El Estado guatemalteco es uno de los más débiles de América Latina, visto desde varias perspectivas. Una de ellas: sus escasos recursos financieros para invertir en servicios públicos esenciales como educación y salud primarias, y en infraestructura productiva. Tampoco tiene recursos suficientes para un cuerpo de Policía fuerte, moderno y eficiente. Las condiciones en las que trabajan los agentes de Policía son deplorables y tienen bajos salarios que los hacen vulnerables a los sobornos. Se ha comprobado, incluso, que estructuras policiales terminan trabajando al servicio del crimen organizado o se convierten en bandas criminales. En este sentido, se debe continuar con la depuración y profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), avanzando en su reforma. Todo ello requiere de recursos financieros que el Estado no posee, especialmente en medio de esta crisis fiscal que afecta a todas las entidades públicas, como en el dramático caso del sector salud, también debilitado por los altos costos de atención a las víctimas de la violencia armada.
El Sistema de Justicia está compuesto por otros eslabones fundamentales para continuar la lucha contra la impunidad en el país. El Ministerio Público (MP) ha dado muestras indiscutibles de solvencia moral, y de una mayor eficiencia en la desarticulación de bandas criminales y en los avances bien fundamentados de los casos judicializados contra la defraudación aduanera, que tienen en prisión preventiva a un ex Presidente de la República y a su compañera en la Vicepresidencia. Así que en estos momentos es importante premiar al MP con más recursos para poder afrontar los cientos de miles de denuncias por diversos delitos que recibe anualmente, entre ellos, más de 5 mil homicidios, que se suman a los miles de casos de años recientes y que no han podido ser investigados de manera que se castigue a los responsables. Sólo en la última administración de Gobierno se acumularon unos 20 mil casos más de muertes violentas sin resolver. No obstante, con sus recursos limitados, el MP ha logrado disminuir el indicador de impunidad. Así que la falta confianza o eficiencia no son un argumento válido para negarle más recursos.
De la misma manera, el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Sistema Penitenciario y demás entidades del sector justicia, requieren recursos financieros para atraer a los mejores recursos humanos del país y para modernizarse en su administración, así como en el uso de la ciencia y la tecnología. Alcanzar una sociedad pacífica y segura tiene un costo financiero que todos debemos contribuir a cubrir. Hasta el ideólogo más libertario estará de acuerdo en que el Estado tiene un papel fundamental como proveedor de orden, seguridad y justicia. Sin estas tres características, el mercado no puede funcionar bien en una sociedad. Estado y mercado se necesitan el uno al otro para florecer, pues las transacciones deben ser libres y voluntarias, de lo contrario no hay intercambio que beneficie a ambas partes y la economía se destruye.
Según una Fundación financiada por el mismo sector privado organizado (FUNDESA 2013), la población y las empresas gastan anualmente el equivalente al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para protegerse de la violencia, el crimen organizado y la delincuencia común. El sector productivo desvía recursos propios para pagar agentes de empresas privadas de seguridad, cámaras de vigilancia, vehículos blindados, cercas y alambradas, y otra gran cantidad de mecanismos en defensa de las vidas de sus trabajadores o de sus clientes, así como para la protección de sus activos, servicios y productos. Aunque no existe una encuesta de victimización al sector privado, sabemos por las noticias que muchas empresas que tienen camiones ruteros para distribuir sus mercaderías son víctimas constantes de la extorsión. No pueden entrar a ciertos barrios del Área Metropolitana si no pagan. Varios choferes y escoltas han sido muertos por los extorsionistas al negarse a pagar.
Además del costo en vidas humanas y pérdidas para los negocios, el problema de las extorsiones refleja muy bien la debilidad estructural del Estado guatemalteco. En ciertos barrios o colonias, la burocracia estatal, la fuerza pública, no retiene el monopolio en el uso legítimo de la violencia. Por lo tanto, tampoco es capaz de mantener el monopolio sobre la extracción legítima de los recursos de la población (los impuestos). En ese sentido, hablamos de territorios en disputa con el Estado, para el control y explotación de la población que allí habita. Esto es algo que ninguna sociedad civilizada se puede dar el lujo de permitir, porque es un claro retroceso hacia el caos social, que se refleja muy bien en los altos niveles de violencia e impunidad de los que somos víctimas. No hay economía, ni negocio legítimo que pueda ser viable en esos contextos. Sólo florecen los negocios al margen de la ley, precisamente los que se especializan en el uso de la fuerza y el engaño como modus operandi.
