Hablar de un tema como el sexo siempre es espinoso, sobre todo cuando se quieren tratar sus implicaciones con seriedad. Es fácil caer en el chismerío o violar el crucial derecho a la intimidad. Con quien se acuesta cada quien no debe ser algo de dominio público, y eso es un mantra que debemos repetir como uno de los principios fundamentales para comenzar la discusión política.
A no ser, claro está, que involucre el erario público, o sea una explicación sobre lo que está pasando en las esferas del poder. Y ese es precisamente el problema, pues de manera directa o indirecta, muy a menudo las relaciones íntimas se convierten en asuntos de Estado. Tratar el tema es difícil pero no hacerlo es deshonesto.
Pese a no ser abiertamente discutido, salvo en espacios de dudosa credibilidad periodística, la realidad es que las relaciones sentimentales y sexuales son fundamentales para comprender las dinámicas corruptas, más aún en un régimen donde este mal es endémico. El sexo, el saber con quién y por qué se acuestan los personajes poderosos, tiene el potencial de explicar una parte sustantiva de las negociaciones políticas. Para comenzar la discusión, sin entrar en detalles escabrosos innecesarios, hay tres áreas donde, con los cuidados del caso, se debería hablar abiertamente del amor y sus pasiones una vez se tenga información corroborada.
En primer lugar, hablar de sexo es legítimo cuando tenemos pruebas de que sirve como moneda de intercambio corrupto. No es extraño encontrarse plazas en el Estado asignadas a lo que en realidad son trabajadoras sexuales. Tampoco es poco común que como parte de pago de favores espurios se recurra a “regalar” relaciones íntimas. Acontece en todo el mundo y en el caso de Guatemala, donde la impunidad judicial y mediática es mayor, esta clase de comportamientos son con seguridad más frecuentes.
Este hecho, poco denunciado ante la opinión pública es, en el mejor de los casos, pago de favores sexuales con dinero público, y en el peor podríamos encontrarnos ante indicios de redes de trata en instituciones del Estado. La prostitución y la corrupción van de la mano y están presentes en muchos de los relatos que investiga el Ministerio Público, pese a que se omita comúnmente en los juzgados.
En segunda instancia el sexo puede tratarse abiertamente cuando es un mecanismo de creación o garantía de confianza. El caso de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti es paradigmático, quizá único en el mundo (en cuanto a un Presidente y una Vicepresidenta manteniendo en el ejercicio del poder una relación sentimental furtiva) pero hay muchos más. Si las decisiones que nos conciernen a todos se platican “alrededor de una cama” [1], es un derecho ciudadano saberlo.
Ya hemos explicado en varias ocasiones en este mismo espacio que las redes de criminalidad se sustentan en confianza. Delinquir es una peligrosa actividad donde una de las garantías de no ser atrapado puede ser, y a menudo es, la intimidad sexual. Ya sean relaciones previamente existentes o relaciones que se van construyendo en el proceso de relación política, los corruptos buscan maneras que refuercen el compañerismo entre compinches. La familia es una forma de seguridad de no delación, la amistad otra y la intimidad amorosa y/o sexual no lo es menos. Si hablamos de promociones militares o de parentescos deberíamos hablar de amoríos de igual manera.
Por último, el sexo es un tema que debe discutirse sin penas si refleja relaciones y sobre todo abusos de poder. Los poderosos, pasa en todo el mundo, abusan sexualmente en ocasiones de sus subordinados y subordinadas. Un agudo lector o lectora pudiera señalar que esa es una característica que se deriva del poder y no de la corrupción y tendría razón. Sin embargo, cuando la impunidad cubre esta clase de delitos entonces estamos ante un manto construido a base de intercambios corruptos ¿Pueden en el contexto actual ser perseguidos los poderosos por esta clase de crímenes? Difícil imaginarlo. La percepción de que quedará impune desincentiva a potenciales denunciantes a hablar, optando por callar. Es así como conocidos depredadores sexuales han desarrollado largas carreras políticas sin que la Justicia haya llegado jamás.
Incluso muchos han muerto en absoluta impunidad como el dictador Jorge Ubico, conocido abusador de menores que utilizaba el poder, como la magistral pieza de Arnoldo Gálvez en Plaza Pública expone [2], para satisfacer sus mundanos deseos. Otros casos más recientes han quedado también documentados como el relatado en una sólida nota de Nómada [3], donde varios testimonios muestran los excesos sistemáticos de un director de orquesta de la Municipalidad, que en vez de tener que defenderse en tribunales consiguió una beca en el extranjero. Si una figura tan menor políticamente como esa desarrolló esa clase de comportamiento sin consecuencias ¿se imaginan alcaldes, diputados y presidentes? Hablamos mucho en redes sociales sobre el movimiento me too, sus virtudes y excesos, pero en Guatemala está por venir.
Este es un recorrido conceptual sobre en qué debería consistir la conversación, pero como se puede apreciar este texto hace poco esfuerzo en tratar temas sustantivos. Muchos son los testimonios que en ciertos círculos se escuchan sobre tal y cual político o política, sus redes de confianza (incluyendo las construidas a base de relaciones sexuales), sus pagos a afines con prostitutas e incluso los comportamientos predatorios de conocidos potentados. Sin embargo, es difícil superar el problema de información (muchas víctimas deberían antes salir a contarlas), de violación de intimidad (uno no quiere caer en la mentada falta de seriedad) y el inevitable problema del pudor (el único imperdonable de los mencionados).
Es arduo sobrepasarlos y es conveniente no hacerlo en los casos en los que la evidencia no sea sólida, pero eso no significa que no se trate de un tema importante. En el camino tendremos que ir desarrollando los protocolos para hacer de dominio público algo que potencialmente explica parte de nuestro sistema, y que por lo tanto tenemos derecho a saberlo y discutirlo. Sin olvidar que algunos de estos asuntos son ilegales, y las víctimas (los ciudadanos que pagan con sus impuestos estos excesos y las personas abusadas) merecen Justicia.
