No es ningún secreto que el sistema político guatemalteco está fragmentado. El Congreso cuenta con partidos políticos divididos en facciones. Dentro del Ejecutivo conviven redes clientelares de diverso origen que hacen una gestión de feudos con tristes resultados. El CACIF, con su anticuado sistema de rotación de liderazgo, tiene serios problemas de legitimidad entre sus propios miembros. Incluso el crimen organizado actúa disperso.
Sin embargo, en los últimos días vemos una agenda de regresión de la lucha contra la corrupción tan coordinada que evidencia un amplio acuerdo detrás. El mismo día que la Corte de Constitucionalidad denuncia al abogado Alfonso Carrillo, una Sala anula el acuerdo de una de sus clientes, testigo en un caso de financiamiento electoral de empresarios de grandes capitales. Ambas acciones combinadas son un mensaje muy claro sobre el futuro de ese caso en particular y de esta clase de procesos en general.
¿Cómo un sistema fragmentado, sin fuertes liderazgos, logra una organización tan precisa? La respuesta pasa por entender que tienen un enemigo en común: la Política de Estado, y los individuos que la llevaron a cabo (que orbitó en torno a CICIG). Estos grupos han negociado un programa que aspira a desmontar los distintos componentes de lo hecho entre 2015-2019.
La CICIG logró unificar en su contra, una agenda amplia de impunidad de diversos actores, de diversos orígenes y que de distinta manera se benefician de un sistema de corrupción estructural. Esos grupos tienen poder a través de la institucionalidad, ocupan puestos o influyen en la misma, pero no son simplemente individuos que ostentan cargos. Las grandes coaliciones responden a intereses donde el factor social, y la identidad política, son fundamentales.
¿Quiénes son estos colectivos? Son grupos de poder, individuos que se sienten pertenecientes a un colectivo que les da acceso a influencia dentro del sistema. El corolario es que trabajan en favor de ese grupo y de sus intereses, sin preocuparse por la mayoría. Pese a que pueda haber fragmentación y dispersión entre ellos, los últimos dos años demuestran que para muchos ganó, quizá ante la ausencia de un liderazgo que construyera un sistema distinto el sentido de interés “tribal” antes que el de la sociedad en general.
A falta de un mejor término para denominar a este tipo de grupos los llamaremos castas. Según la RAE el término, además de la estratificación india, hace referencia a grupos sociales “que forman una clase especial y tienden a permanecer separados de los demás por su raza, religión, etc.”. Otra acepción de casta en sociedades animales es la que las define como el “conjunto de individuos caracterizados por una misma estructura o función, como las abejas obreras en una colmena”. Tomaremos esas dos ideas, casta como grupos separados por sus características (clase social e identidad) y casta como la función que cumplen dentro del sistema.
Claro que la realidad está llena de matices y traslapes. Existen intermediarios que articulan entre estos grupos y que en algunos casos pueden tener características de más de uno de ellos. Sin embargo, el grueso de esos individuos no escapa de esa noción de identidad de “clase” y de los intereses propios del grupo. En cada una de estas castas hay a lo sumo unos miles de personas, que tienen acceso a esas fuentes de poder y las defienden como sus beneficiarios. Podemos distinguir, sin pretender ser exhaustivos y a sabiendas de que hacen falta estudios sociológicos en la materia, cuatro:
- La casta política que es la que controla los partidos, o el mecanismo de formación de partidos. Sirven como gatekeepers de quién puede acceder al poder público y quien no. Normalmente, especialmente cuando nos referimos a políticos distritales, hablamos de personas con capacidad de manejar redes clientelares y recursos financieros. Muchos provienen de clases sociales medias y bajas convirtiendo esta vía en importante mecanismo de acceso social. La casta política es fundamentalmente transaccional, importando el pago directo antes que las agendas ideológicas. Su actividad negociadora de recursos públicos se vio alterada en 2016 y 2017, lo cual llevó a la parálisis de comportamiento político. El regreso a las prácticas tradicionales es para ellos un regreso a la eficacia en la toma de decisiones.
- La casta jurídica, es la de aquellos que entraron a las diversas instituciones públicas y gremiales y que desde esos espacios llevan años desarrollando su carrera. Su vida laboral se ha desarrollado bajo unas reglas que la CICIG vino a perturbar. Tienden a ser los más sometidos a la estructura formal de poder (son elegidos por los cargos políticos), de la que se benefician en la medida en que haya transacciones corruptas. Esta vía es una de las más claras de ascenso de la clase media que recibió por lo general educación en la universidad pública (entidad desde la cual se estructuran muchas de las mismas redes).
- La casta criminal, concretamente de criminalidad organizada. Algunos provienen de redes dentro del Ejército y otros de grupos distritales tradicionales. Cada vez más, como señalamos en nuestro artículo anterior, están colonizando los espacios de la casta política lo cual hace sentido pues es la más parecida en términos sociológicos. Tienen un incentivo claro en procurarse impunidad dado que su labor es fundamentalmente delictiva.
- La casta empresarial, es la que busca conservar sus privilegios ya sean estos de hecho o de derecho. La cohesión entre la misma tiene un alto componente racial. Se perciben distintos de los otros grupos, a los que desprecian, pero con los que tienen que pactar más que nunca.
La lucha contra la corrupción a partir de 2019, hecho profundizado por el reciente cambio en el Corte de Constitucionalidad en el 2021, experimenta una regresión porque estas cuatro castas fueron poco a poco articulando acuerdos que les permitieron revertir los avances y recientemente entrar en un proceso de persecución de los responsables de los mismos.
Lo que viene después de la venganza es una incógnita ¿Podrán, sin el enemigo común, hacer un reparto entre estos miles de individuos que la mayoría considere “equitativo”? Antes de 2015, la relación no era armónica. La casta empresarial, por ejemplo, percibía que Manuel Baldizón (que en ese momento se veía como el ganador de la Presidencia, iba a entrar en su espacio de poder.
Hoy los mecanismos de Gobernabilidad Corrupta, como ya los hemos denominado en este espacio, mecanismos institucionales que son el reflejo de las dinámicas descritas traducidas a lo público, están sin duda engrasados en favor de una agenda regresiva. La pregunta es si dan para gobernar un país con millones de personas a las que darles resultados ¿Quiénes serán capaces de unir y disciplinar a las cuatro castas del poder guatemalteco?
