El monopolio que ejercen los partidos en la conformación de las nóminas que se presentan a la población el día de las elecciones ha abierto el debate sobre la legitimidad del formato de listas para la elección de diputados en el sistema electoral guatemalteco. Desde hace unos años, existe una fuerte demanda poblacional por ejercer un voto más directo, a través de listados que ofrezcan alternativas al elector, más allá de los emblemas partidarios. En el proceso de discusión de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de 2016, la clase política planteó diferentes iniciativas que tenían la intención de“abrir los listados”, pero la falta de claridad conceptual sobre el tema hizo que las propuestas perdieran fuerza hasta ser engavetadas.
Aprendiendo de las experiencias del pasado, resulta importante aclarar dichos conceptos y, a su vez, evaluar los efectos de una posible reforma, antes de tomar cualquier decisión. Esto para evitar que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.
En ese sentido, se propone comenzar haciendo una distinción entre los tres formatos que pueden adquirir las listas de elección en un sistema de representación proporcional para las elecciones legislativas, como es el caso guatemalteco: 1) listados cerrados y bloqueados; 2) listados cerrados, pero desbloqueados; y 3) listados abiertos. Cada una de estas modalidades tiene un efecto directo sobre el número de alternativas del elector al momento de ejercer su voto, con las implicaciones logísticas que esto conlleva. A su vez, el cambio tiene un efecto indirecto sobre la configuración del resto de componentes que configuran el sistema electoral, como la magnitud de los distritos o la aplicación de criterios de paridad y alternancia en la conformación de nóminas.
El formato vigente en Guatemala es el de listados cerrados y bloqueados, en el cual las personas votan por un listado preestablecido por los partidos políticos. En este caso, los partidos deciden, de forma interna e idealmente democrática, las candidaturas que buscarán entrar al legislativo y el órden en el que entrarán si son electas (modificado por la fórmula electoral usada), de acuerdo con el número de curules que ganen en las elecciones. Este formato le otorga un poder exclusivo a los partidos para elegir a sus candidatos y no permite que los votantes puedan modificar de ninguna manera los listados que se les presentan el día de las votaciones, lo cual reduce sus opciones de voto a la cantidad de partidos inscritos en su distrito.
En contraste, con los listados cerrados, pero desbloqueados, las personas pueden votar por algún candidato específico que aparece en una lista de candidatos preestablecida por los partidos políticos, sin seguir el orden en el que aparecen. Este formato le brinda mayor libertad a los votantes al permitir que marquen al candidato específico que a su parecer debe representar al partido por el que se han inclinado. Los partidos políticos presentan en la papeleta de elección nada más que una mera propuesta sobre el orden en que pueden llegar a entrar sus candidaturas en caso de ganar curules, pero bajo un esquema menos rígido que empodera al ciudadano. El cambio a un formato de listados desbloqueados conlleva el ejercicio de un voto preferente, que no se restringe a los emblemas partidarios, ya que debajo de ellos estará además la fotografía de cada candidato. Esto permite que el votante elija discrecionalmente al candidato o candidatos de su preferencia, siempre que se mantenga dentro de la nómina presentada por el mismo partido.
Por último, se encuentra la modalidad de listados abiertos, en la que las personas pueden votar directamente por candidatos de distintos partidos, en el orden que ellas quieran. Esta modalidad le otorga plena libertad a los votantes sobre la papeleta con las candidaturas que presentan los partidos el día de las elecciones. Bajo este esquema, el elector tiene tantos votos como representantes tenga el distrito, lo que le permite elegir el orden específico en el que prefiere que los candidatos de diferentes partidos entren al Congreso. Con los listados abiertos se eliminan los límites partidarios en la papeleta, lo cual amplía el menú de opciones de la ciudadanía ya que más que votar por estructuras partidarias, pasa a votar por individuos que compiten entre sí por puestos legislativos.
Estructura de las listas según el tipo de formato
Fuente: elaboración propia.
En Guatemala, el problema con los listados cerrados y bloqueados radica en el poder exclusivo que le otorgan a las estructuras partidarias, ya que su reputación se encuentra deteriorada frente a la población y sus dirigencias son altamente centralizadas. Esta situación fomenta que las candidaturas sean vulnerables a prácticas clientelistas como la venta de casillas para la elección. Además, el formato vigente, al no permitir la individualización del voto en candidatos específicos, genera un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes, e incrementa la desconfianza de los primeros hacia los segundos.
De acuerdo con el Latinobarómetro, dos instituciones que juegan un papel clave para la calidad democrática de cualquier sociedad –el legislativo y los partidos políticos–, gozan de escaso apoyo social. En 2021, la confianza de la población guatemalteca en el Congreso de la República se situaba en tan solo 18 puntos porcentuales, mientras que, para el caso de los partidos políticos, la cifra fue de 9 puntos porcentuales.[1]
Sin embargo, adoptar un cambio no es cosa simple. Tanto la apertura como el desbloqueo de listados conllevan efectos que es necesario balancear. En principio, se debe tomar en cuenta que, mientras menos control tengan los partidos sobre las nóminas, menor será el grado de disciplina partidaria que puedan ejercer sobre sus representantes electos, lo cual terminará afectando negativamente su nivel de institucionalización. Asimismo, un estudio de ASIES de 2018 identificó efectos sobre otras variables de carácter logístico y operativo, tales como la complejidad en el ejercicio del voto y el tiempo de escrutinio para la comunicación de resultados.[2] Por ejemplo, en El Salvador, el cambio de listados cerrados y bloqueados a listados desbloqueados y, posteriormente, abiertos, sumado a una débil estrategia de comunicación por parte de la autoridad electoral, provocó confusión en la población y aumentó la cantidad de errores al momento de emitir el voto y llenar las actas. Por ende, estas reformas deben ser abordadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con campañas de capacitación dirigidas a la ciudadanía y las Juntas Receptoras de Votos que gocen de suficiente antelación para asegurar una eficiente puesta en práctica.
