Los esclarecimientos de la historia permiten advertir la trascendencia de las reivindicaciones de las mujeres en los grandes hitos del progreso, la transición, la democracia y los Derechos Humanos. Honramos las trayectorias y las memorias de millones de mujeres que han sufrido históricamente el dolor de las graves violaciones a sus derechos. Reconocemos esa enorme deuda de la humanidad con nosotras y nuestros derechos. Impulsamos, desde siempre, todos los caminos que lleven hacía el respeto y la garantía de estos en condiciones de igualdad.
Identificamos, desde el análisis y la investigación social, que en estos caminos el acceso a la justicia es especialmente relevante. Esa situación es particularmente trascendental en contextos como el de Guatemala, con altos índices de impunidad y de corrupción que nos afectan a las mujeres de forma diferenciada. Aunados, además, a una creciente tendencia de persecución y criminalización que presenta graves indicios de ser dirigida sistemáticamente contra mujeres que denuncian corrupción de Redes Político-Económicas Ilícitas en donde intervienen personajes de alto perfil y autoridades del Estado.
En los últimos meses, una constante en la coyuntura ha sido el hostigamiento y la persecución penal infundada a mujeres que trabajan y se movilizan contra la corrupción y la impunidad en el país. Mujeres con reconocidas trayectorias en el ámbito de la justicia enfrentan difamaciones, denuncias insustanciales, acosos, criminalización sin siquiera contar con garantías mínimas del debido proceso e, incluso, agresiones por parte de sujetos procesales.
El 10 de febrero de 2022, se conoció de un caso penal bajo reserva en contra de Leily Santizo (ex mandataria de la Cicig) y de Siomara Sosa (ex funcionaria de la Feci). El 16 de febrero, se anunció un antejuicio contra la jueza Erika Aifán en el mismo caso. El mismo día, se informó de un caso contra Paola Escobar y Aliss Morán (también ex funcionarias de la Feci) por supuestas coacciones denunciadas por un abogado que declaró en un proceso en el que su propio testimonio no era la única prueba contundente en contra de sí mismo. El 23 de febrero, adicionalmente, se dio a conocer un caso contra Virginia Laparra (ex funcionaria de la Feci en Quetzaltenango) en el que se le criminaliza por la realización proactiva de su trabajo como fiscal.
Un contexto de esta naturaleza es especialmente severo en un país que atraviesa la agudización de una crisis democrática pronunciada, y que avanza en caminos regresivos de represión y autoritarismo, en un proceso cada vez más acelerado hacia un Estado fallido. Esas mismas circunstancias repercuten en la imposibilidad material del Estado de cumplir con sus deberes de respeto y garantía a los Derechos Humanos.
Conmemorar el Día Internacional de la Mujer en estas condiciones, implica reparar que en cuestión de dos semanas (del 10 al 23 de febrero de 2022), el Ministerio Público intensificó la persecución sistemática contra mujeres reconocidas y comprometidas con la justicia. En ese corto período de tiempo, el MP persiguió abiertamente a ocho personas que han aportado significativamente en el trabajo anticorrupción en el país. Coordinó siete capturas, de las cuales cinco fueron dirigidas contra mujeres. Asimismo, solicitó el retiro de la inmunidad de la jueza penal de Mayor Riesgo, Erika Aifán.
La agresiva persecución sistemática en contra de las mujeres nos lastima profundamente a todas y, en general, a la ciudadanía. Sobre todo, en una realidad en la que, de por si, las mujeres enfrentamos sub-representatividad, obstáculos, exclusión, discriminación y efectos perjudiciales agravados por fenómenos como la corrupción y la violencia.
En Guatemala, desde cualquier perspectiva, es evidente que las cifras para las mujeres son especialmente negativas. Hay que subrayar que actualmente, de catorce ministerios en el Organismo Ejecutivo, sólo uno es dirigido por una mujer Ministra. De ciento sesenta curules en el Organismo Legislativo, sólo treinta y uno son ocupadas por mujeres Diputadas. De trece magistraturas en la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial, sólo cinco son ocupadas activamente por mujeres titulares.
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, es propicio resaltar estas inclemencias y exigir la debida diligencia de quienes ejercen cargos de toma de decisión en el Estado y en otras instancias como universidades, facultades de derecho y colegios profesionales. Es imperativo que los derechos de las mujeres sean respetados y garantizados a todo nivel, en cualquier circunstancia. Y, particularmente, que el Estado cumpla con sus obligaciones como garante, y no que más bien acabe siendo el principal responsable de amenazar y vulnerar, sistemáticamente, a las mujeres y sus derechos.
En este panorama recordamos y reivindicamos la valentía, el trabajo y el compromiso de Leily Santizo, Siomara Sosa, Erika Aifán, Paola Escobar, Aliss Morán, Virginia Laparra, Claudia González, Flor Gálvez, Claudia Escobar, Claudia Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, Nanci Sinto, Dulce Archila, y todas las mujeres que han marcado caminos históricos hacia mejores realidades. Ellas enseñan, inspiran y representan la integridad, la esperanza, la dignidad y la determinación con la que florecerá Guatemala.
“Sin embargo… ¡existe!
existe, aún, en los diccionarios
la palabra “MAÑANA”.”
-Luz Méndez de la Vega.
