El combate contra la corrupción como el corazón de la política de Estados Unidos en Centroamérica. Eso dice el plan de Biden. La política del nuevo Presidente de Estados Unidos “puts combating corruption at the heart of U.S. policy in Central America”. Sabemos de lo que habla. Es una conocida agenda hacia nuestros países que perdió fuerza cuando en 2018 y 2019 Trump, con doctrina transaccional de las Relaciones Internacionales, no tuvo problema de dejar hacer, dejar pasar y quitar presión al Gobierno de Morales en el año de renovación de la CICIG a cambio del tratado migratorio que quería.
Pese a esta pausa, aunque durmiente, la agenda anticorrupción nunca desapareció. Incluso parece estar siendo reeditada en los últimos meses, todavía en la administración Trump, con medidas más agresivas hacia algunas figuras políticas tradicionales del sistema guatemalteco, como Sinibaldi y Delia Bac, y a otras perfectamente vigentes como Gustavo y Felipe Alejos. Hemos visto desde la salida de CICIG mayor presión por parte de EE. UU. al Ministerio Público de Consuelo Porras, llamadas al Congreso para elegir Cortes y apoyo a los Magistrados de la Corte de Constitucional. Estas acciones parecen indicar que, sin demasiado entusiasmo ni interés por parte de la Casa Blanca, y llevada a cabo por burócratas de carrera de la Secretaría de Estado y agencias de inteligencia, el plan es continuar en esa línea. El ex vicepresidente de Obama, ahora a la cabeza del ejecutivo estadounidense dará un nuevo impulso a estas acciones y cambiará desde el norte la dinámica de los que trabajan en el sur.
Los gestos y medidas de presión de este tipo se multiplicarán en los próximos cuatro años. No en vano vuelve Biden, seguramente el presidente de EE. UU. con mayor conocimiento y preocupación sobre nuestro país en la historia, cuya visita fue clave en 2015 (cuando se rehusó reunir con Baldetti). Fue en 2019 el único político estadounidense importante (aunque retirado, ni siquiera candidato) que se pronunció para meter presión al Tribunal Supremo Electoral en la víspera de la resolución del caso de Thelma Aldana (hacia quien parece tener una afinidad especial).
El Plan de Gobierno de Biden habla de liderazgo en temas anticorrupción. Deja claro que son conscientes del abandono trumpista y de cómo tiene que ser renovado. No será extraño en los primeros meses, cuando toque, escuchar mensajes y ver medidas especialmente contundentes en contra de los corruptos, sus corruptores y quienes les protegen.
No obstante, la centralidad de esta política, según el plan de gobierno de Biden, no se quedará únicamente en palabras. Repasemos cuál es la sangre que bombeará ese corazón de la doctrina anticorrupción hacia nuestra región. Estas son las políticas que mencionan específicamente:
Para empezar, podemos esperar en los próximos tiempos un fuerte apoyo al Ministerio Público, en forma de capacitación y recursos técnicos. Eso nunca se detuvo del todo, pero con el cierre en 2018 del Gobierno de Morales y la congelación de fondos de USAID, se perdió fuerza. Esa fuerza volverá y los operadores aquí tendrán más capacidad y flexibilidad para compensar, por ejemplo, la pérdida que en términos de recursos supuso la salida de CICIG. Es bastante certero pensar que tendremos, según avancen los años de la administración Biden, una FECI hipervitaminada.
Como dijimos antes, las sanciones ya están encima de la mesa. Pompeo mismo declaró corruptos a los mencionados Gustavo y Felipe Alejos, Delia Bac, Alejandro Sinibaldi y Blanca Stalling. Con toda seguridad esa lista se irá ampliando. El nuevo Embajador Popp ha mencionado muy explícitamente la Ley Maginstky y todo indica que tendrá mayores posibilidades de ser aplicada en un D.C. de Biden. La conocida como muerte financiera es territorio inexplorado en Guatemala. Sólo se ha sancionado con la misma al diputado Julio Juárez, quien está en prisión por la muerte de dos periodistas, y por lo tanto desconocemos sus efectos entre los actores corruptos activos del sistema ¿Qué efecto tendría si se sancionara a los actores que tienen contratos vigentes con el Estado, por ejemplo? Quizá lo sabremos en los próximos años.
Lo más novedoso podría ser una mención, sin demasiados detalles, de una comisión regional contra la corrupción. Una CICIG para El Salvador, Honduras y Guatemala. Es la medida más ambigua y la que requiere de mayor detalle. Sabemos, y escribiremos más en Diálogos al respecto, que las comisiones anticorrupción comúnmente no funcionan. Lo hacen solo si poseen un diseño institucional que les otorgue la necesaria y suficiente autonomía del sistema político donde habitan y al mismo tiempo la capacidad de incidencia sobre el mismo. Es fácil imaginar que una comisión para los tres países tenga autonomía, mucho más difícil pensar en su impacto desde lo regional. Habrá que esperar para tener más información.
Quieren también a la OFAC (Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control), a la Oficina de la Secretaría del Tesoro para el control de activos, con más presencia en sus embajadas. Con una oficina vaya. “Sigue el dinero”, les gusta decir a los gringos, y es lo que pretenderían hacer con esta medida, y así estar más cerca de los movimientos de capitales ilícitos. Al contrario de la comisión propuesta, esto es algo concreto y factible, y con los suficientes recursos y presión política (sobre nuestros países) podría dar muchos resultados.
El plan habla también de poner a trabajar el aparato de Comunidad Internacional. Trump rompió y debilitó los consensos multilaterales y eso se notó en el apoyo a la lucha contra la corrupción a nivel de la presencia de otros países aquí en Guatemala. Pensemos en el bochorno del caso Kompass, por ejemplo. Con el liderazgo renovado de Estados Unidos en términos generales para recuperar acuerdos, reestructurar (si es que es posible) el consenso liberal, se debería notar micro aquí y volver a tener a todas las embajadas con fuerza, contundencia y seguridad en la lucha contra la corrupción.
La lucha contra la corrupción volvió a Washington. No hay razón para dudar que Biden no cumplirá esta promesa. Es una política ejecutada desde Secretaría de Estado, donde volverán cuadros que fueron protagónicos en estos lares, y presupuestada desde Congreso. Nada en la configuración del Senado nos invita a pensar que se intentaría boicotear desde ahí. Ningún senador va a utilizar esto como una bandera de oposición a Biden, ni parece que los operadores en la capital de la gran potencia vayan a tener demasiada capacidad de maniobra. En cualquier caso, sabremos si ciertas personas que pagaron carísimos lobbies en Washington D.C. no solo verán sus “logros” revertidos, sino que a cambio de su dinero se habrán ganado la animadversión de ciertos cuadros burocráticos que ahora volverán a tener poder…y quizá ganas de dar alguna que otra lección.
Esto por supuesto no dice nada sobre si los actores que “resistieron” la embestida de 2015 a 2019 cederán ante estas políticas. Quizá estemos en un escenario de no retorno donde les da igual aparecer ante la comunidad internacional como unos parias. Veremos. El caso es que Biden parece que vuelve con todo.
