Francis Fukuyama[1], en su libro El Fin de la Historia y el Último Hombre señalaba que, tras el fin de la Guerra Fría, era pertinente reconocer la victoria irreversible de la democracia liberal, así como el hecho de que, posterior a ello, las diferentes regiones del mundo transitarían hacia grados más elevados de consolidación democrática. Sin embargo, la historia reciente nos ha contado un relato distinto: los trayectos democráticos resultaron ser menos lineales de lo que se vislumbraba durante los procesos de transición. En la actualidad, muchas democracias alrededor del mundo están inmersas en períodos de crisis de legitimidad que encajan de mejor forma en el concepto de regímenes híbridos de Mantilla y Munck.[2] Es decir, democracias durables de baja calidad.
En el caso de los países latinoamericanos, los procesos de transición democrática se extendieron a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, a estas alturas del siglo XXI, son esporádicas las experiencias de Estados latinoamericanos con democracias plenamente consolidadas, como es el caso de Uruguay.[3] El resto de la región sigue en un vaivén político con países que transitan entre compases de democracia más acentuada y sendas de autoritarismo y ultraderechas populistas que ponen en riesgo el trayecto democrático de América Latina. Guatemala no es la excepción a esta dinámica, pero, en medio de la coyuntura que atraviesa, el país se ha convertido en un caso particular de estudio para la Ciencia Política al encontrarse en medio de un proceso de reconstrucción democrática que se halla al filo del reencauzamiento democrático o la deriva autoritaria.
La exitosa transición de mando político que se dio a principios del año 2024, pese a los embates dirigidos por el Ministerio Público para anular los resultados bajo la premisa del “fraude electoral”, dejaron de manifiesto la apuesta de una parte considerable de la población guatemalteca por un sistema de carácter democrático, basado en el voto y el pluralismo político. Pero Guatemala no se ha caracterizado precisamente por ser terreno fértil para el desarrollo de una cultura política democrática y de una ciudadanía con virtud cívica. En un contexto sociopolítico con fuerte tendencia autoritaria, Bernardo Arévalo y el Partido Semilla tienen la compleja tarea de trastocar las reglas del juego político actual y lograr resultados que eleven los niveles de satisfacción de la ciudadanía en poco tiempo. De otro modo, los clivajes autoritarios que hoy sostienen la narrativa del fraude pueden salir reforzados y, paradójicamente, el mandato del presidente Arévalo puede convertirse en la transición hacia un gobierno de convicciones opuestas.
El ascenso de Bernardo Arévalo y el Partido Semilla
Un análisis sin premuras del proceso electoral de 2023 y de sus resultados, evidencia el sentir del grueso de la ciudadanía guatemalteca. Ya sea a través del abstencionismo, o de las diferentes modalidades de voto que los guatemaltecos encontraron para canalizar su inconformidad, la población manifestó en las urnas su sentimiento de hartazgo frente a un sistema cooptado y corrupto que ha sido históricamente incapaz de responder a las demandas estructurales del país, como la desigualdad, la inseguridad y la pobreza. El escenario electoral de judicialización selectiva de candidaturas impulsó en semanas previas a los comicios a uno de los binomios presidenciales que se encontraba en la parte rezagada de las encuestas electorales que, sin embargo, se caracterizaba por un discurso con fuerte vocación democrática.
Si bien el hartazgo de la población fue el tren de carga que llevó al presidente Arévalo a la Casa Presidencial y al partido Semilla a convertirse en la fuerza oficialista en el Congreso, ese mismo factor juega hoy en su contra. Hasta el momento, el gobierno intenta dar resultados mientras se mantiene fiel a sus convicciones democráticas e ignora por momentos el contexto que le rodea: un escenario político de criminalización y con clivajes autoritarios que obstaculizan la gobernabilidad e incrementan la polarización.