Asimismo, es innegable que cualquier cambio en el formato de listas tendrá implicaciones sobre la competencia política por atraer votos, la cual tomaría fuerza entre los candidatos del mismo partido y tendría implicaciones en los gastos de campaña. En ese sentido, es importante que las normas de financiamiento y fiscalización contemplen el financiamiento personal, en conjunto con el fortalecimiento de la capacidades de fiscalización del TSE.
De igual forma, se debe tomar en cuenta que el tamaño asignado a los distritos es una variable estrechamente relacionada con los efectos que se busca alcanzar a través del cambio en los listados. Tanto abrir como desbloquear las listas de elección implica que el día de las votaciones el ciudadano tendrá una papeleta en la que estarán, además de los emblemas partidarios, los rostros de todos los candidatos inscritos en el distrito electoral. Por lo tanto, en aquellos distritos de magnitud grande, los costos prácticos de la reforma se elevan, al ser más complicado para el elector el ejercicio del voto y para las Juntas Receptoras el conteo. Al mismo tiempo, en este tipo de distritos, el objetivo que se busca de acercar al votante con su representante, a través de un cambio en el formato de listas, se diluye puesto que es más difícil para el ciudadano individualizar el comportamiento de sus representantes una vez electos. Por esta razón, resulta oportuno revisar el modelo distrital en caso de que se implemente alguna reforma a los listados.
Otra precisión importante es que, en teoría, tanto los listados abiertos como los desbloqueados son contrarios a la adopción de criterios de paridad y alternancia en las nóminas. Esto se debe a que, en sociedades donde predomina el machismo y el racismo, los electores tienden a votar por candidaturas históricamente tradicionales (p.ej., por el hombre blanco que tiene dinero y promueve la violencia), lo cual termina reproduciendo esos sistemas en la práctica.
Sopesando los costos y beneficios de los diferentes formatos, desde Diálogos propusimos en las mesas de discusión de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) adoptar un formato de listados cerrados, pero desbloqueados. La intención es dotar de mayor legitimidad al sistema, acercar al representado con su representante y empoderar al elector con respecto a las listas de elección, asumiendo los costos que esto conlleva debido al aumento de la complejidad del proceso de escrutinio de votos y al impacto negativo sobre la institucionalización partidaria. Ambos, sin embargo, son costos que, en el caso de abrir los listados, serían más elevados.
Desde Diálogos consideramos que, en la práctica, si bien el desbloqueo de listas es una estrategia contrapuesta a la posible adopción de criterios de paridad y alternancia en la conformación de nóminas, este tipo de formato no anula en su totalidad los efectos positivos de un régimen electoral de equidad de género, más bien los atenúa. En países como Honduras, se adoptó el desbloqueo de listas en conjunto con la paridad y alternancia. Esta última medida obligó a los partidos a adoptar prácticas internas más democráticas e igualitarias y, al mismo tiempo, contribuyó a que la población interiorice la idea de ver en las listas preseleccionadas de candidatos la misma cantidad de hombres que de mujeres. Si bien los efectos no fueron del todo los esperados, en las últimas elecciones de 2021, Honduras alcanzó su máximo histórico de representación de la mujer en el legislativo, con un 27.34%,[3] cifra que lo sitúa cerca del 30% que ONU Mujeres denomina “masa crítica” por el papel que juega para trastocar las relaciones de poder y propiciar cambios culturales.[4]
Adoptando una visión sistémica de las propuestas de reforma electoral, consideramos indispensable que una transición al formato de listas cerradas, pero desbloqueadas, debe ser adoptado en conjunto con una estrategia de subdistritación, sobre la cual profundizaremos en próximos textos. Esto con la intención de reducir las magnitudes amplias y cumplir con el objetivo principal de esta reforma: acercar al representante con la ciudadanía y empoderar al votante en el proceso de elecciones.
[1]Corporación Latinobarómetro. Latinobarómetro informe 2021. Santiago: Corporación Latinobarómetro, 2021. https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
[2]Luna, Celia y Ruíz, Emilio. Cambio en el formato de listas de elección, ¿qué variables podrían verse afectadas? (Guatemala: ASIES, 2018), 38. http://asies.org.gt/pdf/cambio_en_el_formato_de_listas_de_eleccion_que_variables_podrian_verse_afectadas.pdf
[3]CEPAL, “Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales”, cepalstat. Consultado en https://statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?lang=es&indicator_id=3835&area_id=
[4]ONU Mujeres. Guía estratégica: la participación política de las mujeres en Guatemala: una mirada hacia la paridad democrática. (Guatemala: ServiPrensa, 2018), 32-33. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2018/4/Participacion%20politica%20de%20las%20mujeres%20en%20Guatemala.pdf
