Después de José Rubén Zamora: ¿qué pasará con el periodismo en Guatemala?

El encarcelamiento de José Rubén Zamora marcará un antes y un después en las hostilidades contra la prensa. El final de una época de guerra fría para pasar a la persecución descarada propia de las dictaduras.

La hostilidad contra el periodismo crítico no empezó con la detención de José Rubén Zamora. Afirmarlo es inexacto e injusto porque obvia la persecución y el hostigamiento que siempre ha enfrentado el gremio.

En Guatemala nunca hubo un momento ideal para hacer periodismo. Para sustentarlo con datos podemos usar como referencia la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que realiza cada año Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En 20 de años de elaborar el ranking, Guatemala siempre ha fluctuado entre los países con una situación “problemática” o “difícil” para el ejercicio del periodismo. Muy lejos de Costa Rica que suele estar entre los diez países con mejores condiciones.

A partir de 2016, en medio del contexto de la lucha contra la corrupción, la Clasificación mostró ciertas mejoras y una estabilidad entre los años 2018 y 2021, en los que Guatemala se mantuvo en la posición 116.

Este año, como un reflejo de la agudización del acoso contra las y  los periodistas,  las cosas cambiaron con una caída hasta el puesto 124. 

Como cualquier otro ranking, la clasificación de RSF debe tomarse como una referencia pero no como un mapeo exacto de la libertad de prensa. Me parece que el análisis específico sobre Guatemala obvia varios aspectos importantes que hacen aún más grave nuestra situación.

Si no estamos en una situación tan “grave” como Nicaragua (160) u Honduras (165) es porque hasta años recientes el aparato represivo de Guatemala intentaba guardar ciertas formas para mantener la apariencia democrática en temas de libertad de prensa.

La coerción por medio de la pauta publicitaria, el hostigamiento en las redes sociales y la aparente actuación espontánea de la Policía Nacional Civil en casos como el de Sonny Figueroa o Juan Luis Font, le permitían al Estado hostigar sin “ensuciarse” las manos de una forma tan directa como ocurre en Nicaragua.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei se perdió por completo cualquier intento por mostrar una buena relación con la prensa. Muestra de ello es la falta de conferencias abiertas por parte del mandatario.

Mientras tanto, en sintonía con la persecución de fiscales y personas operadoras de justicia, se fue haciendo más obvio el paso a una época de hostigamiento directo contra el periodismo crítico. La persecución judicial contra Juan Luis Font (ahora en el exilio) fue el preámbulo del golpe que se concretó contra José Rubén Zamora.

En ambos casos se trata de procesos penales que nacen del testimonio de personas implicadas en actos de corrupción.

Primero vinieron por los periodistas comunitarios…

Este tipo de casos que hoy nos indignan y alarman han sucedido siempre. Si en algo tenemos que hacer mea culpa como sociedad es en que primero fueron por los periodistas locales y no hicimos lo suficiente.

Tan indignante como el caso de José Rubén Zamora es la persecución contra Carlos Ernesto Choc. Al corresponsal de Prensa Comunitaria le han montado un caso bajo el argumento de que su cobertura de las manifestaciones en El Estor, Izabal, “instigaban a delinquir”.

Similar fue la persecución y encarcelamiento de la periodista radial Anastasia Mejía. En 2020 fue detenida bajo el argumento de incitar a la quema de la municipalidad de Joyabaj cuando su presencia se debió a que documentaba los hechos en su calidad de periodista. Mejía estuvo 39 días en prisión preventiva y el juzgado demoró un año en determinar que la acusación no tenía sustento.

Pareciera que el acoso al periodismo comunitario incluso ha sido tolerado o justificado al poner en duda la calidad de los y las periodistas y la ética de su trabajo.

El análisis de RSF hace mención del limbo legal y del acoso en que operan las radios comunitarias, pero me parece que obvia las condiciones generales en que se ejerce el periodismo fuera de la ciudad de Guatemala.

Con la vulnerabilidad ante los poderes político-criminales locales y la precariedad de las condiciones laborales, es imposible hablar de un mínimo de condiciones para ejercer el periodismo en la mayor parte de Guatemala.

Asedio legal y vulnerabilidad financiera

La diversidad de la oferta periodística en Guatemala (sobre todo por el auge de los medios digitales) podría tomarse como un indicador positivo. Sin embargo, en su mayoría aún se trata de pequeños emprendimientos que pese a los pocos recursos financieros con los que cuentan, han resultado incómodos para el poder.

En este aspecto me parece que el informe de RSF obvia, por ejemplo, el impacto que las reformas a la Ley de ONGs tienen en el periodismo alternativo.

Por la situación económica, el tamaño y la concentración de la economía local, los medios digitales dependen en su mayoría de donaciones. Por ende, lo más lógico sería que se concibieran como organizaciones no lucrativas pero con las reformas a la Ley de ONGs, la puerta quedó abierta para que puedan ser intervenidos e incluso cancelados bajo el pretexto de que su trabajo “altera el órden público”.

En Quorum, medio del que soy cofundador y coordinador, optamos desde el primer momento por constituirnos como una empresa. Una figura que hasta ese momento parecía dar más seguridad que la de ser una ONG.

Otros medios han tomado el mismo rumbo y ello implica que parte de sus recursos deben destinarse al pago de impuestos por una actividad que no es lucrativa. Dudo que alguno de los medios digitales haya alcanzado un punto de equilibrio y empezado a generar ganancias.

En última instancia, destinar parte de sus fondos a impuestos también implica contar con menos recursos financieros para la seguridad del equipo o para enfrentar algún proceso judicial.

El después de Zamora

La hostilidad contra el periodismo crítico no empezó ni terminará con José Rubén Zamora. Si al Estado no le importó capturar y detener al presidente de elPeriódico pese al desgaste que causa en su imágen a nivel internacional, no sé qué podría disuadirlo de no impulsar nuevos casos contra otras y otros periodistas.

El interés por cuidar las formas se perdió. La línea se cruzó en definitiva y temo que las hostilidades se agraven con el inicio del proceso electoral.

Con ligeras excepciones puede observarse en el ranking de RSF un ciclo en los indicadores de la libertad de prensa en Guatemala correspondientes al período 2002-2015. La situación se agrava en los informes publicados en año electoral, luego hay una percepción de mejoría con el cambio de mando y luego vuelven a crecer las hostilidades cuando el gobierno entrante se afianza en el poder.

Puede que cada vez sean más los intentos por crear legislación que agrava la vulnerabilidad de los medios. Me refiero a iniciativas como la Ley por la Vida y la Familia que contempla pena de cárcel para quienes promuevan “directa o indirectamente” el aborto en el país.

Su fin no parece ser otro que seguir dando al Estado opciones para atacar a los medios sin atribuirlo a una represalia por su trabajo de fiscalización.

¿Qué nos queda a los periodistas y a los medios? No basta con ponernos románticos y decir que este acoso nos mueve a hacer más y mejor periodismo.

El momento amerita ser mucho más estratégicos. Nos toca repensar y trabajar no solo en la seguridad de nuestros medios sino en crear protocolos conjuntos como gremio. El futuro seguramente será mucho más hostil mientras no construyamos alianzas que vayan más allá de la publicación de comunicados.

Dicen que uno siempre debe prepararse para el peor de los escenarios. De esa cuenta quizás nos corresponde ir adaptando nuestras organizaciones y nuestras figuras legales para operar en algún momento desde el exilio como ya lo hacen los periodistas de Nicaragua que trabajan desde Costa Rica.