Los requisitos fundamentales de idoneidad, capacidad y honradez, que se necesitan para ocupar una Magistratura y entrar a conocer y resolver casos, se resumen en una cita bíblica bastante popular: “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Esto implica que para juzgar, como lo hace un Magistrado al aplicar el derecho y dictaminar lo que considera justo, es absolutamente necesario tener solvencia académica, profesional, humana y ética comprobadas. Hay que, prácticamente, ser una “súper persona”, capaz de resistir cualquier presión externa o de superar su propio sistema individual de dogmas, creencias, preferencias, intereses o prejuicios, en la medida que afecten la imparcialidad y la objetividad necesarias para dictar y hacer cumplir lo que sea verdadera y universalmente justo.
No es para menos, en manos de la decisión de estas personas puede quedar la libertad de alguien inocente, la condena y reparación ejemplar ante un grave crimen, la tutela de una persona menor de edad, el respeto de la decisión popular en el marco de un proceso electoral, el pago de las prestaciones de una persona injustamente despedida de su trabajo, y cualquier otro asunto así de importante.
Asegurar este tipo de calidades y condiciones necesarias en quienes ocuparán altos cargos jurisdiccionales es un reto gigantesco para la institucionalidad. Constantemente se sostienen discusiones, sin una conclusión absoluta y definitiva, sobre cómo debería valorarse, seleccionarse, designarse y evaluarse a estos perfiles. Sin ir muy lejos, en este momento ese es un tema álgido en el contexto de México, en donde se proponen una serie de reformas legales para cambiar el mecanismo de designación en ese país. También es un asunto de vital importancia en la coyuntura de Guatemala, en donde se está llevando a cabo un proceso de Comisiones de Postulación para elegir Magistrados de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia.
En medio de todo, hay esperanza
En realidades como la de Guatemala, en donde la justicia tiene condicionamientos estructurales de corrupción e impunidad sistémica, la cuestión de la designación pasa a ser especialmente relevante y es trascendental para asegurar la sostenibilidad democrática del país. Aunque hasta para los países más garantistas sea imposible pensar en llegar a definir y acordar una fórmula perfecta, en el contexto guatemalteco cada vez es más clara la necesidad de repensar el modelo para, por lo menos, evitar o enmendar lo que ya se ha identificado que es débil, ambiguo o inaceptable en el sistema actual. Así, una discusión medular pasa por intentar responder cómo se podría garantizar una designación idónea apegada a la selección de los mejores perfiles para asegurar que el desempeño de sus funciones en el sistema de justicia sea con absoluta independencia.
Antes de adelantar cualquier respuesta, lo primero que se debe considerar es que el mecanismo de designación que se tiene actualmente en el sistema de justicia funciona así desde la reforma constitucional que se aprobó como consecuencia del Autogolpe de Estado de 1993. El procedimiento específico del mecanismo, por su parte, se desarrolla en la Ley de Comisiones de Postulación que se aprobó en 2009. Sin embargo, ese sistema, como se regula actualmente, no ha respondido a eventos históricos cruciales que han revelado la necesidad absoluta de promover reformas profundas que fortalezcan la justicia independiente.
Lo anterior es evidente, por ejemplo, con la Firma de los Acuerdos de Paz y los grandes casos paradigmáticos de corrupción investigados por la CICIG. Esto porque las implicaciones de ambos hechos revelan las enormes deficiencias que han existido por décadas y que se siguen agudizando en la medida que no se atienden de forma integral y se acumulan a nuevas demandas en el sistema de justicia. Además, porque de alguna forma han sido contextos propicios para impulsar mejoras o reformas ante las lamentables realidades que enfrentaron. Y, sin embargo, no lograron capitalizar avances o logros sostenibles.
