Nayib Bukele emerge como líder indiscutible en un contexto político caracterizado por la implosión del sistema de partidos políticos salvadoreño. El tradicional bipartidismo salvadoreño de la post-guerra se desgastó en tres décadas debido a los continuos escándalos de corrupción de varios expresidentes de ambos bandos y a la falta de respuestas contundentes ante los graves problemas que aún afectan a la población, como la violencia y las extorsiones, fenómenos muy vinculados con las pandillas y maras. Ni ARENA ni el FMLN lograron aliviar de manera sustantiva problemas históricos y estructurales como la pobreza y la desigualdad, que han sido el caldo de cultivo para que dichas agrupaciones de jóvenes en áreas urbanas y marginalizadas se constituyeran en la principal fuente de inseguridad, problemas que conjuntamente siguen expulsando población productiva hacia otros países.
Bukele, sin embargo, no gana las elecciones desde una plataforma institucional. No lo hizo tampoco con un amplio apoyo de los Medios de Comunicación Masiva o con la movilización de grandes recursos que azuzaran el voto de redes clientelares. Esas ventajas pertenecían de mayor o menor medida a los dos grandes y tradicionales partidos.
Lo hace, en el año 2019, desde su innegable talento a la hora de entender qué toca la fibra de una población desafecta del juego de ideologías de sus élites políticas y de los resultados de un sistema político diseñado para asaltar las arcas públicas. Es por eso, como verán en este análisis, que su política de seguridad ha respondido más a conectar con los deseos de mano dura de la población salvadoreña que a una estrategia pensada desde algún marco serio de seguridad ciudadana.
Una vez en el poder, el presidente Bukele, sin presencia de su partido (y cuando decimos su nos referimos al partido surgido exclusivamente de su movimiento personalista) se ha visto enfrentado a una Asamblea Legislativa donde no tiene influencia. En esa coyuntura, antes que negociar con una clase política que pretende derrotar en menos de un año en las urnas, ha optado por el juego del enfrentamiento, jugándose parte de su capital político en una pugna institucional. La disputa entre la Presidencia de la República y dicha Asamblea se acentuó en febrero de este año por un préstamo no aprobado por la oposición y que serviría para financiar, en parte, una siguiente etapa de su estrategia de seguridad. Actualmente, el conflicto se ha extendido hacia las Cortes en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Tres semanas después de haber tomado el poder, Bukele puso en marcha el denominado Plan Control Territorial, a través del cual pretendía reducir los altos índices de inseguridad, específicamente homicidios y extorsiones. La implementación del Plan ha estado enfocada en el combate frontal a las maras y pandillas, tanto en los centros carcelarios como en los territorios dominados por éstas.
Aunque no es de nuestro conocimiento algún documento que detalle los objetivos, metas e indicadores del Plan, las autoridades han señalado que está enfocado en tres áreas: 1) control de los centros penales desde donde, según las mismas, se originan el delito de extorsión y las órdenes de muertes violentas; 2) interrupción del financiamiento al crimen organizado; y 3) modernización de los cuerpos de seguridad, que incluye la compra de equipamiento tecnológico. El Plan se enfocó en 12 municipios, a saber, San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana.[1] Estos municipios se caracterizan por las siguientes tasas de homicidios entre los años 2015-2019, y en conjunto representan casi un tercio del total de homicidios ocurridos en el país:
Gráficos de tendencia en tasa interanual de violencia homicida (2015-2020), para 12 municipios seleccionados en “Plan Control Territorial” (2019-2020).
En los municipios intervenidos por el Plan Control Territorial efectivamente se nota que han bajado su tasa de homicidios, pero esto es algo que también se observa prácticamente en todo el territorio nacional. De hecho, al 31 de marzo de 2020, la tasa había descendido en 173 municipios de los 262 que tiene la República de El Salvador, es decir, en el 66% del territorio. No obstante, aumentó en 65 municipios, que representan el 25% del total. En 24 municipios (el 9%) permaneció igual a cero la tasa en los últimos 12 meses con estadísticas homologadas (incluyen dos meses de la administración anterior). En total, 41 municipios no registraron homicidio alguno en marzo del 2020 (el 16%).
Durante los primeros 12 meses de la actual administración de gobierno, la tasa nacional de homicidios ha disminuido de 47 a 23 por cada 100 mil habitantes, es decir, se observa una reducción del 50%. No obstante, como lo muestra la siguiente gráfica donde se compara El Salvador con Guatemala, el descenso precede a la administración de Bukele. Un año antes de la toma de posesión, la tasa había estado estancada durante 15 meses alrededor de 60 por 100 mil. Es decir que, durante el último año de la administración de Salvador Sánchez Cerén (1 de junio de 2014 – 1 de junio de 2019) se logró una disminución del 22%. De hecho, la tasa ya había descendido un 47% desde marzo 2016 cuando se registró el máximo histórico de 116 homicidios por cada 100 mil habitantes, hasta llegar a 61 por 100 mil en mayo 2017.
