La corrupción es un problema que menoscaba el funcionamiento del aparato estatal,[1] el desarrollo económico[2] y la confianza en las instituciones.[3] Cómo controlar al poder y limitar sus acciones y abusos es una pregunta clásica para los estudiosos del gobierno y la sociedad. Desde la “erupción de corrupción”[4] de mediados de la década de los 90—es decir, el momento en el que la corrupción empezó a percibirse internacionalmente como un problema de gran magnitud y de necesidad de soluciones serias—, muchas organizaciones internacionales, académicos y políticos iniciaron una campaña activa para alcanzar el control de la corrupción en diferentes países. Se habla del “control” de la corrupción y no de su erradicación porque no es realista pensar en una sociedad donde absolutamente todos sus miembros se ajustan a la integridad. El objetivo central es reducir la corrupción lo suficiente de manera que deje de distorsionar la asignación de recursos y la calidad de la gobernanza. Intentar ir más allá de eso resulta, por rendimiento marginal decreciente, en un gasto alto de recursos a cambio de pocos resultados. Se trata de controlarla para que no haga daño excesivo.
A este movimiento internacional, que concientizó los daños sociales, políticos y económicos de la corrupción, se le llama la “industria anticorrupción”.[5] Después de tres décadas de estudios rigurosos y de recomendaciones de política pública anticorrupción, lastimosamente, la industria anticorrupción no tiene muchos resultados qué ofrecer. Tanto los países que logran controlar la corrupción con éxito como los que no han dado resultados han permanecido estables en su calidad de gobernanza desde que empezamos a medirla en la disciplina. Los Dinamarcas, Finalandias y Noruegas del mundo puntean los índices de control y percepción de corrupción, mientras que los Haitís, Guatemalas y Honduras del mundo siguen relativamente estables en sus posiciones.[6] La buena gobernanza—donde los bienes públicos se asignan justamente y las decisiones públicas son guiadas por la integridad—pareciera ser un bien limitado a unas pocas sociedades que siempre lo han gozado.
Sin embargo, los países (o más ampliamente, las unidades políticas) no nacen con el control de la corrupción ya alcanzado. Todos los países que puntean los índices de calidad de gobierno y de control de la corrupción tuvieron que atravesar un proceso de modernización de sus instituciones y de adopción del universalismo ético. La posición original, digamos, es una donde los políticos (y más ampliamente, los humanos) abusan de su poder y se organizan de forma particularista, es decir, lo utilizan para beneficiar a sus confidentes y allegados. A este estado “natural” de la política se le ha llamado órden de acceso limitado,[7] patrimonial,[8] semi-patrimonial,[9] particularista[10] o patronal.[11] Normalmente se le describe como un arreglo institucional pre-moderno, con bajos o nulos niveles de calidad democrática y altamente corrupto. ¿Qué hicieron estos países para salir del equilibrio de corrupción? ¿Qué se puede aprender de sus experiencias para iluminar el camino de Guatemala hacia el buen gobierno?
El propósito de este artículo es explorar cómo las sociedades pueden romper equilibrios de corrupción para avanzar hacia una buena gobernanza, es decir, hacia un equilibrio político donde la corrupción es una desviación ocasional de una norma de integridad plenamente enraizada.[12] Normalmente el lector esperaría un análisis de las buenas prácticas de gobierno de Noruega o de Dinamarca, de manera que sus ejemplos sirvan para que países como Guatemala puedan beber directamente de ese aprendizaje. Sin embargo, el enfoque de este artículo no va por ahí. Cualquier lector intuirá con facilidad que las diferencias entre Dinamarca y Guatemala son abismales en términos de riqueza, democracia, Estado de Derecho, profesionalización de la administración pública, tradición jurídica, niveles de desarrollo humano, desigualdad, entre otras. En otras palabras, comparar Guatemala y Dinamarca sería como comparar peras y manzanas.
