Las denuncias de extorsión siguen un patrón regional que coincide en cierta medida con el patrón observado en otros delitos y con algunos clivajes socioeconómicos históricos de Guatemala. La mayor parte de las denuncias se ha concentrado en los departamentos del centro, sur y este del país, en donde las personas tienden a identificarse como “ladinas” o como parte de algún grupo “no indígena”. Estas regiones tienden a ser más urbanas, a tener una posición económica relativamente mejor que las demás y más acceso a instituciones estatales y a servicios públicos y privados. Con frecuencia, también registran tasas de homicidios más altas que el resto del país. Por otro lado, las regiones indígenas –en particular, las regiones mayas– tienen fuertes mecanismos de control social que disuaden a potenciales delincuentes y facilitan la resolución de conflictos por medio del diálogo pacífico o de castigos públicos violentos y ejemplares.[1]
De las 73,376 denuncias que recibió el Ministerio Público desde enero de 2015 a diciembre de 2021, más del 50 % (38,534) fueron registradas en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla. Guatemala por sí solo acumula casi el 40 % de los casos. En términos de tasas por 100,000 habitantes, 11 departamentos –Retalhuleu, Guatemala, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Escuintla, Jalapa, El Progreso, Suchitepéquez, Chimaltenango, Santa Rosa y Jutiapa– tienen promedios por encima de la mediana de 43. Los departamentos de Alta Verapaz, Totonicapán, Quiché, Sololá, Huehuetenango, San Marcos y Baja Verapaz, en donde vive la mayor parte de la población maya del país, tienen tasas más bajas que el promedio, al igual que Izabal, Petén, Chiquimula y Zacapa, que tienen menos población maya y tasas más cercanas a la mediana. Un análisis de regresión preliminar con los datos de 2021 muestra que las tasas de extorsión están significativa y altamente correlacionadas con municipalidades urbanas que tienen alta población “no indígena”.
Figura 1. Tasas promedio de denuncias por cada 100,000 habitantes, por departamento, enero 2015 a diciembre 2021
Fuente: basado en datos del Ministerio Público.
A nivel municipal, las denuncias de 2015 a 2021 están correlacionadas positivamente entre ellas y en un grado alto (coeficiente de correlación promedio de 0.63).[2] Esto significa que las municipalidades en las que las denuncias han sido recurrentes en el pasado son las municipalidades en donde lo serán en el futuro.[3] Las denuncias de extorsión también están correlacionadas significativamente con las tasas de homicidios, pero solo de 2018 a 2021, y en un menor grado que la correlación mencionada antes (coeficiente de correlación promedio de 0.29). Otros delitos (lesionados, delitos contra la propiedad, delitos contra la libertad, “otros”) también están correlacionados significativamente con las tasas de extorsión a nivel municipal. Estas correlaciones se observan tanto en los registros de la Policía Nacional Civil como en los del Ministerio Público.
Figura 2. Correlación entre tasas de denuncias de extorsión/población urbana y tasas de denuncias de extorsión/población indígena.
Figura 3. Tasas de denuncias de extorsión, tasas de homicidios, porcentaje de población indígena y porcentaje de población urbana, por municipio, 2018 a 2021
Fuente: basado en datos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto Nacional de Estadística y el Censo de 2018.
NOTA: todas las tasas son por cada 100,000 habitantes
A nivel departamental, el cambio en las tasas de extorsión de 2015 a 2019 está significativamente correlacionado con las condiciones socioeconómicas del lugar. En el plano nacional, las tasas de denuncia entre esos años subieron de 32 a 95 por cada 100,000 habitantes. Todos los departamentos registraron un incremento, pero hay grandes diferencias entre ellos. El departamento con la diferencia más alta fue Guatemala, que registró una subida de 56 denuncias por cada 100,000 habitantes en 2015 a 194 en 2019. El departamento con el incremento más bajo fue Quiché, en donde la tasa pasó de 14 a 25.
