En enero de 2027 arrancará el próximo proceso electoral con el Decreto de Convocatoria que promulgará el pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tomó posesión en marzo. En dicho texto se convocará a la ciudadanía empadronada para participar en la elección de más de 4,300 cargos, lo que incluirá presidente y vicepresidente de la República, 340 alcaldes e integrantes de corporaciones municipales (síndicos y concejales), 160 diputados al Congreso de la República y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 

En las últimas elecciones generales, realizadas en 2023, participaron como voluntarios más de 100 mil ciudadanos integrando 24,427 Juntas Receptoras de Votos (JRV) a nivel nacional. El padrón utilizado fue de 9 millones 361 mil 68 ciudadanos, de los cuales un millón 452 mil 466 fueron jóvenes entre 18 y 25 años, es decir alrededor del 15% de personas aptas para ejercer el sufragio. El porcentaje de participación ciudadana, según el TSE, ascendió al 60%. Los votos válidos comprendieron el 76%, mientras que los votos nulos llegaron al 17% y los votos en blanco el 7%.

A pesar que el voto joven indudablemente tuvo un peso importante en la elección de las actuales autoridades, no es un secreto que en este segmento de la población subsiste una gran apatía y desinterés generalizado en relación al tema electoral. Esto incluye todo lo que suene a elecciones y voto, pero más aún en relación a la participación política, partidos políticos, candidaturas, etc. Esto se ha acrecentado, en alguna medida, por la percepción de que “las cosas no mejoran”, e incluso por los numerosos ataques que han recibido el sistema y la institucionalidad electoral desde 2023 a la fecha, lo que también ha generado preocupación a nivel nacional e internacional.

Tomamos como punto de partida que la participación ciudadana de las juventudes es un elemento fundamental para la consolidación de la democracia guatemalteca, en un país donde más de la tercera parte de la población es joven. En efecto, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que, para 2022, la población joven representó el 33.8% de la población nacional. Los retos para impulsar la participación de este segmento de la población son varios, empezando por el reconocimiento de que no existe una única “juventud” o un solo grupo de “jóvenes”, sino que su realidad se corresponde con la realidad del país, que, según los Acuerdos de Paz firmados en 1996, es multiétnico, pluricultural y multilingüe. 

¿Juventud o juventudes?

Es importante precisar por qué se habla de juventudes, así en plural. El sistema de Naciones Unidas tipifica como jóvenes a las personas de entre 15 y 24 años. Esta definición fue respaldada por la Resolución 36/28 de 1981, en el contexto de los preparativos al Año Internacional de la Juventud de 1985, de tal forma que todos los documentos y estadísticas que maneja la organización de basan en esta definición, la cual ha sido extendida por algunas entidades y organizaciones hasta los 30 años.

En consecuencia, en los últimos años se ha extendido la utilización de juventudes en lugar de una sola juventud. Mientras que el término juventud se limita al ámbito etario (de edad), al hablar de juventudes se toma en cuenta la realidad heterogénea y diversa que viven los jóvenes en sus realidades concretas. Basta pensar en una persona joven que habita en el sur del país, marcada por niveles altos de violencia, frente a un joven del altiplano o alguien que ha crecido en las verapaces, donde las oportunidades son escasas; por su parte, una joven de la región seca de Chiquimula que haya recibido una deficiente alimentación en su infancia habrá desarrollado un organismo más vulnerable que alguien de la capital.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), considera que “las juventudes guatemaltecas representan un grupo poblacional diverso que está llamado a tener un papel clave para alcanzar el desarrollo sostenible”. Víctor Valdivieso, representante de UNFPA en nuestro país, expresa que “en Guatemala, donde más de seis millones de personas están entre los 13 y 30 años, hablar de juventud no es hablar del futuro. Es hablar del presente. De quienes ya están soñando, creando y liderando. De quienes transforman sus comunidades con ideas, energía, convicciones y voluntad de cambio”.

Luis Estuardo Villegas, en un artículo para el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), comenta que actualmente se emplea el término juventudes “para dar cuenta de la diversidad de los sujetos y los grupos que pueden aglutinarse en torno a ella por su condición étnica, de género, nivel educativo, orientación sexual, lugar de residencia, grado de vulnerabilidad a las violencias, condición socioeconómica o discapacidades”. Agrega que este concepto parte de un imaginario social, el cual a su vez descansa en las luchas históricas que los jóvenes han librado para ser reconocidos e incluidos en los procesos y espacios de participación.

