![FOTOSBLOG(51)[1]](https://dialogos.org.gt/wp-content/uploads/elementor/thumbs/FOTOS20BLOG2020511-q36zrexewql1i1cr6ceg326jhj9fqc0qssew3orda8.png "FOTOSBLOG(51)[1]")
La lógica política de la corrupción en Guatemala parece, paradójicamente, no evolucionar. La investigación de El Faro [1] y CNN [2] (coincidentes y complementarias) documentan un fenómeno conocido de “transición corrupta”, es decir, acuerdos entre el poder saliente y el (esperado) entrante que asegura negocios y beneficia a ambas partes. Produce además un vínculo entre ambos grupos de poder, una suerte de tratado de paz uniendo sus destinos. Es en muchos sentidos un mecanismo de lo que hemos llamado en este espacio “gobernabilidad corrupta”.
El ejemplo más acabado en nuestro país de este fenómeno es el caso Odebrecht, donde el Ministro de Comunicaciones y potencial candidato presidencial oficialista, Alejandro Sinibaldi, le dio su tajada de la coima carioca al candidato de “oposición” Manuel Baldizón. La posibilidad de que este último fuera el ganador en el proceso electoral de 2015 le valió un pedazo del pastel, ya que una vez en el poder tenía la facultad de boicotear el negocio. Seguridad jurídica de la inversión en su versión de corrupción sistémica.
No deja de ser sorprendente que el que va segundo en las encuestas, como era el caso, financie la campaña del que va primero, pero se explica a través de dos conceptos: expectativa y estabilidad. Según la tesis patronalista [3], de Henry Hale, las redes que configuran el poder corrupto hacen en sistemas semiautoritarios donde hay elecciones, una apuesta apoyando a una de las fuerzas. Si esa idea, la de que el candidato x va a ganar, se vuelve dominante se convierte en un factor que de hecho permite a esa fuerza política llegar al poder. Una suerte de profecía autocumplida.
Esa apuesta no deja de tener un factor de incertidumbre y en el caso de un sistema con alta fragmentación como el nuestro, puede producir mucha inestabilidad. Es por eso que las fuerzas en competencia intentan resolver esa incertidumbre a través de hacer partícipes de los negocios a las redes entrantes.
Esta es la historia que la semana pasada fue expuesta convincentemente por los dos medios internacionales antes mencionados. El Gobierno saliente le ofrece supuestamente a un candidato con posibilidades como Alejandro Giammattei financiamiento electoral ilícito a cambio de que el Ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, continúe operando los contratos de ciertos “exitosos” contratistas.
Esto permite de manera fundamentalmente transaccional, que los nombres de los candidatos pueden (en parte) cambiar, los colores de los partidos variar y los discursos presentarse como renovadores sin que el mecanismo deje de funcionar. Claro que en este sistema tan fragmentado, en el proceso de negociación y sin que el reparto de los negocios esté consolidado por una fuerza central, se producen tensiones entre grupos que se pelean el pastel. Estas parecen haber sido las causas de la declaración que comienza la investigación (corroborada no obstante por otras fuentes) y que despierta esta crisis que el sistema resolverá como siempre lo ha hecho: renegociando los intercambios ilícitos.
La gobernabilidad corrupta parece haber vuelto sin mayores modificaciones a ser el mecanismo de control fundamental, el que garantiza la pervivencia del sistema pese a que las redes se alternan. Con dos diferencias que vale la pena mencionar. Por un lado, la predictibilidad es menor. Durante años el segundo en la campaña anterior se convertía en primero en la siguiente. Las elecciones de 2015 y 2019 rompieron con esa tradición y muy previsiblemente en 2023 se dará la misma situación. La segunda diferencia es que la CICIG de Iván Velásquez aconteció, lo cual hace que las prácticas sean percibidas cada día más descaradas y por tanto el desgaste de gobernantes que ejercen esta clase de pericias sea mayor.
La degradación de la imagen del gobierno traerá problemas a mediano y largo plazo. Como se ha mencionado en este espacio los políticos guatemaltecos son eficientes en negociaciones corruptas y en pactar impunidad, pero son altamente ineficientes a la hora de gobernar. La población percibe pocos resultados y las condiciones de los guatemaltecos no mejoran. Un sistema que es visto ampliamente como ilegítimo en un país de cada día mayor complejidad demográfica, cultural y económica está condenado a vivir en permanente crisis y eventualmente está condenado a un cambio que resuelva parcialmente la tensión.
El sistema no ha sido capaz de innovar, precisamente porque nadie lo ha disciplinado. La fragmentación en un país de corrupción sistémica hace muy difícil que existan planes estratégicos y productivos de largo plazo como pasa en otros países con corrupción [4]. Hasta que no exista un grupo o un liderazgo que genere orden esta clase de técnicas serán necesarias. Lo serán, además, apostando por varios candidatos para asegurar que ese pacto de no agresión, vía compartir negocios, sea lo más amplio posible. Es por eso que tenemos a políticos que nunca han llegado al poder pero que han desarrollado una carrera en el manejo del dinero conseguido en sus campañas electorales y que durante años manejan una cuota de poder con la que negociar.
En realidad, el guatemalteco es uno de los sistemas patronales más acabados. Le da a cada red la oportunidad de negociar y puede convivir con diferentes resultados electorales sin cambiar fundamentalmente. En su éxito está también su fracaso, pues un país que demanda políticas diferentes es imposible que sea gobernado a la larga por las antiguas prácticas. En la medida la que las reformas se posterguen la factura que las élites políticas y económicas guatemaltecas tendrán que pagar será cada vez mayor. Una deuda que están, según parece, dispuestos a retrasar. Los “intereses” los pagaremos todos.
