Dos viejos amigos del sistema, Sinibaldi y Baldizón, andan lidiando con las autoridades de justicia, cada uno a su manera.
Sinibaldi acaba de entregarse a las autoridades guatemaltecas, con cinco casos (casi todos de lavado) que amenazan su libertad. Se entrega entre la incertidumbre de si cantará (delatará a sus colaboradores) o no cantará. Pudiera intentar buscar impunidad en un sistema como el nuestro, pero para él, con pocos apoyos, mucho menos dinero del que tuvo y una montaña de evidencia en su contra, será difícil.
Por su parte el Presidente Baldizón, al que le tocaba pero no te tocaba, aquel que en 2015 iba camino al poder con una de las maquinarias electorales más hipervitaminadas de la historia, es soplón de los gringos en un caso de lavado y narco. Lo sabemos con bastante certeza gracias a un gran trabajo de Plaza Pública en el que listan las evidencias documentales y suman dos más dos. Es él, pura lógica.
Triste (y delicioso para los que lo observamos desde la platea), final. Baldizón fue un político total para el corrupto sistema que padecemos. Innovó en el control de sus diputados, era astuto, ambicioso y despiadado y, dentro de su narcisismo psicopático, era estratégico. Iba en camino a perfeccionar el sistema, centralizando el saqueo en su figura, sentando las bases para lo que sería una oligarquía política cleptocrática que estaría trasladándole el poder a Sinibaldi en estos momentos de no haber existido La Línea. Se estaba comiendo vivos a actores tradicionales y no hubiera tardado como Presidente en reclamar pasteles empresariales más grandes.
Sus días, lejos de ese universo paralelo que “tocaba” (Baldizón 2016-2020 y Sinibaldi 2020-2024) y que rompió la CICIG, son hoy muy distintos. Ahora uno claramente ha hecho un trato con las autoridades estadounidenses y está facilitando la investigación de miembros de redes criminales. El otro contempla entre sus posibilidades hacerlo. A algunos de ustedes les puede parecer injusto, con razón, y es normal tener reacciones emocionales ante la perspectiva de que alguien como el mafioso petenero o el Ministro corruptor se libren del castigo. Es una perspectiva dura. Y aun así no solo hay que defender el sistema que ha permitido esquivar las consecuencias de sus actos, por ahora, a Baldizón sino que debemos hacer un esfuerzo para reforzarlo (construirlo) para que en Guatemala Sinibaldi haga lo propio.
Delinquir a gran escala es como bailar el tango, no se puede hacer solo. Necesitas una red, con miembros coordinados en una dirección determinada. Y con las mieles, llegan las hieles. El costo de ser descubierto es potencialmente grande. Cárcel, ostracismo, expropiación…Las colas machucadas, los esqueletos en el clóset, pueden ser expuestos por los colaboradores en el crimen. Delinquir es poner tu vida, tu futuro, en manos de otros. Delinquir es confiar.
Es por eso que las redes criminales se construyen con ese cemento particular. Transgredir con gente que no conoces debe ser sin duda estresante, pues requiere de dar continuo palo y zanahoria (prebendas y violencia) para disuadir la delación. Es por eso que las redes de crimen tienden a ser entre personas con una afinidad más difícil de romper. Parientes consanguíneos o políticos (los matrimonios en algunos casos son estratégicos en este sentido), amigos de promo o miembros de la tribu.
Romper redes criminales es romper esos lazos de confianza. Los alicientes para delatar deben estar creados y las protección contra las represalias del grupo criminal, instalada. Las leyes para incentivar a los “soplones” han avanzado (con la figura de colaborador eficaz), pero no bastan. No se incentiva lo suficiente la denuncia de actos de corrupción, cuando es obvio que quienes mejor los conocen son quienes están cerca del funcionario corrupto: sus allegados, subalternos y otros colaboradores necesarios, incluidos los institucionales.
Las formas de denuncia reguladas en la ley penal no permiten la denuncia anónima, por lo que las represalias que se pueden tomar contra el denunciante son muy altas, incluyendo el despido y el daño físico, y al no existir condiciones de protección los potenciales testigos prefieren callar. El programa de protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal resulta insuficiente y debe de reformarse tanto la norma como su organización y administración.
Podríamos tomar para ello las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción, Informe Hemisférico de la II ronda del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas y los parámetros que contienen para delinear una reforma legal. Una nueva Ley de Protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, por llamarla de alguna manera, debería tener los siguientes efectos[1]:
Proteger a los que denuncien actos de criminales de corrupción si están dispuestos a hablar, aunque sean unos grandes delincuentes ellos mismos. Los corruptos coluden con corruptos, si queremos atrapar a los unos, debemos apoyarnos en los otros, qué le vamos a hacer. Establecer mecanismos de denuncia anónima, así como la denuncia con protección de identidad, garantizando la seguridad personal y el ocultamiento de la identidad de los delatores. Proteger físicamente está bien, pero además hay que ayudar a proteger el trabajo que se tiene o proveer uno si es necesario. Y sí, casa y resguardo a la integridad si fuera necesario. Debemos proveer bienestar.
También mecanismos sencillos para denunciar amenazas o represalias que pueda sufrir el sapo. Ideal que la ley asigne claros responsables de la protección, para que después nadie se haga el loco.
Lo más seguro es que necesitemos ayuda de fuera. Pues sí, violación de la soberanía o lo que quieran, pero hay que pedir ayuda sin miedo. Hay países que muy bien pueden proteger a los delatores, cosa que en algunos casos nosotros seríamos incapaces de hacer. Así que la ley debería incluir mecanismos que faciliten la cooperación internacional.
En definitiva, la solicitud de protección del denunciante debería ser fácil, y práctica, y estrictas las sanciones si se incumple o viola la protección. Sin piedad para el que delata al delator.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ya elaboró una Propuesta de Ley modelo para incentivar y facilitar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos. Es un comienzo, y debe estar en la agenda de todas las fuerzas políticas que de verdad se toman en serio la lucha contra la corrupción.
Otro elemento clave en esta agenda es la Ley de Aceptación de Cargos. Una de verdad, no la que tuvo que anular la Corte de Constitucionalidad. La lógica es distinta. Más que un delator, esta iniciativa pretende acelerar la justicia penal. Se basa en el derecho de la persona sindicada de admitir o aceptar total o parcialmente los cargos de la acusación, bajo ciertas condiciones que garanticen el estricto respeto a sus derechos y los derechos de las víctimas a cambio de beneficios penales. Lo que tiene que hacer a cambio es reparar el daño: sobre todo, contar la verdad sobre su participación y la de otros. Sapear, que le dicen. Cantar. El Estado reduce su pena, pero a cambio obtiene una sentencia más rápida e información sobre el papel de otros implicados.
Que queden atrás los favores y los placeres, los matrimonios y la diversión, que queden atrás los lazos y den paso a los sapos. Debemos forzar las traiciones cambiando el sentido de los incentivos y no lo lograremos si no existen los instrumentos adecuados. Solo rompiendo esos pactos, esa confianza, empezamos a librarnos de la mafia. No hay muchas alternativas cuando nos enfrentamos a grupos que viven en el secretismo, que instrumentalizan a gente afín al grupo.
Que vivan los sapos y, aunque duela, tratémosles bien.