Fuentes: Policía Nacional Civil de Guatemala y Policía Nacional Civil de El Salvador.
Extorsiones
Pese a que en julio de 2019 se ordenó el bloqueo total de la señal telefónica en los 28 centros carcelarios, las denuncias de extorsión no descendieron inmediatamente en el mes siguiente. Durante 2020, sin embargo, la tendencia trimestral muestra un descenso importante (del 32%). No obstante, debe tomarse en cuenta que El Salvador empezó a implementar medidas para contrarrestar la pandemia de Covid-19 a partir de febrero, obligando a la mayoría de la ciudadanía a confinarse, lo cual podría explicar en cierta medida esta reducción en las denuncias de las víctimas por ese delito.
En marzo 2020, Bukele también decretó un estado de emergencia en las prisiones, que puso en total aislamiento a todos los privados de libertad, y en abril, endureció las medidas en contra de los mareros y pandilleros en los centros de detención, obligándoles a convivir en celdas compartidas, teniendo como resultado un pacto de no agresión entre MS-13 y el Barrio18.
Gráficos de tendencia en tasa trimestral e interanual de violencia homicida y extorsiones (2015-2020), El Salvador vs. Guatemala.
Fuentes: Policía Nacional Civil de Guatemala y Policía Nacional Civil de El Salvador.
Como puede observarse en los gráficos precedentes, El Salvador ha logrado disminuir en los últimos 12 meses tanto la tasa de homicidios como la de extorsiones (a marzo 2020, tendencia trimestral). En el largo plazo, para Guatemala la tasa de extorsiones se ha incrementado en un 24% en los últimos 12 meses (a marzo 2020, tasa interanual), mientras que en El Salvador se ve estancada alrededor de 30 denuncias por cada 100 mil habitantes, un tercio de la tasa guatemalteca.
Posibles Escenarios
Es muy probable que el nivel observado del conflicto institucional entre el Ejecutivo y los otros dos poderes del Estado salvadoreño se mantenga, o incluso se acentúe, en función de una ganancia electoral que el presidente Bukele ambiciona de cara a las elecciones legislativas y municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2021.
El contexto del COVID-19 impone fuertes restricciones a todo gobierno, especialmente en el ámbito financiero y de prioridades de política pública (urgencias sanitarias vs seguridad ciudadana, por ejemplo). Sin embargo, en el largo plazo, podría mantenerse la tendencia a la baja en la tasa de homicidios. Por otro lado, las extorsiones sí podrían incrementarse, no necesariamente por parte de las pandillas y maras, sino por imitadores, como en el caso de Guatemala, ante la presión económica a la que se verá sometida gran parte de la población.
La convivencia forzada entre miembros de organizaciones enemigas, lejos de resultar en violencia en los presidios, sentó las bases para un pacto de no agresión, y acaso la comunicación entre sus liderazgos. Esta hostilidad y vuelta a ciertas políticas de “mano dura” que Bukele está implementando para mantener el control de la seguridad ciudadana, podrían facilitar mayor organización entre las pandillas y maras dados los canales de comunicación que se han establecido entre ellas. Fue a partir de la “mano dura” que el delito de extorsión tuvo su auge en los países del Triángulo Norte de Centroamérica porque los delincuentes necesitaban recursos para sobrevivir en los corruptos ecosistemas de las prisiones. Así que mientras no se consideren estrategias de rehabilitación para los pandilleros y mareros encarcelados, y se implemente un plan de prevención de la violencia y el delito, incluida la disminución del reclutamiento de más jóvenes por partes de las maras y pandillas, a El Salvador le costará mantener el descenso acelerado de la tasa de homicidios. El contexto de la pandemia otorga un período de tregua, pero una vez superada la emergencia sanitaria, las autoridades deberán repensar el rumbo del Plan Control Territorial, que sólo da resultados de corto plazo, y enfocarse en medidas de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados durante el primer año de gobierno.
Para continuar con el análisis, organizamos un conversatorio con los invitados salvadoreños Laura Andrade, Directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) y Roberto Valencia, periodista. Puedes verlo desde el siguiente enlace: https://www.facebook.com/DialogosGuate/videos/313352239828938/
[1] Fuente: https://forbescentroamerica.com/2019/07/19/en-que-consiste-el-plan-de-seguridad-de-nayib-bukele/