Participación ciudadana y legitimidad

En el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011/2012, enfocado en el tema de las juventudes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) menciona que “la participación es un derecho y un deber de la condición ciudadana; se refiere a la libertad que tienen las personas para tomar parte en decisiones que afectan su vida e influir en el desarrollo de su comunidad”, esto comprende “las distintas formas de contribuir al desarrollo político, a la cultura democrática, a la ampliación ciudadana desde los ámbitos comunitarios hasta los nacionales e internacionales”. Cuando se menciona “influir” y “contribuir” en el desarrollo de sus comunidades y de su país, se puede notar que el tema ya trasciende a solamente el acto de votar para elegir, que es el elemento que siempre se remarca cuando se habla de democracia.

Al referirse a la participación ciudadana, es fundamental que la población conozca cuáles son sus derechos y deberes ciudadanos, ya que normalmente se sabe que se debe votar para elegir autoridades, pero se obvia que el ejercicio ciudadano va mucho más allá de solo marcar en unas papeletas entre las distintas opciones que se le presentan. En el caso de Guatemala, en el artículo 3 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se incluyeron los siguientes derechos y deberes ciudadanos: 

a) Respetar y defender la Constitución Política de la República; 

b) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos y obtener el Documento de Identificación Personal que lo faculte para poder ejercitar los derechos y cumplir los deberes a que se refiere el presente artículo; 

c) Elegir y ser electo; 

d) Ejercer el sufragio; 

e) Optar a cargos públicos; 

f) Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;

g) Defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, y

h) Desempeñar las funciones electorales para las que sean designados”. 

Es importante tomar en cuenta que la Constitución Política de la República, después de cuya promulgación entró en vigencia la LEPP, fue redactada en 1985, cuando se luchaba para salir de las dictaduras e inaugurar una nueva etapa democrática; de ahí se entienden algunos de los aspectos incluidos por los constituyentes en el artículo citado.

En una lectura atenta del texto salta a la vista que el primero de los derechos y deberes ciudadanos se refiere a “respetar y defender la Constitución”. ¿Por qué aparece primero este y no otros, por ejemplo “elegir y ser electo” o “ejercer el sufragio”? Los constituyentes estaban plenamente conscientes de lo que implicaba salir de un letargo de décadas de gobiernos autocráticos y autoritarios, en los que no se podía ejercer la ciudadanía como se la concibe ahora; por eso, todos los ciudadanos están llamados a proteger este Estado de Derecho que costó tanto construir y que se debe seguir fortaleciendo. De hecho, hay varios referentes de defensa del sistema, como cuando el presidente Jorge Serrano Elías pretendió romper el orden constitucional y hacerse de todos los poderes como un nuevo “dictador democrático” en 1993. También se observó en 2015, cuando muchos ciudadanos, incluyendo numerosos jóvenes, salieron a la Plaza a manifestar para exigir la renuncia de las autoridades de turno, acusadas por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de participar en una red organizada para saquear al Estado. Finalmente, es importante mencionar que parte importante de la defensa de los resultados electorales de 2023 también recayó en jóvenes y representantes de organizaciones comunitarias que salieron a exigir que no se atentara contra el proceso electoral. Hay ejemplos dignos de un análisis propio, como el movimiento que surgió en La Bethania, colonia ubicada en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

Al considerar el resto de derechos y deberes ciudadanos, es necesario enfatizar que la participación ciudadana y la participación política son dos aspectos necesarios dentro de un régimen democrático y son fundamentales para legitimar la legalidad del gobierno electo. Para lograrlo, insiste el PNUD, “un Estado democrático –como el guatemalteco- necesita altos niveles de legitimidad que se logran mediante la ampliación de las y los ciudadanos que participan”. De esto se colige que es necesario hacer conciencia en la población empadronada, apta para ejercer sus derechos y deberes ciudadanos, que debe participar, tomando en cuenta que la democracia es representativa, ya que las políticas que inciden en la búsqueda del desarrollo y la satisfacción de las necesidades de la mayoría las toman las autoridades electas, pero también es participativa, ya que los ciudadanos también deben involucrarse en forma directa en las decisiones que afectan la vida de la población. 

