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¿Qué nos dice la ENPEVI 2018?
Para comprender mejor un fenómeno criminal a partir de los datos disponibles es necesario analizar las diferencias entre las distintas fuentes oficiales que lo registran y valorar la calidad de esos datos. Un delito de alto impacto social que no ha sido suficientemente investigado en Guatemala es el de las extorsiones. Las dos principales fuentes son la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), a partir de las denuncias que reciben. La calidad de sus registros puede evaluarse en contraste con las encuestas de victimización disponibles, como lo haremos a continuación. Dado que el año 2020 fue atípico debido a la pandemia por COVID-19, y todavía no están disponibles los datos depurados del MP, usaremos de referencia para el análisis el año 2017, para así también maximizar el poder de la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización (ENPEVI, 2018), la cual fue realizada entre noviembre 2016 y octubre 2017 por el Ministerio de Gobernación (MINGOB).
Extorsiones: PNC vs MP, 2017
El dato oficializado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es de 7 mil 923 denuncias recibidas por la Policía durante 2017. El 66% de las víctimas fueron hombres y 32% mujeres, en el 3% de los casos se desconocía el sexo de la víctima. Según los registros del MP para ese mismo año, las denuncias recibidas fueron 9 mil 655 (pero sólo 9 mil 172 fueron cometidas ese mismo año) y los porcentajes por sexo de las personas agraviadas son prácticamente los mismos. Es decir que la diferencia entre ambas fuentes es de 1 mil 249 (16% más del MP respecto PNC). Generalmente, quien denuncia ante la PNC luego debe ir a ratificar al MP, pero puede ir directo al MP sin pasar por la PNC previa o posteriormente.
Sólo en el caso de la Policía se muestra una desagregación por tipo de extorsión, según el lugar donde ocurrió o el tipo de víctima. El 90% de los casos fueron contra comercios y residencias, como puede verse a continuación:
Fuente: INE, Hechos Delictivos 2017 (base de datos PNC sobre víctimas).
Para la Policía, las denuncias por extorsiones son el 23% del total de denuncias recibidas en todo el año. Es el segundo “grupo de delitos” después de los delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), como se muestra a continuación, según el sexo de la víctima:
Fuente: INE, Hechos Delictivos 2017 (base de datos PNC sobre víctimas).
En contraste, para el MP las denuncias por extorsión son únicamente el 2% del total de denuncias recibidas anualmente y aceptadas como delito (el 23% de todas las denuncias fueron rechazadas por no serlo). En ese sentido, las extorsiones son el 10º delito en importancia. Robo y hurto en sus diversas modalidades sería también el delito más denunciado (33%). Las amenazas se ubicaron en segundo lugar (16%). La siguiente tabla muestra los delitos sin agregar los de robos y hurtos, según el sexo de la persona agraviada (equivale a la víctima en registros de la PNC):
Fuente: INE, Hechos Delictivos 2017 (base de datos MP sobre agraviados). * No suma 100% porque se calcula sobre total de delitos aceptados como tales. ** Porcentaje respecto al total de denuncias recibidas. Nota: sólo 456 mil 744 denuncias corresponden a delitos cometidos en 2017, es decir, el 86% del total recibido. Respecto a ese total extorsiones sube al 3%.
Al sumar los distintos tipos de robos y hurtos, las extorsiones pasan al puesto 6º en el ordenamiento del MP. Eso se debe a que ciertos delitos se reportan directamente ante el MP y no pasan por los registros de la PNC de hechos delictivos, aunque sí podrían estar registrados en cierta medida por el Departamento de Atención a la Víctima (ver portal web de sus estadísticas).
Extorsiones: ENPEVI, 2018
Según la ENPEVI, la tasa de prevalencia por extorsiones fue de 815 a nivel nacional.[1] De acuerdo con dicho indicador, este no es el delito de mayor prevalencia, sino que se encuentra en la posición 9 de 14 tipos de delitos investigados por la encuesta, lo cual tiene más sentido según los datos del MP ya presentados. Incluso en el departamento de Guatemala, el más urbanizados de todos, donde la tasa de prevalencia es más del doble (2,056) el delito ocupa la posición 7 de 14.
Respecto a la tasa de incidencia, a nivel nacional la extorsiones ocupan el puesto 8 de 14 con 1,106. A nivel del departamento de Guatemala, la incidencia casi se triplica (3,010), lo cual hace que las extorsiones suban al puesto 6 de 14 según este indicador.[2] Es decir, que ya sea medido por denuncias o por victimización, las extorsiones no parecen ocupar el primer lugar como las estadísticas policiales lo sugieren.
El 55.7% de las extorsiones reportadas ocurrieron en el hogar de las víctimas, cifra que sí se acerca bastante al porcentaje de denuncias recibidas por la Policía. El 16.2% en su trabajo y el 8.4% en la calle u otro espacio abierto. Un 4.7% ocurrió dentro de buses del transporte público, porcentaje también cercano al reportado por la Policía. El restante 15% fue en otros lugares.
Respecto a los agresores, del total de víctimas que pudo identificar la cantidad de extorsionistas involucrados (35% tuvo contacto cara a cara), el 57% dijo que eran dos personas, mientras que el 25% dijo que era sólo una. El 18% dijo que eran tres o más personas involucradas. Por lo tanto, es un delito que generalmente no se comete en solitario. El 91% eran hombres, 5% mujeres y en el restante 4% los agresores eran hombres y mujeres. Es decir que los depredadores, como en muchos otros delitos, suelen ser hombres. En el 39% de los casos la víctima percibió que el agresor estaba bajo el efecto del alcohol. Por lo que esos casos podrían no ser extorsiones sistemáticas, sino un intento específico y desesperado, por obtener recursos para continuar bebiendo. No en todos los casos se usó arma para intimidar a la víctima, sólo en el 39%. De los casos en lo que sí se utilizó, en el 91% el agresor portaba un arma de fuego y en el restante 9% un cuchillo u objeto contundente.
