En la Política General del Gobierno de Guatemala para el período 2020-2024 se estableció como meta reducir la tasa anual de homicidios en 8.8 puntos de tasa respecto al año base (2019), cuando la tasa fue de 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Por lo tanto, la expectativa ha sido mantener tendencia a la baja y llegar a una tasa de 12.7 homicidios por cada 100 mil habitantes para finales del 2024. Los resultados de 2022 indican que vamos en la dirección equivocada.
La tasa venía descendiendo desde finales del 2009, cuando tuvimos 46 homicidios por 100 mil, el máximo histórico para el presente siglo. En 2020 se llegó a un mínimo histórico. Esto gracias, en parte, a las restricciones impuestas a la movilidad en el contexto de la pandemia. Según datos de PNC, llegamos a 15.3 por 100 mil, es decir, un tercio de la tasa registrada once años antes. Y nos situamos a menos de tres puntos de tasa para alcanzar la meta. ¿Qué pasó después de ese descenso extraordinario del 29 % en la tasa, durante un año verdaderamente atípico? Retrocedimos, en lugar de avanzar. Nos alejamos de la meta en dos puntos de tasa.
Aumento de la tasa anual en 2022
Guatemala terminó el año 2022 con unos 3 mil homicidios, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual nos da una tasa alrededor de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) revisadas en 2019. Esta es la tasa que suele utilizarse a nivel internacional, pero también se puede calcular otra más alta con las 4,274 necropsias posiblemente relacionadas con hechos criminales, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Estas dos fuentes oficiales difieren porque la PNC sólo registra muertes en la escena del crimen (con un mínimo esfuerzo para actualizar sus estadísticas dando seguimiento a los heridos por violencia), y porque el INACIF también incluye algunos casos de suicidios y accidentes que aparentan agresión externa (por política interna decide no separarlos en sus reportes públicos, aunque es la entidad más capacitada para hacerlo). Sabemos por estadísticas vitales del INE (defunciones de 2015 a 2021) que, en promedio, hay unos 590 suicidios anuales en el país. Entonces, si le restamos 600 a la cifra del INACIF tendríamos 3,674 necropsias que se acercarían más a la cantidad real de homicidios, que incluiría unos 500 heridos que fallecieron en algún hospital. Por lo tanto, la tasa sería de 21 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Sin importar cuál cifra tomemos, Guatemala sigue siendo un país violento, según estándares internacionales, porque tenemos una tasa superior a los 10 homicidios por 100 mil, y seguiríamos ubicados en el TOP 10 de los países más violentos de la América Latina y el Caribe. Pero aún más importante, no importa qué fuente tomamos, ambas señalan el aumento durante dos años consecutivos.
Guatemala: Tasa anual de homicidios y necropsias*
*posiblemente vinculadas con hechos criminales -en investigación-
Punto de referencia para la comparación
Tradicionalmente, el punto de comparación para las cifras anuales es el año previo. Específicamente el final de cada año, para así ver cambio interanual. Es válido usar otros puntos de referencia, siempre y cuando se transparente el resto de los puntos observados para tener una mejor idea del proceso, y no ver únicamente fotografías estáticas en el tiempo. Las conclusiones pueden diferir radicalmente si sólo tenemos una visión parcial del fenómeno estudiado.
Por ejemplo, en mayo 2022, el actual ministro de Gobernación intentó cerrar el acceso a los datos de violencia homicida para todos los medios de comunicación y para los centros de investigación que hacemos análisis continuo sobre este y otros hechos delictivos. El funcionario no comprendía porqué, usándose las misma cifras oficiales, generadas por la Policía, llegábamos a conclusiones contrapuestas. Es muy sencillo, el Gobierno de Guatemala había optado por cambiar los tradicionales puntos de referencia para la comparación, en un fallido intento por evitar la crítica debido al deterioro en la tasa de homicidios desde 2021. Del autoengaño pasaron a la negación.
La cifra del 2020 sí la celebraron con bombos y platillos. La menor tasa de violencia homicida en 35 años. Nosotros argumentamos que se podría haber descendido aún más, como en otros países, aprovechando las restricciones por COVID-19 y la tendencia histórica a la baja. El problema fue que en 2021 la cantidad de homicidios subió y la tasa también. Eso no había ocurrido en doce años. Entonces, decidieron no compararse con 2020, sino con 2019. Intentaban evitar verse mal contra un año ciertamente atípico. Entonces explicamos que el rebote no era lo esperado, sino continuar en la senda del descenso. Las proyecciones que hemos hecho, con diferentes modelos, a partir de las series históricas mensuales de la Policía, desde 2001 a 2020, así lo demuestran.