Desde abril 2015, la sociedad civil organizada y no organizada, ha participado en un esfuerzo sostenido, tanto en las calles y plazas como en los juzgados y otros espacios de influencia (medios de comunicación y redes sociales), para depurar la casta política y sacar de puestos públicos a los corruptos. Ahora se está empezando a capturar y procesar a los empresarios corruptores, pero esto es un proceso que toma tiempo, investigación, inteligencia, equipos de expertos y profesionales, recursos tecnológicos, y todo termina en la disponibilidad de recursos económicos para financiarlos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha jugado un papel importante en todo esto, apoyando al MP en sus labores, pero la CICIG es un esfuerzo temporal financiado por la cooperación internacional. Sus capacidades técnicas deben ser transferidas al MP y somos los mismos guatemaltecos los responsables de financiar el esfuerzo de largo plazo.
Aún no existe una propuesta técnica específica que deberá ser discutida por la nueva legislatura para su eventual aprobación. Simplemente se han mencionado experiencias en otros países, como la de Colombia, donde el gurú del sector privado más conservador de este país, Álvaro Uribe, implementó un impuesto al patrimonio de las personas ricas (con más de US$1.5 millones declarados como riqueza). Sin embargo, en Guatemala no se cuenta con declaraciones patrimoniales que permitan hacer viable este mismo criterio. A lo mejor habría que empezar por allí, pero el argumento en contra será, precisamente, que en un país como Guatemala es peligroso dar a conocer el patrimonio porque uno se puede volver víctima de los extorsionistas o secuestradores aunque, en realidad, pareciera que le temen más al fisco.
De esta manera, en el sector privado tradicional y agremiado pareciera que cada quien prefiere pagar por su cuenta su seguridad, generándose una pérdida social neta. Todos estamos peor en esa situación. Si por el contrario, lográramos superar el problema de la acción colectiva y contribuyéramos dando dos puntos adicionales del PIB al sector público para que éste se encargue de la seguridad y la justicia para todos, entonces estaríamos en una mejor situación social, como nación. Pero también a nivel individual y de las empresas, porque esos dos puntos del PIB les permitirían ahorrar los otros dos puntos que ya gastan, y que luego podrían invertirse en actividades más productivas que generarían más empleos y también más riqueza para todos. Entraríamos así en el círculo virtuoso al que todos aspiramos, pero primero debemos romper el círculo vicioso existente por algún lado. Lo peor que podemos hacer es apostarle al statu quo.
Es cierto que necesitamos una reforma fiscal integral, pero la misma no se logrará en el corto plazo. También es correcto exigir a la nueva administración de Gobierno metas claras y verificables, así como planes viables para alcanzarlas. Pero la coyuntura política le es favorable para este tipo de impuesto, pues el nuevo Gobierno goza de la credibilidad y de la legitimidad de las urnas para negociar exitosamente en el Congreso un impuesto de esta naturaleza. Podrían diseñarse, por otro lado, mecanismos novedosos para fiscalizar el uso de estos recursos específicos, incluyéndose la obligatoriedad de hacer evaluaciones técnicas de las políticas públicas implementadas para así medir su efectividad y retroalimentar al sistema, para no persistir con modelos de prevención de la violencia, por ejemplo, que no funcionan y sólo provocan desperdicio de recursos.
Es el momento de pasar del discurso a la práctica en la lucha contra la impunidad y la corrupción en este país, como bien lo indicó el Comisionado Iván Velásquez. Eso pasa por el fortalecimiento financiero del Estado. No hay dudas al respecto. Por lo tanto, hay que dejar de un lado las creencias ideológica que a priori descartan cualquier impuesto, y también hay que olvidarse por un momento de los intereses gremiales que no necesariamente coinciden con los intereses de toda la nación. Debe hacerse una propuesta que técnicamente sea viable, que minimice las distorsiones a la economía, y que demuestre que el análisis de costo-beneficio es favorable en términos sociales. Una vez definida y discutida, el Congreso y el Presidente deben blindarse ante cualquier poder de veto supra-político. El futuro está en juego. Merecemos vivir en paz y con seguridad.
