En tiempos de crisis política, como los que vivimos ahora en Guatemala, hasta la más mínima crítica hacia la administración de gobierno genera reacciones inesperadas. Contrario a lo que generalmente se afirma, de que la piel de los funcionarios se desensibiliza ante los reclamos ciudadanos, parece que actualmente ellos se encuentran con hipersensibilidad. Todo les parece agresiones injustificadas. Dicen que la polarización política no les deja trabajar, y que hay que separar lo técnico del ruido político. Así pretenden obviar el hecho que fueron las torpes decisiones del mismo Presidente de la República, en defensa de sus intereses personales, las que contribuyeron “a envenenar” el debate sobre las políticas públicas. Un debate urgente y necesario.
Desde que dejé el Ministerio de Finanzas, donde trabajé como servidor público de abril 2016 a septiembre 2017, retomé la investigación sobre el problema de la violencia homicida en Guatemala. Con los colegas de la Asociación Civil Diálogos, gracias al apoyo financiero de Open Society Foundations-OSF, lanzamos el Observatorio sobre la Violencia Homicida en Guatemala. Como parte de las funciones del Observatorio están el seguimiento continuo de las cifras de violencia, algo que ya he venido haciendo desde hace varios años, y el análisis de las políticas públicas de seguridad ciudadana y para la prevención del delito. Como parte de la sociedad civil, el Observatorio juega un papel importante en la fiscalización de dichas políticas, no sólo desde la perspectiva financiera de su eficiencia (costo-beneficio), sino también desde la de eficacia (obtención de resultados). Pero como no queremos quedarnos únicamente como observadores pasivos o en la crítica de lo que no funciona correctamente, también buscamos recursos adicionales para aportar por medio de propuestas técnicas, basadas en la evidencia disponible.
No obstante, ofrecer asistencia técnica a las contrapartes gubernamentales tiene sus riesgos. Generalmente, los fondos provienen de la cooperación internacional, pero sin el visto bueno de los funcionarios de turno no es posible trabajar. Aquí es precisamente el punto delicado en el cual la hipersensibilidad de estos días hace su aparición y destruye los planes elaborados cuidadosamente durante meses previos para la colaboración técnica con el gobierno. En nuestro caso, las críticas públicas sobre varias ideas y acciones del Ministerio de Gobernación no han gustado para nada. Nos perciben como oposición política y por eso mismo han pedido a los cooperantes que se cancele todo proyecto de asistencia técnica. Lo paradójico es que dicha asistencia era precisamente para ayudarles a alcanzar sus objetivos de política de la manera más eficiente posible, con indicadores apropiados, y con conocimientos actualizados que tanta falta les hacen a nuestros funcionarios de nivel medio y también a los tomadores de decisiones.
Desde el inicio de la administración del ministro Enrique Degenhart, he llamado la atención sobre algunas de sus propuestas de “mano dura” o populismo punitivo, estilo la declaración legal de los integrantes de las pandillas como terroristas, o la militarización de la seguridad interna, en momentos en los que el Ejército estaba a punto de retirarse de las calles. En persona le advertí al viceministro de seguridad que dichas medidas habían tenido efectos contrarios a los esperados tanto en Honduras como en El Salvador. La violencia homicida en ambos países vecinos empeoró. A partir de ese momento, se me dejó de ver como aliado en el quehacer del MINGOB y se empezó a pedir a otros funcionarios de alto nivel que dejaran de trabajar con el apoyo de mi persona.
Sin embargo, lo que más ha molestado al ministro es el hecho que yo haya solicitado por la vía de la Unidad de Acceso a la Información Pública del MINGOB su agenda de trabajo en su reciente visita a Washington DC, en abril del 2018, en la cual fue acompañado por el Presidente del Congreso de la República, Álvaro Arzú Escobar. Visita en la que se especula, por la relación de Degenhart con el difunto Arzú Irigoyen, fueron a hacer lobby político en contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG.
Todo ciudadano guatemalteco tiene el derecho constitucional a conocer y estar informado sobre cada uno de los actos de la administración del Estado, que por principio son públicos (artículo 30 de la Constitución Política de la República). La única excepción que contempla la norma constitucional son los asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional. La Ley de Acceso a la Información Pública (decreto 57-2008, mejor conocida como LAIP) define la “seguridad nacional” en su artículo noveno, numeral nueve: “Son todos aquellos asuntos que son parte de la política del Estado para preservar la integridad física de la nación y de su territorio a fin de proteger todos los elementos que conforman el Estado, de cualquier agresión producida por grupos extranjeros o nacionales beligerantes, y aquellos que se refieren a la sobrevivencia del Estado-Nación frente a otros Estados.” Este es el argumento por el cual se me negó el acceso a la información sobre la agenda del ministro en Washington, DC: la misma es considerada como asunto de seguridad nacional.
“Por ello, el día de hoy (miércoles, 30 de mayo de 2018) he promovido ante la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo. La misma es en contra del Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, por resolver de forma arbitraria el recurso de revisión que le fue presentado por mi persona el 27 de abril de 2018″
No obstante, hay una grave omisión en el argumento legal del MINGOB. La LAIP, en su capítulo quinto, únicamente contempla dos tipos de información a los cuales se les pone límite al derecho de acceso: la información confidencial y la reservada. La información relacionada con asuntos militares o diplomáticos clasificados como de seguridad nacional cae dentro de la última categoría (artículo 23). Pero no basta decir que algo es considerado como asunto de “seguridad nacional” para que sea efectivamente catalogado como información reservada. El artículo 25 de la LAIP establece un procedimiento que debe ser aplicado: “La clasificación de información reservada se hará mediante resolución de la máxima autoridad del sujeto obligado, la que debe ser publicada en el Diario Oficial”. Evidentemente, esto no se hizo por parte del MINGOB porque no consta en ninguna de las dos resoluciones que me enviaron, en las cuales declaraban improcedente publicar la agenda solicitada.
Por ello, el día de hoy (miércoles, 30 de mayo de 2018) he promovido ante la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo. La misma es en contra del Ministro de Gobernación, Enrique Antonio Degenhart Asturias, por resolver de forma arbitraria el recurso de revisión que le fue presentado por mi persona el 27 de abril de 2018. La respuesta negativa del ministro para entregar la información solicitada ha generado, según mi criterio y el de los abogados que me asesoran, una clara violación a mi derecho constitucional de acceso a la información pública.
Este derecho de acceso, por solicitar exactamente la misma información, le fue vulnerado al vespertino La Hora, que lo denunció públicamente el 24 de mayo recién pasado. De igual manera, otras entidades del Organismo Ejecutivo se han negado a proveer información pública, como el Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso del viaje presidencial a Israel. De tal forma que esta acción de amparo no debe ser interpretada como un asunto meramente personal, pues es un tema de principios fundamentales para la democracia y el Estado de Derecho. Todos nos vemos afectados cuando no hay transparencia ni rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, quienes deben estar al servicio de la población y no de intereses personales, gremiales o sectoriales, en este caso definidos por una crisis política-institucional provocada por ellos mismos.
