Bastantes veces hemos llegado a la conclusión de que muchos de los males son culpa de los abogados y las abogadas. Que el diseño legal les favorece y les confiere muchísimo poder en la toma de decisiones que resultan siendo nefastas. Ahora es un buen momento para hablar de esa cuota de poder, porque están por elegir a casi una tercera parte de los comisionados que van a decidir quiénes podrían ser nuestros próximos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Es decir, abogados eligiendo más abogados. Ante esto surgen muchas preguntas: ¿Por qué esto “funciona” así? ¿Por qué se sigue haciendo si ha salido bastante mal? ¿Será posible que la totalidad de profesionales del derecho se presten a las prácticas cuestionables y clientelares que surgen alrededor de estos procesos?
¿Por qué funciona así?
En Guatemala funciona un modelo de Comisiones de Postulación para la elección de diversos puestos que requieren de amplias garantías de independencia en su actuar. Ese es el caso de Director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), Fiscal General del Ministerio Público (MP), Contralor General de Cuentas (CGC), magistraturas de Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistraturas de Cortes de Apelaciones (CA), entre otros.
Las Comisiones de Postulación son órganos conformados por personas representantes de sectores académicos, profesionales y gremiales, encargadas de proponer aspirantes a los entes encargados de la elección de personal para instituciones importantes en la estructura y organización del Estado. Esto supone que las Comisiones de Postulación, por su integración diversa, deberían de implicar una instancia en el proceso de elección que califica y garantiza la calidad académica, profesional y personal de quien resulte elegible. Sin embargo, como se discutirá más adelante, esto no sucede así en la realidad.
Bajo estas reglas, durante los próximos meses se llevará a cabo el proceso de postulación para elegir magistraturas de CSJ y Cortes de Apelaciones. Se trata de dos Comisiones diferentes, que actúan paralelamente, y que tienen la enorme responsabilidad de elegir a las máximas autoridades de uno de los poderes del Estado (el judicial), el cual, cabe resaltar, tiene potestades fundamentales para el orden democrático. En estos cargos, se puede decidir sobre la libertad de las personas, se puede contribuir a perpetuar la impunidad, se puede decidir retirar (o no) la inmunidad de funcionarios públicos, se puede hacer mucho, y se toman grandes decisiones como la de limitar (o consentir) abusos de poder.
Conforme al diseño normativo, las dos Comisiones de Postulación mencionadas, se conformarán en 2024, cada una, por 37 personas de las siguientes procedencias:
- 1 rector de las Universidades del país, quien la preside (ya se eligió al rector de la Universidad Rafael Landívar para la Comisión de CSJ y al rector de la Universidad InterNaciones para la Comisión de CA)
- 12 decanos de las 12 facultades de derecho que existen en el país (que son los únicos que actúan en ambas Comisiones)
- 12 representantes de magistrados (para el caso de la Comisión de CA deben ser magistrados de la CSJ, y para el caso de la Comisión de CSJ deben ser 12 magistrados de Apelaciones, que también ya fueron electos)
- 12 representantes electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Estos últimos son los más importantes para responder a las próximas preguntas. Y se ha convocado para elegirlos en el CANG el próximo viernes 21 de junio de 2024. Lo cual es una cuestión sumamente relevante si se considera que, por ley, las decisiones dentro de las Comisiones de Postulación deben tomarse por sus dos terceras partes.
¿Por qué se sigue haciendo si ha salido bastante mal?
Primero, es importante hablar de elementos reveladores que permiten entender que, en efecto, el modelo no está funcionando como prometía y que, probablemente, hay enormes incentivos perversos para perpetuar esta situación. Según informes publicados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en las Comisiones de Postulación: “hay espacios discrecionales que han sido aprovechados por actores interesados, como el gobierno y sus funcionarios a título individual, el sector privado y otros poderes fácticos, incluyendo el crimen organizado. Así, se ha tergiversado el diseño constitucional del control cruzado, de pesos y contrapesos, convirtiendo la elección de funcionarios en un sistema clientelar”.
También hay que hablar de grandes casos de corrupción. Particularmente, de “Comisiones Paralelas” y “Comisiones Paralelas 2020”, que fueron investigados y judicializados por la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) liderada por el exfiscal Juan Francisco Sandoval. Ambos casos dan cuenta de estas prácticas clientelares que señala la CICIG en su informe. Y, específicamente, el de “Comisiones Paralelas 2020” puso en perspectiva la gravedad de las implicaciones que pueden enfrentarse ante esta problemática estructural. Esto porque, como es sabido, la elección de magistrados que debió hacerse en octubre de 2019, se terminó haciendo en noviembre de 2023 y repercutió en que, contrario a lo que establece la Constitución, los magistrados estuvieran en sus cargos por más de 9 años y salieran de ahí con indemnizaciones millonarias.
