Imagina un país donde todos los trámites gubernamentales se completan con un clic, sin filas ni papeleo innecesario…
Guatemala está en una encrucijada digital que podría convertir esta visión en realidad, pero el reloj corre contra un plazo inminente. Este 30 de agosto venció el plazo señalado a las instituciones públicas para digitalizar los procesos de trámite, acorde a la “Ley para la Simplificación de Trámites”, aprobada en el Congreso de la República en 2021.
La transformación digital se ha convertido en un elemento crucial para el desarrollo y modernización de los gobiernos. Los trámites, por ejemplo, son uno de los encuentros más comunes de la ciudadanía con el gobierno y, por ende, tienen un impacto en nuestra percepción sobre los servicios públicos. La digitalización de estos trámites no solo ha modificado la forma en que las empresas y ciudadanos interactúan con la tecnología, sino que también ha revolucionado la manera en que los gobiernos diseñan, implementan y evalúan sus políticas públicas.
En países como Guatemala, donde la digitalización avanza de manera desigual, la necesidad de la transformación digital desempeña un papel fundamental para la eficacia de los procesos y, en última instancia, para el éxito de las políticas públicas. En el plano internacional, nos encontramos sumamente rezagados, el país ocupa actualmente el puesto 126 de 194 en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de la ONU, al lado de Nepal y Venezuela. En contraste, la vecina Costa Rica lidera la calificación a nivel latinoamericano, al igual que Uruguay y Chile.
¿Pueden ser las instituciones espacios de experimentación para la transformación?
Un reporte de Cotec y Red2Red de España, «La Experimentación en las Políticas Públicas» (2022), define a la experimentación pública como un método de investigación que permite conocer, basándose en evidencia empírica, los resultados previsibles de una política pública en un contexto social, económico y cultural determinado.
La factura digital implementada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2022 se destaca como un ejemplo exitoso de cómo la experimentación en políticas públicas puede transformar radicalmente procesos burocráticos tradicionales. Al digitalizar un procedimiento que anteriormente dependía de facturas en papel, Guatemala no solo mejoró la interacción de los(as) usuarios(as) con el sistema, sino que creó una infraestructura digital capaz de procesar grandes volúmenes de información de manera segura. Esto permitió la integración con otros sistemas tributarios y financieros, promoviendo la transparencia, reduciendo el fraude fiscal y creando un entorno más accesible para las pequeñas y medianas empresas, que ahora disfrutan de un sistema más ágil y eficiente.
El éxito de este proyecto no fue producto de una implementación directa, sino que se logró tras una serie de iteraciones y pruebas. Este proceso de experimentación permitió ajustar y perfeccionar el sistema antes de su lanzamiento a gran escala, un principio clave en la formulación de políticas públicas eficaces.
Hace una década, la SAT también fue pionera en aplicar la ciencia del comportamiento (Behavioral Science) para mejorar la recaudación fiscal, convirtiéndose en el primer proyecto en Latinoamérica desarrollado con el apoyo del Behavioral Insights Team del Reino Unido. A través de un experimento controlado, se buscó identificar cuál era el mejor mecanismo de comunicación para motivar a los contribuyentes a pagar sus impuestos atrasados. Este enfoque basado en ensayos controlados aleatorios (RCTs, por sus siglas en inglés) permitió a las autoridades ajustar la estrategia de comunicación para maximizar su impacto.
Estos ejercicios de experimentación muestran cómo los gobiernos pueden evaluar qué políticas son efectivas y cuáles requieren ajustes, generando a largo plazo un ahorro significativo al evitar la implementación de políticas ineficaces. Además, este enfoque va más allá de un simple monitoreo de resultados, ya que permite realizar evaluaciones de impacto robustas y basadas en evidencia, lo que garantiza que las políticas no solo se implementen, sino que se mejoren continuamente en función de los datos reales.
Las pruebas aleatorias controladas (RCTs) y las evaluaciones de impacto
Una de las herramientas más poderosas en la experimentación de políticas públicas es la prueba aleatoria controlada (Randomized Control Trial o RCT). Estos ensayos son considerados el «estándar de oro» en la investigación social y económica, ya que permiten establecer relaciones causales directas entre una intervención específica y sus resultados. Al comparar un grupo de tratamiento con un grupo de control en condiciones casi idénticas, los RCTs eliminan muchos de los sesgos que podrían influir en los resultados, proporcionan una base sólida para la toma de decisiones y permiten evaluar una realidad hipotética en donde no existió dicha intervención.
Las evaluaciones de impacto complementan este proceso al analizar los efectos a largo plazo de las intervenciones, con lo cual proveen de insumos a los gobiernos para ajustar y mejorar sus políticas con base en resultados concretos. Este enfoque también tiene sus retos desde las capacidades técnicas, hasta un fuerte despliegue de recursos financieros.
La implementación de RCTs y evaluaciones de impacto no solo garantiza que las políticas públicas sean más efectivas, sino que también promueve la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales para una gobernanza eficaz.