Mientras tanto, el reloj corre, la desaprobación ciudadana aumenta[4] y las expectativas de cambio se desploman. Ante este panorama, acecha la preocupación en torno a qué camino se está sembrando desde que el presidente Arévalo asumió la presidencia y qué resultados se recogerán en el próximo ciclo electoral, cuando la ciudadanía ejerza el voto en función de lo (no) alcanzado en estos cuatro años. De modo que si no hay un manejo adecuado de las expectativas, los resultados del próximo proceso electoral pueden distar mucho de las pretensiones democráticas que tiene el actual gobierno.
Problemas de democracia, problemas para la democracia
Dentro de la teoría de la democracia, diferentes autores han desarrollado el contenido del concepto de “democracia” y los desafíos asociados a la elevación de la calidad democrática. Munk y Luna[5] separan analíticamente estos desafíos en problemas “de” la democracia y problemas “para” la democracia. Los primeros se asocian y a las tendencias autoritarias en el ejercicio del poder que evidencian desviaciones antidemocráticas. Los problemas “para” la democracia están más bien asociados a las expectativas de lo que se espera que produzca un sistema democrático en términos de generación de mejores condiciones de vida. Una democracia incapaz de satisfacer esas expectativas pone en riesgo su propia escencia e invita a explorar alternativas que generen esos resultados.
Dieter Nohlen[6] proporciona otras herramientas teóricas para comprender esta diferenciación. Para el politólogo alemán, un Estado democrático lo es por la coexistencia de dos dimensiones: 1) la procedimental y 2) la sustantiva. Ambas se retroalimentan mutuamente para la institucionalización de un régimen político democrático. Así pues, la democracia procedimental está vinculada a la existencia de elecciones libres, regulares y competitivas, mientras que la democracia sustantiva lo es por la garantía de derechos y libertades fundamentales.
De esta forma, la primera dimensión refiere a la parte formal o al “método” propio de la democracia que puede entrar en crisis ante los problemas “de” la democracia.
Una tercera dimensión es la de los resultados que, para Diamond y Morlino,[7] hace referencia a la satisfacción que produce la democracia, al margen de los procedimientos empleados y los contenidos alcanzados, pero sin desvincularse de ellos en su totalidad. Es esta tercera cara de un sistema democrático la que se puede evaluar con mayor pertinencia a través de indicadores subjetivos como los índices del Latinobarómetro que realizan mediciones en función de las expectativas de la ciudadanía.
Guatemala, un terreno fértil para el autoritarismo
En cuanto a su composición social, Guatemala es quizá uno de los países de América Latina con mayor tendencia al autoritarismo, lo que pone en riesgo tanto a la dimensión procedimental como la dimensión sustantiva de la democracia. En los últimos años, los resultados del Latinobarómetro sobre el apoyo a la democracia en Guatemala arrojan como diagnóstico un escaso tejido social con vocación democrática en el país. Es decir, poca ciudadanía con predisposición a apoyar y defender el régimen democrático ante embates autoritarios. Como se evidencia en la gráfica 1, en lo que va del siglo XXI, Guatemala ha permanecido, año con año, por debajo del promedio regional en el índice de apoyo a la democracia, y, después del 2013, el porcentaje de ciudadanía que apoya a la democracia no sobrepasa el 40%. A pesar de un leve repunte de 6 puntos porcentuales con respecto al informe de 2023, para 2024 Guatemala es el país de América Latina con menor respaldo a la democracia (35%; ver gráfica 2).[8]
En la línea de los datos recopilados en la gráfica anterior, el índice de satisfacción con la democracia tampoco arroja luces en el trayecto democrático guatemalteco. Los resultados de lo que va del siglo XXI reflejan una ciudadanía cuando menos escéptica con respecto a la efectividad de un régimen democrático como la ruta más adecuada para alcanzar mejores condiciones de vida. Concretamente, después del 2016, el porcentaje de guatemaltecos que se sienten satisfechos con la democracia es menor al 30% (ver gráfica 2).
Estos resultados evidencian el desborde de expectativas democráticas y, por lo tanto, problemas “para” la democracia que articulados con la creciente polarización en el sistema político guatemalteco, posicionan al país como un terreno fértil para la instalación de un gobierno autoritario y/o populista que ofrezca resultados obviando las formas democráticas. Con referentes autoritarios tan próximos a Guatemala, como el caso de El Salvador, el compromiso del presidente Arévalo se amplifica, en virtud de que su gobierno se ha convertido en una oportunidad a nivel regional para demostrar que otros modelos de ejercicio del poder son posibles y, aún en diferente grado, efectivos.
