Una característica de la autocracia electoral guatemalteca: la exclusión de personas jóvenes

Por Marco Robbles
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La democracia es más que un ritual periódico de asistencia a las urnas para depositar un voto que le delega la soberanía popular a la autoridad electa. Es decir, es más que un método de agregación de las preferencias para legitimar dicha autoridad, lo que le facilita la gobernabilidad o la debida obediencia por parte de la población. La democracia también implica igualdad de derechos, y una progresiva expansión de estos a favor de los grupos antes excluidos. Por ejemplo, en Guatemala, fue hasta la Primavera Democrática, facilitada por la Revolución de octubre de 1944, que las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1950, aunque sólo aquellas que sabían leer y escribir. Eso explica que el padrón haya crecido extraordinariamente en 88% ese año.

El porcentaje de personas adultas que tienen derecho al voto es uno de los indicadores básicos sobre la inclusión política. La Constitución Política de la República de Guatemala claramente indica que, para gozar de los derechos políticos, como los de elegir y ser electo, lo único que se necesita es ser guatemalteco/a mayor de 18 años. Sin embargo, para evitar el fraude electoral por medio de identificaciones falsas emitidas por los alcaldes, quienes antes controlaban los registros civiles y además tenían los incentivos para falsificarlas, los constituyentes incluyeron el requisito administrativo de la inscripción en el registro de ciudadanos, procedimiento que denominamos empadronamiento.

En 2005 con la creación  del Registro Nacional de las Personas (RENAP), y la modernización del documento de identificación personal (DPI), que ahora llena los requisitos mínimos de seguridad, el empadronamiento se ha convertido en una barrera burocrática para la inclusión política de más personas. La diferencia que observaremos este año electoral entre el registro de las personas, controlado por RENAP, y el registro de ciudadanos, controlado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), será de aproximadamente el 20 por ciento. Es decir, 1 de cada 5 personas que claramente son identificadas como guatemaltecas adultas NO podrá ejercer el derecho al voto que la Constitución les otorga, por causa de un requisito administrativo que el Estado no ha sido capaz de agilizar, automatizar o replantear.

Lo más dramático de esta exclusión política es que afecta principalmente a las personas adultas que son más jóvenes, es decir, a la población que está entre los 18-25 años. Aproximadamente, la mitad de esta población quedó  fuera del padrón, siendo quienes más sufrirán las consecuencias de las decisiones políticas de hoy, pues condicionan  el futuro a largo plazo. Decisiones políticas que, por ejemplo, definirán las oportunidades de educación y empleo con las que contarán. Las cuales, si seguimos en la trayectoria actual, podrían expulsarlos del país en el muy corto plazo.

El empadronamiento no es sólo una barrera legal, que requiere cambios a la ley electoral (artículo 3) y a la misma Constitución (artículo 136), sino también es una herramienta de exclusión que puede ser usada de manera deliberada por aquellos políticos que intentan controlar a las autoridades electorales con el intercambio de favores. Los magistrados del TSE son quienes, por medio del departamento para la inscripción de ciudadanos y la elaboración de padrones, pueden decidir de manera arbitraria sí empadronan o no, a quiénes, dónde, y cuándo lo hacen.

Aunque se ha estudiado muy poco por qué  las personas jóvenes son las más subrepresentadas en el padrón,la justificación del TSE consiste en culpabilizar a las víctimas. Dice que son las personas jóvenes quienes demuestran falta de interés en el cumplimiento de sus deberes cívicos y políticos. Lo cual asume información previa sobre dichas obligaciones, pero esto es un supuesto inexistente. Hay quienes ven lógico que  las personas jóvenes quieran prescindir del sistema político, dada la falta de confianza en el mismo, debido al desprestigio de las mismas autoridades electorales, pero especialmente por el repudio hacia la clase política. Sin embargo, eso no lo explicaría todo.

Otra excusa del TSE para no implementar cambios que promuevan la inclusión política, como la inscripción automática en el padrón, es puramente formalista.  Dicen que, al ser un derecho, eso sería una imposición indebida sobre las personas. No terminan de entender que el derecho al voto podrá ser ejercido o no, el día de las elecciones, pero para tener esa opción es absolutamente necesario estar en el padrón. En cambio, deberían de tener claro que sí es obligación del Estado garantizar los derechos. La inscripción automática siempre puede contemplar la opción de salida voluntaria. De esta manera, cambiar la opción predeterminada de estar fuera al cumplir 18 años por la de estar dentro, no afectaría la libertad individual y garantiza otros derechos igual de importantes.

Cuando se le pregunta a personas jóvenes no empadronadas, sus principales explicaciones son dos: falta de tiempo o de información sobre cómo y dónde hacerlo.[1] Ambas razones señalan de vuelta al TSE por omisión o, incluso negligencia, porque no facilita el acceso para la realización del trámite. Al respecto, hemos documentado varias falencias durante los últimos nueve meses, al dar seguimiento diario a la tendencia sobre el crecimiento del padrón.

