La innovación pública se ha presentado como un proceso que busca mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos, recuperando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Esto no solo se traduce en mejoras a nivel social, sino también a nivel económico, como lo demuestra el índice Mundial de Innovación. El informe anual, publicado desde 2011, evidencia que a mayor inversión en ciencia e innovación, mayor impacto económico.
En Guatemala, la innovación pública es aún incipiente; sin embargo, comienza a traducirse en ejercicios concretos en un país donde el diálogo entre sectores sigue siendo limitado. Sin duda, la innovación pública ha permitido entender que ya no basta con que los gobiernos administren y provean servicios; existe la urgencia de resolver problemas complejos —como la desigualdad, la corrupción o acceso a la justicia— con agilidad, eficiencia y, sobre todo, con legitimidad.
En este contexto, el presente artículo propone explorar el ejercicio de la colaboración como el punto de partida, y no el resultado, de una gestión pública realmente innovadora. Lejos de ser un simple eslogan, la colaboración es una metodología de trabajo que, cuando se aplica de forma genuina, transforma la relación entre el Estado, la ciudadanía, la academia, el sector privado y la sociedad civil.
Reconocer, escuchar y cooperar: la tríada de la colaboración.
La colaboración va más allá de la mera coordinación o la consulta esporádica. Se sustenta en tres acciones consecutivas y profundamente interconectadas:
- Reconocer: el primer paso, y quizás el más crucial, es que las instituciones públicas reconozcan sus propias limitaciones. Implica aceptar que existen otros actores con la experiencia y los conocimientos necesarios para aportar en la construcción de un Estado más confiable. Reconocer abre la puerta a valorar el conocimiento que reside fuera de la administración pública: en las universidades, en los pueblos indígenas, en la sociedad civil y en la academia. Es aceptar que los problemas públicos son multicausales y, por lo tanto, requieren soluciones coproducidas. La solución no vendrá de un solo sector sino de varios.
El director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de la República Dominicana, Gregorio Montero, hace referencia a la “sabiduría popular”, para aludir al reconocimiento y valor de las vivencias de la ciudadanía, muchas veces desde la amargura, pero que sintetiza saberes, tradiciones y creencias que confluyen en un mismo objetivo: ser país, beneficiando a la mayoría.
- Escuchar: al reconocer la necesidad de actores externos, es obligación escucharlos de manera activa y estructurada. La escucha no debe ser un acto performativo, sino un proceso continuo de diálogo. Esto significa crear canales formales e informales (encuentros, espacios de diálogo) donde la ciudadanía y personas expertas puedan expresar no solo sus quejas, sino también sus ideas y propuestas. Supone utilizar herramientas como laboratorios de innovación ciudadana, mesas de trabajo temáticas, consultas digitales abiertas y procesos de diseño participativo. Escuchar es la base para definir problemas de manera más precisa, para así darle paso al diseño de soluciones que sean apropiadas para el contexto político y cultural de la ciudadanía y, por ende, más sostenibles.
- Colaborar: cuando se reconoce y se escucha se llega a la colaboración. En esta acción, los diferentes actores aportan sus recursos, conocimientos y capacidades específicas para un objetivo común. La colaboración no se trata de que el gobierno «subcontrate» las soluciones, sino de que asuma el rol de articulador y facilitador de un ecosistema de innovación donde todos y todas fluyan en una misma dirección.
La urgencia de colaborar en Guatemala
Como país, la apuesta por la colaboración en la gestión pública adquiere una relevancia aún mayor. Guatemala enfrenta desafíos históricos y con un gobierno que prometía la recuperación de la confianza en las instituciones públicas, es crucial estructurar la colaboración para no gobernar de forma aislada.
Uno de los obstáculos actuales para restaurar la confianza de la institucionalidad es la cooptación de los poderes Legislativo y Judicial. Es importante mencionar que estamos a menos de tres meses de la realización de cinco elecciones judiciales importantes –por orden de fecha–: renovación de cinco magistrados (titulares y suplentes) del Tribunal Supremo Electoral (TSE); la renovación de cinco magistrados (titulares y suplentes) de la Corte de Constitucionalidad (CC); elección de la Fiscal General de la Nación del Ministerio Público (MP); elección del Contralor General de Cuentas; y la renovación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.
El año 2026 será un momento crucial para atender a la colaboración. ¿Cómo la academia, la ciudadanía y el sector privado pueden cooperar para el futuro del país? Desde una mirada de innovación pública, esta deberá de materializarse en iniciativas concretas. No es una apuesta lejana, más que de voluntad y articulación.
Un caso ya encaminado que resalta cómo la tríada de colaboración puede dar propuestas innovadoras es el proceso para concretar la Ley de Aguas en Guatemala. Esta tiene sus antecedentes en abril del 2016, cuando durante diez días cientos de personas marcharon desde desde Tecún Umán, San Marcos; Purulhá, Baja Verapaz; y La Mesilla, Huehuetenango para realizar la “Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida”.
