Patrones de votación en la elección de Fiscal General 2014 y 2018

La Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General finaliza sus actuaciones con la elaboración de la nómina de 6 aspirantes que, a su juicio, son quienes mejor cumplen con los requisitos para el cargo. Posteriormente, esta nómina se remite al Presidente de la República para que elija, del listado de 6, a quien finalmente ocupará el puesto de Fiscal General.

En atención al procedimiento, lo que se espera en primera instancia, es que la Comisión de Postulación remita a la Presidencia de la República un listado de personas lo más idóneas posible en términos académicos, profesionales y éticos. De tal forma que se garantice, desde el listado, que la persona designada por el Presidente cuente efectivamente con todos los méritos requeridos para desempeñar las funciones.

Con la finalidad de propiciar un proceso meritocrático, transparente y objetivo, la ley estipula mecanismos tales como la elaboración de una tabla de gradación para calificar los expedientes de aspirantes y la presentación de tachas o señalamientos por parte de la sociedad civil. Sin embargo, hemos evidenciado las deficiencias estructurales que limitan e impiden efectividad de estos mecanismos y, por consiguiente, la elaboración de una nómina que responda a las demandas de que se nombre como Fiscal General a una persona que goce de capacidad, idoneidad y honradez.

Más allá de los aspectos que ya han sido discutidos en apartados previos, la cuestión fundamental para la integración de la nómina descansa en la última actuación que se realiza en la Comisión de Postulación. En ese punto, a quienes integran la Comisión les corresponde votar por quienes resulten demostrar los mejores perfiles para dirigir el Ministerio Público.

Esta votación se hace tomando en cuenta la calificación obtenida en la tabla de gradación, las tachas presentadas, las pruebas de descargo defendidas, la entrevista sustentada, la prueba psicométrica atendida, el plan de trabajo elaborado, y todos los elementos conocidos y aceptados por los comisionados durante el proceso de postulación. De la votación se elabora, finalmente, el listado de las 6 personas más votadas por la mayoría de comisionados, y esta es la nómina que se envía al Presidente para que elija Fiscal General.

De los procesos estudiados se ha verificado en las votaciones una tendencia de los comisionados por ampararse en tecnicismos y cuestiones formalistas que les eviten cualquier eventual polémica, pero que limitan el juicio crítico con el que se esperaría que procedan. Por esa razón, el estudio de los patrones de votación resulta fundamental, aun cuando debe atenderse a la dificultad metodológica que representa el apego al formalismo de los comisionados, cuando se trata de hacer este ejercicio desde las ciencias sociales.

Otra de las dificultades, que también se verifican en esta tarea, es la ausencia de algunos comisionados en el momento de votación y la cantidad limitada de eventos de votación que hay en el caso de las Comisiones de Postulación para la integración de la nómina de candidatos, lo cual repercute en la posibilidad de completar una medición de patrones absolutamente certera. Esta característica atiende a un rasgo transversal a todos los procesos: para los decanos de mayor tradición, los y las que de verdad tienen que administrar una facultad, la Comisión de Postulación es un evento incómodo.   En 2014,  por ejemplo, el comisionado de la Universidad Mariano Gálvez (UMG) se ausentó, precisamente, durante la votación para la integración de nómina final analizada.

Patrones de votación y metodología de nuestro análisis 

En cuanto a los patrones de votación, el presente análisis evidencia nuevamente una tendencia en la que las determinaciones de la Comisión de Postulación no responden apropiadamente a las disposiciones constitucionales que privilegian, de forma integral, la idoneidad, la capacidad y la honradez. Y que para el efecto requieren, necesariamente, de enfoques técnicos y críticos que, en teoría, se obtendrían de una Comisión integrada primordialmente por perfiles con fuertes vinculaciones académicas.

Tomando en cuenta las dificultades en el ejercicio cuantitativo, para elaborar el presente estudio se utilizaron tres metodologías de clusterización para datos categóricos basados en técnicas de estadística y matemáticas, que en conjunto son conocidas como Kmodes. El propósito del estudio fue encontrar grupos de comisionados que tuvieran una misma tendencia de voto para seleccionar a los mismos candidatos de manera recurrente.

