Año tras año, los medios reportan numerosos casos de violencia contra las mujeres y niñas. Sin embargo, ¿cuántos de ellos generan una verdadera indignación colectiva? La realidad es que, cada día, muchas mujeres y niñas son violentadas; pero, lamentablemente, en la mayoría de las situaciones enfrentan y resisten la violencia en silencio, y en muchas ocasiones, sin apoyo de su comunidad o de su familia. Aquellas que se atreven a denunciar deben superar un sinnúmero de obstáculos para continuar con sus denuncias y encontrar justicia.
Como cada año, en este blog me propongo analizar los datos de fuentes oficiales para entender cómo se han comportado las denuncias de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente en el último año. Pero, como veremos, estos datos no nos cuentan toda la historia. La violencia contra las mujeres y niñas es un fenómeno complejo y estructural que no siempre se refleja en las cifras oficiales. Existe un subregistro significativo que oculta gran parte de esta realidad; por lo cual, analizar los datos de prevalencia y subregistro son importantes para entender de manera integral la problemática.
¿Cómo se comportó la violencia contra las mujeres en el último año?
El 2024 no fue la excepción; la violencia contra las mujeres y niñas no se detuvo y continuó cobrando la vida de muchas mujeres. Según la Policía Nacional Civil (PNC), se registraron 357 homicidios de mujeres, mientras que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó 553 necropsias de mujeres vinculadas a posibles hechos de violencia.[1] Esto representa una disminución de 4% y 8%, respectivamente, en comparación con el año 2023. Por su lado, el Ministerio Público (MP) recibió 553 denuncias de muertes violentas de mujeres, lo que representa un aumento del 23% respecto al año anterior.[2]
La discrepancia en los datos para determinar si disminuyeron o aumentaron las muertes violentas de mujeres y niñas al compararlas con el año anterior, se puede deber a los diferentes criterios de registros, clasificación y actualización de casos. El MP registra denuncias que pueden incluir múltiples delitos o estar en proceso de investigación. Además, entre 2022 y 2023, la institución implementó un nuevo sistema informático para el registro y seguimiento de los casos, lo que pudo influir en la clasificación y en la adaptación del personal para el registro de denuncias del 2023.[3] También podría deberse a un incremento real de los hechos investigados que, por criterios metodológicos o de investigación, no se ve reflejado en los datos de la PNC ni en las necropsias de INACIF. En ese sentido, es necesario indagar más y establecer si la violencia contra las mujeres y niñas efectivamente disminuyó o aumentó en el periodo referido.
En cuanto a los femicidios, el MP también reportó un aumento del 23% en comparación con el 2023. Durante el 2024, se registraron 185 casos de femicidios, lo que equivale a una tasa de 2.0 por cada 100,000 mujeres. En este caso, la única fuente que proporciona datos sobre femicidios es el MP, por lo que hacer una comparación con otras fuentes oficiales de información es imposible. Asimismo, entre las otras muertes violentas de mujeres, es posible que existan casos de femicidio que aún no han sido identificados como tales y que deberían ser determinados a lo largo de la investigación y el análisis de sus características.
El femicidio es la manifestación más extrema de un continuo de violencia que afecta a las mujeres y niñas a lo largo de su vida, que se manifiestan de distintas formas y en distintos ámbitos de la vida. Como señala Segato (2020), la misoginia es el principal motor del agresor, reflejándose en el desprecio por la vida de las mujeres y en la creencia de que su único valor radica en la apropiación y la dominación.[4]
Al indagar en las denuncias de violencia contra las mujeres, en el año 2024 se registraron un total de 52,223, lo que equivale a un promedio de 143 denuncias diarias. En comparación con 2023, esto representa un aumento del 14% y una tasa de 576 por cada 100,000 mujeres. Del total de denuncias, el 56% fueron por violencia psicológica, el 42% por violencia física, el 2% por violencia económica y el 1% por violencia sexual.[5] En el 2023 y 2024 las denuncias sin registro del tipo de violencia disminuyeron drásticamente, representando solo el 0.3% y 0.2% del total, respectivamente. Esta reducción podría estar relacionada a la implementación del nuevo sistema informático del MP, mencionado anteriormente, lo que habría mejorado el registro y clasificación de las manifestaciones de violencia.
