Más allá del castigo: la trampa punitiva de la nueva “Ley Antimaras”

En octubre de 2025, el Congreso de la República aprobó la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, también conocida como la “Ley Antipandillas” o “Ley Antimaras”. Discutirla es importante por sus posibles implicaciones en el futuro del país y por el contexto político regional actual, los crecientes niveles de violencia y la última crisis institucional en el Ministerio de Gobernación.

A grandes rasgos, se puede decir que esta ley tiene una orientación claramente punitiva, de “mano dura”, enfocada casi exclusivamente en ampliar los mecanismos legales para perseguir, aprehender y condenar a los miembros de maras o pandillas y asegurar su permanencia en prisión por muchos años.

En su artículo 2, la ley denomina a las maras o pandillas como “grupos criminales organizados transnacionales y terroristas” y, aunque menciona específicamente al Barrio Dieciocho y la Mara Salvatrucha, deja la puerta abierta para denominar a otras organizaciones como tales.

Con esta medida, el gobierno actual responde a la designación del Barrio Dieciocho y la Mara Salvatrucha como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos este año, con lo cual señala su apertura a colaborar con dicho país en la búsqueda de soluciones al problema. La designación en ambos casos amplía los mecanismos financieros, persecutorios, punitivos y de cooperación que se pueden utilizar legalmente para perseguir y eventualmente condenar a los miembros de las maras o pandillas. En el caso de la Ley Antimaras, la ampliación de mecanismos de persecución y condena también se da por medio de la reforma a varias leyes (Ley contra la delincuencia organizada, Ley del régimen penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal) y por el aumento significativo de penas.

Una medida importante en línea con lo anterior es la construcción de dos centros de máxima seguridad exclusivos para miembros de  maras y pandillas y grupos denominados terroristas –uno de detención preventiva y otro de cumplimiento de condena– que se deben comenzar a construir en el plazo de un año después de que la ley entre en vigencia (artículo 19). Esta medida trae a la mente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador en 2022, como parte de su ofensiva contra las pandillas, pero también responde a una necesidad importante del país que no puede postergarse. Según cifras del World Prison Brief, Guatemala tiene aproximadamente una población carcelaria que ronda las 23,000 personas, muy por encima de su capacidad oficial de aproximadamente 8,000 individuos, que se traduce en una tasa de ocupación de 300% –una de las diez más altas del mundo, superada solamente por ocho países, algunos con conflictos activos, como Haití, la República Democrática del Congo y Cambodia.^[1]

Un aspecto que tiene riesgo de generar situaciones problemáticas en el futuro es que la Ley Antimaras involucra al Ministerio de Defensa en la lucha contra los grupos denominados terroristas.^[2] En su artículo 20, instruye al Ministerio de la Defensa en coordinación con otros ministerios y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad a llevar a cabo acciones coordinadas, generar mecanismos de cooperación internacional para investigar y extraditar a los miembros de estos grupos y desarticularlos. Aunque la ley aclara que las acciones deben realizarse dentro de los marcos legales nacionales y con respeto a los derechos humanos, es posible que en la práctica el involucramiento del ejército pueda contravenir estas disposiciones y/o generar críticas a nivel nacional e internacional.

Otro riesgo es que la ley sea utilizada como un medio para la corrupción. El artículo 15 faculta por una única vez al Ministerio de Gobernación para que, en los siguientes seis meses a partir de que entre en vigencia la ley, adquiera equipo táctico para varias de sus divisiones por un monto máximo de doscientos millones de quetzales sin pasar por los procedimientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Aunque el artículo define mecanismos de rendición de cuentas y auditoría por parte del mismo ministerio y la Contraloría General de Cuentas, en la práctica podría haber riesgo de que este artículo se utilice con discrecionalidad o genere dudas en materia de transparencia.

El bono demográfico y la necesidad de un enfoque integral

Más allá de los detalles mencionados arriba, el gran problema de leyes como la Ley Antimaras es que no abordan las causas estructurales que dan origen a las maras y pandillas. Esto las transforma en mecanismos legales con soluciones de corto plazo que pueden generar otros problemas en el futuro, a veces con implicaciones más graves para la gobernanza del país, como el hacinamiento carcelario o el fortalecimiento de los mismos grupos delictivos y sus métodos de control territorial.^[3]

En ese sentido, es importante notar que la Ley Antimaras menciona la prevención en dos ocasiones, pero lo hace de manera superficial y ambigua. En su artículo 2, dice: “El Estado destinará los recursos necesarios para el combate frontal a las actividades delictivas de las maras o pandillas, así como para el desarrollo de programas de prevención orientados a la niñez, juventud y cualesquiera otros grupos en condición de riesgo y vulnerabilidad, en las áreas geográficas con presencia de maras y pandillas”. Además de ser extremadamente general, esta disposición corre el riesgo de reforzar la estigmatización y criminalización de niños y jóvenes que viven en “las áreas geográficas con presencia de maras y pandillas” pero no forman parte de ellas, como ya ocurre en cierta medida actualmente. La ley menciona una disposición similar en su artículo 20, en el que ordena a varios ministerios a “implementar planes, programas y proyectos [de prevención] en los territorios afectados por estas organizaciones”, sin más especificaciones.