Para la sociedad civil, era urgente llevar al espacio público los problemas de acceso y suministro de agua como la falta de agua potable, el cambio de cauce de algunos ríos y la privatización de los servicios de agua. Tras la marcha, se creó la Comisión de la Ley de Aguas, una institución participativa, con la tarea de formular una ley para regular el recurso hídrico con los aportes de la ciudadanía y las organizaciones involucradas en los Diálogos por el Agua.
En agosto del 2024, la vicepresidenta de la República, Dra. Karin Herrera, además, anunció la creación del Gabinete del Agua, “un nuevo organismo interinstitucional que tendría la misión de desarrollar y coordinar la Política Nacional de Agua, enfocándose en la conservación y gestión sostenible de los recursos hídricos del país”, según lo detalló el portal del Gobierno de Guatemala en su sección de noticias.
Colaboraciones exitosas en América Latina
La relación entre la academia, sector privado y el Estado en América Latina ha evolucionado incentivando la coproducción activa de soluciones. Algunos países como Brasil, Chile, Colombia o Perú han sido ejemplos que demuestran cómo las universidades y centros de investigación han sido actores clave en la innovación pública.
A nivel regional, la academia ha contribuido a dar identidad y dirección a las políticas públicas y estatales. Para ilustrar, en Chile la academia actúa como mediadora y generadora de confianza en temas conflictivos. Este es el caso de la Universidad de Concepción, una institución académica y pública que detectó los constantes conflictos socioambientales por la minería y el agua, así como la desconfianza de las comunidades hacia las empresas y el Estado como mediadores.
La universidad creó Mediación Universitaria, un centro de mediación y diálogo en el que reúne a especialistas como ingenieros ambientales, sociólogos, abogados y antropólogos para realizar estudios de impacto ambiental independientes que complementen o contrarresten a los de las empresas. Además, facilita mesas de diálogo entre la población, empresas y el gobierno actuando como garante de neutralidad y rigor técnico. De esta forma, la academia provee un espacio seguro y creíble para la resolución de conflictos ambientales, pero también sociales.
Además de la academia, el sector privado también podría ser un aliado clave para colaborar en la innovación pública. Hablamos específicamente del caso de Uruguay, que en 2022, desde La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), en la búsqueda de la modernización de su infraestructura tecnológica y mejora de la experiencia ciudadana, estableció una alianza estratégica con Microsoft que fue mucho más allá de una simple compra de software.
La colaboración de ambas instancias permitió la migración de cientos de servicios estatales a una nube, el co-desarrollo de plataformas unificadas como «Trámites en Línea» y la capacitación de funcionarios. Como resultado, Uruguay se consolidó como líder en gobierno digital en la región, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites en línea de manera eficiente gracias a una infraestructura robusta y segura.
Estos ejemplos demuestran que la colaboración ha aportado a los Estados latinoamericanos en momentos críticos. Así mismo, demuestra que la innovación pública no nace solo dentro del aparato estatal. Visibilizar estos aportes es el primer paso para institucionalizar esta colaboración y construir Estados más inteligentes, resilientes y legítimos.
Si se preguntan, ¿es posible esto en Guatemala?, la respuesta es sí. Una experiencia similar a la de la Universidad de Concepción podría replicarse fortaleciendo el rol de las universidades públicas y privadas como mediadoras entre el Estado, las comunidades y el sector productivo, especialmente cuando Guatemala ocupa el segundo lugar a nivel mundial con veinte asesinatos documentados a defensores del ambiente y el territorio solo del 2023 al 2024, según el informe Raíces de Resistencia de Global Witness.
La academia guatemalteca podría asumir un papel más activo en la coproducción de políticas públicas, generando evidencia científica y metodologías participativas que integren saberes locales y técnicos. Por ejemplo, mediante observatorios universitarios, laboratorios de innovación pública o mesas de diálogo multisectoriales, las universidades podrían facilitar espacios de confianza donde comunidades, autoridades y empresas busquen soluciones compartidas. Este tipo de colaboración, basada en datos, diálogo y legitimidad académica, contribuiría a fortalecer la gobernanza territorial y la democracia en el país.
Para Guatemala, la innovación pública será una realidad cuando las instituciones públicas comprendan que la colaboración es el núcleo de una gestión moderna y legítima. Adoptar estas medidas implica transformar la forma de gobernar. En un país tan plural, innovar no consiste solo en digitalizar procesos (eso es modernizar procesos), sino en reconocer la voz de cada sector, cada territorio y cada saber. Si el Estado logra comprender su rol como el de un/a director/a de orquesta capaz de armonizar las capacidades de una sociedad plural, entonces la colaboración se convertirá en la fuerza que sostenga una democracia más justa, abierta y resiliente.