Respecto al perfil de las víctimas de violencia contra la mujer, se distribuyen por edad de la siguiente manera: el 3.4 % tiene entre 0 y 17 años, el 38.9 % entre 18 y 30 años, el 44.8 % entre 31 y 64 años, y el 2.0 % tiene 65 años o más. En el 10.8 % de los casos, la edad no fue registrada. En cuanto al pueblo de pertenencia, el 41 % de las víctimas se identificaba como ladina, el 13% como maya, el 0.2% otros pueblos indígenas, mientras que en el 45% de los casos no se registró esta información.
En otras palabras, según los datos oficiales, los diferentes tipos de violencia que registra el MP afectan en su mayoría a una amplia parte de la población de mujeres entre las edades de 18 y 64 años, quienes tienden a auto identificarse como ladinas. No obstante, en este punto es importante resaltar el subregistro de los casos y subrepresentación de la población indígena, que puede estar influido por dinámicas comunitarias, familiares o personales sobre las que reflexionaré más adelante en este blog.
Las denuncias de mujeres y niñas sobre casos de violencia sexual, registradas en el MP en este mismo periodo, también reportaron un aumento del 29% en comparación al año anterior. En total se reportaron 10,431 denuncias, que representan una tasa de 115.1 por cada 100,000 mujeres, lo que equivale a un promedio de 29 denuncias diarias. Del total de casos, el 61% fueron por violación, el 29% por agresión sexual, el 9% por violación a la intimidad sexual y el 1% exhibicionismo sexual.[6]
La mayoría de las víctimas de violencia sexual son niñas o mujeres jóvenes. Según los datos, el 14.5% de las víctimas tiene entre 0 a 6 años, el 21.8% entre 7 y 13 años, el 26.5% entre 14 y 17 años, el 17.6% entre 18 y 30 años, el 14.5% entre los 31 a 64 años y el 0.38% entre los 65 o más años. En relación con el pueblo de pertenencia, el 30% son ladinas, el 13% mayas, el 0.1% de otros pueblos indígenas y en el 55% de los casos no se registró la información.
No obstante, en el caso de la violencia sexual, al igual que otras manifestaciones de violencia, puede existir un subregistro de casos o también una subrepresentación de los pueblos indígenas en las estadísticas oficiales de denuncia.
¿La violencia está aumentando?
Las denuncias de violencia contra las mujeres no reflejan la magnitud real del problema, ya que muchos casos las mujeres y niñas no denuncian la violencia que les afecta. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y Bienestar del Hogar (ENCABIH, 2023), el 48.8% de las mujeres ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, pero solo el 9% de ellas ha presentado al menos una denuncia ante alguna autoridad. En otras palabras, de cada 10 mujeres que experimentan algún tipo de violencia, solamente una presenta una denuncia.
Al analizar los datos por departamento, como se muestra en la gráfica 4, se puede observar que, en algunos lugares, el porcentaje de denuncia es aún menor. En Suchitepéquez, por ejemplo, solo el 3.0% de las mujeres que han sufrido violencia ha denunciado; en Chiquimula, el 4.3%; en Sololá, el 5.7%; en Chimaltenango, el 5.8%; en Petén, el 6.6%; y en Totonicapán el 6.8%.
Esto refleja que, aunque hay una alta prevalencia de las mujeres en cualquier ámbito de la vida y a lo largo de su vida, realmente son muy pocas las mujeres que presentan una denuncia. Por lo cual, las estadísticas oficiales de hechos y denuncias de violencia estarían únicamente reflejando la punta del iceberg de un problema mucho más complejo y estructural.
El subregistro de la violencia y subrepresentación de las comunidades indígenas también puede estar condicionado por las dinámicas comunitarias y familiares de resolución de conflictos. En un estudio de campo realizado el año pasado por el equipo de Diálogos en los municipios de Totonicapán y Momostenango, nos dimos cuenta de que en algunas comunidades mayas, los casos de violencia sexual o física contra mujeres y niñas mayas, no siempre son reportados a las instituciones estatales, debido a los mecanismos de resolución de conflictos a nivel comunitario.
Algunas comunidades mayas están organizadas por un sistema de cargos en el que, cada año, se elige a miembros idóneos para ejercer distintos cargos y responsabilidades. A través de este sistema se establecen normas y sanciones propias que varían en cada comunidad, y ejercen una mediación de los conflictos donde se promueve el diálogo y consenso entre las personas involucradas y sus familias. Si bien esta estructura organizativa goza de legitimidad y permite una reparación inmediata a nivel comunitario, también en algunos casos, está condicionada a la aplicación de normas machistas y patriarcarles que refuerzan la normalización o minimización de la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente en situaciones como embarazos de niñas y adolescentes.