Abordar el fenómeno de las pandillas en Guatemala requiere de un enfoque más amplio que considere no sólo la punición sino también las necesidades básicas de los jóvenes, como el acceso a la educación y al empleo. En este punto, cabe recordar que Guatemala comenzó a atravesar un período de “bono demográfico” más o menos a finales de la segunda década de los años 2000, lo cual significa que el país atravesará un periodo en el que la proporción de la población en edad de trabajar (15 a 64 años) será significativamente mayor a la de la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 64).

Específicamente, la tasa de población dependiente por cada 100 personas no dependientes bajó de 87.63 en 2002 a 61.91 en 2018, y se espera que siga decreciendo en las próximas décadas hasta alcanzar su punto más bajo –46.2– en 2044.^[4] Esto significa que el país tiene una ventana de oportunidad de al menos veinte años –si sólo se considera la tasa más baja proyectada– para aprovechar este influjo de jóvenes que pueden impulsar y dinamizar la economía.

Uno de los principales problemas es que Guatemala actualmente no tiene la capacidad de absorber a todas las personas que entran al mercado laboral cada año. Según estimaciones disponibles, se espera que la población en edad de trabajar crezca en 210,000 personas anualmente, lo cual significa que el país necesitaría al menos crear alrededor de 132,000 empleos formales adicionales cada año para mantener una tasa de empleo por encima del 60%, cifra que dista mucho de los menos de 1,000 puestos que en realidad genera.^[5] El resultado es que la mayoría de las personas en edad de trabajar terminan trabajando en el sector informal. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua (ENEIC), casi el 70% de la población ocupada (aproximadamente 5.4 de 7.7 millones de personas) se emplea en este sector, situación que afecta más a las áreas rurales y a las mujeres.^[6]

Otro problema es el del acceso a la educación superior. En general, la educación universitaria de calidad está concentrada en la capital, situación que impone serias barreras para los jóvenes que quieren acceder a ella pero no viven ahí. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del casi medio millón de jóvenes matriculados en educación superior en 2023, el 45% lo estaba en el departamento de Guatemala, seguido de Quetzaltenango con casi 9% y Huehuetenango y Sacatepéquez con 4% cada uno.^[7] De acuerdo con datos del Banco Mundial,^[8]  la tasa de inscripción escolar a nivel terciario en 2023 era de 27%. Esto significa que casi sólo un tercio de la población que podría inscribirse a educación terciaria estaba inscrita. Ese mismo año, los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo a través de su Informe del Empleador^[9] muestran que sólo el 6% del total de personas reportadas con un puesto de trabajo (1,548,992) tenía una licenciatura, mientras que el 5% tenía algún nivel de estudios universitarios y sólo el 1% contaba con un técnico universitario. Estos datos, aunque parciales e incompletos, permiten formarse una idea de las brechas que existen en cuanto a educación superior en Guatemala.

En principio, un período de bono demográfico debería traducirse en una especie de bonanza, ya que la incorporación de una fuerza laboral joven y educada trae consigo no sólo un incremento en la producción y el consumo y una ampliación de la base tributaria, sino también una reconfiguración de las demandas y la participación política en un país. Pero si ese país no tiene la capacidad de absorber a la población que entra al mercado laboral cada año, y/o, además, esa población no tiene acceso a educación técnica o superior de calidad, lo que puede ocurrir –en el mejor de los casos– es un desaprovechamiento de la ventana del bono; y en el peor, lo contrario: un periodo de deterioro o “bomba demográfica”, en el que aumenta la precariedad, la informalidad, la pobreza, la migración internacional y, potencialmente, la inestabilidad, el conflicto y la violencia.^[10]

Medellín, un ejemplo a seguir

En vista de lo anterior, es valioso examinar qué se ha hecho en la región latinoamericana en materia de prevención y abordaje integral del crimen y la violencia, más allá de los enfoques punitivos de “mano dura” que han imperado en el norte de Centroamérica desde principios de los 2000. Un caso emblemático es el del “urbanismo social” en Medellín, una política que contribuyó a que esa ciudad pasara de ser una de las ciudades más violentas del mundo (en 1991 registró una de las tasas más altas jamás registradas fuera de contextos de guerra: 381 homicidios por cada 100,000 habitantes) a ser lo que es hoy: una ciudad pujante, considerada un “hub” de tecnología e innovación, con una economía diversificada, bajas tasas de desempleo y niveles de violencia homicida que rondan los 11 por cada 100,000 habitantes.