Para explorar entonces la pregunta de cómo las sociedades logran el control de la corrupción, haré un análisis de aquellos países que han alcanzado este nuevo equilibrio en tiempos más recientes y cuyo éxito no está necesariamente atado a los niveles de desarrollo humano y de riqueza de los países desarrollados occidentales. El objetivo es aprender las lecciones de los “exitosos contemporáneos”[13] para no hacer comparaciones aspiracionistas: ver hacia los países que han alcanzado niveles importantes de control de corrupción en las últimas tres décadas, que sí han tenido movimiento significativo en los índices de control de corrupción y que no son demasiado diferentes a Guatemala en su trayectoria histórica. Aunque estos criterios, argumentan Mungiu-Pippidi y Johnston, los cumplen alrededor de una docena de países,[14] por motivos de espacio me limitaré a dos: Costa Rica y Georgia. Al mismo tiempo, exploraré los caminos no tan exitosos de países que han intentado salir de la trampa de la corrupción: Italia y México.
Analizaré las trayectorias de transición al control de corrupción a través de los lentes teóricos de las dos aproximaciones tradicionales de lucha anticorrupción: las reformas de tipo “big-bang” y las reformas de tipo gradual.[15] La primera se refiere a una estrategia discontinua y agresiva de reforma que se enfoca en causar un fuerte shock al sistema para salir del equilibrio de corrupción. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un ejemplo de una política anticorrupción de tipo big-bang: en poco tiempo la CICIG sacudió al sistema con estrategias de persecución penal modernas e impersonales. El riesgo que corren este tipo de estrategias es que pueden amenazar a la élite corrupta al punto que generen un backlash político para revertir el impacto del big-bang, tal y como ha sucedido en Guatemala desde el 2017.
La segunda estrategia, la de reformas graduales, es una aproximación más conservadora que se enfoca en acumular varias reformas en el sistema hasta que una situación política favorable pueda aprovecharlas para hacer la transición hacia la buena gobernanza. La CICIG también dejó una experiencia de reformas graduales, no a través de su legado de persecución penal, sino a través de las varias reformas al Código Penal, la Ley de crimen organizado, entre otras, y su transferencia de capacidades para empoderar al Ministerio Público y aislarlo políticamente. El riesgo de esta estrategia es que las reformas pueden ser absorbidas por el sistema en un ambiente de corrupción sistémica, donde finalmente se pueden usar estas herramientas para prolongar el régimen corrupto mediante abusos de poder “modernizados”, tales como los que hemos visto en Guatemala desde 2017 con la persecución espuria de fiscales, periodistas, jueces, abogados y, en general, aliados del control de la corrupción y agentes reformistas.
Mi argumento central es que no importa mucho el tipo de estrategia de reforma que se adopte, sino que el éxito de la reforma viene del diagnóstico y la secuencia de adopción. No existe una solución universal a la corrupción, y ningún país puede copiar exactamente el camino seguido por otros países, sin importar que hayan alcanzado su transición recientemente y sus sociedades sean relativamente similares. La verdadera clave, entonces, no viene necesariamente del contenido sustantivo de las reformas, sino del diagnóstico previo del problema de gobernanza específico y de la adecuada secuencia de adopción de las intervenciones. Sin embargo, las experiencias internacionales tienen muchas lecciones para ofrecer, sobre todo cuando se comparan casos exitosos de los fallidos en circunstancias similares.
El diagnóstico es fundamental porque ayuda a los formuladores de políticas a comprender si la corrupción está incrustada en redes de clientelismo, si la captura de las instituciones por parte de las élites es generalizada, y cómo las normas sociales ven la corrupción. A partir de este diagnóstico, los reformistas pueden decidir la secuenciación adecuada de las reformas: ¿Deberían comenzar con pequeños pasos para ganar impulso o es necesario un choque sistémico para desmantelar las redes corruptas? La secuenciación es particularmente importante. Como argumenta Stephenson,[16] una creencia común es que solo las reformas de gran envergadura pueden romper el ciclo vicioso de la corrupción. Sin embargo, las reformas incrementales bien secuenciadas también pueden producir cambios sistémicos si se mantienen a lo largo del tiempo.
Bajo esta lógica, una sociedad determinada puede salir del equilibrio corrupto mediante cualquiera de las dos estrategias, siempre y cuando el objetivo central sea el de cambiar radicalmente el balance de poder que permite que unos pocos abusen y exploten al resto de la sociedad.[17] Para demostrar este argumento, combinaré experiencias exitosas y fallidas de ambos tipos de estrategias de los países mencionados y demostraré cómo sus adopciones rompieron o reforzaron la trampa de corrupción, dependiendo de si lograron romper el balance de poder que permite que unos pocos abusen y exploten a los demás. La Tabla 1 resume la selección de casos y cómo están clasificados en su tipo de reforma y el relativo éxito en alcanzar el control de la corrupción.