Por ejemplo, a pesar de contar con suficientes recursos humanos y financieros, hubo varios días festivos en los cuales el TSE simplemente NO empadronó, justo cuando debía aprovechar que las personas tenían más tiempo para acercarse a los puestos de inscripción, generalmente ubicados sólo a conveniencia del TSE y no pensando en buscar a los jóvenes. El TSE también tardó mucho en publicitar las tres modalidades que implementó para el empadronamiento. Cuando lo hizo fue demasiado tarde y fue un esfuerzo insuficiente respecto a la magnitud del desafío. Por ejemplo, el promedio de inscripción diaria no superaba las tres mil personas, cuando era claro que para cerrar la brecha debía inscribirse a más de 15 mil. Es decir, el TSE sabía que debía multiplicar por cinco su esfuerzo, pero prefirió seguir haciendo las cosas de la misma manera. Incluso, se subutilizó la herramienta de inscripción en línea, pues durante cuatro meses sólo se inscribieron unas mil 500 personas por esa vía, según reportes del mismo TSE.

Algunos observadores externos de la realidad nacional piensan que la no inclusión de las personas más jóvenes en el padrón se debió a un temor infundado sobre las preferencias políticas de dicho grupo. Posiblemente, dicen, quienes podrían ejercer algún tipo de influencia sobre las autoridades electorales temían que una reconfiguración drástica del padrón les afectase negativamente el día de las elecciones. Asumiendo así que los jóvenes tienden a ser más progresistas, es decir, son más favorables a desafiar el statu quo. Ciertamente, la estructura poblacional del padrón no varió mucho respecto a 2019. Pero tampoco se sabe con suficiente certeza sobre lo que la juventud desea, específicamente, si procuran el cambio social, ni la dirección que quisieran darle.

Si bien la única Encuesta Nacional de Juventud realizada en 2011 nos revela que los jóvenes no tienden a pensar de la misma manera que sus padres en temas importantes como el sexo (37%) y la política (34%), los desacuerdos son menores en cuanto a la moralidad y la educación de los hijos (12%) o la familia (9%).[2] Esa generación de jóvenes, que ahora ya tienen entre 27-41 años, mostraba mayor inclinación hacia la participación en grupos religiosos (46%), que en organizaciones comunitarias (27%) o en partidos políticos (8%). Posiblemente, por esa razón, uno de los grupos que menos participó en las elecciones de 2019 fue el de 26-35 años (hoy tienen 30-39). Su asistencia en primera vuelta fue del 58%, mientras que en segunda vuelta bajó a un 37%, en contraste con los porcentajes nacionales de 62% y 42%, respectivamente.[3]

DATOS

Finalmente, la configuración del padrón electoral para la próximas elecciones generales del 25 de junio de 2023 es la siguiente, aunque todavía hace falta un último proceso de depuración:

Según datos publicados por el TSE al 26 de marzo, un día después del cierre del padrón, la cantidad total reportada de personas inscritas es de 9 millones 371 mil 503.  Respecto al padrón utilizado en las elecciones de 2019, que llegó a 8 millones 150 mil 221, el crecimiento supera los 1.22 millones, es decir, un cambio del 15%. En contraste, la población adulta creció aproximadamente 10% en el mismo período, según las proyecciones de Naciones Unidas revisadas el año pasado.[4] No obstante, recordemos que ya había una brecha acumulada de personas no empadronadas equivalente al 19% de la población adulta en 2019, aproximadamente: 1.9 millones de individuos.

En 2023 la cantidad de mujeres inscritas en el padrón ha superado 5 millones 61 mil, constituyéndose en el 54% del padrón. Los hombres son 4 millones 310 mil, el 46%. Ambos grupos aumentaron en similares proporciones, por lo que su peso relativo al total no varió mucho.

La población que sabe leer y escribir creció en casi un 19% entre 2019-2023; mientras que las personas en situación de analfabetismo sólo aumentaron en medio punto porcentual. Esto hizo que el peso de  la población alfabetizada pasase de 79% a 81%, mientras que la población  en situación de analfabetismo bajó de 21% a 19%.

Guatemala: cambios en el padrón electoral por sexo y situación de alfabetismo

Variación porcentual entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia a partir de datos del TSE, 2019 y 2023.

Lo más importante de analizar, como se mencionó antes, es la composición del padrón por rangos de edad. Sin embargo, debe tenerse cuidado al interpretar su variación porcentual porque la población ya empadronada sólo se va moviendo de un grupo al otro por simple envejecimiento. Por eso, el rango de edad más relevante es el de 18-25 años, porque allí está el 55% de los empadronados en los últimos nueve meses. Ese grupo creció en más del 21% entre 2019-2023. En términos absolutos sólo aumentó en 253 mil personas, a pesar de que, según las proyecciones de población de las Naciones Unidas, cada año se suman unos 264 mil nuevos adultos, en contraste con datos del RENAP que, sólo para 2022, reportó más de 374 mil DPI solicitados por primera vez. Por eso, la brecha de “pendientes” o no empadronados puede variar significativamente según el denominador que utilicemos.

