La vacunación en Guatemala se ha caracterizado por un alarmante retraso en la adquisición y aplicación de vacunas contra la COVID-19; el proceso de vacunación no solo exige una correcta planificación, sino también de un análisis diferenciado entre las problemáticas territoriales, en las distintas áreas y centros de salud del país, además del abordaje distintivo entre las realidades urbanas y rurales en un país marcado por una gran diversidad étnica y cultural
Mientras en la región centroamericana en países como Costa Rica se recibía el primer lote de vacunas el 24 de diciembre del 2020, Guatemala no contaba con un marco normativo con el cual iniciar negociaciones con las farmacéuticas; fue recién a finales de enero del 2021 que se aprobó el Decreto 1-2021 que facultaba el presupuesto y mecanismo para realizar compras directas de las vacunas. Previo a esto, el país tenía tan solo asegurado el 20% de inmunizaciones contra la COVID-19 para la población guatemalteca, a través del mecanismo global COVAX (adherido desde agosto del 2020); sin embargo, no existía en ese momento claridad sobre la llegada de las vacunas.
Asimismo, el retraso en el diseño del Plan Nacional de Vacunación (dividido en cuatro grandes fases), durante los primeros meses del 2021, develó los desafíos inherentes del sistema de salud pública para identificar a los grupos prioritarios y disponer de una estrategia técnica y operativa. Pese a que sí hubo en la elaboración del Plan una colaboración intersectorial con la creación de un comité técnico-estratégico integrado por ochos grupos de trabajo y, por tanto, se generó una gobernanza multinivel, también es cierto que con la salida repentina de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, el modelo se puso a prueba.
Guatemala inició su proceso de vacunación en la última semana de febrero con una donación de Israel de 5 mil dosis de vacunas y otras 200 mil de la India. Por otra parte, con un mes de retraso, el 11 de marzo llegaron al país 81 mil 600 dosis en un primer lote de vacunas de la empresa AstraZeneca, a través del mecanismo COVAX.
Según el tablero del Ministerio de Salud, de la última semana de febrero al 11 de abril del 2021, se ha vacunado con la primera dosis a alrededor de 137 mil personas, equivalente al 0.8% de la población. Al igual que en otros países, el problema de la vacunación no solo radica en la disponibilidad de vacunas sino, también, en la capacidad del sistema de salud pública para implementar el plan de vacunación.
El sistema público guatemalteco carece de registros administrativos confiables y oportunos. Por ejemplo, no existe un censo de empleados públicos ni tampoco un registro de personas con enfermedades crónicas actualizadas. En ese sentido, las estimaciones poblacionales para cada una de las cuatro fases previstas del Plan Nacional de Vacunación resultan siendo aproximaciones, en muchos casos, sin fundamentos reales. Lo anterior repercute en la planificación pues, al desconocerse la cantidad de personas en los grupos prioritarios, no es posible calcular el número de dosis requeridas y, por lo tanto, el tiempo estimado para lograr una cobertura efectiva.
Un ejemplo de la situación antes descrita se observa en la implementación de la Fase 1 del Plan. Para este primer grupo se seleccionaron a las y los trabajadores de establecimientos de salud. Para ello, la Fase 1 se encuentra dividida en seis sub-fases con distintos grupos priorizados. Según la información obtenida por la iniciativa ciudadana Labdedatosgt, a través de solicitudes de acceso a la información pública al Ministerio de Salud, con datos actualizados al 22 de marzo del 2021, se vacunó a un total de 69,194 personas.
Imagen 1. Fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19
Fuente: imagen obtenida del Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicado el 5 de febrero del 2020.
La Gráfica 1 muestra la proporción de personas vacunadas para cada sub-fase. A partir de estos datos se destaca la alta proporción de vacunados en la sub-fase 1b, equivalente a un 64% sobre el total de vacunados en la Fase 1. Resulta interesante notar que esta sub-fase se encuentra conformada por trabajadores de establecimientos de salud asistencial que no fueron incluidos en la sub-fase 1a y trabajadores a nivel comunitario, tales como: comadronas, promotores/as voluntarios/as y terapeutas mayas. Por tanto, representa un grupo prioritario amplio y bastante heterogéneo.