Tabla 1. Selección de casos de control de corrupción
| Reforma “Big-bang” | Reforma gradual | |
|---|---|---|
|
Éxito |
Georgia 2003 |
Costa Rica |
|
Fracaso |
Italia 1990 |
México 200 |
A principios de la década de 2000, Georgia ofrece un ejemplo clásico de un enfoque exitoso de reforma big-bang. Después de la Revolución Rosa en 2003, el presidente Mikheil Saakashvili y su equipo lanzaron reformas dramáticas destinadas a desmantelar la corrupción generalizada que dejó la era soviética. Esto incluyó despedir a toda la policía de tráfico, reformar la administración pública y aplicar políticas de privatización y desregulación.
Estas reformas interrumpieron las redes corruptas al reducir el poder discrecional, aumentar los salarios del sector público y reemplazar a los antiguos funcionarios por profesionales reformistas. En pocos años, Georgia pasó de ser uno de los países más corruptos en el espacio post-soviético a un líder mundial en reformas de gobernanza. Sin embargo, incluso en este caso, mantener las reformas ha sido un desafío, y persisten preocupaciones sobre la captura por parte de las élites.[18]
La investigación Mani Pulite (Manos Limpias) en Italia en la década de 1990 inicialmente parecía ser una reforma exitosa de gran envergadura. La investigación expuso las profundas relaciones corruptas entre las élites empresariales y los partidos políticos, lo que provocó la caída de importantes figuras y partidos políticos. Sin embargo, a pesar de su inicio dramático, la campaña fracasó en lograr un cambio duradero.[19]
La investigación colapsó bajo el backlash[20] político y, en lugar de fomentar una nueva cultura política, permitió el ascenso de Silvio Berlusconi, cuyo gobierno debilitó la independencia judicial y los mecanismos anticorrupción. Italia sigue siendo uno de los países más corruptos de Europa Occidental hoy en día, lo que demuestra que, sin reformas institucionales, incluso los esfuerzos anticorrupción más poderosos pueden ser cooptados por nuevas élites políticas.
Costa Rica, a diferencia de muchos de sus vecinos latinoamericanos, siguió un enfoque gradual y a largo plazo para controlar la corrupción. A partir de mediados del siglo XX, Costa Rica invirtió fuertemente en educación, el desarrollo de la sociedad civil y una burocracia basada en el mérito. Durante décadas, construyó una fuerte independencia judicial y un sector público transparente.
Al mejorar incrementalmente la administración pública y aumentar la vigilancia de la sociedad civil, Costa Rica fue capaz de crear un equilibrio de baja corrupción en el que los ciudadanos y las instituciones actúan como controles contra la corrupción gubernamental. La secuenciación de reformas en educación, el poder judicial y la participación de la sociedad civil permitió que el país evitara los peligros de las reformas dramáticas que podrían haber tenido resultados negativos. Particularmente, la creación de la Sala Constitucional costarricense permitió un ambiente político de frenos y contrapesos con amplia legitimidad y poder real de intervenir en el control de la corrupción.[21]
El intento de México de realizar reformas graduales bajo el presidente Vicente Fox (2000-2006) no produjo los resultados esperados. Fox llegó al poder después de décadas de dominio del PRI, prometiendo cambios profundos para abordar la corrupción arraigada en la política mexicana. Si bien introdujo importantes medidas de transparencia (como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública), estas reformas carecieron del apoyo institucional necesario para desafiar la captura de las élites.
El propio gobierno de Fox se vio envuelto en escándalos, y sin una fuerte independencia judicial ni mecanismos de aplicación, muchas de las reformas fueron simbólicas en lugar de transformadoras. El equilibrio de alta corrupción de México persistió, y el PRI volvió a emerger como una fuerza dominante en las elecciones posteriores.