Por ejemplo: si la población total estimada para 2023 es alrededor de 18.15 millones, y el 62.3% es mayor de 18 años, tendríamos 11.31 millones de adultos, aproximadamente. En ese caso, la brecha total de personas no empadronadas sería del 17% (casi 1.94 millones). Si el 40% de los adultos tienen entre 18-30 años, entonces la brecha para esa población joven sería del 41% (1.86 millones), pero si sólo tomamos en cuenta a las personas más jóvenes de 18-25 años, que representan casi el 26% de la población en edad de votar, la brecha es del 50% (casi 1.43 millones). Por lo tanto, tres de cada cuatro personas no inscritas en el padrón son menores de 26 años.[5]

Por otro lado, puede notarse que el grupo entre 26-30 años fue el que menos creció. Esto implicó que su peso relativo disminuyera del 14% en 2019 al 13% en 2023. Recordemos que también fue uno de los que menos participó en las elecciones 2019, sólo por arriba del grupo de mayor edad (mayores de 70 años), 57% versus 47%, respectivamente, en la primera vuelta. La brecha de este grupo de jóvenes adultos es del 25% respecto a su población proyectada. Uno de cada cinco personas no inscritas pertenece a este grupo.

Guatemala: cambios en el padrón electoral por rango de edad

Variación porcentual entre 2019 y 2023

Fuente: elaboración propia a partir de datos del TSE, 2019 y 2023.

Para concluir con una nota de esperanza: el grupo más importante, con los datos desagregados proporcionados por el TSE por rangos de edad y sexo, es el de las mujeres entre 18-25 años. Ellas son casi 817 mil, por lo que representan casi el 9% del padrón. Por cada 100 hombres en ese mismo rango de edad hay 128 mujeres inscritas.

Son muy relevantes porque fueron las mujeres de estas edades, que leen y escriben, las que en 2019 asistieron a las urnas en mayor porcentaje respecto a cualquier otro grupo (69%). Podríamos decir, también, que son la generación con la menor desigualdad entre hombres y mujeres, si la medimos en términos del porcentaje de alfabetización. Según el censo de población 2018, aquí podemos ver tres generaciones:

Guatemala: ¿Sabe leer y escribir? según Censo de Población 2018

Porcentaje que sí sabe por sexo y grupo de edad

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población 2018 (INE).

Como puede observarse, la mayoría de las mujeres entre 63 a 71 años censadas no sabía leer ni escribir. Las separaba una brecha de 16 puntos porcentuales de los hombres en su mismo grupo etario. En cambio, 7 de cada 10 mujeres entre 38 a 46 años sí aprendieron a leer y escribir, y la brecha con los hombres de su misma edad se cerró un poco, a 13 puntos. Con las mujeres entre 13 a 21 años,  el avance es notable: el porcentaje de alfabetismo llegó al 95% y la brecha que les separa de los hombres está en un mínimo histórico de tan sólo un punto porcentual.

Son estas mujeres jóvenes las que tienen en sus manos la posibilidad de hacer la diferencia en las próximas elecciones, pues tienen las herramientas para un voto crítico, sensato e informado. Más de la mitad de ellas se encuentran concentradas en los siete grandes distritos electorales: Departamentos de Guatemala (13%), Alta Verapaz (9%), Huehuetenango (9%), Quiché (7%), Distrito Central (6%), San Marcos (6%) y Quetzaltenango (5%).

[1] Sondeo realizado con 359 jóvenes universitarios en marzo de 2023, vía Internet, utilizando redes estudiantiles en WhatsApp. El 20% aún no estaba inscrito en el padrón, porcentaje similar al estimado a nivel nacional, aunque el sondeo no pretende tener representatividad estadística, sino ayudar a generar algunas hipótesis. El 53% dijo que no se había inscrito por falta de tiempo, y el 33% porque no sabía dónde o cómo hacerlo. El 21% afirmó que fue por falta de interés. Un 8% no sabía que debía hacerlo y otro porcentaje similar dijo no creer en las elecciones.

[2] En la pregunta #57 de la ENJU 2011 se les preguntó a casi 5,800 jóvenes entre 15-29 años lo siguiente: ¿Sus padres y usted piensan (pensaban) de la misma manera sobre los siguientes [once] aspectos? Los porcentajes en paréntesis indican cuando respondieron que “NO”. Las otras opciones de respuesta eran “Sí” o “Sí, en parte”.

[3] Sobre participación en las elecciones de 2019 ver Mendoza, C. (2022), “Guatemala: Desafíos para la Participación Electoral en 2023.” Guatemala: Diálogos. Disponible en https://dialogos.org.gt/blog/

[4] World Population Prospects 2022, datos disponibles en https://population.un.org/wpp/

[5] Para la población total se está tomando la del escenario con fertilidad alta del WPP 2022 al 1 de julio de 2023. Para los porcentajes se usan los mismo de la estructura de población del INE para sus proyecciones nacionales a 2050, en https://www.ine.gob.gt/proyecciones/

 

Carlos Mendoza

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