Finalmente, corresponde abordar las soluciones. Para esto hay que recalcar que el modelo de Comisiones de Postulación se fundamenta en la Constitución, que establece que los magistrados deben ser electos por el Congreso para un período de 5 años, a partir de una nómina de candidatos propuesta por una Comisión de Postulación integrada de la forma que se explicó en la pregunta anterior.
Entonces, buenas prácticas como contar con comisionados comprometidos con la designación objetiva y meritocrática de magistrados y participar en la auditoría social del proceso, son importantes y pueden propiciar cambios. También es oportuno proponer y aprobar reformas a la Ley de Comisiones de Postulación. Pero, necesariamente, se debe tener en cuenta que, inevitablemente, el cambio profundo es indispensable a largo plazo.
En eso último concentró sus esfuerzos la CICIG. Y ha sido materia de amplia reflexión para el equipo anticorrupción de Diálogos, que propone una “Agenda Integral Anticorrupción”, en la que se considera que, en materia de reformas, “el proceso de construir (y gastar) capital político no se realiza de manera automática. Requiere de trabajo, de legitimidad y popularidad y de una labor de presión y convencimiento que precisa de tiempo”. Por ello, plantea tres etapas en el proceso de implementación de una política integral anticorrupción (que contempla, necesariamente una reforma de justicia que incluya repensar el modelo de Comisiones de Postulación): cambios tempranos, etapa intermedia y reforma profunda.
El planteamiento de la Agenda, como puede verse, corresponde con lo que se adelantaba en párrafos anteriores. Y, si bien no es la solución definitiva, adelanta un abordaje integral y estratégico, sobre el cual se debe continuar trabajando, y que puede asegurar efectividad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo.
¿Culpables?
En primera instancia, hay que decir que, conforme a la ley, las y los abogados (y profesionales de carreras afines que también se colegian en el CANG) eligen a sus representantes dentro de las Comisiones de Postulación mediante el método de representación proporcional de minorías. Al respecto, es oportuno analizar algunos datos que dan cuenta de la baja participación de las personas agremiadas en anteriores elecciones.
En 2014, cuando también se eligieron representantes para Comisiones de Postulación, se inscribieron 4 planillas, votaron únicamente 7362 personas agremiadas y resultaron electas las siguientes:
Tabla 1: Representantes electos por el CANG en 2014. Elaboración propia.
En 2019, para la misma elección, se inscribieron 11 planillas, votaron solamente 10589 personas agremiadas y resultaron electas las siguientes:
Tabla 2: Representantes electos por el CANG en 2019. Elaboración propia.
Para 2024, se tiene registro de más de 40 mil personas agremiadas y fueron inscritas 10 planillas. Una amplia participación de votantes podría significar grandes cambios y garantizaría, al menos, que estas decisiones sean tomadas por una parte verdaderamente representativa de agremiadas y agremiados.
Llegar a esta reflexión no trata sobre buscar culpables, pero sí de recalcar la responsabilidad histórica que tienen las y los buenos profesionales este 21 de junio de participar. Y de recordar que ser abogado es, esencialmente, ser auxiliar de la justicia. Hay que entender que precisamente eso es lo que está en juego. La elección de comisionados que propicien la designación de magistrados y magistradas que trabajen por una justicia accesible e independiente que fortalezca el Estado de Derecho.
Se sabe, porque consta, que hay muchas abogadas y abogados capaces e independientes, que no se prestan a prácticas clientelares o cuestionables de ningún tipo. A ellas y ellos, se les recuerda que su Código de Ética establece el deber de “luchar por todos los medios lícitos porque el nombramiento o elección de jueces y funcionarios del Organismo Judicial, o de otros Organismos del Estado, recaiga en personas de capacidad y honorabilidad comprobadas”.
Finalmente, a toda persona agremiada, es propicio recordarle lo que se establece con respecto a que “en todo caso, cuando por razones legales intervenga en elecciones para designar a tales funcionarios, debe tomar en cuenta la aptitud y honorabilidad del candidato para el cargo, y no dejarse llevar por consideraciones políticas, intereses personales o de otra índole”.