Perspectivas de futuro
Traer la teoría a la práctica para analizar los datos anteriores permite una mejor lectura del caso guatemalteco en su escenario actual. En efecto, el año pasado las instituciones de la democracia procedimental, en conjunto con la defensa democrática que ejerció la ciudadanía organizada, se impusieron ante la narrativa del fraude electoral y a los intentos del Ministerio Público de anular los resultados logrados en las urnas. Sin embargo, en el escenario post transición es primordial fortalecer la democracia sustantiva para mitigar aquellos problemas “para” la democracia, asociados a la creación de mejores condiciones de vida y que pueden poner en riesgo la continuidad del régimen democrático guatemalteco. De lo contrario, el próximo ciclo electoral puede convertirse en la llave de acceso al poder para un gobierno autoritario y populista que saque ventaja de la desilusión ciudadana ante la falta de efectividad de las fórmulas democráticas del gobierno actual. De momento estas fórmulas parecen ser sobrepasadas por las expectativas de cambio que la ciudadanía depositó a inicios del 2024.
En una sociedad caracterizada por el escaso apoyo a la democracia y los altos índices de insatisfacción con el régimen, se requiere de logros concretos con efectos palpables en la calidad de vida de la población y en la configuración del sistema político. Esto ya no para transformar de la noche a la mañana un país que ha estado históricamente anclado al germen de la colonia, la corrupción y la concentración de privilegios, sino más bien para “abrir la cancha” de cara a las elecciones de 2027. En ese sentido, alcanzar acuerdos de gobernabilidad que impulsen un paquete de reformas sustanciales al sistema electoral y a la Ley de Servicio Civil permitiría, por ejemplo, que nuevos actores con la misma convicción democrática puedan competir en igualdad de condiciones en los próximos comicios, y a los tecnócratas capacitados ingresar a la administración pública.
Lo anterior, articulado con una mayor transparencia en el quehacer de gobierno y la implementación acciones de política pública que den respuesta a algunas de las demandas más urgentes del país, como la mejora del estado de los hospitales y las escuelas, la creación de empleo formal y la reducción de la pobreza, deben servir como un legado del sistema democrático que impulse a seguir apostando a futuro por una lógica similar.
De esa cuenta, el manejo de las expectativas es quizá el reto más importante que tiene esta administración para alejar al país de la deriva autoritaria y mantener viva la ilusión de una población que necesita confirmar lo que defendió en 2023. Es decir, que otras formas de ejercer el poder son posibles y, en diferente grado efectivas, más allá de los referentes regionales con tintes autoritarios que ofrecen “orden” inmediato a cambio de libertades.
[1] Fukuyama, Francis. El Fin de la Historia y el Último Hombre (Harlow, Inglaterra: Penguin Books, 2012).
[2] Mantilla, Sebastian y Munk, Gerardo. La calidad de la democracia: perspectivas desde América Latina (España: CELAEP, 2013).
[3] Uruguay es el único país de América Latina que, a lo largo del siglo XXI, ha sostenido un índice de apoyo a la democracia por encima del 60% y un índice de satisfacción con la democracia por arriba del 43%, según datos históricos del Latinobarómetro.
[4] CID Gallup. “Encuesta de Opinión Pública de CID Gallup”, septiembre de 2024, en: www.cidgallup.com
[5] Munk, Gerardo y Luna, Juan. Latin American Politics and Society: A Comparative and HIstorical Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 2022).
[6] Nohlen, Dieter. “Jurisdicción Constitucional y Consolidación de la Democracia”. Revista Desafíos, 18 (2008): 115-155. https://www.redalyc.org/pdf/3596/359633163005.pdf
[7] Diamond, Larry y Morlino, Leonardo. “The Quality of Democracy. An Overview”. Journal of Democracy, 15 (2004): 21.
[8] Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2024. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp .
