La visita de Kamala Harris deja varias inquietudes. ¿Es posible para EE.UU. maniobrar con una contraparte guatemalteca que está dispuesta a defender el statu quo a toda costa? ¿Les funcionará la estrategia de dividir tareas entre detener la migración en su frontera sur y atender sus causas? ¿Le dará tiempo a la administración Biden de contener el problema migratorio antes del próximo ciclo electoral por la Casa Blanca en 2024? ¿Nos hemos dado cuenta de que los sistemas políticos de ambos países se retroalimentan mutuamente? ¿Qué haremos con una sociedad civil y una oposición política débiles y fragmentadas?
La vicepresidenta Harris y su equipo no son ingenuos. Saben quiénes son sus interlocutores, pero deben mantener las formas que la diplomacia les exige. Sin embargo, no está claro cómo su estrategia de zanahoria y garrote funcionará con un «pacto de corruptos» que parece bien consolidado y que, por lo que les implica perder el pulso, están dispuestos a hacer los que sea necesario para mantener el statu quo.
Las élites políticas y económicas corruptas y proimpunidad lograron sacar a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con el beneplácito de la administración de Donal Trump. Fue una clara negociación en las que ambas ganaron.
Ahora están con la artillería pesada: la Corte de Constitucionalidad (CC) apuntando contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, el campeón de la lucha contra la corrupción al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Si tienen el poder para hacerlo, incluyendo a Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, bien alineada, ¿por qué se detendrán? Si se atrevieron a movilizar los jeeps J-8 contra la Embajada de EE.UU. en 2018, ¿no se atreverán a usar su poder en la CC? Será un ataque disfrazado de legalidad y vehementes llamados de sus seguidores a respetar la soberanía nacional.
La Embajada y las demás agencias norteamericanas deberán recalibrar su red de relaciones en Guatemala. La sociedad civil organizada se encuentra en un momento muy complicado de alta vulnerabilidad, pues el pronóstico sobre ataques desde el Gobierno ya se está haciendo realidad.
La ley contra ONG entrará en vigor y veremos argumentos similares a los de Daniel Ortega en Nicaragua para acallar a periodistas, activistas de derechos humanos, oposición política y organizaciones que trabajan por la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.
Nuevos actores, como el Consejo Nacional Empresarial (CNE), que se atreven a rivalizar la hegemonía del CACIF, necesitarán de legitimidad interna y externa. Así, que el CNE haya sido incluido en las reuniones con los principales asesores de la vicepresidenta Harris es positivo, pero hace falta que los bancos multilaterales también lo tome en serio.
Además, las organizaciones de la sociedad civil, tradicionales y nuevas, deben mejorar su coordinación y consenso para ir a las mesas de negociación política como una sola voz, potente, y no débiles con agendas dispersas que se limitan a visualizar proyectos de corto plazo para su supervivencia financiera y relevancia política.
Portafolios que se traslapan
En la narrativa oficial, de cara a la opinión pública estadounidense, la administración Biden ha intentado diferenciar el problema de la frontera sur, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, con el de las causas fundamentales que generan la migración, a cargo de la Vicepresidencia. Es una apuesta arriesgada porque los primeros siempre podrán excusarse en la ineficacia o incompetencia de los segundos.
No termina de comprenderse bien cuáles son las causas de la migración en este momento, pues hay una constante evolución en cientos de variables y los estudios siempre van con un amplio rezago. Lo que era cierto hace un par de años, ya no es correcto afirmarlo hoy. Por ejemplo, antes se indicaba que la precariedad económica de una familia podría incentivar la migración, pero ahora ese mismo grupo tiene los recursos de las remesas y las redes trasnacionales para organizar el viaje de otros integrantes en mejores condiciones.
Además, los recursos financieros de la administración Biden son muy limitados para desincentivar la migración. Durante la campaña electoral se anunciaron unos cuatro millardos de dólares para los tres países del norte de Centroamérica, durante un período de cuatro años.
Nada puede competir, en este momento, con el flujo de remesas que los guatemaltecos mandan desde EE.UU. Fue más de 11.3 millardos de dólares durante 2020, según registros del Banco de Guatemala. Es dinero que también financia la reunificación familiar, pues en muchos casos el migrante ya está en la capacidad de pagar el costo mandar a traer a sus hijos con el coyote de confianza.
Mientras, cada dólar de la cooperación se diluye entre múltiples intermediaros y apenas algunos llegan a los beneficiarios finales. Eso si es que los fondos llegan con fines productivos y no para fortalecer la estrategia de militarización y el cierre de fronteras al sur del sur, como anunció en abril Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, o para la ineficaz lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la agencia norteamericana encargada de las aduanas y de la protección de fronteras informó hace poco la transferencia de cuatro lanchas de intercepción.
