En el año 2015, la UNESCO declaró el 28 de septiembre como “Día Internacional del Acceso Universal a la Información». Desde entonces, esta es una fecha propicia para reflexionar sobre la relevancia del acceso universal a la información y cómo este es un principio esencial para las democracias contemporáneas, especialmente en un contexto en donde aspectos como la desinformación erosionan la confianza en las instituciones.
El acceso universal a la información implica que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información. Este derecho es parte integral de otros derechos como la libertad de expresión y la libertad de prensa. También de elementos democráticos fundamentales como la participación ciudadana. Y, por supuesto, de estrategias esenciales de transparencia y prevención de la corrupción, como la rendición de cuentas y la auditoría social.
Siendo así, es sostenible afirmar que el acceso universal a la información es sinónimo de poder y de toma de mejores decisiones. Ante esto, se vuelve sumamente necesario abordar perspectivas para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, sobre todo en el contexto actual en el que la vigencia del derecho enfrenta múltiples retos.
Sin ir muy lejos, proyectos de Diálogos como La Balanza, han enfrentado estas consecuencias. En la medida que el MP fue endureciendo sus prácticas antidemocráticas en los últimos años, datos que antes eran entregados en respuesta a solicitudes de información pública, dejaron de ser recibidos. En cambio, se comenzó a tener la respuesta reiterada de que “la información podía ser consultada en el informe anual de la institución”, en el cual no figuran datos desagregados que permitan hacer análisis y mediciones como las que propone La Balanza. Además, se debe tener muy en cuenta que el informe anual se publica, como lo indica su nombre, cada doce meses. Por lo que, remitir directamente a él, implica no contar con datos oportunamente actualizados.
Lo mismo sucedió con datos del Tribunal Supremo Electoral, que posiblemente resintió la persecución y el desgaste al que fue sometido por el mismo Ministerio Público a raíz del proceso electoral de 2023. Diálogos solicitó información para hacer análisis históricos de procesos electorales en el año 2021 y, en ese entonces, la data solicitada sobre candidatos a puestos populares fue entregada en formato editable. Sin embargo, en 2024, esta misma información fue entregada en formato impreso y hubo que incurrir en el pago de un alto costo con tal de obtenerla.
¿Se garantiza este derecho en Guatemala?
La Constitución Política de Guatemala es bastante clara al establecer que todos los actos de la administración son públicos y que las personas tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia.
El derecho a la información pública es un pilar básico en cualquier democracia que presume de transparencia. Desde el año 2008, Guatemala cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública que tiene por objeto garantizar el derecho a solicitar y tener acceso a esta información, garantizar la transparencia y máxima publicidad de la administración pública y favorecer la rendición de cuentas y la auditoría social.
Sin embargo, el pleno cumplimiento de estas normas es un reto mayúsculo en tiempos de posverdad, en donde las emociones y juicios de valor personales de actores dentro del sistema político pueden llegar a influir en la conformación de la opinión pública sobre los mismos hechos objetivos. Esto, aunado a una era sumamente digitalizada que, sin ser algo negativo en sí mismo, ha generado el ambiente propicio para que la desinformación polarice extremadamente a sociedades, debilitando así el diálogo democrático.
De esa cuenta, el impacto democrático del acceso universal a la información pasa también por el hecho de que, en contextos de regresiones autoritarias, la información pública es, precisamente, uno de los primeros aspectos en sufrir profundos desgastes. Guatemala no está exenta de estas regresiones. Durante las elecciones de 2023, la incautación de las actas electorales puso en tela de duda la sostenibilidad del proceso. Esta acción, además de debilitar la confianza pública en determinadas instituciones, también favorece a escenarios descritos por Orwell en su obra “1984”, donde la alteración y manipulación de la información servían como herramientas para mantener el control y evadir la verdad.
Claramente, casos como los que ha enfrentado Diálogos con el Ministerio Público o con el Tribunal Supremo Electoral, ejemplifican cómo algunas tendencias autoritarias resultan directamente contraproducentes y destruyen avances y logros importantes en materia de acceso a la información. Estas acciones erosionan el derecho al acceso de información, lo que afecta directamente en la capacidad de la ciudadanía de fiscalizar y participar en la toma de decisiones. La negativa de proporcionar datos detallados o en formatos amigables con la persona usuaria pone en evidencia un retroceso que no solo impacta directamente en la transparencia, sino que agrava la polarización social, ya que la falta de información verificada facilita la proliferación de teorías conspirativas y contenido falso, como el caso de los net centers o troll centers en plataformas digitales.
En este punto, hay que decir que, si bien las redes sociales pueden representar un ambiente óptimo para difundir fake news, también vale la pena resaltar que estas son plazas de encuentro digitales que promueven el debate. Por ello, el reciente cierre temporal de “X” en Brasil durante un periodo de elecciones municipales ha generado una profunda discusión sobre los límites entre la censura y la protección a la verdad, ya que, para algunos, es una clara afrenta a la libertad de expresión.
Finalmente, más allá de la cuestión estructural y de contexto democrático, es verdad que el acceso a la información enfrenta otros retos puntuales a los que también se debe hacer referencia.