En cuanto al resto de derechos y deberes ciudadanos, es importante destacar que, en contraste con la baja participación de jóvenes en la postulación de candidaturas, un alto número integró las Juntas Electorales, en especial las JRV, en las que participaron 52,530 jóvenes para llegar al 40% del total. Esta forma de participación permite aportar a “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral” a la vez que “desempeñar las funciones electorales para las que sean designados”.

Desaliento juvenil, realidad a revertir

En el estudio denominado Los jóvenes, los medios y las elecciones de 2007, de Gustavo Berganza y Azucena Cifuentes, investigadores de Asociación DOSES, se incluye un capítulo completo relacionado a lo que denominan el desaliento juvenil, en el que se habla de la existencia de un clima emocional negativo entre los jóvenes guatemaltecos abordados. Ahí se expresa que, si bien “por lo general, se piensa que el grupo etario comprendido entre los 18 y los 24 años está constituido por personas optimistas[…] Otras visiones los describen como apáticos ante los eventos que acontecen en la sociedad, indiferentes ante la política y centrados en sus intereses personales”. 

Los investigadores expresan que “el lugar de la juventud ha cambiado sustancialmente en las últimas décadas en la región. Un primer cambio importante es que la política ha dejado de vincularse con la idea de un gran cambio social, y la participación de los jóvenes tiende a darse más en ámbitos locales y fuera de los partidos políticos, asumiendo formas de pequeña escala, de menor horizonte temporal y de alcance más modesto en las pretensiones de cambio”. En el pasado las generaciones jóvenes tenían la ilusión del cambio social, pero eso ha disminuido con las décadas, e incluso de una elección a otra, en el corto plazo de cuatro años.

Los jóvenes, tal como lo expresan Berganza y Cifuentes, no encuentran muchas razones para mantener la esperanza en la situación en que se encuentran inmersos, ya que no ven posibilidades de cambio o de mejora: “La suma de dificultades para desarrollarse exitosamente y ejercer su ciudadanía a plenitud los lleva entonces a pensar que el presente, tal como lo viven, no permite vislumbrar mayor esperanza en que la situación pueda cambiar. Los jóvenes que se animan a pensar en la posibilidad de una mejoría en su situación personal y en la del país, lo expresan más en función de un deseo, de un deber ser, que de una posibilidad factible”.

Este “desaliento juvenil”, entonces, está relacionado con la apatía por participar en los procesos político-democráticos, especialmente en los eventos electorales. Y quienes asumen su compromiso con el voto, descartan de entrada la participación en otras formas y modales, en especial en la política partidista.

En 2025 el TSE impulsó la construcción de su Política de Juventud, la cual continúa en proceso. En los diálogos realizados a nivel regional, muchos jóvenes expresaron que actualmente hay pocos espacios para ellos, especialmente en las organizaciones políticas, lo que contribuye a aumentar ese desaliento para participar.

Ciudadanía y juventudes

Actualmente ya nadie cuestiona la importancia de promover la participación de las juventudes en democracia, lo cual incluye todas las formas y ámbitos para el ejercicio ciudadano. Esto tiene, sin embargo, sus matices. En el estudio de Horacio Boneo y Edelberto Torres-Rivas se mencionó que, a pesar de que la edad es un factor importante al analizar el comportamiento humano, léase sus distintas formas de participación, los autores expusieron que no existía evidencia empírica de que los jóvenes fueran más propensos a aceptar compromisos políticos o de otro tipo, sino más bien “las simpatías, o la solidaridad con los otros, el desarrollo de un sentido profundo por el bien común o con los valores de la equidad y la justicia social, no corresponden necesariamente a una etapa de la vida personal, a la edad, sino a determinados momentos históricos, que podrían llamarse movimientos de ruptura, tal como ocurrió al final de los años sesenta en todo el mundo. Fenómeno del cual los guatemaltecos no fueron ajenos”. Esto ha sido patente, como ya se dijo, en momentos especiales de la vida nacional en que la democracia ha estado a prueba, tanto en el presente siglo como en el pasado, cuando los totalitarismos estaban en boga en el continente americano. En todos esos momentos, agregan los autores, “son los jóvenes los que particularmente están presentes con su generosidad y valentía”, lo cual va de la mano con la conciencia que han adquirido de su realidad y de la importancia de abordarla y enfrentarla de forma activa.

