El presidente Alejandro Giammattei anunció el sábado 11 de abril que pondrá en marcha 10 programas para atender la crisis económica. Uno de ellos es la Asistencia Económica Temporal de Emergencia, con la que pretende beneficiar a 200,000 jefes de familia y llegar a un millón de personas.
En el breve anuncio se indicó que la ayuda llegará a los beneficiarios a través de un código que se enviará al teléfono móvil de cada jefe de hogar. Con el código y el número de DPI se podrá retirar los 1000 quetzales en un cajero automático.
Una crisis como la actual supone desafíos logísticos extraordinarios, y la propuesta sobre el uso de celulares para la transferencia en efectivo parece una alternativa deseable, porque evita la propagación de más contagios y asegura el bienestar del personal de Estado. Sin embargo, el actual sistema puede tener dificultades derivadas de una infraestructura débil e insuficiente: habrá ángulos ciegos.
Un reto llamado, por ejemplo, Alta Verapaz
Actualmente, no contamos con una base de datos instaurada para identificar a los jefes de hogares que deban y puedan (criterios diferentes) acceder a esta ayuda económica por medio del teléfono móvil. La falta de datos representa un obstáculo grande para un programa de transferencias de efectivo. En primer lugar, al no contar con datos segmentados por poblaciones vulnerables se tiene como único dato fiable el Censo de población y vivienda del 2018. El problema del Censo es que no se ha hecho pública la información por lugar poblado y sólo concede la desagregación por municipio, información incompleta sobre la geo-localización de los hogares más necesitados.
Pero, aun así, los datos del Censo muestran que el teléfono móvil como medio para transferir efectivo excluye a varias poblaciones. En municipios como Jocotán, Panzós, San Miguel Tucurú, Chahal, Santa María Cahabón y Senahú, menos del 50 % de los jefes de hogar contaban con celular cuando se recogieron los datos. En 75 de los 340 municipios menos del 70 % de hogares tienen un celular.
Lo más preocupante es que los hogares que no tienen celular son los más vulnerables. Por ejemplo, en municipios como San Miguel Tucurú, Camotán y Jocotán muchos jefes de hogar que no tienen celular presentan un bajo porcentaje de Población Económica Activa.
En ese sentido, puede resultar contradictorio que el programa se proponga el uso de estas tecnologías para las transferencias a las poblaciones con más necesidades. No obstante, la planificación sí debe proporcionar mecanismos para evitar que las personas se aglutinen en oficinas gubernamentales o puedan poner en riesgo la seguridad del personal de gobierno.
La solución no es sencilla. Esta estrategia debe discutirse públicamente y con expertas o expertos, y quizás lo más adecuado sea usar criterios diferenciados para llevar la asistencia a los hogares más vulnerables que no cuenten con la tecnología.
El gobierno tiene una oportunidad valiosa para abrir los datos a la población para que con ello se logren generar propuestas más enriquecedoras, fiables y transparentes. Esto no sólo generaría más legitimidad en la toma de decisiones, pero también una oportunidad para procesos de cocreación, que nos permitirían como sociedad vislumbrar en dónde se encuentra la población más necesitada y cómo podemos llegar a ella.
Este análisis es una colaboración entre Plaza Pública y Asociación Diálogos.
