“Buscan callar y al contrario… es que con muchísima más razón es donde alzamos la voz, denunciamos y hacemos nuestras demandas”
En los últimos años, distintas diputadas del Congreso de la República de Guatemala han denunciado comentarios denigrantes y ataques en su contra en el ámbito digital. Estos no son hechos únicos ni aislados. Según un informe elaborado por Diálogos durante el proceso electoral del 2023, se identificó que los comentarios dirigidos a candidatas en la red social X contenían ataques que las discriminaban por el hecho de ser mujeres, por el pueblo de pertenencia y orientación sexual, además de amenazas y hostigamientos. Sin embargo, la violencia política en espacios digitales no afecta únicamente a quienes aspiran o ejercen un cargo público, sino que también se dirige contra mujeres que participan en la vida política o pública desde otros ámbitos, como la defensa de los derechos humanos y del territorio.
En este blog presento los principales hallazgos de una investigación realizada entre mayo y agosto de 2024, que incluyó el monitoreo de comentarios en la red social X dirigidos a dieciocho cuentas (diez defensoras de derechos humanos y ocho diputadas), así como diecinueve entrevistas con defensoras y diputadas.[1] El objetivo principal del estudio es analizar y comprender el impacto de la violencia digital en la vida política y pública de las mujeres, así como identificar las principales dificultades para prevenir y mitigarla.
Las redes sociales como espacio político y violento
El espacio digital y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) prometieron ser un entorno liberador capaz de conectar a personas y comunidades más allá de las fronteras geográficas. Las redes sociales se convirtieron en un espacio público y político donde emergieron nuevas formas de activismo y participación ciudadana, facilitando la incidencia en la opinión pública y el posicionamiento de diversas agendas políticas.
Esto concuerda con lo expuesto por las diputadas entrevistadas, ya que las redes sociales constituyen un medio fundamental para la rendición de cuentas y para mantener cercanía con sus simpatizantes. A través de sus perfiles públicos, en muchos casos manejados por sus equipos de asesores, difunden información sobre sus acciones, fiscalizaciones y actividades políticas.
Asimismo, la pandemia de COVID-19 aceleró de manera significativa la adopción y dependencia de estas plataformas. Para varias defensoras de derechos humanos, este contexto implicó intensificar el uso de aplicaciones y redes sociales con el fin de mantenerse vinculadas con sus organizaciones y continuar impulsando causas sociales y comunitarias, así como expresar públicamente sus posicionamientos políticos y sociales.
Las redes sociales más utilizadas por las entrevistadas incluyen Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter), TikTok y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Messenger y Signal. Cada plataforma es empleada estratégicamente según el público objetivo: Facebook para alcanzar a poblaciones de los departamentos y municipios del interior del país, Instagram y TikTok para llegar a un público más joven, y X para influir en debates de alcance nacional o en la ciudad de Guatemala.
Sin embargo, su presencia en estos espacios también las expone a diversas formas de violencia digital. En particular la red social X es percibida como una de las más hostiles y agresivas. Según nuestro monitoreo, el 51% de los comentarios donde se etiquetó a los usuarios de las defensoras de DDHH y diputadas fueron clasificados como violentos. Al desagregar los datos por tipo de usuaria, se observa que el 65% de los comentarios analizados se dirigieron a las ocho cuentas de diputadas, mientras que el 35% se dirigieron a las diez cuentas de defensoras de derechos humanos.[2]
En el caso de las diputadas, seis de cada diez comentarios recibidos fueron clasificados como violentos. Para las defensoras de derechos humanos, la proporción disminuye ligeramente: cuatro de cada diez comentarios tienen contenido violento. Esta proporción aumenta cuando los mensajes se dirigen a diputadas y defensoras entre 18 y 35 años, como se muestra en la gráfica 1.[3]
Al clasificar los comentarios según el tipo de violencia identificada, la mayoría corresponde a ataques verbales e insultos (98.2%), seguidos de amenazas 1.5% y hostigamientos 0.3%.
Los ataques verbales o insultos hacia las diputadas y las defensoras de DDHH se concentran principalmente en insultos genéricos dirigidos en mayor medida a mujeres ladinas/mestizas (46% a diputadas y el 50% hacia defensoras)[4]. Estos comentarios suelen contener críticas y expresiones en desacuerdo con la labor que realizan, asociándolas con actos de corrupción o empleando insultos lanzados de manera general. En contraste, los comentarios relacionados con la ideología política se dirigen principalmente a mujeres mayas (42% de los ataques hacia diputadas y 33% hacia defensoras). Estos se asocian a la pertenencia o posible pertenencia a un partido político, y si a la persona se le considera de izquierda, se utilizan palabras como zurdos, chaira o guerrillera, mientras que si se le considera que es de derecha, se usan expresiones como profamilia o provida.