Para medir las condiciones socioeconómicas, utilizamos el Índice de Competitividad Local de 2018 desarrollado por FUNDESA.[4] El análisis a nivel departamental muestra que este índice está positiva y significativamente correlacionado con el cambio en las tasas de extorsión de 2015 a 2019. La variable explica por sí sola el 74 % de la variación observada en el cambio de tasas. Esto sugiere que los departamentos relativamente más prósperos del país son los que fueron más vulnerables a registrar incrementos en las tasas de denuncias de extorsión entre esos años.[5]
Figura 4. Cambio en tasas de denuncias de extorsión de 2015 a 2019 e Índice de Competitividad Local de 2018, a nivel departamental.
Fuente: basado en datos del Ministerio Público y de FUNDESA.
La correlación positiva se mantiene con otras variables usadas como aproximaciones al crecimiento socioeconómico. Debido a la ausencia de datos del PIB per cápita por departamento para 2015 y 2019, construimos una variable para aproximarnos al crecimiento usando el cambio de motocicletas por cada 1,000 personas entre ambos años. El análisis muestra que el cambio de tasas de denuncia de extorsión de 2015 a 2019 está significativa y positivamente correlacionado con el cambio en la tasa de motocicletas a nivel departamental. Esto sugiere que las regiones que experimentaron un mayor crecimiento socioeconómico que otras también fueron vulnerables a las denuncias de extorsión. Por sí sola, la variable explica el 54 % de la variación en las tasas de denuncia.
Figura 5. Cambio en tasas de denuncias de extorsión de 2015 a 2019 y cambio en tasas de motocicletas, 2015 y 2019, a nivel departamental. 
Fuente: basado en datos del Ministerio Público y de la Superintendencia de Administración
El análisis presentado hasta aquí sugiere que las denuncias de extorsión se concentran más en las regiones urbanas no indígenas de Guatemala, en donde las condiciones socioeconómicas son relativamente mejores que en otras regiones del país. Sin embargo, hay algunos matices importantes que surgen del análisis de la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad y Victimización (ENPEVI) publicada en 2018 por el Ministerio de Gobernación. Algo importante de notar aquí es que ya no hablamos de denuncias de extorsión, sino de los delitos mismos.
La ENPEVI contiene varias preguntas que pueden ser usadas para analizar los patrones regionales de la extorsión y algunas de las características y actitudes de las víctimas. A nivel nacional, la encuesta muestra que la tasa de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes fue de 815, pero la cifra varía significativamente por departamento y sexo de la víctima. Los tres departamentos con las tasas más altas fueron Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango, los cuales también aparecen en la lista de los departamentos más afectados según las denuncias registradas por la policía. De hecho, el patrón regional mencionado arriba se mantiene con la ENPEVI. Guatemala registró la tasa más alta de todos (2,056 por cada 100,000 habitantes, la cual fue 152 % más alta que la tasa nacional de 815 y 67 % más alta que la de Quetzaltenango, el segundo en la lista, con 1,225 por cada 100,000 habitantes). Los hombres tienen tasas de victimización más altas que las mujeres (955 vs. 691 por cada 100,000 habitantes), pero a nivel departamental las tasas por sexo varían. En Guatemala, la prevalencia para los hombres fue más alta que para las mujeres (2,709 vs. 1,498), pero en otros es al revés. En Sacatepéquez, por ejemplo, la prevalencia para los hombres fue de 299 mientras que para las mujeres fue de 1,383. En Escuintla, en contraste, la tasa para los hombres fue de 1,852 y para las mujeres fue de 480. La siguiente tabla resume los datos para cada departamento.
Tabla 1. Prevalencia de víctimas de extorsión por departamento y sexo de las víctimas (tasas por cada 100,000 habitantes adultos) 
Fuente: basada en la ENPEVI, 2018.