¿Por qué las mujeres no denuncian la violencia?
Los obstáculos para presentar una denuncia ante las instituciones de justicia incluyen factores sociales, culturales, económicos y estructurales que limitan el acceso a la justicia a las mujeres. Según la ENCABIH, entre los principales motivos están los relacionados con la minimización y normalización de la violencia de género, así como con culpar a las mujeres por la violencia que sufren en cualquier ámbito de su vida. Aunado a ello, las mujeres temen por las consecuencias o represalias que pueda generar el acto de denunciar a su agresor, o que una denuncia pueda desencadenar más violencia.
Otro aspecto que influye es la falta de conocimiento de las leyes que protegen a las mujeres y de la ruta de denuncia. Muchas mujeres desconocen a qué institución acudir y cómo presentar una denuncia por violencia. Adicional a esto, la desconfianza que tienen hacia las autoridades e instituciones encargadas de impartir justicia agrava la situación.
Además, para las mujeres denunciar representa un gasto económico que a muchas les resulta imposible asumir. La lejanía o las dificultades de transporte en las comunidades para movilizarse a las instituciones de justicia es otro factor que desmotiva y causa dificultad, sobre todo para las mujeres que están en situaciones de precariedad o viven en áreas rurales.
Estos factores reflejan las raíces estructurales que tiene la violencia contra las mujeres, donde el sexismo y la misoginia impregnan las creencias y las normas sociales. Según el Barómetro de las Américas (2023), aunque la tolerancia a la violencia de género ha disminuido, cuatro de cada diez hombres aún justifican o aprueban que un hombre golpee a su esposa por descuidar las tareas del hogar o por infidelidad. Este porcentaje de tolerancia fue menor que el registrado por la misma encuesta en el 2014, donde 60% de los guatemaltecos aprobaban dicha acción.[7]
A pesar de algunos avances, la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío urgente, el cual es importante entender y medir. Es fundamental realizar de manera constante encuestas (como la ENCABIH) que permitan medir y dar seguimiento a la prevalencia de la violencia contra las mujeres, así como generar indicadores y estadísticas desagregadas según las características de territorio, pueblo de pertenencia y posición económica, necesarios para diseñar y aplicar medidas y políticas de prevención más efectivas y pertinentes.
Hablar de violencia contra las mujeres en el marco del 8M, es también reconocer la lucha de las organizaciones de mujeres y movimientos feministas que durante años han visibilizado la problemática de la violencia contra la mujer, y alzado su voz para garantizar nuestros derechos. Muchas de estas organizaciones también brindan y apoyan con orientación y protección a miles de mujeres en situación de violencia.
Garantizar una vida libre de violencia a mujeres y niñas y mejorar sus condiciones de vida sigue siendo un objetivo por alcanzar y un futuro por construir.
[1]Las necropsias vinculadas a posibles hechos de violencia incluyen asfixia por compresión toracoabdominal, estrangulación, sofocación, sumersión, suspensión (ahorcadura), decapitación (amputación traumática a nivel del cuello), así como heridas causadas por arma blanca o proyectil de arma de fuego. Disponible en: https://dialogos.org.gt/medicion-de-violencia-homicida-en-guatemala/
[2]Las muertes violentas de mujeres incluyen homicidios, asesinatos, ejecución extrajudicial, infanticidio, parricidio y femicidio según guía de variables https://dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2023/03/Variables20de20desagregacion20VCM1.pdf
[3] Astrea es el nuevo sistema informático implementado por el MP y que la información se estuvo migrando entre el año 2022 y 2023 https://www.mp.gob.gt/noticia/ministerio-publico-implementa-nuevo-sistema-informatico-astrea-para-fortalecer-el-trabajo-fiscal/
[4] Rita Segato, La Guerra Contra las Mujeres (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros, 2020)
[5] Delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física, psicológica, económica y sexual están establecidos en el Decreto 22-2008 Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer.
[6] Delitos de violencia sexual, como violación, agresión sexual, exhibicionismo sexual y violación a la intimidad sexual están establecidos en el Decreto 09-2009 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
[7] Regina Bateson y Rachel Schwartz, El Barómetro de las Américas de LAPOP toma el Pulso de la democracia en Guatemala 2023 (Nashville: LAPOP, 2024)