La base de datos de la Policía únicamente da cuenta de 547 personas detenidas en 2017, siendo 81% hombres y 19% mujeres. Esto parece indicar que es más probable detener mujeres que hombres involucrados, pues están sobrerrepresentadas respecto a lo que dicen las víctimas en la encuesta. El 23% de los detenidos eran menores de edad, generalmente utilizados por su inimputabilidad. El 56% entre los 18 y 29 años. El 20% restante fueron personas mayores de 30 años. Es posible que estas personas detenidas hayan sido responsables de múltiples casos de extorsión, pero esto sólo podrá confirmarse en etapas posteriores del proceso judicial en su contra, según las investigaciones del MP. En la base de datos de “personas sindicadas” por el MP, respecto a las extorsiones cometidas en 2017, el 11% fueron mujeres, el 45% hombres, y en el 44% de los casos se desconocía el sexo del extorsionista.
Subregistro del delito
Según la misma ENPEVI 2018, solamente el 35% de las víctimas de extorsión denunció el delito ante alguna autoridad competente. Eso quiere decir que la cifra oculta podría llegar al 65%, prácticamente dos veces más la cantidad denunciada. Si usamos como referencia las denuncias de PNC y MP, la “cifra real” de extorsiones del año 2017 podría oscilar entre 24 mil y 29 mil casos.
Dado que la ENPEVI 2018 preguntó sobre incidentes delictivos en los últimos 3 años, y tomando en cuenta su diseño muestral, se estimaron más de 160 mil víctimas de extorsión, de las cuales unas 75 mil lo fueron en los últimos 12 meses, previos a la encuesta.[3] Por lo tanto, hay bastante discrepancia con el dato anual calculado a partir de las denuncias de PNC y MP. El subregistro sería mucho mayor al porcentaje estimado por la encuesta, entre el 87 y 90 por ciento.
¿Por qué no denunciaron las víctimas?
Del total NO denunciado, según la ENPEVI, el 58% dijo que fue por miedo a represalias, lo cual es comprensible, pues los extorsionistas usan el recurso del miedo (la amenaza creíble) para generar el pago. El 34% no denunció porque le “faltaban pruebas” y el 22% porque pensó que “la Policía o la autoridad competente NO haría nada” al respecto. El 12% dijo que no lo hizo por ser “cosa de poca importancia”, el 8.5% “lo resolvió a su manera (o conocía al agresor)”, y el 4% porque “no era adecuado o no hacía falta”. Estos podrían ser los casos donde la amenaza no resultó creíble y por lo tanto no hubo miedo (por ejemplo, caso de “extorsionistas” ebrios). El 6% no denunció porque le pareció un proceso burocrático muy complicado, o por desconocimiento sobre el mismo (3%). Sólo el 2% dijo que dejó de denunciar por miedo o desagrado de hablar con la Policía o la autoridad.[4]
En total, para el período estudiado, se estimó que el delito generó pérdidas monetarias por un monto aproximado de Q.251.8 millones, es decir, unos Q3.3 mil por víctima, en promedio. No obstante, es importante anotar que ante la pregunta ¿Usted pagó dinero o entregó algún otro tipo de beneficio para evitar las consecuencias negativas de esa amenaza?, el 50% respondió que SÍ, mientras que el 49% dijo que NO pagó -el 1% no respondió-. Nuevamente, puede ser que quienes no pagaron no percibieron suficiente riesgo para su integridad, pues las amenaza resultó no creíble.
Geografía de las extorsiones según la ENPEVI 2018
Según las tasas de prevalencia e incidencia para el delito de extorsión en la ENPEVI 2018, los departamentos del país se ordenan de la siguiente manera:
Fuente: INE. Nota: N.D. Los datos a este nivel de desagregación no permiten usarlos cuantitativamente.
Sobresalen, entonces, los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla con las mayores tasas de prevalencia. De hecho, en esos departamentos se concentra el 76% de la victimización reportada por este delito. Esto coincide con el ranking de extorsiones que elabora Diálogos a partir de las denuncias recibidas por el Ministerio Público (MP), con datos al 30 de abril de 2021.
Al respecto, es importante entender por qué esos departamentos son los más afectados por los extorsionistas. Una hipótesis es que son lugares que concentran la mayor riqueza del país y donde se generan mayores ingresos, por lo tanto, atraen a quienes quieren extraer recursos por medio de la fuerza y el engaño (los depredadores). Una forma de evaluar dicha hipótesis sería utilizar el índice de necesidades básicas insatisfechas (iNBI) elaborado por Diálogos a partir del Censo de Población 2018 y contrastarlo con los datos de la ENPEVI 2018. Ambas bases de datos también podrían utilizarse para medir los efectos de las extorsiones en la emigración internacional. En los dos casos, la unidad de análisis serían las zonas urbanas de los departamentos de la República, pues la ENPEVI 2018 sólo tiene validez estadística a ese nivel (y a nivel rural nacional). También será importante diferenciar el nivel de subregistro por departamento, para ajustar de alguna manera las cifras que reporta el MP a ese nivel de desagregación. Sin embargo, para ello, se necesitará de encuestas periódicas de percepción y victimización, al menos cada dos años. Dejamos estos ejercicios para una próxima entrega.