La transformación digital como facilitador de la experimentación
En Guatemala, la transformación digital ha sido identificada como un motor clave para mejorar la eficiencia gubernamental y fomentar la innovación en la administración pública. La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, conocida como la «Ley Anti-Trámites», es un ejemplo concreto de este impulso hacia la digitalización. Esta ley, aprobada en mayo de 2021, estableció un marco temporal para que todas las instituciones públicas automaticen sus procesos administrativos antes del 30 de agosto de 2024, con el fin de facilitar el acceso a servicios gubernamentales a través de medios electrónicos. Esta fecha límite puede significar la primera iteración en la búsqueda de hacer los procesos más sencillos, con menos pasos, más integrados, seguros y digitales.
Un aspecto clave de la digitalización impulsada por la Ley Anti-Trámites es la interoperabilidad entre diferentes sistemas y plataformas gubernamentales. La interoperabilidad permite que las distintas entidades públicas compartan información de manera fluida y segura, con lo cual se evita la duplicación de trámites entre ellas.
A pesar de los avances legislativos, la implementación de la Ley Anti-Trámites ha sido desigual. Según datos recientes, solo 10 de las 26 dependencias del Estado han logrado tener sus sistemas informáticos completamente habilitados para la digitalización de trámites. Esto no solo retrasa la eficiencia administrativa, sino que también limita la capacidad del gobierno para realizar experimentos efectivos, dado que la disponibilidad y calidad de los datos son esenciales para el éxito de estas iniciativas.
Guatemala en el contexto internacional de digitalización
Para comprender mejor el impacto de la digitalización en la experimentación pública en Guatemala, es útil situar al país en el contexto de los rankings internacionales. Según el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Guatemala se encuentra rezagada en comparación con otros países de América Latina, ocupando posiciones bajas en términos de penetración de internet y acceso a tecnologías digitales. Esta brecha digital es particularmente notable en las áreas rurales, donde el acceso a internet y a dispositivos tecnológicos es limitado.
Este contexto plantea un desafío significativo para la implementación de políticas públicas basadas en la experimentación. Sin una infraestructura digital robusta, la recolección y análisis de datos en tiempo real, aspectos cruciales para la validación de hipótesis en experimentos, se ven comprometidos. Además, la falta de digitalización impide que ciertos segmentos de la población participen plenamente en estos experimentos, lo que puede sesgar los resultados y reducir la eficacia de las políticas implementadas. Guatemala tiene espacio para aprender de experiencias como Estonia con aspectos como la identidad digital, la participación ciudadana y la interoperabilidad de estos procesos a través de sus acuerdos de cooperación. El recién creado Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo compuesto por el Ministerio de Finanzas, SEGEPLAN, Oficina Nacional de Servicio Civil, la Comisión Nacional contra la Corrupción y la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, entre otras autoridades técnicas, puede catalizar los procesos de experimentación a partir de la evidencia que esta primera iteración de digitalización implemente para la mejora constante.
El catalizador para la mejora de la gestión pública
En Guatemala, la digitalización también puede facilitar la creación de un «sandbox» regulatorio, que consiste en la generación de entornos controlados donde se pueden probar nuevas políticas antes de su implementación a gran escala. Estos entornos permiten a los gobiernos experimentar con diferentes enfoques sin el riesgo de consecuencias negativas a gran escala, lo que es particularmente útil en un país donde la infraestructura digital está en desarrollo.
Si bien la digitalización en su primera iteración no refleja la mejor versión de los trámites, está por verse el nivel de simplificación que se logre del trámite. ¿Podremos realizar pagos en las plataformas o habrá que subir foto de la boleta de pago después de una visita física al banco? Es imperativo que la retroalimentación ciudadana sea un proceso institucionalizado para las futuras iteraciones de los procesos.
La simplificación de trámites también tiene implicaciones para la competitividad del país. Por ejemplo, el impacto directo en sectores económicos que realizan gestiones aduaneras comerciales, facilitando la reducción e integración de trámites.
La transformación digital en Guatemala ofrece una oportunidad única para mejorar la eficacia de las políticas públicas a través de la experimentación. Sin embargo, el éxito de esta iniciativa depende de la capacidad del país para superar las barreras actuales de digitalización, especialmente en las áreas rurales. El avance desigual en la implementación de la Ley Anti-Trámites es un recordatorio de que, si bien la legislación es un paso importante, la verdadera transformación requiere un compromiso continuo con la mejora de la infraestructura digital y la capacitación de los funcionarios públicos.
En ese sentido, es crucial que Guatemala acelere sus esfuerzos de digitalización para garantizar que todas las dependencias gubernamentales estén preparadas para implementar y evaluar políticas públicas de manera efectiva. Solo a través de una digitalización completa y equitativa podrá el país aprovechar plenamente el potencial de la experimentación pública. Esto puede significar un cambio de realidad para las interacciones que tengamos con la burocracia a través de los servicios públicos.