Como requerimiento técnico, las metodologías hacían necesario reestructurar los datos de una manera en específico. Los datos originales proporcionados (en excel) consisten en el nombre del comisionado, la institución a la que representan, su voto (si fue a favor o en contra) y el nombre del aspirante por quién votó. Considerando esta situación, los datos pasaron por un proceso de transformación, en donde cada institución y comisionado representaban un registro único, mientras que los aspirantes se presentaron como atributos en donde solo habían dos valores posibles: a favor o en contra. Este proceso se llevó a cabo con el registro histórico que se tenía de los años 2014 y 2018. Posteriormente, al análisis serán incorporados los valores del proceso de 2022.

Luego de completar el registro, la primera metodología implementada se basa en la propuesta por Cao et al. (2009),  la cual consiste en encontrar un número óptimo de clusters, es decir, la cantidad de grupos posibles que presentan una misma tendencia de voto para seleccionar a los aspirantes a Fiscal General. Posteriormente, para hacer una clasificación individual de cada comisionado e institución, se hizo uso de la metodología propuesta por Hang (1997) y Hang (1998) la cual consistió en tres aspectos esenciales: a) medir la varianza estadística de los votos de los comisionados; b) dar prioridad a los candidatos que recibían gran cantidad de votos (la moda estadística); y, c) medir la frecuencia con la que los comisionados votaron por un mismo candidato.

Finalmente, se obtuvo una base de datos la cual hacía una clasificación en 2, 3 y 4 grupos que podrían tener un patrón de votación bastante similar. Dichos resultados, usando otros métodos del tipo cualitativo, muestran que podrían haber 3 grupos significativos de comisionados con una misma tendencia de voto.

Así, del análisis, fue posible definir, en cada proceso de postulación, 3 grandes grupos, los cuales se clasificaron como “Grupo A”, “Grupo B”, y “Grupo C”. De esta determinación, resulta factible identificar tendencias de votación bastante similares o idénticas. A partir de los grupos o bloques establecidos, se logra evidenciar ciertos puntos en los que coinciden los actores que se articulan en cada categoría. También, de la observación se precisan variaciones y continuidades en estos patrones, a los que vale la pena prestar atención.

Tanto en 2014 como en 2018, el “Grupo A” es el bloque más robusto, conformado por la mayoría de instituciones representadas en la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General. Este grupo materializa la tendencia primordialmente técnica en la que se agrupan la mayoría de comisionados, con el posible propósito de reducir el margen de polémica en su actuación y privilegiar las funciones naturales que tienen como decanos o funcionarios, fuera de la Comisión de Postulación. En ambos procesos, este conjunto estuvo integrado por los representantes de:

• Universidad de Occidente (UdeO)
• Universidad Francisco Marroquín (UFM)
• Universidad Rafael Landívar (URL)
• Universidad Mesoamericana (UMESO)
• Universidad del Istmo (UNIS)
• Universidad San Pablo de Guatemala (USPG)

Adicionalmente, únicamente en el proceso de 2018, en este bloque también se registraron los representantes de:

• Corte Suprema de Justicia (CSJ)
• Universidad Da Vinci (UDV)
• Universidad Rural (URural)
• Universidad Mariano Gálvez (UMG)
• Universidad Rural (URegional)
• Universidad de San Carlos (USAC)

Por su parte, únicamente en el proceso de 2014, en este bloque estuvo también el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Tribunal CANG) y la Universidad Panamericana (UPANA). En cambio, la UPANA en 2018 estuvo en el “Grupo C”, en donde la institución fue el único integrante del bloque, en virtud de que, por ejemplo, optó por votar en contra de dos aspirantes apoyados favorablemente por el resto de comisionados para la nómina. Los postulantes de la nómina final a los que, en ese proceso, no apoyó la UPANA fueron Miguel Ángel Gálvez y Patricia Gámez.

