La Justicia no es suficiente

La lucha contra la corrupción necesita de una investigación criminal con dientes de tiburón y de un sistema de justicia independiente que procese los casos. Sin embargo, eso no es suficiente. Durante un breve espacio de tiempo Guatemala tuvo ambas cosas y las autoridades encargadas de conducir la política se dieron contra la pared a largo plazo. Hoy estamos posiblemente en el peor de los momentos, donde los fiscales, jueces y otros protagonistas deben huir del país, la corrupción es evidente para frustración de la ciudadanía y la justicia no está, ni se le espera.

Decir que no es suficiente no debe malinterpretarse. Retomar el camino de nuestra nación supondrá sin duda volver a instalar y desarrollar esas capacidades persecutorias. Sin embargo, merece la pena resaltar que la lucha contra el saqueo de las arcas públicas va más allá de valientes fiscales y firmes jueces, especialmente en un país donde eso es lo que monopoliza toda la discusión sobre el tema. Anticorrupción se da en juzgados y poco más. Una comisión anticorrupción o una fiscalía especial no es la última estación, aunque sea una parada inevitable.

Sabemos por la extensa literatura desarrollada en otros países que no es solo un factor el que contribuye a la política pública anticorrupción. Las reformas necesarias pasan por la integralidad de varias políticas. Una sola de estas, aislada del resto, acaba siendo o irrelevante, o fagocitada por el sistema. Quien diga lo contrario miente.

Los modelos milagrosos no existen y la ruta para reducir y controlar esta clase de delitos y sus efectos no está clara. Podemos conocer los ingredientes, pero carecemos de una receta. Ya de hecho hay varias voces serias que denuncian a la sociedad civil organizada especializada en temas de corrupción como vendedores de humo. Michael Johnston y Scott Fritzen han agitado el mundo de los movimientos anticorrupción aseverando en su libro The Conundrum of Corruption. Reform for Social Justice que los mismos son “en el mejor de los casos, irrelevantes”. Esta crítica no se da desde fuera de esa comunidad sino desde dentro, pues es elaborada por especialistas que han pasado toda su vida en esa clase de proyectos. Es esta una reflexión que merece ser debatida en Guatemala, ahora que es necesario repensar el modelo.

El mensaje es importante. Es por eso que en Diálogos publicaremos en los próximos días una agenda de lucha contra la corrupción que pretenderá hablar de esa mencionada integralidad. El proyecto político que se tome en serio combatir y contrarrestar los efectos de este flagelo tendrá que ir más allá de los jueves de CICIG o los viernes de FECI y embarcarse en unas reformas profundas del Estado. Gestión, servicio civil, sistema electoral y políticas de transparencia deben añadirse a la ecuación.

En este documento podrán leer con detenimiento ese inventario de reformas. Se derivan de lo ahí escrito varias lecciones y podemos para abrir boca señalar tres importantes. En primer lugar, uno de los pilares a tener en cuenta en una agenda anticorrupción es que la voluntad política es una quimera. En estas mismas líneas hemos cometido el error de denominar así a la acción política a favor de la lucha contra la corrupción, pero es un error. Tener que confiar en la benevolencia de gente poderosa es en cualquiera de los casos, una esperanza arriesgada.

La clave no es la voluntad, sino los incentivos ¿Puede un proyecto político ganar poder a través de discurso primero y acciones después en favor de un sistema más limpio y transparente? Sin duda. Muchos son los ejemplos donde el discurso anticorrupción genera un gran caudal político cuando es creíble. Por otro lado, una vez en el poder el fortalecimiento de mecanismos preventivos y punitivos de lucha contra la corrupción pudiera generar una nueva correlación de fuerzas en un país como Guatemala. Un político no corrupto recogería enormes frutos en un país de corrupción sistémica e instituciones de justicia fortalecidas.

Es claro también que existen, además, alicientes para crear mejores instituciones democráticas para otro tipo de fuerzas. La oligarquía guatemalteca debería darse cuenta, por ejemplo, que una sociedad más inclusiva, con un Estado de Derecho sólido es más conveniente para sus intereses, siendo el principal el de proteger su patrimonio, que esta degeneración hacia un Estado completamente controlado por la mafia. Sin embargo, es la opción que parecen torpemente, por acción y omisión, estar apoyando.

La segunda gran lección que encontrarán es que debemos recoger, proteger y celebrar el legado de CICIG.  Como modelo ya no existe y es totalmente inviable reproducirlo en estos momentos (y seguramente en muchos años más), pero nos dejó una descripción de personas, redes y prácticas que están hoy a la orden del día. Visibilizarlas desde el periodismo, el activismo, la academia o las artes, aunque no vayan acompañadas de castigo, es revivir el efecto que en la población tenían las conferencias de Iván Velásquez y Thelma Aldana y eso es muy positivo.

Por último, es importante destacar que la estrategia pasa primero por el discurso y después por la reforma. Basta de pretender que unos políticos corruptos que entienden las relaciones de poder como algo puramente monetario-transaccional van a ser los que cambien a regañadientes las leyes y políticas públicas del país. Eso ya se intentó en 2016 y 2017 y es lo que nos ha llevado hasta aquí. No existe otro camino que no pase por cambiar correlaciones en las consiguientes elecciones (si no en 2023, en 2027) y que una vez en él se desarrolle una ruta política como la sugerida en la agenda de Diálogos.

Si el movimiento anticorrupción no es capaz de tener un efecto en el voto de los guatemaltecos, ya sea de manera directa o indirecta, seguirá siendo no más que la voz de pepito grillo. Una fuerza irrelevante que vive de la postura moral, pero que tiene poco efecto en la vida de las personas.  Un darse contra la pared con dignidad, un esfuerzo inútil que si se toma en serio llevará a la melancolía.