En el 2014 el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declaró culpable de conspirar para blanquear dinero ante un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos. Más recientemente, el expresidente Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti, algunos exministros de Estado, diputados al Congreso, han sido acusados de haber conspirado y abusado del ejercicio de la función pública para el enriquecimiento propio.
Los políticos muchas veces toman el riesgo de defraudar la confianza del público y cometer actos contrarios a la ley porque consideran que éstos quedarán impunes, sea por una tipificación deficiente del acto delictivo; o porque los respalda una organización que facilita el crimen y reduce las posibilidades de que el delito sea percibido, investigado o vinculado al ofensor. Los crímenes cometidos por políticos se distinguen del crimen en general porque se utiliza el poder y autoridad otorgados en beneficio propio (individual o de partidos políticos), opuesto al beneficio público. Los criminólogos han definido estas acciones como “crimen de cuello blanco” y estudios recientes proponen un concepto más exacto: “crimen de cuello blanco en la política”.
En Guatemala, recientemente, una combinación de factores extraordinarios, como la acción de CICIG, la indignación ciudadana y la coyuntura electoral, ha llevado a varios ex-funcionarios a enfrentar la justicia como ciudadanos comunes. Estos casos son la punta del iceberg de los “crímenes de cuello blanco” en el país, y nos ilustran la amplia red de tentáculos criminales que facilita la comisión de delitos y que intenta mantenerlos impunes, en los tres poderes del Estado y una red de empresas que se benefician.
¿Por qué los políticos deciden involucrarse en actividades criminales? Los motivos pueden ser de origen interno (individuales) y externo (institucionales, sociales). En este artículo me enfocaré en las motivaciones internas que señalan tres teorías criminológicas para explicar este comportamiento.
En primer lugar, la elección racional . Como individuos tenemos la capacidad de sopesar el riesgo versus el beneficio de nuestras acciones. Los políticos, en general, están en posiciones privilegiadas que les permiten planificar sus acciones, disimular las actividades ilícitas, y sobre todo neutralizar o retardar (dado la inmunidad conferida por el cargo) la persecución civil o penal. Es más, saben que si la ley los persigue pueden no recibir un castigo. Siendo así, resulta por demás tentador para la mayoría abusar de sus puestos para obtener una ganancia personal, ya sea económica o política.
Tomemos como ejemplo el caso del diputado Gudy Rivera quien ha sido denunciado por tratar de influir en la decisión de la magistrada Escobar para obtener un amparo que permitía en ese momento que Baldetti continuara como Secretaria General del Partido Patriota. Diez meses después de realizada la denuncia, la CSJ nombró a un juez pesquisidor para establecer si ocurrió el delito de tráfico de influencias. El diputado fue reelecto para el siguiente período, y su situación legal es aún incierta.
Segundo, el autocontrol . La capacidad de autorregulación está relacionada con saber diferir las gratificaciones, esforzarse por alcanzar las metas, la prudencia, el altruismo, y el análisis de riesgos (éste último relacionado con la elección racional). Los políticos con características de impulsividad, egocentrismo, y escaso análisis de riesgos, cometen “crímenes de cuello blanco”, que de forma más rápida a lo convencional, les permiten obtener beneficios o ventajas individuales, para su carrera, o su partido.
El caso del ex-presidente Alfonso Portillo quien admitió haber recibido un soborno de $ 2,5 millones por parte del gobierno de Taiwán para seguir reconociendo diplomáticamente a la nación asiática, nos ilustra que su decisión pudo haber obedecido al impulso de aceptar una cantidad de dinero que le permitiría mejorar su estilo de vida, aun corriendo el riesgo de ser perseguido penalmente y condenado socialmente por ello.
Tercero. Los políticos, como todo ser humano, necesitan justificar ante sí mismos sus acciones. Es por ello que previo o posteriormente a involucrarse en actividades criminales utilizan técnicas de neutralización. Para mantener una identidad de ciudadano respetable, el criminal de “cuello blanco” tiene que ajustar los estándares de normalidad a través de los cuales la sociedad juzgará su comportamiento. La justificación es vital para comprender cómo un individuo de alto estatus social y que se ajusta a las normas sociales, se involucra en comportamientos criminales, porqué ésta es no sólo la excusa para explicar el comportamiento sino una parte integral de la motivación individual para cometer el delito.
Algunas de las técnicas de neutralización comúnmente utilizadas por los delincuentes de “cuello blanco”, enfatizan en la normalidad y aceptabilidad del comportamiento (“todos lo hacen”). Esto es especialmente cierto cuando entre los políticos, se espera trabajen en beneficio propio y no en favor de la sociedad por la que fueron electos. En estos casos el criminal de “cuello blanco” tratará de mostrar que la ofensa no es un indicador de su verdadera personalidad, sino el resultado del cargo que ocupa.
