamiento hasta el comercio y el tráfico. A partir de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), el boletín identifica los departamentos con mayor número de personas detenidas por estos delitos. Los departamentos fueron: Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Sololá y Quetzaltenango. A excepción de Quetzaltenango, todos estos departamentos figuran entre los índices de consumo y venta de alcohol y drogas más altos. Esto respalda los datos del OND y sugiere una correspondencia territorial entre los patrones de consumo y la acción policial. Por otro lado, invita a considerar posibles diferencias en los niveles de control, denuncia y capacidad institucional entre otros departamentos.
Ahora bien, el comportamiento de la violencia homicida a nivel departamental muestra distintos resultados. Según los datos del Observatorio de la Violencia de Diálogos, los departamentos que en 2018 reportaron una mayor tasa anual de homicidios fueron Zacapa, Izabal, Escuintla, Guatemala, Petén, Chiquimula y Jalapa, mostrados en la Gráfica No. 1. La mayoría de estos se ubican en la región fronteriza al oriente del país, y es bien sabido que una proporción de la violencia que ocurre en esta región está vinculada con rutas del narcotráfico por su cercanía con Honduras, El Salvador, el Caribe y otras fronteras. Justamente Zacapa (57.06 homicidios por 100,000 habitantes) e Izabal (52.12 homicidios por 100,000 habitantes) tienen las tasas más altas de la región, sugiriendo una relación entre la violencia y economías ilícitas.
Por ejemplo, el departamento de Petén ha sufrido enfrentamientos armados, como sucedió en el municipio de San Andrés en 2024. Este altercado estuvo relacionado con redes criminales y dejó 8 fallecidos, marcando un importante precedente de violencia en el lugar. Otro caso reciente fue la masacre relacionada con narcoactividad en Escuintla que dejó a 14 personas fallecidas en octubre de 2025. Estos casos suelen tener un modus operandi previamente calculado, sin importar la vida de las personas que no están relacionadas con el objetivo principal de los perpetradores.
Aunque estos indicadores capturan dimensiones distintas —percepción ciudadana, acción policial y niveles de violencia letal—, en conjunto son consistentes con la categoría sistemática de Goldstein, que conecta directamente el auge de la violencia con la presencia de narcoactividad: las disputas por control territorial en zonas estratégicas resultan en hechos violentos a nivel estructural. Los departamentos que presentan una mayor conexión entre estas variables son Guatemala, Escuintla y Jalapa.
Cada departamento cumple un rol distinto dentro de las redes de narcotráfico. El departamento de Guatemala es un punto estratégico para el lavado de dinero. El desarrollo de sus economías formales y estructuras institucionales facilita los mecanismos para ocultar el blanqueo de dinero. Por su lado, Escuintla tiene una ubicación clave que permite transportar droga mediante el océano Pacífico. Un caso reciente reporta una estructura de narcotráfico que operaba a través de lanchas tiburoneras, aprovechando la conexión de las costas mexicanas y salvadoreñas. En el caso de Jalapa, su papel puede estar más vinculado al almacenamiento y a las rutas de distribución, aunque más análisis deben efectuarse sobre el rol de este departamento. En otros casos, como el de Zacapa, existen análisis como el del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala que vinculan el tráfico de estupefacientes con sucesos violentos en las rutas de distribución del departamento.
Sin embargo, no todos los departamentos muestran una posible relación entre estas variables. Por ejemplo, Sacatepéquez y Sololá – áreas con afluencia turística – son departamentos con alta prevalencia de consumo de drogas, pero no de homicidios. Del mismo modo, Zacapa figura entre los más violentos del país, pero no destaca por su consumo, lo que apunta a que su violencia responde más a las rutas de tráfico que al consumo local. En suma, los datos permiten identificar patrones, pero no establecen causalidades directas: la relación entre drogas y violencia depende del contexto específico de cada departamento y del rol que cumple dentro de las redes de narcotráfico. Esta dimensión territorial, sin embargo, no agota el fenómeno. Las drogas también atraviesan espacios mucho más cotidianos para los ciudadanos —hogares, escuelas, comunidades— donde la violencia adopta formas distintas y menos visibles.
¿Cómo se ve el fenómeno en los individuos?
Habiendo discutido la relación entre el narcotráfico y la violencia según la propuesta de la categoría sistemática del modelo de Goldstein, hace falta profundizar en categorías menos exploradas, como la categoría psicofarmacológica anteriormente descrita. En Guatemala, donde el consumo de drogas ha aumentado sostenidamente desde los años ochenta y afecta cada vez más a jóvenes en etapas tempranas de desarrollo, entender estos efectos directos resulta indispensable para dimensionar la violencia física.
Los espacios cotidianos —hogares, escuelas, comunidades— de los guatemaltecos son clave para entender que no hace falta pertenecer a un grupo organizado para involucrarse en dinámicas de violencia vinculadas con las drogas. La SECCATID en 2024 recopiló datos sobre el consumo de drogas a partir de sus Centros Ambulatorios para la recuperación de dependencia de sustancias. Entre los datos más preocupantes se encuentra que las edades con mayor número de asistencias en dichos centros son de 15 a 19 años. Según declaraciones recientes de la PNC, actualmente existen alrededor de 38 centros educativos propensos a la distribución de drogas y armas dentro de los establecimientos. Nuevamente, esto evidencia que la introducción al consumo de drogas suele iniciar a corta edad, en etapas del desarrollo con mayor impulsividad y vulnerabilidad emocional.
Estudios del Journal of Social Work Practice in the Addictions demuestran que el consumo de alcohol y cocaína a temprana edad puede predecir comportamientos agresivos en el futuro, y no solamente eso, también pueden tener efectos inmediatos. ¿Cómo se ven reflejadas estas consecuencias en Guatemala? Los datos de la ENPEVI muestran que el 45% de las víctimas de agresiones físicas reportaron que sus victimarios estaban bajo la influencia de alcohol o drogas durante el delito. Además, un 33% de víctimas también señalaron la influencia de sustancias en robos violentos. Justamente como discute Goldstein, esta es una dimensión que no puede ignorarse al hablar de la relación entre las drogas y la violencia.
Estos datos no implican que toda persona que consume drogas incurra en comportamientos violentos; la relación depende de factores individuales, del tipo de sustancia y del contexto. Sin embargo, sí evidencian que en Guatemala la dimensión individual del consumo tiene consecuencias reales sobre la violencia física y que estas consecuencias afectan desproporcionadamente a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Ignorar esta dimensión equivale a tener una imagen incompleta del problema.
Entender la complejidad para lograr mejores estrategias
La relación entre las drogas y la violencia no responde a una sola lógica. Sin embargo, cuando se combinan condiciones de vulnerabilidad —precariedad económica, entornos familiares con adicciones, acceso temprano a sustancias— el riesgo de que ambas se retroalimenten aumenta significativamente. Por eso es necesario un enfoque amplio que distinga entre la violencia presente en hogares y comunidades, y aquella ligada a redes de crimen organizado y corredores de tránsito: no son el mismo problema y no admiten las mismas soluciones.
No basta con medidas represivas. También es preciso invertir en programas de salud mental comunitaria, intervención temprana en centros educativos y mayor accesibilidad a centros de recuperación para personas con dependencia. Asimismo, el papel que tienen los hogares para mitigar o agravar el consumo de drogas es crucial en las etapas tempranas de los niños y adolescentes, especialmente en casos de violencia intrafamiliar. Solo a partir de una comprensión integral de estas dinámicas será posible diseñar respuestas sostenibles que no solo disminuyan la violencia, sino que transformen las condiciones que la reproducen.
