El pasado 21 de junio se llevaron a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a los representantes del gremio ante las Comisiones de Postulación para la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA). En un blog, que fue publicado antes de la elección, se adelantaron algunos datos sobre procesos anteriores, en los cuales el nivel de participación era bastante bajo (de un 20% aproximadamente). Sin embargo, esto mejoró en 2024 con una participación de más del 35% de las personas agremiadas. En consecuencia, tal como lo anticipaba aquel blog, este significativo aumento de votantes es un resultado prometedor que podría implicar una eventual ventana de oportunidad para propiciar cambios importantes que impacten en el sistema de justicia. De esa cuenta surge la necesidad de retomar la discusión, ahora para abordar aspectos relevantes sobre los resultados y proponer algunos elementos para capitalizarlos.
Los resultados prometedores
Como se señaló anteriormente, el diseño de las Comisiones de Postulación y el modelo que siguen eventos específicos como la elección que se lleva a cabo en el CANG para designar a una parte de los comisionados, se convirtieron en un mecanismo clientelar en el que predominan los intereses personales, el intercambio de favores, el compadrazgo y las transacciones. Bajo esa lógica, en este proceso fue evidente el actuar de planillas que tuvieron campañas ostentosas, ofrecieron grandes fiestas previo a la elección, comida, regalos y hasta licor durante la votación.
A estas costosas campañas, vinculadas con actores de poder dentro del sistema de justicia, se enfrentó una opción reformista en la que se unieron diversas agrupaciones que no ofrecieron más que el compromiso y los perfiles de sus candidatos y candidatas. El resultado final que obtuvo esta apuesta es inédito considerando que en este proceso el número máximo de comisionados obtenidos por planilla fue de tres. Esa cantidad fue alcanzada únicamente por la opción reformista y por otra planilla. Además, de que en las diez mesas de votación ubicadas en el departamento de Guatemala, la opción reformista se llevó la mayor cantidad de votos. Y llama la atención especialmente el caso de las mesas uno y dos (la de profesionales afines y la de abogados de más antigua colegiación, respectivamente) en donde el reformismo alcanzó casi el 50% de los votos. Algo similar sucedió en otros departamentos como Jalapa y Totonicapán.
A esto se debe agregar que no solo la participación, los votos y la cantidad de representantes alcanzados por la opción reformista fueron históricos. También hay otros aspectos que destacar, como que por primera vez una Comisión de Postulación estará integrada por una mujer indígena y por un profesional de carreras afines (no abogado). Y, lo más importante, que estos hechos dan cuenta de un cambio de paradigma. Confirman de nuevo (como sucedió en las elecciones generales de 2023) que el clientelismo es un modelo cada vez menos sostenible ante la evidente necesidad de superar un sistema de corrupción sistémica y estructural que condiciona al país a la impunidad, la inseguridad, la desigualdad, la falta de oportunidades y a tantos otros males.
Esto se puede ver, con datos, en este tablero diseñado por Diálogos. En el cual se detallan los votos obtenidos y los comisionados alcanzados por cada planilla inscrita en el CANG para los procesos de elección de representantes ante Comisiones de Postulación de CSJ y CA, respectivamente, durante 2014, 2019 y 2024. Aquí, se puede observar el aumento en la participación de votantes, en la cantidad de planillas inscritas por proceso y también cómo, en promedio, tres es usualmente el número máximo de comisionados que se alcanza por planilla.
El reto: ¿cómo capitalizarlos?
El alentador resultado obtenido es prometedor en muchos sentidos, y particularmente para pensar en la recuperación del sistema de justicia. Esta es una deuda histórica pendiente, sobre todo si se considera que una justicia independiente y que funcione es clave para prevenir y erradicar la corrupción, los abusos de poder y la impunidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que esto conlleva retos importantes que implican una buena gestión de lo que ya se tiene, pero también una transformación estructural de largo plazo.
Por ahora, si bien la opción reformista del CANG ha asegurado 6 comisionados (3 en cada una de las Comisiones de Postulación), hay que recordar que las decisiones dentro de las mismas se toman por sus dos terceras partes (25 de 37 comisionados). Esto implica la necesidad de establecer alianzas con otros comisionados para ser actor veto (impedir que haya mayoría dentro de la Comisión para evitar decisiones contraproducentes para el fortalecimiento de la justicia. Lo cual se alcanza con 13 de 37 comisionados). O, idealmente, para alcanzar la mayoría (25 de 37 comisionados) en la toma de decisiones que privilegien criterios fundamentados, objetivos, técnicos y meritocráticos dentro de las Comisiones.