El “Grupo B” de 2014, por su parte, era más numeroso que en el 2018. En este se encontraron representantes de:

• Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG)
• Universidad Da Vinci (UDV)
• Universidad Rural (URural)
• Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

El listado anterior, básicamente, registra a instituciones que en el proceso de 2018 aparecen registradas en el “Grupo A”. Ello demuestra cómo en el proceso 2018 había un mayor consenso dentro de la Comisión de Postulación. Esa tendencia influyó en el número de rondas de votación que hubo en ese proceso a partir del consenso que existía. Esto podría responder, además, a una coyuntura en la que ciertos aspectos institucionales y legales se encontraban fortalecidos por el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en ese entonces.

Es oportuno señalar el caso de la Universidad de San Carlos (USAC), que en 2018 integraba el “Grupo A”, entre otras, junto con la Universidad Regional (URegional), que para ese proceso recién había sido creada y que se vincula con un ex Decano de Derecho y ex Rector de la USAC como su creador y propietario. El ejercicio, precisamente, demuestra que las votaciones de ambas Universidades son prácticamente idénticas.  Ambas se apartaron del consenso de comisionados que apoyaron favorablemente a la aspirante Consuelo Porras. Por lo tanto, en ese proceso, la USAC y la URegional fueron las únicas instituciones que votaron en contra de la aspirante que resultó electa por el Presidente de la República en 2018.

Como ya se había adelantado, el “Grupo B” de 2018 es más reducido que el de 2014. Se integra únicamente por los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Tribunal CANG). Ambas instituciones registraron una votación completamente idéntica en el proceso de postulación. Votaron en contra de los aspirantes Erick Álvarez y Mayra Véliz en ese proceso.

De las tendencias descritas, únicamente falta mencionar el caso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso del año 2014. En ese proceso, la CSJ fue la única institución del “Grupo C”, debido a que votó en contra de la mayoría de aspirantes y únicamente dio su apoyo favorable a: Claudia Paz, Edgar Lemus, Eunice Mendizábal, Consuelo Porras y Ronny López.

El año 2022, por su parte, ha mantenido en cierta medida las tendencias, pero con notorias repercusiones por la influencia directa de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en el resultado final del proceso. Esto explica categóricamente el desgaste y la obsolescencia cada vez más pronunciada del modelo de Comisiones de Postulación. A eso se suma, además, el rechazo generalizado a la actual Fiscal General por serios señalamientos a su integridad, su ética, su profesionalismo, sus méritos y su gestión en el Ministerio Público.

De esa cuenta, en el actual proceso de postulación, se eligieron en primera ronda a 5 de los 6 aspirantes que integran la nómina y, posteriormente, las rondas de votación se estancaron y se extendieron (como nunca había sucedido), ante una cuestión que se resumía en: incluir o no incluir en la nómina a la actual Fiscal General. El desenlace fue, precisamente, una resolución de la Corte de Constitucionalidad que dictaminó lineamientos altamente cuestionables que determinaron la decisión final de los Comisionados para incluirla en la nómina.

El panorama revela que, a medida que el tiempo avanzó, las presiones políticas, legales y sociales aumentaron. Y, en ese punto, los análisis de Diálogos en el tema aportan datos relevantes para comprender y dimensionar el contexto, como que: las notas obtenidas a partir de la tabla de gradación no son suficientemente elocuentes como para justificar una elección, o que, las tachas o señalamientos deben tener una valoración justa y debidamente razonada.

Entonces, la secuencia de los análisis trabajados verifica reiteradamente que, debido a los diversos factores estudiados, en la práctica se ha desvirtuado el modelo de Comisiones de Postulación. Esto hace cada vez más relevante que a partir de las deficiencias insubsanables que se muestran, se orienten reformas estructurales necesarias para superar la obsolescencia del mecanismo de designación y sus implicaciones en la democracia y el Estado de Derecho. Como insumo, la Agenda Integral Anticorrupción de Diálogos anota lineamientos para la generación de propuestas para viabilizar las demandas de cambio medular, que deberían priorizarse y ser determinantes en el debate del proceso electoral de 2023.