Los ataques verbales e insultos también están relacionados con la capacidad intelectual, es decir, se cuestiona el conocimiento y la capacidad de la persona para realizar ciertas acciones políticas o de defensa de derechos humanos. Estos representan el 18% para las defensoras ladinas/mestizas y el 17% para las defensoras mayas. En el caso de las diputadas, el porcentaje es menor, con un 8% para diputadas ladinas/mestizas y 13% para diputadas mayas.
Otros ataques se centran en su origen étnico, con comentarios racistas y peyorativos principalmente hacia las poblaciones indígenas. Estos tipos de ataques fueron dirigidos en mayor medida hacia las mujeres mayas, en el caso de defensoras representó el 25% y en el caso de las diputadas el 10%.
Los ataques relacionados con la apariencia física se enfocan en criticar el cuerpo, la forma de vestir, hablar o la edad de las mujeres, asignándoles apodos denigrantes que buscan ridiculizarlas. Este tipo de mensajes representó el 8% para diputadas ladinas/mestizas y el 6% para diputadas mayas. En el caso de las defensoras, solo representó el 5% para las que se autoidentifican como ladinas/mestizas. El 10% restante se relaciona con ataques o insultos basados en la identidad de género, sexo, orientación sexual, posición socioeconómica o creencias religiosas. Estas manifestaciones refuerzan estereotipos discriminatorios que sexualizan o cuestionan la legitimidad pública y política de las mujeres.
La violencia en el espacio digital y su interrelación con en el mundo físico
Las violencias que enfrentan las defensoras de derechos humanos y las diputadas pueden escalar hacia formas más graves, como amenazas directas y hostigamiento. En el monitoreo de la red social X, las amenazas representaron solo el 1.5% de los casos; sin embargo, suelen ocurrir con mayor frecuencia mediante mensajes directos o llamadas, por lo que no son visibles en comentarios públicos. Estas pueden incluir amenazas de agresiones físicas, legales o incluso amenazas de muerte, con el objetivo de intimidar y generar miedo para frenar su labor en la defensa de derechos humanos o su trabajo parlamentario.
El hostigamiento se manifiesta en ataques constantes desde cuentas específicas con comentarios con connotación sexual, vigilancia o divulgación de información personal (doxing). Algunas diputadas señalaron que, debido a su exposición pública, personas conocidas o desconocidas viralizan sus fotografías o videos sin su consentimiento, o les envían mensajes insistentes, incluso con contenido sexual, de forma privada. En algunos casos, reciben imágenes o videos que revelan su ubicación, lo que evidencia posibles prácticas de seguimiento y vigilancia. Estos contenidos se utilizan para acosarlas, insultarlas, ridiculizarlas o intimidarlas.
Las defensoras de derechos humanos también se ven expuestas al participar en actividades públicas o manifestaciones, al expresar posicionamientos políticos o visibilizar causas sociales. En redes sociales circulan fotografías y datos personales, reciben llamadas y mensajes desde números desconocidos con contenido sexual o intimidatorio. Asimismo, señalan que han sido víctimas de hackeos o robo de identidad de sus perfiles digitales. En casos de doxing, se difunden documentos de identidad, direcciones o números telefónicos, propios o de personas cercanas, con fines de intimidación y de disuadir su labor. En el monitoreo de X también se identificaron algunos estos comentarios:
Deme la oportunidad de chiquitearla y vera q le va gustar.
Yo le chupo hasta el XXX a esa dama 😋
Prefiero que haya genocidios masivos en toda el país.
Las violencias que se ejercen en el espacio digital tienen efectos reales en distintos ámbitos de la vida de las mujeres que participan en política. Como se observa en la tabla 1, tanto las defensoras de derechos humanos como las diputadas señalan que experimentan efectos negativos a nivel personal y familiar, los cuales afectan su salud mental y emocional, además de generar conflictos, temores y tensiones en su entorno cercano.
Estas violencias también inciden en las actividades sociales, comunitarias y políticas, desde el aislamiento, el deterioro de su imagen pública y política hasta la criminalización y el exilio de las mujeres. Principalmente, las defensoras de derechos humanos describen una mayor cantidad de efectos negativos, que impactan con mayor intensidad a aquellas que desarrollan su labor a nivel territorial y comunitario o que no cuentan con el respaldo de organizaciones sociales más consolidadas. Estos efectos también se extienden al ámbito digital, donde disminuyen su actividad, se autocensuran o incluso llegan a cerrar sus cuentas en plataformas digitales.