En este punto es conveniente recalcar que la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de CSJ quedó integrada por:
- El rector de la Universidad Rafael Landívar, quien la preside
- Los 12 decanos de las 12 facultades de Derecho del país
- Los 12 representantes que fueron electos por los magistrados de Apelaciones
- Los 12 representantes que fueron electos por el CANG para esta Comisión
Y, por su parte, la Comisión de Postulación para la elección de magistrados de CA quedó integrada por:
- El rector de la Universidad InterNaciones, quien la preside
- Los 12 decanos de las 12 facultades de Derecho del país
- Los 12 representantes que fueron electos por los magistrados de la CSJ
- Los 12 representantes que fueron electos por el CANG para esta Comisión
Lo anterior da cuenta del papel especialmente determinante que podrían jugar las universidades en este proceso. Y, por lo tanto, trae implícito un llamado para la comunidad docente, estudiantil y de egresados de las universidades, para que exijan a sus autoridades la prevalencia de criterios técnicos y objetivos en la selección de los mejores perfiles para ocupar cargos jurisdiccionales clave para garantizar la justicia y la democracia en el país.
También, en general, para la ciudadanía, la sociedad civil y el periodismo. Para que se conozcan, se discutan y se fiscalicen todas las diligencias del proceso, las decisiones que se tomen dentro del mismo y las actuaciones de los comisionados. Y para que se exija que se adopten todas las medidas de transparencia, rendición de cuentas y meritocracia dentro de las Comisiones.
Asimismo, para la comunidad internacional, que ha sido un actor clave en momentos en los que está en juego “el mantenimiento de la paz y la libertad, el respeto y defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de los procesos democráticos” (en términos del artículo 149 de la Constitución Política de Guatemala, para que nadie pretenda argumentar un concepto tergiversado de “soberanía”). Al respecto, es preciso mencionar que para este proceso estará presente en el país una “Misión Especial de Observación del Proceso de Elección de las autoridades del Sistema de Justicia de Guatemala” de la OEA y un “Panel internacional de personas Expertas Independientes (PEI-GT)”. Ambos con el mandato de observar la elección de Cortes.
De igual manera, para la institucionalidad pública del país, que debe propiciar, respetar y garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a lo establecido por la Constitución, según la cual a más tardar en el mes de octubre de 2024 el Congreso deberá elegir a las y los nuevos magistrados de CSJ y CA. Hay que decir y subrayar que esto concierne particularmente a órganos de control, como el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC), que deben actuar de forma imparcial, en el marco de la ley, y velar por la sostenibilidad de un proceso democrático.
Y, primordialmente, para las y los comisionados. Que son quienes tienen en sus manos un compromiso enorme y el deber actuar de forma independiente, anteponiendo criterios justos, objetivos y técnicos en la valoración de los perfiles y expedientes que sean sometidos a su conocimiento y en la elaboración de las nóminas correspondientes. En ellas y en ellos, descansan en gran medida las expectativas de toda la población de tener una justicia independiente, accesible y eficiente. Una población que, cabe destacar, ha dado vastas muestras de su disposición de apoyar y respaldar el compromiso creíble y comprobado en hechos con la transparencia y la anticorrupción.
Sin duda es un buen comienzo estar a las puertas de iniciar un proceso de postulación que promete que puede ser mejor que los anteriores, y, ante un gremio que demuestra querer algo distinto y tener la creciente disposición de asumir la responsabilidad que le corresponde frente a ello. No obstante, las buenas prácticas, la aplicación de los criterios debidos y los mejores perfiles, son cambios tempranos, que deben encaminarse hacia los necesarios cambios profundos y estructurales. Visto así, el panorama pinta un futuro prometedor y a la vez retador. Aún queda mucho camino por recorrer, tanto en este proceso como en el largo plazo. Por lo tanto, como aliento y como advertencia: hay que reconocer que “esto apenas empieza”.
