La definición minimalista sobre democracia más conocida y discutida es la de un régimen político que se limita a garantizar elecciones periódicas como el mecanismo para cambiar a las autoridades del gobierno. Método que se supone debe ser competitivo entre las opciones que aspiran al poder e inclusivo desde el punto de vista de los que pueden expresar sus preferencias por medio del voto. No obstante, hoy en Guatemala, incluso esta definición tan acotada de democracia está bajo la amenaza de ser destruida. Aún no sabemos si es por estrategia de los poderosos, o por negligencia/incapacidad de las autoridades responsables de facilitar el proceso de empadronamiento.
Recordemos que, desde el punto de vista de la competencia, las elecciones de 2019 ya fueron bastante limitadas, pues se obstaculizó legalmente la participación de opciones viables. Se acudió a la persecución y criminalización, como el caso contra la candidatura de Thelma Aldana (ex Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, candidata del Movimiento Semilla), para así favorecer a otras permitidas por el statu quo, aunque sus métodos no fueron del todo eficaces, como lo demostró la candidatura de Thelma Cabrera (“una mujer Maya-Mam, desafiante ante las élites”, candidata del Movimiento para la Liberación de los Pueblos). Posiblemente, la reciente cooptación de todas las Cortes por parte de la élite depredadora y el pacto de corruptos hará mucho más difícil la participación electoral de opciones políticas reformistas o con propuestas más radicales en 2023.
Por otro lado, preocupa que también se esté limitando de manera sistemática la participación de las personas mayores de 18 años, pues el padrón electoral en lugar de aumentar ha estado disminuyendo, justamente en el rango de edad correspondiente a la población más joven. Paradójicamente, los afectados son las generaciones que ya nacieron en democracia. Veamos lo que nos revelan las cifras del Instituto Nacional Estadística (INE) y las del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Antecedentes
El padrón electoral con el cual se realizaron las elecciones de 2019 contaba con un total de 8 millones 149 mil 793 ciudadanos aptos para ejercer el derecho al voto. De ese total, un 15% eran jóvenes entre 18-25 años (1,200,202), según las estadísticas publicadas por el TSE. De acuerdo con las nuevas proyecciones del INE, elaboradas a partir de Censo de Población y Vivienda 2018, al 30 de junio de 2019 había una población de 10 millones 26 mil 702 personas mayores de edad, por lo que el padrón estaba dejando por fuera 1.88 millones de habitantes elegibles para votar (cerca del 19%). Lo más preocupante, en ese momento, era que de la población de 18-25 años se excluyó del derecho ciudadano a elegir a más de 1.5 millones (un 56% de este grupo). Esto ya evidenciaba un serio problema por parte de las autoridades electorales para motivar y garantizar el empadronamiento de los guatemaltecos más jóvenes.
Problemática actual
Según las proyecciones de población del INE, para el 30 de junio de 2021, somos más de 10 millones 529 mil personas mayores de edad. Sin embargo, el TSE únicamente reporta al 30 de septiembre de 2021 un total de 8 millones 183 mil 859 ciudadanos empadronados. Es decir, únicamente el 78% de la población en edad de votar podría votar, dejándose por fuera del proceso electoral a más de 2 millones 345 mil personas. Es decir que, dado el aumento poblacional mucho más acelerado que el del padrón, creció la brecha respecto a 2019. ¿Quiénes son esas personas excluidas por el precario y anacrónico sistema de empadronamiento de Guatemala? Para responderlo, debemos ver las pirámides de población tanto del INE como del TSE.
Fuente: elaboración propia a partir de datos INE y TSE.
Como puede observarse con claridad, mientras que Guatemala sigue siendo un país con una base poblacional bastante joven (rango de edad 18-25 años es el 26% del total de los mayores de edad), en el padrón electoral este mismo grupo únicamente representa el 10% del total. Es decir que los más jóvenes están subrepresentados, mientras que la población mayor de 40 años tiende a estar sobrerrepresentada. Por lo tanto, el sistema está dejando en manos de la población de mayor edad el futuro que, dentro de unos 50 años, ya sólo afectará a los que fueron excluidos de la toma de decisiones y a las generaciones que vienen detrás.
