Lo que calla (o no) Acisclo

Por Daniel Haering
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El origen de las fortunas basadas en privilegios corruptos

La compañía para la que trabajaba Acisclo Valladares Urruela, Tigo, se vio beneficiada por una ley aprobada por vía de urgencia nacional en mayo de 2014, por más de 105 votos. Votos suficientes para cambiar la Constitución. La iniciativa pasó en una sola tarde.

Hoy sabemos gracias a un sistema de Justicia más sólido que el nuestro, donde Acisclo Valladares ha reconocido los hechos, que este pagaba a funcionarios guatemaltecos con dinero que lavaba para el narco a cambio de efectivo. El caso de “Subordinación del Ejecutivo al Legislativo” planteado por CICIG en 2019 describe quienes podrían ser esos “funcionarios”: diputados del Congreso.

Tal y como expuso CICIG/FECI en su momento el proceso de soborno se daba en formato periódico. Cada dos meses sobresueldos de Q50,000 eran repartidos regularmente, vía Baldetti, por Edgar Cristiani, colaborador eficaz del caso, a miembros de la bancada del Partido Patriota.  Esto pretendía generar una lealtad a los patrocinadores de los fondos y en el caso de que estos necesitaran algo prestos cumplirían con sus agendas.

Estos dos hechos, la aprobación de la denominada “Ley Tigo” y la evidencia de que Acisclo Valladares fuera benefactor de un gran número de diputados en la misma fecha, ¿están conectados? Por información revelada por Juan Francisco Sandoval, ex jefe de FECI, en las últimas semanas pareciera que esa es (o era) la siguiente fase de la investigación. Igual cada lector puede hacerse su propia idea sobre cuál es la respuesta más razonable.

Cuando se dieron estos hechos el accionista fundamental y quien controlaba la empresa era Mario López Estrada, hoy uno de los empresarios más acaudalados de Centroamérica. La historia de esta figura ilustra un fenómeno bastante transversal en la historia empresarial de todas las naciones: el origen cuestionable de algunas de las grandes fortunas que hoy dominan partes importantes de la economía. Mario trabajó de 1986 a 1991 como Ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Vinicio Cerezo en pleno proceso de liberalización de la telefonía.

Casualmente, después de su salida de Gobierno, acabó entrando en el negocio de las telecomunicaciones desarrollando una empresa que años después, y recientemente, vendió por más de dos mil millones de dólares. Dejamos al lector formar su propio criterio sobre si el hecho de pasar de regulador a empresario del novedoso sector que regulaba (antes de eso se había dedicado fundamentalmente a la construcción ganando una fracción muy pequeña de lo que ganó después) tiene algo que ver con la fortuna que adquirió de ahí en adelante.

El origen de las fortunas en Guatemala, no en todos los casos pero sí en algunos significativos, se deben discutir dentro de la conversación de lo ilícito. Entre los grandes capitales del país hay pasados contrabandistas, ladrones de tierras de finqueros alemanes y expoliadores de todo tipo. También una larga historia de una relación con el poder coercitivo del Estado, construido en muchos casos para defender privilegios de una clase social muy determinada. El tema es sumamente complejo, ya que algunos de los comportamientos que hoy serían considerados corruptos o criminales no lo eran entonces. Este es un problema muy común en el análisis histórico de la corrupción, aunque eso no impide que se puedan elaborar interesantes aproximaciones como las contenidas en un libro de la editorial Oxford University, Anticorruption in History: From Antiquity to the Modern Era. El tema central de esta obra es que siempre han existido nociones de mal uso del poder y grupos políticos que reaccionan a eso, siendo un debate cambiante y difícil de trasladar a nuestros días.

Sin embargo, una vez que tenemos convenios internacionales contra la corrupción (firmados casi universalmente) y leyes muy parecidas (aunque disparmente aplicadas) contra prácticas de abuso del poder público para beneficios personales, el panorama se vuelve menos ambiguo. La aspiración de fortunas que comenzaron ilícita y/o ilegítimamente será la de limpiarse e incorporar su fortuna e influencia a la vida social y política visible del país. Es el anhelo de Michael Corleone en la tercera parte de El Padrino.

Como nos explica Vicenzo Ruggeiro en Organized Crime: Between the Informal and the Formal Economy existen mecanismos de formalización económica que han conseguido, en algunos casos con éxito, convertir a familias dedicadas a crimen y corrupción en élites. El ejemplo antes mencionado puede ser ilustrativo de ello. Es posible que la colaboración de Acisclo apunte hacia su antiguo jefe, aunque no seguro, pero el imperio construido (quizá con influencia espuria) pervivirá. La compañía ya está en nuevas manos y la responsabilidad penal es personalísima.

Solo vale esperar y tener esperanza en que la nueva dirigencia de la multinacional quiera hacer las cosas de ahora en adelante dentro del marco permitido. Este es el mejor escenario. Y quizá esa es la clave de la conversación que debemos tener. El problema adicional al que se enfrentan ciertas élites en Guatemala no está contemplado en el análisis de Ruggeiro. Él habla de casos donde la transición se da en un ambiente de cierta solidez del Estado de Derecho. El incentivo de formalización es claro: el acceso a grandes negocios, el prestigio, el operar sin mirar por encima de la espalda en el sistema internacional financiero etc.

¿Cómo actuar por el contrario en un ambiente de corrupción estructural y sistémica donde los incentivos son distintos? Se entiende que muchas de las fortunas ya están, si alguna vez no fue así, plenamente formalizadas, y en muchos casos esforzándose por establecer mecanismos de compliance dentro de sus organizaciones. Sin embargo, la dinámica política de nuestro país es problemática, la relación con lo ilícito es mucho más difícil de cortar y por tanto los deseos de plena “limpieza” más lejanos. Quizá un buen testimonio de eso sea el mismo Mario López Estrada.

En la medida en que la crisis del sistema de Justicia se profundiza el riesgo para todos es cada vez mayor. En un ambiente político mafioso, lógicamente, manda la mafia, y tienen tanto derecho como las fortunas de larga data de emprender el camino deseado por el jefe de la familia Corleone. Ahora bien, si el centro de poder consiste en manejar lo ilícito con la corrupción como la espina dorsal del quehacer político ¿En qué medida esto es factible?

En próximos textos seguiremos explorando estas ideas, especialmente relevantes para las élites económicas tradicionales que quizá en los próximos años tengan que enfrentarse al dilema, y tragedia, de Michael: “justo cuando pensé que estaba fuera me vuelven a meter dentro”.

Daniel Haering

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