La ENPEVI contiene dos preguntas que iluminan qué hacen las víctimas cuando son extorsionadas. Las preguntas indagan si la víctima (o algún otro individuo) denunció el hecho a las autoridades y si pagó el dinero o el bien demandado por los extorsionistas para evitar las consecuencias negativas de la amenaza. A nivel nacional, el 65 % de las víctimas afirmó que no denunció el hecho a las autoridades, y aproximadamente 50 % no pagó la extorsión. Sin embargo, la combinación más frecuente de respuestas fue “No denunció” y “Pagó”, con 40 % del total. Al desagregar las respuestas por sexo, surge una diferencia significativa entre lo que los hombres y las mujeres dicen que hacen. Las mujeres afirman que denuncian el delito menos que los hombres (30 % vs. 40 %), pero tienden a pagar más la extorsión (51 % vs. 46 %). La combinación “Denunció” y “No pagó” para los hombres fue doblemente más alta que la registrada para las mujeres (34 % vs. 17 %). Esto sugiere que las mujeres tienden a permanecer en silencio sobre las extorsiones y a pagar la extorsión, mientras que los hombres tienden a denunciar el delito y no pagar nada. Las diferencias son estadísticamente significativas con un nivel de 99 % de confianza.
La mayoría de las víctimas afirmó que fue contactada por teléfono (64 %). Esto se mantiene para ambos sexos, pero las mujeres fueron contactadas por teléfono con más frecuencia que los hombres (75 % vs. 55 %). La respuesta de las víctimas a la extorsión varía dependiendo de los medios usados por los extorsionistas. Si la víctima fue contactada cara a cara, la respuesta más común fue no denunciar y pagar, mientras que, si la víctima fue contactada por teléfono, la respuesta más frecuente fue denunciar y no pagar. Las respuestas de las víctimas también varían por departamento. De los seis departamentos con la prevalencia más alta, solo Guatemala y Quetzaltenango registraron respuestas similares. En el resto, varían significativamente. Por ejemplo, en Escuintla, 64 % de las víctimas no pagó, pero denunció el hecho a las autoridades, mientras que, en Jalapa, el 95 % no pagó y no denunció.
Figura 6. Respuestas de las víctimas por departamento
Fuente: basado en datos de la ENPEVI, 2018.
Finalmente, las razones por las que las personas decidieron no denunciar la extorsión varían. La razón más frecuente fue el miedo a represalias (41 %). La desconfianza en la policía/autoridades fue la cuarta más reportada (12 %). Las respuestas también varían por el sexo de las víctimas. Para ambos sexos, el miedo a represalias fue la principal, pero la segunda más importante para las mujeres fue “falta de evidencia”, mientras que para los hombres fue “no lo consideré importante”. Los hombres también afirmaron con más frecuencia que las mujeres que lo “Manejaron a su manera/Conocían al responsable” (12 % vs. 2 %).
Con esta segunda entrega concluimos nuestra primera aproximación sistemática al fenómeno de las extorsiones en Guatemala. Seguiremos estudiando y profundizando en el problema a medida que tengamos acceso a nuevos datos y a nuevas formas de abordarlo. El objetivo principal de este blog post y del anterior es acercarnos a nuestros lectores para reflexionar y discutir sobre este flagelo que nos afecta a todas y a todos y comenzar a pensar en posibles soluciones. Como mencionamos en la primera publicación, estamos abiertos a la crítica constructiva, a otras hipótesis y otras fuentes de datos que puedan sugerir nuevas alternas.
[1] Jacob Lesniewsky, Ezer Kang, Lu Qin, and James Helmuth (2020), “Ethnoracial Patterns of Violence in Guatemala: An Empirical Examination of the Relationship Between Mayan-Majority Municipalities and Homicide Rates in Guatemala,” Journal of Community Psychology, Volume 49, Issue 6: 1,707-1,717.
[2] El 2015 es nuestro punto de arranque porque usamos las proyecciones de crecimiento poblacional del Instituto Nacional de Estadística basadas en el Censo del 2018 que empiezan en ese año. Ver: https://www.ine.gob.gt/ine/proyecciones/
[3] Algo similar ocurre con los homicidios.
[4] Este índice está basado en 43 variables distribuidas en 12 “pilares” a nivel departamental y municipal (instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de información y comunicación, contexto económico, fuerza laboral y talento, inversión productiva, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, dinamismo del mercado y capacidad para innovar). Su objetivo es medir la prosperidad de un departamento o una municipalidad o qué tan “amistoso” es el lugar para los negocios. El puntaje varía entre 0 y 100, en donde 100 es el índice más competitivo que un departamento o una municipalidad puede obtener.
[5] El PIB per cápita a nivel municipal usado como una variable proxy para el nivel socioeconómico no fue significativo.