Para el PNUD, la promoción del ejercicio ciudadano en las juventudes pasa por expandir la ciudadanía, inicialmente, de forma horizontal, lo que implica la ampliación espacial o física, ya que es en las áreas rurales donde “hay ciudadanos y ciudadanas potenciales pero aislados, sumidos en el analfabetismo o la baja escolaridad, con desinterés por los asuntos públicos y con poco acceso a información sobre lo que sucede en los ámbitos de vida nacional”. La segunda forma de expandir la ciudadanía es de forma vertical, la cual implica un mayor esfuerzo, ya que aquí se incluye a los grupos tradicionalmente considerados como excluidos: mujeres, indígenas, jóvenes, y entre todos ellos, especialmente los que pertenecen a estratos más bajos de la sociedad. 

El PNUD expone que “el primer horizonte visible para la ampliación de la ciudadanía encuentra en la juventud su inicial desafío. La participación aumenta si lo hacen las y los ciudadanos; la democracia se beneficia de la ampliación y participación juvenil”. 

Fruto de las reformas que se hicieron a la LEPP en 2016, cada vez que concluye un proceso electoral se conforma la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), la cual se introdujo en la normativa por medio del artículo 256 Bis. En las dos ediciones realizadas se ha contado con participación de representantes de distintos sectores de la sociedad, incluidas las mismas organizaciones políticas. En las propuestas presentadas ha sobresalido la inclusión de las cuotas de poder, ya que Guatemala es uno de los pocos países que no cuentan con ellas dentro de su sistema electoral. Dichas cuotas estarían encaminadas a asegurar la presencia de grupos tradicionalmente marginados en los cargos de elección, especialmente las mujeres, incluidas las juventudes. Aunque no todos coinciden con esta medida, aseguraría en parte la llegada de muchos jóvenes a los distintos cargos, especialmente al Congreso de la República, como ya ocurre en otros países.

Hace algunas décadas, Boneo y Torres-Rivas le apostaron a las actividades de promoción y educación cívica a gran escala. Para eso propusieron que, asumiendo el TSE desde el Instituto Electoral el liderazgo de los esfuerzos en educación cívica, incluso desde la edad temprana (gobiernos escolares), esta labor se reforzara  constantemente con el apoyo de las organizaciones civiles y no gubernamentales enfocadas en el mismo objetivo, con el fin de sumar fuerzas y recursos, incluyendo campañas de difusión y concientización.

En el mismo sentido, en el Informe de evaluación de la Mesa de Prevención y Mitigación de la Conflictividad Electoral (MPMCE) de 2019, se enfatizó “la necesidad de que el proceso de capacitación sea permanente, para reforzar la cultura de legalidad electoral, valores democráticos y cultura de paz. De igual manera se reconoce que es vital la intervención de más actores en este ámbito, y que el Instituto Electoral les dote de módulos de capacitación para que vayan a las escuelas y sensibilicen a jóvenes, adolescentes, niñas y niños para que ellos transfieran algún conocimiento a sus padres. Asimismo, los estudiantes universitarios deberían llegar a las comunidades y capacitar”. Las juventudes, como se ve, también deben tener un rol protagónico en transmitir conocimientos y experiencias en materia de participación a otros sectores de la población.

En el TSE existen varios esfuerzos para impulsar la participación ciudadana de los jóvenes. Uno de ellos es la ya mencionada Política de Juventud, cuyo objetivo es “promover la participación ciudadana de las personas jóvenes en el ámbito político y electoral” desde la institucionalidad. En los diálogos realizados a nivel nacional para la construcción de la Política, los jóvenes participantes comentaron que se deben abrir más oportunidades reales para ellos, a la vez que se erradique el adultocentrismo en los espacios de poder, de forma que haya un mayor papel juvenil en la toma de decisiones. A la vez, expresaron el deseo de contar con más espacios de encuentro y participación donde puedan debatir, formarse y proponer acciones colectivas, tanto a nivel comunitario como en los mismos partidos políticos.