Diagnóstico y secuenciación: las claves de una reforma duradera
Para ilustrar la importancia del diagnóstico y de la secuenciación, mi argumento central en este artículo, utilizaré los tipos de regímenes de corrupción y sus respectivos objetivos prioritarios y secundarios de reforma de acuerdo con Michael Johnston.[22] Existe una amplia literatura que distingue entre tipos de corrupción. Por ejemplo, la que la clasifica entre corrupción pequeña, grande, individual y sistémica;[23] o donde se clasifica de acuerdo con su tipo de impacto en la economía, donde se distingue entre robo grande, robo pequeño, dinero rápido y dinero de acceso.[24] Todas las tipologías de corrupción y de sus patologías son útiles dependiendo de la pregunta que se busca responder en determinado análisis. En concreto, utilizaré la que distingue entre un régimen de magnates oficiales, clanes y oligarcas, carteles de élites y mercados de influencia.[25] Estos cuatro tipos se pueden resumir así:
- Mercados de Influencia: En democracias con instituciones fuertes, los intereses privados buscan influir en procesos y decisiones a través de sobornos o financiamiento a figuras políticas que rentan su acceso y conexiones. Ejemplos: Estados Unidos, Japón y Alemania.[26]
- Cárteles de Élite: En Estados con instituciones moderadamente fuertes, las élites políticas, empresariales y militares coluden para compartir beneficios corruptos y así evitar la competencia política y económica. Ejemplos: Italia, Corea del Sur y Botswana.[27]
- Oligarcas y Clanes: En contextos de instituciones débiles y gran inseguridad, pequeñas élites utilizan sobornos, conexiones y violencia para acumular riqueza y poder. La línea entre lo público y lo privado es borrosa. Ejemplos: Guatemala, Rusia, Filipinas y México.[28]
- Magnates Oficiales: En regímenes no democráticos, individuos poderosos o pequeños grupos se enriquecen con impunidad, fusionando poder estatal y personal. Las fuerzas anticorrupción son débiles. Ejemplos: China, Kenia y la Indonesia de Suharto.[29]
El objetivo central de cualquier agenda de reforma anticorrupción debe ser romper el balance de poder que permite a unos pocos (según el tipo de régimen corrupto, a veces serán magnates, otras veces serán oligarcas, y otras serán empresas establecidas) explotar y abusar de otros. Este objetivo se alcanza de diferentes formas dependiendo el punto de partida. No es lo mismo empezar en un arreglo de magnates oficiales, en un contexto autoritario y con uso indiscriminado de la fuerza. Un régimen de esa naturaleza necesita primero incrementar su pluralismo, ya que sin él cualquier intento de activismo sería suprimido por la fuerza.
Por otro lado, si se parte de un régimen de mercados de influencia, donde las instituciones democráticas están más establecidas y el Estado goza de amplios frenos y contrapesos, entonces el pluralismo que desea el régimen de magnates ya está alcanzado. En un contexto así, es más adecuado que la ciudadanía y la justicia estén particularmente vigilantes de las acciones de los mercados, de manera que se logre moderar la influencia sobre la política y los abusos de competencia. Johnston presenta, junto con su análisis de los tipos de régimen de corrupción, una tabla ilustrativa que apunta hacia los objetivos prioritarios y secundarios según el punto de partida del tipo de corrupción. Estos los adapto en la Tabla 2.
Es importante definir los cuatro tipos de intervención de control de corrupción y de promoción de la buena gobernanza. “Incrementar el pluralismo” significa diversificar los grupos y perspectivas activos en la política, permitiendo que diferentes actores puedan entrar a contestar el poder en el sistema. “Abrir espacios seguros políticos y económicos” consiste en crear un entorno donde la ciudadanía puede expresar sus intereses políticos y económicos sin temores por su seguridad y donde los asuntos de propiedad y poder se regulan por leyes, no por la fuerza. El “activismo de reforma” permite que los ciudadanos expresen y actúen sobre sus preocupaciones de forma segura, con posibilidades de influir en el cambio. Finalmente, “mantener la rendición de cuentas” asegura que las personas y organizaciones poderosas respeten los derechos, leyes y compromisos sociales, permitiendo que la sociedad exija responsabilidades cuando no lo hacen.[30]
Este análisis no es definitivo, simplemente apunta hacia una guía que resalta la importancia del diagnóstico y la secuenciación como los grandes rectores de las reformas efectivas. Costa Rica y Georgia supieron identificar su situación inicial. Georgia priorizó incrementar el pluralismo después de su pasado autoritario soviético, luego abrió un espacio seguro de reformas políticas y económicas para fomentar la liberalización de mercados y la apertura del sistema de partidos y la participación política. El canal mediante el cual se implementó fue con reformas de tipo big-bang, pero sólo ver eso sería perderse la mitad de la película.
