En su quinto informe de observación, luego de haber señalado a lo largo del proceso los aciertos y desaciertos del mismo, la MOE-Gt hace una valoración política sobre el proceso a cinco días de las elecciones generales de 2023.
Certeza y transparencia en las condiciones administrativas y judiciales
- Un proceso inmerso en irregularidades y en una creciente judicialización que debilitó su integridad y legitimidad.
- Algunas debilidades en el proceso de empadronamiento.
- Socialización y comunicación deficientes de varias de las reformas a los reglamentos.
- Aplicación de criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de las candidaturas, y ausencia de análisis legal y político que asegurara la idoneidad de todos los candidatos.
- Interferencia institucional en la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que altera la competencia electoral.
- Esfuerzos importantes por comunicar el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) y una buena recepción a las recomendaciones emitidas.
- No obstante, las deficiencias documentadas a lo largo de los informes de la MOE-Gt, la misión considera que la principal garantía de transparencia y certeza del proceso descansa en las manos de los ciudadanos que ejercerán su voto este 25 de junio.
Financiamiento de campaña y uso de recursos públicos con fines electorales
- El régimen de financiamiento electoral guatemalteco sigue siendo vulnerable a la filtración de dinero ilícito y al uso partidista de recursos públicos en las campañas, debido a diversos factores estructurales.
- La mayoría de los partidos ha cumplido con la entrega en tiempo de los reportes de financiamiento político y se ha reportado en el sistema Cuentas Claras.
- El sistema de Cuentas Claras y la página de internet del TSE muestran que al 31 de mayo el financiamiento privado ha cubierto 78 % de los gastos de campaña, en tanto que el financiamiento público ha cubierto 22 %.
- Al 15 de junio de 2023 la MOE-Gt ha observado 43 casos de uso de recursos públicos para campaña electoral. Destaca como muy preocupante el uso con fines político partidarios de los beneficios del Programa del Adulto Mayor, a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Cobertura mediática del proceso electoral
- Un ambiente hostil para el periodismo que restringe y criminaliza el ejercicio de la libertad de información y de la libre expresión del pensamiento.
- Un proceso electoral que dio acceso a un gran número de candidatos, aunque la cobertura privilegió a quienes encabezan las encuestas.
- Las redes sociales desplazaron a la televisión abierta como el vehículo de comunicación política-electoral de mayor relevancia.
- En el último mes de campaña se identificó una tendencia en noticieros de la televisión abierta de otorgar una cobertura preferente al candidato del partido oficial.
Violencia y conflictividad electoral
- El proceso actual ha tenido menos incidentes de violencia electoral que el de 2019, pero reporta más víctimas.
- Los departamentos con más probabilidades de presentar incidentes el 25 de junio son San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén.
- En una situación con focos de conflictos aislados, los planes de prevención y respuesta institucionales podrían funcionar de manera efectiva, pero en caso de una conflictividad generalizada, las capacidades estatales podrían verse superadas.
- Además de esto, la MOE-Gt expuso la metodología de observación para el día de las elecciones. El 25 de junio se realizará una verificación del proceso y de los resultados electorales a partir de una muestra aleatoria y representativa de 1 mil 200 Juntas Receptoras de Votos (JRV) y de una red de observadores voluntarios en todos los departamentos del país y en Estados Unidos. Además, se presentarán dos informes a lo largo de la jornada electoral y otro el 26 de junio.
- El informe completo puede descargarse en este enlace.