El proceso que se realiza con la Política de Juventud se suma al Voluntariado Cívico Electoral, el cual existe desde 2011 como un programa del TSE y que en cada elección ha aglutinado a miles de jóvenes que han brindado su apoyo a la institución y a la ciudadanía votante. Con su presencia en los múltiples espacios democráticos y especialmente en los centros de votación, los voluntarios han demostrado que pueden participar e incidir en cualquier lugar, además de reclamar para sí los espacios que les han sido negados por los adultos. Además, ha sido un foro para que expresen sus ideas e inquietudes.

Aunque suene redundante, la conclusión a la que se puede llegar, de la mano del estudio del PNUD, y confrontando los estudios con la realidad palpable, es que “la ciudadanía juvenil se adquiere y se construye de manera activa, participando[…] la inclusión social es parte de la construcción de ciudadanía en tanto es un derecho de los varios que aquella comprende”.

^[1] Tribunal Supremo Electoral, Resultados Electorales Preliminares 2023 (TSE, 2023), https://primeraeleccion.trep.gt/#!/tc1/ENT

^[2] Alex Papadovassilakis y Gavin Voss, GameChangers 2023: Reves en elecciones descalabra establecimiento corrupto en Guatemala (InSight Crime, 2023), https://insightcrime.org/es/noticias/gamechangers-2023-reves-electoral-guatemala-furia-establecimiento/

^[3] Instituto Nacional de Estadística, Unidad de Género, Compendio estadístico con enfoque de Juventud, 2023, https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2023/11/06/20231106222842pWf6BcBWj8taVS3Q3mRKxgDsvwPejgH8.pdf

^[4] Fundación Propaz, Los Acuerdos de Paz de Guatemala. Edición conmemorativa (2022), https://propaz.org.gt/wp-content/uploads/2023/01/Acuerdos-de-paz.pdf

^[5] Sistema de Naciones Unidas, Desafíos globales. Juventud, https://www.un.org/es/global-issues/youth

^[6] Fondo de Población de las Naciones Unidas, Juventudes en Guatemala. Documento analítico (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2020), 106

^[7] Fondo de Población de las Naciones Unidas, Juventudes que lideran el presente (2025), https://guatemala.unfpa.org/es/news/juventudes-que-lideran-el-presente

^[8] Villegas, Luis Estuardo, ¿Juventud o juventudes? (Diario de Centroamérica, 2024),  https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/juventud-o-juventudes/

^[9] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la juventud? Informe nacional de desarrollo humano 2011/2012 (Programa de las Naciones para el Desarrollo, 2012), 136.

^[10] Tribunal Supremo Electoral, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Decreto Número 1-85 Asamblea Nacional Constituyente. Reglamentos de la Ley (Tribunal Supremo Electoral, 2023), 14.

^[11] Op cit. 138

^[12] Coordinación de Capacitación a la Ciudadanía, Juventudes y ciudadanía: los desafíos de la participación política (Instituto Electoral, 2025), 28

^[13] Berganza, Gustavo, y Cifuentes, Azucena, Los jóvenes, los medios y las elecciones de 2007 (Asociación DOSES y Fundación Soros Guatemala, 2008), 93

^[14] Idem, 94

^[15] Idem, 104

^[16] Boneo, Horacio y Torres-Rivas, Edelberto, ¿Por qué no votan los guatemaltecos? Estudio de participación y abstención electoral (F&G Editores, 2001), 61-62

^[17] Op cit, 62

^[18] Op cit, 142

^[19] Op cit, 138

^[20] Tribunal Supremo Electoral (2026), https://www.tse.org.gt/reg-ciudadanos/sistema-de-estadisticas/estadisticas-de-empadronados

^[21] Tribunal Supremo Electoral, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Decreto Número 1-85 Asamblea Nacional Constituyente. Reglamentos de la Ley (Tribunal Supremo Electoral, 2023), 149

^[22] Erick Aldana Mendoza, Informe de evaluación de la Mesa de Prevención y Mitigación de la Conflictividad Electoral (MPMCE) (Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, 2019), 40

^[23] Op cit, 143