La excusa les funcionó parcialmente porque muchos observadores de la realidad nacional estaban dispuestos a reconocer que 2020 fue un año extraordinario en todo sentido. Sin embargo, para otros indicadores el Gobierno sí quería compararse con dicho año para así exagerar sus logros, como en el caso del crecimiento económico. Ahora, ante los desalentadores resultados de violencia homicida durante 2022 persisten en la negación.
Por ejemplo, Prensa Libre publicó (11 de enero de 2022) un artículo explicando que era el segundo año consecutivo de aumento en violencia homicida, tanto en términos absolutos como relativos. La reacción gubernamental fue omitir como punto de comparación 2020 y 2021, e insistir en compararse con 2019, para no verse mal. Intentaban dar la apariencia de continuar en la dirección correcta en materia de seguridad pública, pero lo cierto es que en 2022 subió tanto la tasa de homicidios, como la tasa de heridos por violencia y la tasa de extorsiones, tres delitos de alto impacto, todos con relación al año previo.
Esta elección del punto de referencia a conveniencia, que podría seguirse moviendo de manera indefinida para cambiar las conclusiones que se niegan a aceptar, les hizo verse muy mal, perder más credibilidad. Por eso, en el discurso sobre el Estado de la Nación del 14 de enero de 2023, el presidente de la República optó por el viejo truco del promedio, para compensar malos (2021-22) con buenos resultados (2020), en otro intento por maquillar la realidad del aumento. Dijo, entonces, que la violencia homicida durante su período de tres años ha estado alrededor de 16 por 100 mil habitantes. Dicho dato es cierto, usando PNC como fuente. Incluso, es el mejor promedio anual desde 1986 (con datos complementarios de las estadística vitales para ver desempeño desde que volvimos a la democracia electoral).
El gran problema es que se ha revertido la tendencia a la baja. Ahora estamos caminando en la dirección opuesta. Mientras que Honduras logró un descenso del 14 % en su tasa de homicidios, pasando de 42 a 36 por 100 mil entre 2021-22; y El Salvador hizo lo suyo con un impresionante descenso del 57 % en la tasa, bajando de 18 a 8 por 100 mil, Guatemala aumentó en 4 %.
En el corto plazo, la violencia muestra altibajos. Hay días o meses, buenos y malos, por diversas razones. Pero en la medida en que los períodos más violentos superan a los menos violentos se empieza a cambiar la tendencia de largo plazo, que se mide en años, hacia el alza. Desde mayo 2020, cuando aún estábamos oficialmente en pandemia, nuestro indicador de corto plazo (30 días) empezó a mostrar un aumento sostenido. Advertimos que podría afectar la tasa interanual (12 meses), y así ocurrió. Es decir, el “bono” por pandemia se agotó durante el mismo 2020. Pero no lo vieron porque sólo piensan en los titulares, en las cifras a fin de año, y no dan seguimiento continuo a la variable. Tampoco tienen la capacidad de contrastar resultados con los diversos escenarios prospectivos, para ver si se ajustan a lo esperado o no. Cuando finalmente se sorprenden por el cambio de magnitud, que viene acumulándose gradualmente, en lugar de autoevaluarse críticamente, se ponen a la defensiva, intentan confundir a la opinión pública o desviar la atención. Pero los correctivos eficaces sólo son posibles cuando se reconoce la realidad. No estamos tan mal como en la década de 2000-09, también estamos mejor que en la del 2010-19, pero en lugar de seguir por esa senda hemos empeorado. Hemos cambiado de rumbo.
Lo más peligroso es que este deterioro real en la inseguridad, no sólo percibido, puede alimentar discursos electorales de populismo punitivo que tanto le gusta a los y las candidatas de “mano dura”. Intentarán revivir el discurso de la pena de muerte y las propuestas de militarización de la seguridad, tanto en las calles como en las cárceles. Entonces, nos jugamos de nuevo el futuro de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos, por el falso dilema entre seguridad y libertad.