Otra forma de mostrar el problema de la subrepresentación juvenil consiste en comparar los promedios de edad. Según el Censo de Población 2018, en ese año el promedio de edad de los elegibles para votar era de 38.6 años, mientras que el promedio del padrón con el cual fuimos a votar en 2019 era de 41.8 años. Visto el lentísimo ritmo de empadronamiento de la población joven, especialmente la que hace tres años aún era menor de edad, lo más probable es que el padrón está envejeciendo, llegando ya a los 45 años.[1]
En contraste con las proyecciones del INE para 2021, el TSE ha dejado fuera a 1 millón 920 jóvenes entre 18-25 años, pero también a más 437 mil adultos jóvenes entre 26-30 años, así como a 161 mil entre 31-35 años. Para tener una mejor idea de la gravedad de está exclusión, en peso relativo, recordemos que en las pasadas elecciones el actual presidente de la República ganó en segunda vuelta con 1 millón 907 mil votos, es decir, una cifra menor a las de los jóvenes excluidos. En la primera vuelta no llegó ni a los 615 mil votos, cifra menor a la de los excluidos entre 26-40 años. Lo cual quiere decir que estas exclusiones del derecho al voto efectivamente tuvieron y tendrán, si no se resuelve pronto el problema, un impacto en los resultados electorales. Sólo con que asista a las urnas la mitad de estos excluidos (es decir, más de un millón de personas), podría cambiarse el escenario político-electoral, asumiéndose que no tienen el mismo patrón de voto que los mayores de 40 años. Esto es difícil de comprobar porque Guatemala no cuenta con datos que permitan hacer el análisis, y muchas encuestas de opinión pública cometen el error de basar su diseño muestral en las proyecciones de población y no en el padrón. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, se puede verificar fácilmente que los más jóvenes tienden a favorecer al Partido Laborista, mientras que los de mayor edad al Partido Conservador.
Fuente: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2019/12/17/how-britain-voted-2019-general-election
¿Dónde está excluyendo Guatemala a sus ciudadanos jóvenes?
Desde el punto de vista territorial, de acuerdo con las proyecciones del INE, en todos los departamentos del país se están excluyendo jóvenes. No obstante, por su peso poblacional, es en el departamento de Guatemala donde se concentra la mayor exclusión con más de 530 mil personas fuera del padrón, aunque ya tienen la edad para votar. Le sigue Alta Verapaz, donde la exclusión supera los 236 mil. En Huehuetenango la cifra es superior a los 171 mil. Una vez ajustadas esas cifras por el tamaño de la población mayor de edad, el departamento más afectado resulta ser Chimaltenango, donde más de un tercio de los ciudadanos están fuera del padrón (158 mil). Los siguientes mapas muestran la concentración de la exclusión y los porcentajes de exclusión en cada departamento.
Fuente: elaboración propia a partir de datos INE y TSE. Tabla con datos descargable AQUÍ.
Conclusión
Como ocurre con cualquier problema antes de encontrarle solución, es necesario entenderlo bien. No se trata sólo de describirlo, sino también de entender sus causas.
En el caso de la exclusión de ciudadanos, algunos observadores tienden a pensar que se trata de población que ha salido del país buscando mejores oportunidades en el extranjero. Si esto fuera así, literalmente, los más jóvenes están votando con los pies, abandonando el país donde nacieron porque no ven futuro si permanecen aquí. No obstante, dicha explicación ignora el hecho que las proyecciones de población del INE ya incluyen entre sus supuestos el flujo migratorio. Por cierto, el TSE únicamente reporta 63 mil 691 empadronados en el extranjero, así que también es necesario calcular el porcentaje de exclusión de estos compatriotas. Sin embargo, este dato será aún más difícil de estimar dado que no hay certeza sobre las cifras de guatemaltecos mayores de edad viviendo en los Estados Unidos de América, por ejemplo.
En julio de 2020, se informó de la firma de un convenio de cooperación entre el TSE y el Registro Nacional de las Personas (RENAP) con el objetivo de “facilitar la cooperación mutua entre ambas instituciones, específicamente en lo relativo a la transferencia e intercambio de información, datos y documentos relacionados con la identificación de las personas naturales y la ciudadanía, conforme el ámbito de competencia de cada uno.” En teoría, esto serviría para facilitar “la identificación personal de los ciudadanos y su correspondiente empadronamiento o su actualización, de manera eficiente, veraz y ordenada.” Sin embargo, 14 meses más tarde, parece que el convenio no ha tenido los efectos esperados.
El Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP) del Registro de Ciudadanos del TSE tiene mucho trabajo por hacer, pues a este ritmo de empadronamiento la exclusión sólo aumentará, pues todos los años la población en edad de votar se incrementa en unas 256 mil personas, según el INE (unas 700 diarias). Aunque dicho departamento ya cuenta con una programación de jornadas ordinarias y extraordinarias para el empadronamiento y la actualización de la residencia electoral, es poco probable que logré cerrar la brecha de exclusión antes del cierre del padrón para las próximas elecciones en junio 2023. Eso ocurrirá posiblemente a mediados de marzo 2023, por lo que quedan menos de 18 meses para reducir semejante brecha de exclusión que resta a la legitimidad de nuestra precario sistema electoral. Por lo tanto, esos planes del TSE electoral deberán ser revisados minuciosamente para ver si responden a la magnitud del problema. Por su lado, los partidos políticos deberían ser los primeros en presionar a las autoridades del TSE para que cumplan con su función y garantizar en el Congreso de la República los fondos necesarios para hacerlo. El TSE no puede ser una institución que sólo trabaja cada cuatro años. Después de las debilidades que mostró en el proceso electoral anterior, especialmente con la crisis de credibilidad que se generó por su deficiente sistema informático el día de las elecciones y en las semanas posteriores, es necesario que se esfuerce aún más por demostrar que es un ente independiente y objetivo, al servicio de los ciudadanos, y no de los poderosos intereses que tratan de sostener por medio de la exclusión política el statu quo, por demás insostenible.