Tabla 2. Agenda de reforma según tipo de corrupción[31]
Tipo de régimen de corrupción
| Objetivo | Magnates oficiales | Clanes y oligarcas | Cárteles de élites | Mercados de influencia |
|---|---|---|---|---|
|
Incrementar el pluralismo |
Prioritario |
|
|
|
|
Disputas seguras al poder político y económico |
Secundario |
Prioritario |
Secundario |
|
|
Activismo de reforma |
|
Secundario |
Prioritario |
Secundario |
|
Rendición de cuentas constante |
|
|
|
Prioritario |
Costa Rica, por otro lado, en un contexto de cárteles de élites, inició con activismo de reforma. Este empuje por hacer evidentes los agravios de la falta de control en la corrupción permitió una concientización más amplia para identificar los espacios de reforma adecuadamente. Luego, pasaron a garantizar un espacio seguro de disputas seguras al poder político y económico: avanzar gradualmente, ganando espacios clave en la modernización del Estado, la profesionalización de la administración pública y la creación y empoderamiento de la Sala Constitucional. Estas reformas iniciales dieron paso directo a generar espacios políticos y económicos más seguros para los actores incipientes en el sistema. En el caso de Costa Rica, como en el de Georgia, los cambios institucionales fueron seguidos de crecimiento económico.[32]
Los esfuerzos fallidos (o no tan fructíferos) de Italia en los 90 y de México a principios de siglo tienen más qué ver con la cuestión del diagnóstico y la secuenciación. Italia, con la investigación de Mani Pulite, asumió un punto de partida donde podía ir por la rendición de cuentas y la penalización de la corrupción antes de tener construida una red de independencia judicial que garantizara disputas seguras al poder. Esto, en resumen, provocó un backlash intenso donde los herederos de los casos de corrupción sistemáticamente desmantelaron los esfuerzos de Mani Pulite. Italia, muy probablemente, debió centrarse antes en garantizar esos espacios de disputa, donde los problemas políticos y económicos se pudiesen resolver en cortes y en espacios públicos de manera justa e impersonal.
México, por otro lado, falló en mal diagnosticar e infravalorar su pasado autoritario a inicios de la presidencia de Fox. La prioridad en ese entonces, en términos de control de corrupción, debió ser incrementar el pluralismo, antes que iniciar con las reformas de disputa al poder. Sin ampliar la base de pluralidad de la política las reformas quedan en manos de quienes concentran poder desproporcionadamente. Estas reformas, a pesar de tener el objetivo de incrementar la transparencia (de acuerdo a la Tabla 2, a promover espacios de disputa), terminaron siendo absorbidas por el sistema antes de poder dar frutos sustantivos de control de corrupción.
Conclusión: Cambiar el equilibrio de poder
¿Qué puede aprender Guatemala de estas experiencias y de estas herramientas teóricas? Lo primero es ser realistas: las campañas anticorrupción o de buena gobernanza son misiones de largo plazo. Ningún país mencionado aquí ni en el estudio original de Mungiu-Pippidi logró transicionar en menos de dos o tres décadas. Los esfuerzos para generar buena gobernanza son compromisos que deben asumirse como sociedad, a través de varios gobiernos y con una clara meta. En última instancia, cualquier estrategia anticorrupción exitosa debe centrarse en cambiar el equilibrio de poder lejos de las élites que se benefician de la corrupción y hacia los ciudadanos que deberían beneficiarse de los bienes públicos. Ya sea a través de reformas de big-bang o de cambios incrementales, las sociedades deben priorizar la transparencia, la independencia judicial y la participación de la sociedad civil. La lección de los éxitos y fracasos es clara: la corrupción sólo puede controlarse cuando las reformas se diseñan sobre la base de una comprensión matizada del contexto local y se implementan con una estrategia clara y bien secuenciada. Afortunadamente, en Diálogos hay una agenda de investigación en materia de corrupción que matiza, diagnostica[33] y propone reformas secuenciadas[34] que ofrecen al político reformista un sólido primer paso hacia lograr el anhelado control de la corrupción.
[1] Donatella Della Porta y Alberto Vannucci, The hidden order of corruption: An institutional approach, The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach, 2016, https://doi.org/10.4324/9781315557267; Bo Rothstein y Aiysha Varraich, Making Sense of Corruption (Cambridge University Press, 2017).