¿Quiénes perpetran esta violencia?
Los perfiles de quienes publican en contra de defensoras y diputadas presentan diversas características. Según las entrevistadas, las personas que las atacan pueden ser tanto conocidas como desconocidas, que están en desacuerdo con sus publicaciones y acciones. Además, los agresores también pueden ser adversarios políticos o funcionarios públicos que buscan desacreditar su figura política, limitar su trabajo de fiscalización o entorpecer sus acciones en defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, consideran que algunos ataques se llevan a cabo de manera sistemática y organizada, dirigidos por estructuras diseñadas para desprestigiar, desinformar y manipular la opinión pública. Estas cuentas pueden ser “bots” que están programados y repiten un mensaje establecido, o personas reales que operan bajo un perfil falso denominados “netcenters”. Estos individuos trabajan al servicio de grupos de personas con intereses políticos específicos.
Durante el monitoreo de la red social X, identificamos ciertos atributos de las personas que realizaron los comentarios. Con la herramienta Talkwalker, que clasifica automáticamente a los usuarios según el género representado en sus perfiles, pudimos obtener una visión más detallada de la actividad en línea relacionada con estos ataques.
En los comentarios violentos dirigidos a las diputadas, el 62.9% fue realizado por usuarios del género masculino, el 17.2% por usuarios femeninos, y en el 19.8% se desconoce el género. De manera muy similar, en el caso de las defensoras de derechos humanos, el 57.7% de los comentarios violentos provienen del género masculino, el 23.7% del género femenino y en el 18.6% se desconoce el género (ver gráfica 4).
Estos resultados identifican que la mayoría de los comentarios violentos fueron hechos por el género masculino. Sin embargo, la proporción de comentarios emitidos por el género femenino es mayor para las defensoras de derechos humanos que en el de las diputadas.
Resiliencia y mitigación para enfrentar la violencia
A pesar de los efectos negativos de la violencia digital, tanto las defensoras de derechos humanos como las diputadas demuestran resiliencia, manteniendo una postura firme en sus posicionamientos y acciones públicas, así como recurriendo de forma constante a redes y organizaciones de mujeres y desarrollando diversas estrategias de mitigación.
En el caso de las diputadas, cuentan con equipos que asesoran su actuación en redes sociales y gestionan sus cuentas públicas para reducir el desgaste emocional. Asimismo, algunas bancadas disponen de protocolos internos para identificar el origen y patrón de los ataques (establecer si son orgánicos u organizados) y definir la respuesta más adecuada. Esto resulta especialmente relevante, ya que, por su calidad de funcionarias públicas, deberían evitar bloquear cuentas reales para no silenciar demandas ciudadanas.
Por su parte, las defensoras de derechos humanos dependen en mayor medida de la capacidad de sus organizaciones para acceder a asesoría técnica y equipos que fortalezcan su seguridad digital. Quienes pertenecen a organizaciones más sólidas suelen contar con protocolos de seguridad más estructurados, como el uso de equipo institucional, correos o servidores seguros, aplicaciones de mensajería específicas, bitácoras de incidentes y equipos técnicos que asesoran o administran las cuentas institucionales.
En contraste, quienes pertenecen a organizaciones más pequeñas, redes menos estructuradas o que realizan su defensa de manera individual, principalmente a nivel territorial o rural, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Esto se debe, por un lado, a la mayor cercanía con sus agresores y, por otro, a la falta de herramientas y capacidades para protegerse, lo que las obliga a buscar apoyo en otras organizaciones o redes para recibir capacitación y orientación sobre cómo actuar. Entre las medidas de mitigación adoptadas se incluyen no responder llamadas de números desconocidos, evitar o tener cuidado cuando pertenecen a grupos masivos de mensajería, para prevenir extorsiones o amenazas.
Asimismo, recurren al bloqueo y reporte de cuentas ofensivas, cuya efectividad depende de la plataforma y de si esta determina la aplicación de sanciones a la cuenta que incurre en la agresión. En algunos casos las entrevistadas mencionaron que limitan sus publicaciones, cierran cuentas o abandonan determinadas redes sociales; por ejemplo, algunas defensoras prefieren no utilizar la red X debido a su alto nivel de agresividad.
Finalmente, una estrategia clave es la construcción de redes de apoyo entre mujeres que participan en la política y la vida pública, ya que fortalecen la solidaridad y brindan respaldo para enfrentar, visibilizar y denunciar la violencia en el espacio digital.