Lo que hace EE.UU. en la frontera sur afecta las decisiones de los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Por eso, es un grave error que las autoridades estadounidenses hayan renunciado a las conversaciones con las hondureñas y salvadoreñas, y pongan toda su esperanza en las guatemaltecas.
La militarización de las fronteras y el irrespeto a los derechos humanos de los migrantes en territorio guatemalteco también ponen en riesgo las relaciones bilaterales con los países de la región, y violan el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995, herramienta fundamental que facilitó la pacificación de Centroamérica.
Trumpismo al acecho
Las campañas de desinformación y las teorías de la conspiración en los EE.UU. siguen vigentes. Hay un amplio porcentaje de republicanos que sigue creyendo que Trump ganó las elecciones y que fue víctima de un fraude electoral. El racismo se ha reactivado al nivel de las legislaturas estaduales para impedir el voto de las minorías, especialmente de los afroamericanos y los latinos. En Texas, por ejemplo, los republicanos argumentan que los cambios en la legislación electoral son importantes para evitar fraude electoral, cuando lo que quieren es bloquear innovaciones que facilitaron acceso al voto en el contexto de la pandemia, como el voto por correo.
Así que los migrantes indocumentados, aunque son necesarios para su economía son vistos como una amenaza: una competencia desleal al trabajador estadounidense poco calificado. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., en 2018 más de 27 millones de adultos nacidos en el extranjero participaron en la fuerza laboral.
Estos temores e instintos tribales son fácilmente manipulables por políticos como Trump. Si el problema de la migración no logra controlarse pronto, es posible que la responsabilidad del fracaso se le achaque a Harris, la candidata natural para presidir la Casa Blanca en el siguiente período, dada la avanzada edad del presidente Biden.
Este juego político electoral resulta ser la clave, por lo que difícilmente habrá solución bipartidista en el Congreso de EE.UU. para el problema migratorio. A los republicanos no les conviene que los demócratas lo resuelvan. Al contrario, les interesa que se complique más para movilizar a su electorado. Por ello, la nueva administración no abandona del todo el discurso y las acciones de sus antecesores. Por ejemplo, aunque el Secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en febrero de 2021 que el acuerdo de tercer país seguro se suspendía y sería anulado, advirtió que las fronteras no estaban abiertas y que las familias con intenciones de migrar ilegalmente debían abstenerse.
El mensaje de Blinken fue reiterado por la vicepresidenta Harris en Guatemala. Además, no puede presionar demasiado a sus interlocutores guatemaltecos, aunque los identifique claramente como corruptos. Al final de cuentas, ellos son parte de la solución.
El problema con esto es que, entre estrategias diplomáticas y consideraciones sobre la política doméstica, EE.UU. dará oxígeno y tiempo a las élites depredadoras guatemaltecas para concluir con su plan de recuperación y control de la institucionalidad del país. Cuando se den cuenta del error, será demasiado tarde, porque ya no habrá sociedad civil ni periodismo independientes, los fiscales y jueces valientes que nos quedan estarán en el exilio, y tanto la corrupción como la impunidad que requieren serán la norma aceptada.
Democracias en picada
El modelo presidencialista adoptado por las nuevas repúblicas nacidas en América Latina a principios del siglo XIX se inspiró en el modelo estadounidense. Esa era la innovación institucional que todos copiaron. EE.UU. era el proyecto piloto que se escaló demasiado pronto, pues sólo había funcionado bien allá. Hasta ahora, porque el trumpismo ha evidenciado su crisis.
El populismo a lo Trump tuvo su máxima expresión cuando sus seguidores asaltaron al Congreso el 6 de enero pasado. Eran turbas enardecidas por sus mentiras y amplificadas por medios de propaganda como Fox News. Ahora, el asalto a la democracia lo hacen las legislaturas de los Estados de la Unión donde los republicanos tienen la mayoría necesaria para desincentivar o dificultar el voto a favor de las candidaturas progresistas.
En el caso de Guatemala es evidente que el estado de derecho quedará sólo como aspiración. Cada día nos alejamos del ideal de democracia y de república para acercarnos a un híbrido autoritario. Híbrido porque intentará mantener su legitimidad en las formas, con elecciones periódicas, pero sesgadas a favor de las candidaturas permitidas por el statu quo.
Mantendrá la legalidad que le conviene a los poderosos, pues se le aplicará todo el rigor de la ley a los enemigos del régimen, como vemos que ya ocurre con el caso en contra de Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Argüello. Aunque ahora el presidente Giammattei deba pasar un par de momentos colorados con las autoridades de la Casa Blanca, es cuestión de tiempo para que ambos sistemas electorales en decadencia remplacen autoridades y se vuelvan a alinear los intereses, como sucedió con Jimmy Morales y Donald Trump.
