Disminuye violencia homicida por sexto año consecutivo en Guatemala

El 8 de abril se cumplió el plazo de 90 días del estado de excepción impuesto por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. La medida fue implementada en enero después de una serie de motines en varias prisiones precedidos por la noticia de la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda Los Choneros, una organización criminal con alcances internacionales que se dedica al narcotráfico, a la extorsión, al sicariato y a otras actividades criminales. La situación cobró notoriedad en la arena global debido en parte a la toma en vivo de un canal de televisión ecuatoriano (TC Televisión) por un grupo de jóvenes armados el martes 9 de enero. En un video de la toma, se ve cómo los jóvenes portan diferentes tipos de armas, granadas y artefactos explosivos hechizos mientras amedrentan al personal del canal antes de enfrentarse con las fuerzas de seguridad. 

Las medidas implementadas por Noboa incluyeron la designación de 22 organizaciones criminales como “terroristas”, el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y un toque de queda entre las 23:00 y las 05:00 horas. La continuación de la crisis el martes 9 llevó a Noboa a declarar una situación de “conflicto armado interno”, aunada al estado de excepción impuesto un día antes. Para principios de febrero, las fuerzas de seguridad ecuatoriana habían encarcelado a alrededor de 6,341 personas e incautado casi 50 toneladas de droga. Para finales de marzo, las cifras habían alcanzado las 16,459 personas y las 75 toneladas. A principios de abril, el gobierno anunció que la designación de “conflicto armado interno” se mantendría a pesar de que el estado de excepción había terminado. El 21 de ese mismo mes, el pueblo ecuatoriano votó en una consulta popular a favor de varios temas relacionados con la seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas.  

¿Cómo llegó Ecuador a esta situación tan extrema? Varios analistas trazan los orígenes de la crisis a una serie de factores nacionales e internacionales que han confluido y evolucionado a lo largo de las tres últimas administraciones. Entre ellos cabe destacar las negociaciones y la legalización de pandillas juveniles durante la administración de Rafael Correa (2007-2017) bajo el esquema de la “Revolución Ciudadana”; el encarcelamiento masivo de personas desde 2010; el rompimiento con otras políticas de seguridad del gobierno de Correa enfocadas en fortalecer la presencia y el control estatal del crimen durante las administraciones de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023); el auge del mercado internacional de la cocaína y la posición geográfica de Ecuador entre los dos principales productores de esa droga a nivel mundial (Colombia y Perú) y el océano Pacífico; el crecimiento, la evolución y la fusión de pandillas juveniles con grupos de tráfico de drogas dentro y fuera de las cárceles; la corrupción y la impunidad que permean las instituciones estatales ecuatorianas, incluyendo al sistema judicial; y la pandemia del COVID-19 y el endurecimiento de la situación económica que trajo consigo. 

¿Por qué es importante la crisis en Ecuador para los países del norte de Centroamérica? La crisis en Ecuador es un vislumbre de lo que podría llegar a ocurrir en estos países si los gobiernos continúan abordando el crimen y la violencia como lo han hecho hasta ahora. Por décadas, los gobiernos de turno de esta región han priorizado políticas de “mano dura” enfocadas en la militarización de la seguridad pública y en el encarcelamiento masivo de jóvenes de escasos recursos, dejando de lado otros temas cruciales, como la prevención, la rehabilitación o las causas estructurales de los problemas. El cúmulo de acciones punitivas durante las últimas dos décadas ha generado una situación crítica e insostenible de abandono, hacinamiento y descontrol dentro de las cárceles que podría desencadenar problemas de gobernabilidad más grandes en el futuro si no se hace algo para resolverla. 

En Guatemala, por ejemplo, la población carcelaria comenzó a aumentar significativamente a partir de 2006, durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2007). Ese año, el Congreso aprobó la Ley Contra la Delincuencia Organizada, una herramienta legal que se enfoca en desarticular organizaciones criminales y contempla además acciones que buscan mejorar la investigación penal, como las entregas vigiladas, las interceptaciones telefónicas y las operaciones encubiertas. De 2006 a 2012, la población carcelaria pasó de 7,477 personas a 15,013, un incremento de 100% en seis años. Actualmente, según las cifras disponibles más recientes (de finales de 2023), la población privada de libertad es de aproximadamente 23,361 personas. 

En Honduras, el cambio más notorio se registró a partir de 2012, durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2014). El gobierno de Lobo implementó políticas de mano dura que involucraron directamente a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. En 2013, por ejemplo, promulgó la Ley de la Policía Militar de Orden Público, PMOP, con la cual se creó un cuerpo temporal con el mismo nombre compuesto por elementos militares, a quienes se les facultó para llevar a cabo tareas de investigación e inteligencia y de recuperación de territorios copados por el crimen organizado. En 2014, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), el Congreso estableció a la PMOP como un ente permanente y continuó con políticas de este tipo. Entre 2012 y 2020, la población carcelaria en Honduras pasó de 12,095 personas a 21,675, un incremento del 80%. 

El caso más extremo es el de El Salvador, país que viene encarcelando a su población desde principios de los años 2000 bajo el esquema de políticas claramente represivas, como el Plan Mano Dura o la Ley Antimaras de 2003, implementadas durante el gobierno de Francisco Flores (2000-2004), o el Plan Súper Mano Dura de 2004, puesto en práctica durante el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2008). Al igual que en Honduras, estas políticas le dieron un papel protagónico al ejército en la seguridad pública y priorizaron la persecución y el encarcelamiento de jóvenes, incluso de niños mayores de 12 años, por encima de acciones preventivas o de políticas de acompañamiento enfocadas en las causas estructurales de los problemas. Entre 2000 y 2008, la población privada de libertad en El Salvador pasó de 7,754 personas a 19,814, un cambio que significó un aumento de 155%. Para 2018, antes de la entrada de Nayib Bukele, la cifra estaba alrededor de las 39,642 personas. Como resultado del Plan Control Territorial de Bukele, se estima que la población carcelaria actual en El Salvador es de aproximadamente 76,000 personas.