Dificultades para la atención y protección institucional
Lamentablemente, muchas de las defensoras y diputadas que han sido víctimas de violencia en el espacio digital, consideran que no existen mecanismos efectivos para denunciar o prevenir este tipo de violencia. Quienes han presentado una denuncia, no han tenido una respuesta adecuada de parte del Ministerio Público para avanzar con los casos.
Uno de los principales desafíos es la ausencia de una ley que regule de manera específica el ámbito digital y la violencia política contra mujeres. Algunas de las entrevistadas mencionaron conocer iniciativas legislativas presentadas en el Congreso de la República, pero que no han avanzado por falta de compromiso y voluntad política. A pesar que existen algunos referentes como la Ley Olimpia de México o la Ley Modelo Interamericana, que podrían orientar la construcción de un marco legal que incluya el ámbito digital en la regulación de la violencia política contra mujeres en Guatemala.
Para algunas parlamentarias, este tipo de iniciativas de ley deberían de ser impulsadas por el Tribunal Supremo Electoral. Actualmente existe un Protocolo para atender la violencia contra las mujeres en el ámbito político y electoral, publicado en el año 2023 que define la violencia política contra las mujeres y reconoce la violencia digital como una de sus formas. No obstante, su alcance se limita a que el Tribunal Supremo Electoral reciba las denuncias y traslade a otras instituciones para su investigación, sin que existan mecanismos que sancionen o tipifiquen este tipo de delitos. Además, varias parlamentarias señalaron desconocer este protocolo o no haber recibido información sobre su contenido.
También se evidencia un limitado conocimiento sobre programas de prevención impulsados desde las instituciones del Estado. Solo algunas entrevistadas mencionaron acciones promovidas por parte de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), y pocas identificaron el apoyo de organizaciones de sociedad civil como UDEFEGUA, el Foro de Mujeres o el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM).
Las diputadas y defensoras de derechos humanos coinciden en que todavía falta mucho por hacer para mitigar y prevenir la violencia política digital. Resulta fundamental, implementar programas de apoyo técnico que orienten y acompañen a las víctimas sobre cómo actuar, así como promover iniciativas educativas sobre el uso responsable de las redes sociales y la tecnología, junto con servicios de acompañamiento psicológico y emocional que contribuyan a afrontar el impacto de estas agresiones.
Algunas iniciativas recientes, podrían orientar la creación y los mecanismos adecuados para la atención o protección de las mujeres que participan en la política ante los ataques en el ámbito digital, como la iniciativa 6280 Ley Contra la Violencia Sexual Digital o bien la reciente Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos (2025 – 2035) en donde no solo reconoce este tipo de violencia sino que también se establece la creación de un protocolo integral de atención a personas defensoras de derechos humanos ante una situación de agresión en el ámbito digital.
Mientras tanto, y a pesar de estos desafíos e impactos de la violencia digital en la vida política y pública de las mujeres, seguirán luchando y resistiendo en los espacios políticos, alzando su voz por la defensa de los derechos y denunciando las injusticias sociales.
En el marco del 25N, resulta indispensable visibilizar y reconocer las múltiples formas de violencia que afectan a las mujeres en distintos ámbitos, así como analizar de qué manera estas prácticas restringen, condicionan o disuaden la participación plena, libre y equitativa en los espacios públicos y políticos. Es importante que las instituciones públicas, los partidos políticos y las organizaciones sociales adopten políticas, medidas y protocolos integrales orientados a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar su inclusión en los espacios de decisión y de incidencia política.
[1] Se empleó un muestreo no probabilístico por cuotas, tanto para seleccionar las cuentas monitoreadas en la red social X como de las mujeres entrevistadas. La selección aseguró el cumplimiento de criterios de edad, pueblo de pertenencia, orientación sexual o identidad de género, afiliación a distintos partidos políticos y el tipo de defensa de derechos humanos ejercida.
[2] Un total de 50,586 tweets fueron extraídos en el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2024. Para el análisis, se clasificó una muestra representativa de 655 tweets, la cual fue clasificada con un sistema automatizado de IA.
[3] Las edades se obtuvieron de la página oficial del Congreso en el caso de las diputadas, y de información pública disponible en perfiles y otras páginas web en el caso de las defensoras de derechos humanos.
[4] El pueblo de pertenencia de las cuentas monitoreadas fue identificado basándose en la autoidentificación declarada por las diputadas y defensoras de derechos humanos, ya sea a través del contenido explícito en sus perfiles de redes sociales o mediante declaraciones públicas recogidas en otros medios de comunicación.