Así, el escenario futuro para Guatemala no pinta nada bien. Si la estrategia diplomática y de inyección de recursos financieros de EE.UU. no es contundente, el pacto de corruptos consumará sus planes muy pronto y eso significará el reinado de la impunidad. Lo cual sólo exacerbará las condiciones que promueven la migración, que ya no será sólo desde el área rural, sino también las clases medias educadas decidirán marcharse, frustradas por el cierre de espacios políticos. Peor si se dan escenarios de represión.
La estrategia estadounidense tiene otra gran debilidad que nadie ha señalado hasta ahora. Se han negado a entablar conversaciones con la oposición política en el Congreso de la República que, aunque minoritaria y débil por su fragmentación, tiene legitimidad. Se dice que es por pura diplomacia, pues EE.UU. no quiere entablar conversaciones con la Junta Directiva del Congreso donde se sabe que hay personajes vinculados con el narcotráfico y, por lo tanto, no puede hablar con otros partidos.
Esa oposición política, si no es cancelada formalmente por las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, es la única alternativa para las elecciones de 2023. Si no hay operación política coordinada con estos actores y con la sociedad civil, no hay esperanzas de cambio.
EE.UU. como punto focal
Es cierto que el gobierno de EE.UU. no es la solución a nuestros problemas. Excepto uno: la acción colectiva. Tanto los partidos de la oposición política como las organizaciones de la sociedad civil han tenido problemas serios para coordinarse. Es lo esperado cuando cada quién vela por sus intereses, electorales o financieros, y no hay un punto focal que contribuya a la comunicación efectiva. Así no se garantiza la coordinación para que todos aporten para proveer el bien común, sin hacer trampa aprovechándose del esfuerzo de los demás.
Sólo encontrando ese punto focal que facilite la coordinación podremos ganar. Excepto las élites depredadoras, claro está, que sí están coordinadas con operadores políticos de alto nivel dentro del Estado. Es el enriquecimiento ilícito con fondos públicos lo que las cohesiona.
Ese es el papel que puede jugar la Embajada de los EE.UU. en Guatemala y sus agencias especializadas, incluso las secretarías del gobierno estadounidense, como propuso Harris para la fuerza de tarea anticorrupción.
Puede crearse una instancia de diálogo ciudadano con acompañamiento técnico de organismos multilaterales y político del resto de la comunidad internacional. Deben incluirse actores sociales importantes, como las expresiones de los pueblos indígenas, hasta ahora marginalizadas y criminalizadas. El objetivo es equilibrar la correlación de fuerzas para detener la embestida contra el estado de derecho, la democracia y la república, y luego contrarrestar sus medidas regresivas.
Hasta ahora, la migración ha sido una válvula de escape de la pobreza, la desigualdad y la violencia en Guatemala. Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, la violencia ha dejado 115 mil personas muertas y otras 130 mil heridas. Son datos de la Policía Nacional Civil que registran que en 25 años casi el 50% de las víctimas han sido hombres jóvenes entre 15 y 29 años.
Esa es la población más propensa a salir del país, según lo confirma el Censo de Población de 2018. Si esa válvula de escape se cierra, solo queda pelear o acomodarse. La pelea puede darse vía institucional, con partidos de oposición fuertes y con posibilidades reales de disputar el poder, o por otras que nos regresarían a los años de la violencia política. Esto último favorece las respuestas autoritarias y eleva exponencialmente los niveles de migración. Acomodarse es aceptar la corrupción y la impunidad, con los mismos resultados, porque es un equilibrio insostenible en el largo plazo.
Guatemala está descendiendo hacia una dictadura perfecta, hacia un autoritarismo impersonal. Esto es un problema serio para EE.UU. porque perderá al único interlocutor que le queda en el norte de Centroamérica. Este deterioro en el régimen político, acompañado de una ausencia absoluta del estado de derecho sólo aumentará los problemas de pobreza, desigualdad y violencia, lo que impulsará a más personas a abandonar el país. No lo harán en busca de un sueño, sino intentando escapar de la pesadilla.
EE.UU. debe reconocer que el sistema guatemalteco está tan desequilibrado y es tan injusto, que el ciudadano común y el emprendedor decente no tienen oportunidades de avanzar si no se pliegan a la corrupción.
Si no se toman medidas extraordinarias, con la participación de la sociedad civil, no sólo de las ONG de los centros urbanos, sino de las organizaciones de pueblos indígenas y campesinos de zonas rurales, y de la oposición política legitimada en las urnas, el escenario es desolador. El gobierno de Guatemala se ha mostrado negligente e incompetente para atender la pandemia, pero en los asuntos que sí le interesan, como la cooptación de las altas cortes, ha sido un operador eficaz. No hay que subestimarlo. En esto nos jugamos el futuro.
Este análisis es una colaboración entre el Observatorio de Violencia Homicida en el Triángulo Norte y Plaza Pública.