[2] Susan Rose-Ackerman y Tina Søreide, “International handbook on the economics of corruption, volume two”, International Handbook on the Economics of Corruption, Volume Two, 2011, https://doi.org/10.4337/9780857936523.
[3] Stephen D. Morris y Joseph L. Klesner, “Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico”, Comparative Political Studies 43, núm. 10 (octubre de 2010): 1258–85, https://doi.org/10.1177/0010414010369072.
[4] Moisés Naím, “The Corruption Eruption”, Brown Journal of World Affairs 2, núm. 2 (1995): 245–61.
[5] Michael Johnston y Scott Fritzen, The Conundrum of Corruption: Reform for Social Justice (London: Routledge, 2020), https://doi.org/10.4324/9780367224554.
[6] Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2023”, 2023, http://www.transparency.org/cpi.
[7] Douglass C. North, John Joseph Wallis, y Barry R. Weingast, Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History (New York: Cambridge University Press, 2009).
[8] Max Weber, “The economy and society”, 1978, https://sociology.berkeley.edu/sites/default/files/documents/syllabi/F15/soc%20120%20barlow%20F2015.pdf; Robin Theobald, “Patrimonialism”, World Politics 34, núm. 4 (1982): 548–59, https://doi.org/10.2307/2010334.
[9] Gerardo L. Munck y Juan Pablo Luna, Latin American Politics and Society (Cambridge University Press, 2022).
[10] Alina Mungiu-Pippidi, The quest for good governance: How societies develop control of corruption (Cambridge University Press, 2015).
[11] Henry E. Hale, Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective (Cambridge University Press, 2015); Daniel Haering y Edgar Gutiérrez Aiza, “Una aproximación a la corrupción sistémica en Guatemala” (Ciudad de Guatemala: Asociación Civil Diálogos, 2024), https://dialogos.org.gt/wp-content/uploads/2024/09/Documentos-de-corrupcion-sistemica-y-redes-patronales-Dialogos-Guatemala.pdf.
[12] Alina Mungiu-Pippidi y Michael Johnston, Transitions to good governance: Creating virtuous circles of anti-corruption (Edward Elgar Publishing, 2017), 5.
[13] Mungiu-Pippidi y Johnston, Transitions to good governance.
[14] Mungiu-Pippidi y Johnston.
[15] Matthew C. Stephenson, “Corruption as a self-reinforcing trap: Implications for reform strategy”, The World Bank Research Observer 35, núm. 2 (2020): 192–226.
[17] Johnston y Fritzen, The Conundrum of Corruption.
[18] Alexander Kupatadze, “Georgia: breaking out of a vicious circle”, en Transitions to Good Governance (Edward Elgar Publishing, 2017), 80–101.
[19] Della Porta y Vannucci, The Hidden Order of Corruption: An Institutional Approach.
[20] Ezequiel A. Gonzalez-Ocantos et al., Prosecutors, Voters and The Criminalization of Corruption in Latin America: The Case of Lava Jato (Cambridge University Press, 2023).
[21] Bruce M. Wilson y Evelyn Villarreal, “Chapter 8: Costa Rica: Tipping Points and an Incomplete Journey”, en Transitions to Good Governance: Creating Virtuous Cycles of Anti-Corruption, ed. Alina Mungiu-Pippidi y Michael Johnston, 2017.
[22] Michael Johnston, Corruption, contention and reform: The power of deep democratization (Cambridge University Press, 2014); Johnston y Fritzen, The Conundrum of Corruption.
[23] Della Porta y Vannucci, The hidden order of corruption: An institutional approach.
[24] Yuen Yuen Ang, China’s gilded age: The paradox of economic boom and vast corruption (Cambridge University Press, 2020).
[25] Johnston, Corruption, contention and reform, 16–17.
[30] Johnston, 47–48.
[31] Fuente: Adaptado de Johnston 2014.
[32] Alina Mungiu-Pippidi, “The quest for good governance: Learning from virtuous circles”, Journal of Democracy 27, núm. 1 (2016): 95–109.
[33] Haering y Gutiérrez Aiza, “Una aproximación a la corrupción sistémica en Guatemala”.
[34] Carlos Mendoza, “Hacia una agenda integral anticorrupción – Diálogos” (Asociación Civil Diálogos, 2021), https://dialogos.org.gt/hacia-una-agenda-integral-anticorrupcion/.
