La CICIG fracasó pero, ¿qué nos enseñó?

Como modelo de lucha contra la corrupción la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fracasó. La principal prueba de ese fracaso es que ya no existe. Un modelo que no puede garantizar su continuidad es un modelo fallido. Pero no solo eso, después de su eliminación hemos experimentado un claro proceso de regresión en políticas anticorrupción.

Es razonable decir que estamos peor que nunca. Los espacios de fiscales, políticos y jueces dedicados y comprometidos con la lucha contra la corrupción se están ahogando. El Sistema de Justicia apenas tiene ya resquicios de verdadera autonomía y la clase dirigente ha aprendido que resistir es su mejor opción hasta esperar a unas elecciones donde no se castigan las prácticas corruptas en las urnas (en buena medida porque se pueden comprar votos a través de la corrupción).

La persecución penal fue el núcleo del modelo CICIG. Pese a todos los logros, algunos verdaderamente increíbles, no es sostenible si funciona como política aislada y no provoca un cambio en la autoridad, entendido este como una modificación en la correlación de fuerzas o en el comportamiento de las dirigencias tradicionales. Eso no pasó y hoy el sistema, del que CICIG nos mostró tanto, está de vuelta con mayor fuerza, impunidad y descaro.

Si a su etapa de mayor fuerza, que fue 2015 a 2019, antecede al de mayor degradación el fiasco es innegable. Entender las falencias del modelo CICIG, sin embargo, no equivale a caer en la propaganda contra la Comisión a la que estamos acostumbrados. En los últimos años las mentiras que se divulgan alrededor de los casos de CICIG son continuas. Se pretende desprestigiar la persecución penal para procurar impunidad especialmente alrededor de los casos activos, para que haya un discurso que legitime los cambios de delito, de criterios de persecución, de Fiscalías y los timonazos en las decisiones judiciales que perpetran las fuerzas políticas aliadas en la impunidad. Hay que saber dimensionar en qué consistió el fracaso de la CICIG y no fue por falta de capacidad de montar, por lo general, sólidos procesos penales.

¿Qué nos dejó entonces el período de 2015 a 2109 que tantas esperanzas crearon en buena parte de la población? Posiblemente el mejor legado de CICIG es que nos enseñó las interioridades de la bestia. El Rey camina desnudo y todo el mundo lo ve, aunque parece no importarle. El efecto que tiene esto en la opinión pública y potencialmente en procesos electorales es enorme.

Merece la pena entonces hacer un inventario de casos significativos, sin pretender que la lista sea exhaustiva, que ameritan ser estudiados sin ojos de fiscal, sino psicológica, política, sociológica y antropológicamente.

La CICIG nos mostró cómo el financiamiento electoral ilícito (que incluye el ahora llamado también anónimo) es el comienzo de una historia que acaba en corrupción una vez se llega al poder. Eso muestra Cooptación, la devolución bajo la figura de contratos de “inversiones” políticas en forma de financiamiento.

Esos favores pueden ser concretos o difusos. El caso de FCN-Nación nos enseña una práctica muy común en la élite económica tradicional: la de ocultar entregas de dinero a partidos como una manera de mantener un relacionamiento político con ellos. Un “quedar bien” pero sin que se sepa, para tener siempre el teléfono abierto. Quien diga que eso no pasó, argumentando que con el cambio de ley (a medida, por cierto) esa práctica no es espuria, simplemente miente. Un sistema electoral sano no se desempeña correctamente a través de servicios falsos facturados.

También hay casos de CICIG que registraron los patrones políticos cambiantes. Manuel Baldizón causaba pánico a los financistas tradicionales porque había conseguido pagar sus campañas de manera independiente a ellos, a través de volver “público” el acceso a recursos. Eso muestra el desconocido caso de Financiamiento Líder, donde se comprobó que el cien por cien, repito, el cien por cien del financiamiento reportado al Tribunal Supremo Electoral provenía de dinero de corrupción en contratos, en su mayoría del negocio de Transurbano.

La corrupción no se circunscribe al financiamiento. Sin ser donante partidario se puede tener la legislación que se quiera con suficiente dinero. El caso Odebrecht muestra dos cosas, que el segundo en las encuestas le pagaba al que iba primero (Sinibaldi le ingresaba su parte del negocio a Baldizón como “futuro Presidente”) y que cuando hay dinero puede pasar cualquier ley en el Congreso. Lo mismo que el caso de Subordinación del Ejecutivo al Legislativo con el añadido que sabemos por una investigación de la DEA que para conseguir el efectivo con el que pagaba a los diputados, Acisclo Valladares, mandadero del oligarca Mario López (que amasó su enrome fortuna a raíz de una concesión corrupta), lavaba dinero del narcotráfico. La corrupción y el narco estrechan lazos con cada día mayor intensidad.

El patrón es claro, una concentración en el poder en el Ejecutivo, que estaba camino a la consolidación de autoridad dominante en una alianza amplia donde estaban el Partido Patriota, Líder y algunos elementos de la UNE, y una serie de financistas que pululan alrededor de los proyectos partidarios para que eso les abra puertas a las arcas del Estado para hacer negocios.

El caso de Construcción y Corrupción nos enseñó también que existe una constante negociación de esos intercambios corruptos. Según las propias declaraciones de los empresarios que pagaron sobornos a Sinibaldi el circulo de concesión de obra, soborno por recibir un pago y nueva concesión era muy difícil de abandonar. Para pagar una coima tenían que apalancarse en otra obra y así hasta meterse en una espiral de la que no salían. Algunos se convertían de hecho en los operadores fundamentales del sistema.

La lógica de la clase política una vez en el poder la historia es de saqueo.  De encontrar todo espacio posible de enriquecimiento. Una de esas fuentes son las plazas en el Estado que surgen en muchos casos como mecanismos de pago. Quizá pocos casos tan ilustrativos como el del diputado Pedro Muadi, en cuanto a que revela que la concesión de puestos a cambio de favores incluye un pago al político que lo hace posible. Una reforma del sistema de servicio civil en estas condiciones se hace imposible.

La corrupción actúa con un esquema medieval. Los múltiples casos de municipalidades, y son muchos, demuestran que todo cacique es un potencial Barón de la corrupción en su señorío feudal. La alcaldía de Chinautla, a través de un esquema de compra de votos, era dominada elección tras elección por la familia Medrano y saqueada sistemáticamente en prácticamente todos los rubros que se puedan imaginar.

Y tantas lecciones más. Podemos decir que muchas de esas cosas ya “se sabían” pero la realidad es que se decían en conversaciones palaciegas y en algún que otro foro especializado. Hoy podemos aprender, entrar a diseccionar y entender desde distintas disciplinas por qué nuestros dirigentes son tan corruptos. Leer acusaciones y declaraciones es un ejercicio necesario para todo aquel que quiere entender el ejercicio del poder público en Guatemala.

La CICIG fracasó, pero nos mostró el camino. Quizá algún día, cuando pase esta tempestad, se pueda recuperar lo perdido, volver a tirar de los hilos y combinar la política anticorrupción con un enfoque más integral. Si ese día llega el comienzo de esa historia tendrá su verdadero origen en uno de esos fallos que enseñan. No hay éxitos sin fracasos.