La desinformación, la falta de recursos y otros retos importantes
Como ya se adelantaba, es un hecho que aunque existen fuentes oficiales, la desinformación está a la orden del día y llega a ser, incluso, una estrategia para agudizar la polarización y agravar debilidades democráticas. La oportuna disponibilidad de datos podría atender este punto. Sin embargo, no existe o es muy débil la cultura institucional en cuanto a la máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas. Oficinas que, desde su formación, su andamiaje normativo y hasta su construcción arquitectónica fueron diseñadas bajo modelos menos democráticos (o autoritarios), se enfrentan a un panorama bastante complejo cuando se trata de asumir todo lo que implica garantizar este acceso a la información.
Es claro que, además, en buena medida estos aspectos están condicionados por la falta de recursos que ponen sobre la mesa situaciones como quién debe asumir los costos cuando la información que se solicita es voluminosa y reclama un uso considerable de materiales de la institución. No obstante, se debe reconocer que estas circunstancias podrían ser excepcionales en la medida que exista, también, la voluntad de buscar e implementar alternativas coordinadas, tecnológicas y eficientes. Esto mismo puede aliviar otras condiciones relacionadas con la falta de tiempo o de personal para atender algunas cuestiones puntuales.
También, el multilingüismo del país es una realidad importante, que demanda garantizar el derecho a la información con pertinencia cultural y desde una perspectiva que aborde todas las diversidades del país. Incluso, atendiendo a las disparidades de conocimientos previos que pueden existir entre las distintas personas usuarias. Esto resalta, particularmente, la trascendencia que tiene el lenguaje claro en este sentido.
¿Cómo se podría garantizar este derecho?
Los retos discutidos no son menores. Sin embargo, se pueden sortear bajo las implicaciones y estrategias de un Estado Abierto, un ideal que implica una profundización democrática en la que los principios de transparencia, participación y colaboración son transversales al Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos locales, las entidades autónomas y toda la institucionalidad del Estado. Esto se traduce, por ejemplo, en la apertura de repositorios de datos[1], el acceso ciudadano a la información, la participación social en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas, la rendición de cuentas y, en general, en el control de la gestión pública por parte de la ciudadanía.
El ideal de Estado Abierto descansa también en otros procesos, como la digitalización y la disponibilidad de portales de acceso a información pública de oficio (que, según se entiende del artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública, deberían actualizarse como mínimo cada mes). Al respecto, hay precedentes importantes que deben considerarse y deberían cumplirse, como la Política Nacional de Datos Abiertos (2018-2022).
En esta línea, la creciente y generalizada disponibilidad y acceso a medios, así como las nuevas tecnologías y herramientas como la Inteligencia Artificial, pueden ser claras ventajas. Un ejemplo podría ser el uso de protocolos blockchain que ofrecen crear registros digitales inmutables y descentralizados, asegurando que no puedan ser alterados. Guatemala ha sido uno de los primeros países en el mundo en implementar estas tecnologías para propósitos electorales con el respaldo de actas mediante time-stamps. Aún así, no puede pasar desapercibido que la implementación de la tecnología blockchain debe evaluarse, y en su caso implementarse de manera estratégica para aprovechar sus beneficios en favor de todas las personas.
También se debe mencionar que el fact-checking ha emergido como una herramienta esencial para combatir la desinformación. Plataformas y organizaciones dedicadas a verificar información juegan un papel fundamental para asegurar que los hechos prevalezcan sobre el sentimentalismo en el debate público. No obstante, estas iniciativas sólo pueden ser viables y efectivas si existe un compromiso claro del Estado para proporcionar acceso abierto y transparente a datos oficiales.
En tiempos de posverdad y desinformación, el acceso universal a la información es más que nunca una herramienta fundamental para proteger la democracia. Garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a datos fiables, verídicos y actualizados no solo fortalece la transparencia, sino también incentiva la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Iniciativas como el blockchain y el fact-checking pueden ser las claves para enfrentar los desafíos actuales, promovidas por un Estado Abierto que priorice los derechos de la ciudadanía en la era digital.
Por su parte, el interés cada vez mayor de la ciudadanía por informarse y ser parte activa de los procesos de toma de decisiones debería ser el incentivo primordial para priorizar estos esfuerzos. Al igual que la incuestionable relevancia que esto tiene para el futuro, para la democratización y para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.[2]
Sin duda, estas reflexiones deben poner sobre la mesa que el acceso a la información y los datos son el poder de tomar mejores decisiones que beneficien a la persona humana y a la colectividad. Por lo tanto, si se quiere apostar a propiciar mejoras significativas, la apuesta por un Estado Abierto, que garantice plenamente el acceso universal a la información por todos los medios y con todos los recursos a su disposición, es un horizonte seguro y efectivo.
[1]Con todas sus implicaciones: ecosistemas de datos estructurados en formatos editables, con archivos no propietarios bajo licencias abiertas, que estos datos sean contextualizados y periódicos, y demás.
[2] Objetivo 16.10: “Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.
