Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), anualmente mueren por suicidio unas 700 mil personas en todo el planeta. Se calcula que por cada persona que se suicida, hubo otras 20 que lo intentaron.
La base de datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre defunciones da cuenta de más de 10 mil suicidios en los últimos 35 años. Es decir, unas 312 personas decidieron quitarse la vida anualmente en Guatemala, desde 1986 hasta 2019, según las boletas de defunción que procesan los registros civiles (antes en las municipalidades, y desde 2006 en el Registro Nacional de las Personas -RENAP-).
Por cada mujer que se suicida, tres hombres también lo hacen. Por eso el 75% del total de fallecidos son hombres y el 25% son mujeres. Respecto a la edad, en el caso de las mujeres el grupo más vulnerable son las de 15-19 años (32%), mientras que en el caso de los hombres son los de 20-24 años (20%).
La tasa cruda de suicidios por cada 100 mil habitantes ha oscilado entre 1.5 y 3.8, registrándose ese máximo el año 2019. Los años con mayor tasa habían sido 2008-09 con 3.7 por 100 mil. No obstante, cuando se desagrega por sexo, la de hombres ha tenido un mínimo de 2.4 y un máximo de 5.9, mientras que para las mujeres han sido 0.4 y 2.1, respectivamente. Estas son tasas crudas, es decir, sin estandarizar por edad, pues utilizan como denominador la población estimada o proyectada para cada año (sin tomar en cuenta cambios en la estructura poblacional a lo largo del tiempo).
A nivel mundial (OMS, 2021), las tasas estandarizadas por edad para 2019 fueron las siguientes: 9 por 100 mil para toda la población, pero para hombres fue 12.6 y para mujeres fue 5.4 por 100 mil.[1] Para el caso de Guatemala, la OMS decidió no utilizar los datos reportados por el INE (1998-2017) en sus Estimados de Salud Global 2019 (GHE, por sus siglas en inglés), a pesar de que se consideró la calidad de los mismo como “media”. Se estableció que el patrón sobre las causas de muerte que reflejan los datos no es plausible.[2] Por lo tanto, la OMS hizo sus propias estimaciones para Guatemala, estableciendo que para 2019 los datos de suicidios en el país serían los siguientes:
Fuente: WHO (2021), Suicide worldwide in 2019. Global Health Estimates, p.19.
Por lo tanto, a pesar de los ajustes al alza de las cantidades brutas, pues el INE reportó 483 suicidios de hombres y 156 de mujeres para 2019 (según códigos X60-X84 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª edición, CIE-10), se puede afirmar que las tasas para la población guatemalteca son menores a las mundiales.[3]
Independiente de la llamada de atención sobre la calidad de los datos que hace la OMS, la tendencia de los registros de las defunciones por suicidio en Guatemala reflejan una preocupante tendencia al alza, como se muestra en el siguiente gráfico que muestra las tasas crudas de 1986 a 2019, desagregadas por sexo. Básicamente, la tasa de hombres no ha dejado de incrementarse desde su mínimo observado en 1996. El mínimo de mujeres se observó en 1994 y, desde entonces, tampoco ha dejado de aumentar.
Sobre las estadísticas de “intentos de suicidios” hay escasa información, aunque la Policía Nacional Civil (PNC) sí tiene casos anuales indicando sexo y edad de la persona, método utilizado y lugar de ocurrencia (municipio y departamento). Por ejemplo, entre 2016-2020, la PNC reportó 145 intentos de hombres y 59 de mujeres, dato que es consistente con la relación entre sexos (2.5 a 1). Seguramente el subregistro es alto, tanto de muertes como de intentos, debido al estigma social asociado, por lo que las familias lo consideran como un tema tabú y no lo reportan a las autoridades.
La otra fuente que se esperaría que fuera muy relevante para comprender mejor el fenómeno sería el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), por su capacidad científica para esclarecer las causas de muerte. Sin embargo, el INACIF tiene como política no distinguir entre suicidios y homicidios. Ambos tipos de muerte violenta son considerados como “asociados a hechos criminales -en investigación-”. Por lo tanto, sus reportes de necropsias realizadas no nos permiten saber si una muerte debida a la “asfixia por suspensión” fue realmente por “lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación” (código X70 del CIE-10) o por “agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación” (código X91). Peor aún, sus reportes consolidados sobre necropsias por edades quinquenales sólo aumentan la confusión, pues en ellos sí se utilizan los códigos del CIE-10, pero de manera errónea. Por ejemplo, para esas “asfixias por suspensión -ahorcadura-” usan el código T71.1 que significa “asfixia por otras consecuencias de causas externas,” es decir, ese código no corresponde a la agresión, ni a una lesión autoinfligida
Por un lado, es cierto que el INACIF enfrenta una gran limitación al no acudir sus forenses a la escena del crimen por disposición legal, donde el contexto puede ayudar a clarificar si fue homicidio o suicidio. Por ejemplo, en el caso de una muerte debida a una “herida producida por proyectil de arma de fuego” en el cráneo. Por otro lado, es cierto que el INACIF tiene el conocimiento y la experiencia para esclarecer los hechos antes que se dediquen valiosos recursos de la investigación criminal a un evento que tiene altas probabilidades de no ser una agresión de parte de otra persona a la que se le deba perseguir penalmente.
En 2020, INACIF reportó 379 muertes de hombres por ahorcamiento, y 92 muertes de mujeres. La PNC reportó para ese mismo año el “suicidio por asfixia” de 284 hombres y 66 mujeres, aunque no especificó el tipo de asfixia, como sí lo hace el INACIF: por ligadura de cuello, por suspensión -ahorcamiento-, estrangulación, sofocación, sumersión, confinamiento y por compresión toraco abdominal, como se muestra en la siguiente tabla.
Fuente: INACIF (2021), disponible en Internet: https://inacif.gob.gt/docs/estadisticas/anual/AnualQM2020.pdf
En general, los suicidios son poco estudiados en Guatemala y, por lo tanto, es muy arriesgado especular sobre sus causas desde la perspectiva sociológica, para iluminar políticas públicas de prevención. Están más claras las causas desde el punto de vista de la salud mental, que es el campo de la psicología y la psiquiatría. Sin embargo, en esta área el estado guatemalteco hace muy poco, o casi nada. Por lo que quedan en el ámbito privado las opciones, y muy pocas personas tienen el tiempo y los recursos económicos para tener acceso a servicios profesionales.