Asimismo, los criminales de “cuello blanco” tienden a negar el daño de su delito. Es decir, creen que sus acciones no dañaron a nadie (crímenes sin víctimas, opuesto a la delincuencia común) y que por lo tanto no han cometido ningún crimen. También, tratan de transferir su responsabilidad a otros. Por ejemplo, “no hay corrupto sin corruptor”, y por lo tanto todos deben ser condenados (socialmente) por igual. Cuando son perseguidos por la justicia, señalan que se les ataca por razones políticas que no tienen relación con el delito cometido.
Recordemos cómo el ex-presidente Otto Pérez, quien desde que fue identificado como cabecilla de “la Línea” enfatizó que para que ésta existiera forzosamente tenía que haber quien la utilizara (“La Línea 2”) y pidió que también los empresarios fueran señalados e investigados. Así también, declaró que la motivación de la persecución penal de la que es objeto tiene razones políticas y no necesariamente legales. Y ¿Qué decir de Edgar Barquín, quien junto a dirigentes de LIDER señalaron que al tratar de sindicarlo por el delito de lavado de dinero y vincularlo con “Chico Dólar” se estaba judicializando la política?
¿Cómo hacemos para evitar que el crimen de cuello blanco en la política continúe?
Aumentar los costos/consecuencias. Cuando el Estado y la sociedad miran para otro lado o responden con aparente indiferencia a los crímenes de cuello blanco, quienes se sienten tentados a violar la ley tienen mayor motivación para hacerlo. Por ello debe existir una auditoría social permanente y un sistema de justicia que aplica con celeridad la ley para que todos aquellos funcionarios sindicados y encontrados culpables reciban condenas ejemplares, acordes al delito cometido.
Fortalecer las competencias de los funcionarios. Al momento de asumir el cargo todos los funcionarios deben someterse a un entrenamiento sobre diversas maneras de abordar las situaciones de incurrir en comportamientos criminales a las que están expuestos por el cargo que ostentan. Al hacer parte de sus atribuciones, la remoción de formas de crimen organizado y advertirle que podrían intentar cooptarles, los funcionarios estarían en mejor condición de controlar su comportamiento frente a las amenazas e invitaciones a delinquir y a evitar justificar ese comportamiento.
Condenar socialmente este tipo de comportamiento. El crimen de cuello blanco explota la posición de estatus y traiciona la confianza del público. Pero muchas veces la norma legal y la norma moral no están alineadas. Existe una comprensión a nivel de población de que el político se enriquece ilícitamente y que ello no se puede evitar. La movilización ciudadana debe servir para sancionar moralmente el saqueo de las arcas fiscales, el desmantelamiento de la administración pública y el desprestigio de la política y el servicio civil. Ningún político debería asumir que cometer crímenes de cuello blanco es señal de astucia, inteligencia o habilidad, sino un acto de traición en un país con necesidades sociales tan urgentes. La prensa investigativa, la sociedad civil, los colegios profesionales y los centros de investigación deben actuar como observatorios, centros de denuncia, y medios de divulgación de los actos anómalos.
Finalizo señalando lo evidente. El “crimen de cuello blanco” no es una consecuencia automática de las motivaciones internas aquí expuestas. Existen también factores externos que lo potencian. Éstos serán expuestos en mi próximo artículo.
Notas:
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A Edwin Sutherland se le atribuye la introducción del concepto de crimen de cuello blanco en el siglo pasado; sin embargo es Friederich, D. quien define el crímen de cuello blanco en la política (2009:147) en inglés political white crime.
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La teoría de la Elección Racional fue desarrollada por Cornish y Clarke (1986). Algunos estudios que han establecido la relación entre la elección racional y el crimen de cuello blanco: Raymond Paternoster y Sally Simpson (1993, 1996) Weisburd, Waring, y Chayet (2001).
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La Teoría General del Crimen, basada en el autocontrol del individuo fue desarrollada por Gotfredson y Hirschi (1990). Entre los estudios que han establecido la relación entre autocontrol y el crimen de cuello blanco están: Hirschi y Gotfredson (1989); Piquero, Exum, y Simpson (2005).
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Las técnicas de neutralización fueron porpuestas por Sykes y Matza (1959). Scotl y Sloan (2009); y Haugh (2014) han realizado estudios sobre el uso de técnicas de neutralización y el crimen de cuello blanco.