Como adelantan líneas anteriores, ambos eventos han sido y deben entenderse como ventanas de oportunidad que se cerraron con muchas penas y muy pocas glorias. En el momento en el que sucedieron, hubo muestras prometedoras de condiciones para hablar de robustecer y modernizar la justicia para la consolidación democrática del país y, por diversas razones, no acabaron materializándose en avances o reformas sostenibles. Incluso, por el contrario, puede hablarse de que repercutieron en retrocesos o regresiones autoritarias que erosionaron (todavía más) el sistema de justicia.
No obstante, en buena medida, pareciera que una nueva ventana de oportunidad se presenta en el contexto actual. Sobre todo por coyunturas recientes que dan cuenta de diversos actores y, especialmente de una ciudadanía, con un compromiso decidido por la defensa de la democracia. Así como de una demanda generalizada por que la justicia funcione como un contrapeso republicano efectivo y para privilegiar el interés común frente a intereses particulares ilegítimos.
Gracias a este compromiso sostenido y fundamentado en el clamor por una justicia independiente, es posible pensar en un eventual escenario en el que, por lo menos, en las Comisiones de Postulación se llegue al consenso mínimo de privilegiar decisiones democráticas y que apoyen a perfiles dispuestos a ejercer su función en el marco del Estado de Derecho. Es decir, personas dispuestas a detener debilitamientos democráticos y prácticas autoritarias promovidas o encauzadas con supuestos formalismos que provienen del desmejorado sistema de justicia.
El futuro empieza ahora
Según la Agenda Integral Anticorrupción de Diálogos, esta ventana de oportunidad puede ser un primer momento para abrir eventuales espacios que resulten potencialmente efectivos para impulsar medidas y reformas que promuevan, de forma integral, un sistema de justicia independiente, eficiente y accesible para todas las personas en condiciones de igualdad. En otras palabras puede corroborarse que, con sus matices, este no deja de ser un momento esperanzador.
No obstante, aspirar al fortalecimiento y la modernización de la justicia, y comenzar a materializar ese sueño en acuerdos y propuestas discutidas y construidas a partir de consensos mínimos y diversos, es retador. Implica profundizar en antecedentes y dinámicas existentes para identificar estratégicamente hacía dónde y cómo orientar y concentrar esfuerzos. También demanda sostener estos intercambios a partir de insumos técnicos y evidencia que fundamente consistentemente lo que se proponga. Y, sobre todo, requiere asumir que, como en todo proceso democrático, en algún punto llega a ser menester hacer concesiones que pueden resultar incómodas o dolorosas.
Precisamente para profundizar en esto, surge la iniciativa de Diálogos y Plaza Pública de convocar al foro público “Meritocracia y objetividad para una justicia independiente”. En el evento se abordará la temática con expertos internacionales en temas de justicia, participación ciudadana y anticorrupción. Esta es una discusión importante, sobre todo para hablar de los sueños, el futuro y sus desafíos.
Además, este es un momento oportuno para conversar sobre qué se necesita cambiar, fortalecer y mejorar para procesos de postulación venideros. Sobre todo porque más allá de la elección de Cortes 2024-2029, también hay todo un horizonte. Por ejemplo, la elección de otros puestos como los de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Contralor General de Cuentas y Fiscal General, que se llevarán a cabo en 2026. Procesos cruciales y trascendentales que, ojalá, puedan llevarse a cabo en su momento, con condiciones más óptimas que las actuales.
A partir de todo esto, es claro por qué ahora es buen tiempo para entablar y sostener discusiones permanentes, amplias, abiertas, constructivas y diversas alrededor de estos temas. Y, también, la necesidad de hacerlo. En este punto resalta, además, que el abordaje técnico y de experiencias comparadas que propone el evento es especialmente valioso ante un porvenir que puede ser significativamente alentador para el sistema de justicia y la democracia en el país.
Más sobre el evento
La cita para el foro de “Meritocracia y objetividad para una justicia independiente” es el martes 10 de septiembre de este año a las 14:00 horas en el Hotel Westin Camino Real de la ciudad de Guatemala. Para asistir es necesario pre-inscribirse en este enlace.