Contrario a lo que ocurría en el norte de Centroamérica, a principios de los 2000, en Medellín se discutía el concepto de “seguridad humana” como una forma más holística de concebir la inseguridad y los factores interrelacionados que daban lugar a la violencia urbana. Las ideas se materializaron en el llamado “urbanismo social”, un abordaje integral, interdisciplinario, que reconoce que la violencia es producto de otros problemas estructurales que se deben abordar, como la falta de acceso a servicios y derechos básicos, la marginación y la pobreza.^[11]

El abordaje se concretó con los famosos Proyectos Urbanos Integrales (PUI), una serie de intervenciones urbanas enfocadas en mejorar la infraestructura, los servicios, la economía local y la participación ciudadana en áreas delimitadas. En esencia, los PUI buscaban incorporar física, social y simbólicamente áreas urbanas marginadas, mejorando su conectividad física con el resto de la ciudad y su integración con la matriz estatal de servicios y con el resto del tejido social, incluyendo la apropiación por parte de la población misma.^[12] Más adelante, los PUI se articularon con recién creados servicios de inteligencia que usaban datos cuantitativos y cualitativos para diseñar intervenciones focalizadas.^[13]

Casi treinta años después, Medellín es considerada una de las mejores ciudades para vivir en América Latina, a menudo punteando alto en listas sobre transformación y movilidad urbana, servicios básicos, tecnología, innovación y seguridad. Claro, el éxito no se debe exclusivamente a los PUI ni al urbanismo social y la ciudad está lejos de no tener problemas como los que comúnmente afectan a las áreas urbanas hoy en día. Pero el consenso de tomadores de decisión, académicos, políticos y residentes es que las políticas mejoraron significativamente la calidad de vida y redujeron los índices de violencia y marginación de servicios y derechos básicos como la salud, la educación y el empleo.^[14]

Para Guatemala y la Ley Antimaras, el caso de Medellín demuestra que es posible enfrentar el problema de la violencia mediante políticas públicas integrales que van más allá de las estrategias punitivas de “mano dura” que se enfocan simplemente en encarcelar y criminalizar a la juventud sin tomar en cuenta el contexto en el que los jóvenes se desenvuelven y desarrollan.

Las armas de fuego, un tema olvidado

Otro tema importante que no menciona en absoluto la Ley Antimaras es el de las armas de fuego. Actualmente, Guatemala es uno de los países en América Latina en donde obtener y portar un arma de fuego es extremadamente fácil. El proceso básicamente involucra unos cuantos pasos burocráticos y un par de pruebas que lo asemejan al proceso para obtener una licencia de conducir.

En total, se calcula que en el país hay aproximadamente medio millón de armas de fuego circulando legalmente y alrededor de 1.5 millones de armas ilegales.^[15] Desde 2001 a principios de 2023, se importaron, en promedio, 23,000 armas cada año, en su mayoría provenientes de Estados Unidos y Turquía.^[16] La laxitud regulatoria resulta ser bastante problemática cuando se considera que, año con año, más del 80% de los homicidios en Guatemala ocurren por medio de un arma de fuego. Aunque las armas no son una causa en sí de la violencia homicida, estrictamente hablando, sí son instrumentos que la facilitan enormemente, por lo que su control por parte del Estado debería ser prioridad para cualquier gobierno.

En América Latina, existe evidencia de que el control focalizado de la portación de armas de fuego en espacios públicos tiene un efecto importante en la reducción de la violencia homicida.^[17] En principio, esta clase de política no debería requerir cambios en la regulación de la tenencia o portación de armas, ya que se enfoca en restringir su porte en lugares y momentos específicos con el objetivo de resguardar la seguridad pública, haciendo prevalecer el interés social sobre el interés particular. La evidencia proviene de dos municipios en El Salvador (San Martín e Ilopango) antes de la época de Bukele y de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín en Colombia, donde en las dos últimas se implementa una prohibición de porte permanente desde 2012.^[18]

En Guatemala, en tiempos recientes, algunas municipalidades han mostrado preocupación por el tema y han implementado acciones para restringir la portación ostentosa de armas de fuego durante eventos públicos, la cual está expresamente prohibida por la ley (Ley de Armas y Municiones, artículo 131).^[19] Esto sugiere que algunos alcaldes están conscientes del peligro que conlleva la portación de armas y podrían apoyar la implementación de medidas de esta naturaleza.