El siguiente grupo con más personal vacunado fue la sub-fase 1f, conformada por trabajadores de la salud en áreas administrativas, el cual representa hasta un 19% sobre el total. Por otro lado, las y los trabajadores de salud que atienden pacientes COVID-19, identificadas/os en la sub-fase 1a como personal de primera línea, conforman el tercer grupo con más personal vacunado, con un total de 8,553 (12%). Sobre este último, según el Plan Nacional de Vacunación, se calculaban alrededor de 29 mil trabajadoras/es en primera línea a nivel nacional. Sin embargo, la cifra registrada en el Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA) es bastante inferior a esa proyección, lo cual podría ser resultado de dos cosas: un subregistro del personal en primera línea o su registro en otras sub-fases (como la sub-fase 1b). Las últimas fases con menor proporción corresponden a: estudiantes de ciencias de la salud, cuerpos de socorro y personas internadas en hogares y asilos; en esta última, se registró, hasta la fecha, a tan solo 54 personas.
Gráfica 1. Personal de salud vacunado en la Fase 1 al 22 de marzo del 2021
Fuente: elaboración propia con datos del SIGSA del MSPAS, obtenidos a través de Labdatosgt.
A partir de este ejercicio preliminar (la Fase 1 todavía no ha terminado), se observa la ambigüedad con la se han definido los criterios de priorización para cada sub-fase. En la práctica, esto ha ocasionado una expansión en la inclusión de varios profesionales de la salud, por ejemplo, psicólogos/as y nutricionistas. Aún cuando la primera fase representa un universo controlado, de profesionales y personal de la salud, la inexactitud del tamaño poblacional a nivel nacional no permite dimensionar, en primer lugar, el grado de efectividad con la que se ha llegado al grupo prioritario y, en segundo lugar, la tasa de rechazo que se ha generado hacia la vacuna, por citar algunos ejemplos.
En la Fase 2 se inició la vacunación de los adultos mayores y personas con alguna condición y/o padecimientos médicos. Este grupo prioritario es el más vulnerable frente a la COVID-19 y requiere de estrategias diferenciadas, desde una mirada integral, haciendo hincapié en la prestación de servicios de la red hospitalaria.
Sin embargo, es necesario hacer notar que el proceso de vacunación no sólo exige una correcta planificación respecto al número estimado de personas por cada fase y sub-fase sino también de un análisis, diferenciado, entre las problemáticas territoriales en las distintas áreas y centros de salud del país además del abordaje distintivo entre las realidades urbanas y rurales, en un país marcado por una gran diversidad étnica y cultural. Desde esta aproximación, sería un error caer en una homogeneización o una perspectiva exclusivamente macro. Asimismo, tampoco sería adecuado atender a una sola problemática.
El proceso de vacunación puede ser visto como un problema complejo y enmarañado que exige a las sociedades repensar sus modelos de políticas públicas. Aún cuando está claro que la principal responsabilidad recae en las autoridades de salud pública de cada país, la búsqueda de respuestas viables, factibles y legítimas requerirá de alianzas entre diversos actores, públicos y no públicos, tradicionales y emergentes.
En el marco del proyecto Colabora.Lat, se han empezado a analizar los efectos generados de la gobernanza colaborativa, o su ausencia, en las experiencias en América Latina. En un estudio comparativo en 18 países se muestra que, a más gobernanza colaborativa, menor fue la cantidad de muertes por COVID-19, en los primeros meses de la pandemia. Este estudio, próximo a publicarse, arroja luz sobre la importancia de la colaboración en varios niveles para el manejo de la pandemia.
A modo de reflexión, Guatemala deberá pasar de un enfoque basado en la exclusividad del tomador de decisión hacia la construcción colectiva de nuevas propuestas para mejorar el proceso de vacunación en el país. Es fundamental acelerar el acceso a la vacuna de forma gratuita y equitativa, priorizando a la población más vulnerable. Alcanzar esto ya no solo es una decisión de voluntad política sino una obligación colectiva de todas y todos.
NOTA: Este artículo fue publicado en Colabora.lat (https://colabora.lat/) el 23 de abril de 2021.
