Los niños toman como modelos a los adultos que ven, y representan ocasiones festivas, como bodas y noviazgos, mirando su propio futuro y el de su cultura. Sin embargo, a menudo “juegan” a las desigualdades que recuerdan y registran la violencia en una especie de lista honesta: al niño no le son extrañas la violencia cruda ni la imaginación desbordante. Al vivir en un mundo creado antes que ellos, los niños […] se labran el propio suyo.
Veena Das, Voces de niños.
Una madrugada de marzo de 1990, un grupo de agentes de la extinta Policía Nacional mató a patadas a Nahamán Carmona, un niño de 13 años que vivía en situación de calle en el centro de la ciudad de Guatemala. Según el relato oficial, el niño se encontraba inhalando pegamento con otros niños, cuando fue interceptado por agentes de la institución mencionada, humillado y golpeado salvajemente hasta que quedó inconsciente. En la autopsia se reveló que el niño tenía golpes y daños severos en la cabeza, el estómago y el hígado, y que la causa de su muerte fue la asfixia.[1] Paradójicamente, ese año, Guatemala ratificó la Convención de los Derechos del Niño, un instrumento legal internacional que buscaba cambiar la forma en que los niños eran vistos y tratados a nivel mundial, y que el país había firmado un año antes, en 1989. La imagen abajo muestra una placa que conmemora a Nahamán como un “niño de la calle” que “falleció víctima de la violencia”.
Foto de Mapeo de la Memoria, “Placa a Nahamán Carmona”. (https://mapeo.memorialparalaconcordia.org/article.php?id=202).
Este terrible incidente ilustra uno de los desafíos más significativos que ha tenido Guatemala en los años posteriores a la ratificación de la Convención: adecuar la legislación nacional a la doctrina de la protección integral después de décadas de vigencia del Código de Menores, cuya esencia fue la doctrina de la situación irregular, una doctrina que abordaba el fenómeno desde una perspectiva judicial. Es hasta 2003 que se logra la promulgación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Decreto 27-2003), pero muchos rezagos de la doctrina anterior persisten en la práctica.
Los avances se han concentrado en el desarrollo institucional, especialmente en el sector de la justicia, con el establecimiento de la jurisdicción privativa sobre niñez y adolescencia, las fiscalías especializadas, una defensoría en la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación, todas con funciones diferentes, pero asentadas en la legislación ordinaria para garantizar los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. La transformación del proceso de adopciones es otro avance inspirado por la doctrina de la protección integral.
Sin embargo, la doctrina de la protección integral todavía no permea la vida cotidiana de las niñas, los niños y los adolescentes. Las prácticas de violencia siguen siendo comunes en el país y evidencian la situación nefasta a la que se enfrentan a diario.
Para ilustrar esta situación, podemos revisar algunos datos del delito de maltrato contra personas menores de edad. Según el Ministerio Público, entre 2017 y 2023, se registraron, en promedio, alrededor de 10,000 casos anuales de este tipo, con un pico en 2022 que alcanzó los 14,782 casos. Esta última cifra se traduce en 1,289 incidentes reportados en promedio al mes y en una tasa de 224 casos por cada 100,000 habitantes.
Gráfico 1. Denuncias por el delito de maltrato contra personas menores de edad, 2017 a 2023
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio Público.
Los departamentos en donde más denuncias se documentaron durante ese período fueron Guatemala, Escuintla y Alta Verapaz, que juntos acumulan casi el 40% de los casos. A estos les siguen Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez y Quetzaltenango, que en conjunto sobrepasan el 25% de los incidentes. Llama la atención que varios de estos departamentos (Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez y Quetzaltenango) están ubicados en una franja en el sur y el suroccidente del país, como lo muestra el mapa a continuación.
Mapa 1. Denuncias de maltrato contra personas menores de edad, en porcentajes por departamento, 2017 a 2023
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio Público.
La mayor parte de los maltratadores denunciados son hombres. Por ejemplo, en 2022, de 168 sentencias condenatorias por el delito de maltrato contra personas menores de edad, 124 (74%) fueron sentencias contra hombres. En el primer semestre de 2023, el porcentaje fue de 83%.
Por otro lado, una cantidad significativa de las denuncias involucran a niñas y adolescentes mujeres. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, alrededor del 50% de los casos registrados por el Ministerio Público involucraron a estas dos poblaciones.
La violencia contra niñas y adolescentes mujeres es aún más clara en los datos de violencia sexual. De acuerdo con el Ministerio Público, en 2023, se registraron 2,342 denuncias por este delito en contra de menores, de las cuales 1,920 (82%) involucran a niñas o adolescentes mujeres. De hecho, entre 2017 y 2023, las niñas con edades entre los 10 y los 14 años han conformado alrededor de un tercio del total de víctimas de violación de mujeres, como se puede apreciar en la siguiente tabla. En 2020, durante la pandemia, casi alcanzaron el 40%.
Tabla 1. Mujeres agraviadas por el delito de violación, 2017-2023, por grupos quinquenales
Fuente: Elaboración propia con datos del INE 2017-2022 y del Ministerio Público 2023.
Un fenómeno revelador que da cuenta de la situación que viven los menores es el de los suicidios. De acuerdo con los datos oficiales de la Policía Nacional Civil, entre enero de 2018 y junio de 2023, se registraron, en promedio, 68 casos de suicidio de menores, incluyendo casos de personas menores de 12 años. En términos porcentuales, los casos de menores han representado alrededor del 12% de todos los casos de suicido cada año.
Estos datos coinciden con las muertes por asfixia por suspensión-ahorcadura registrados por el INACIF, los cuales pueden usarse como una aproximación al fenómeno del suicidio. En los registros de dicha institución resalta que el promedio de muertes de menores de edad por esta razón entre 2018 y 2023 fue de 77, cifra que se aproxima al promedio anual de suicidios de menores registrado por la Policía Nacional Civil.
En cuanto al sexo de las víctimas, solo contamos con datos desagregados para 2022 y 2023 (enero a junio). Según estas cifras, en ambos años, más del 50% de los suicidios de menores (37 de 69 en 2022 y 14 de 26 en 2023) involucraron a mujeres. Cabe señalar que un estudio reciente realizado por la FLACSO en Guatemala sugiere que una proporción significativa de los suicidios de adolescentes mujeres están motivados por embarazos no deseados.[2]
Gráfico 2. Suicidios de menores de 18 años, por sexo, 2022 (enero a diciembre) y 2023 (enero a junio)
Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil.
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La violencia en contra de la niñez y la juventud persiste en Guatemala. A pesar de que la firma y la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño han producido avances significativos a nivel legal e institucional, en la práctica, los niños, las niñas y los adolescentes siguen desprotegidos y a merced de diferentes tipos de violencia. El eco de la doctrina de la situación irregular todavía resuena en el presente, aunque los textos oficiales afirmen lo contrario. El reto para el país está en lograr traducir el marco regulatorio e institucional en prácticas cotidianas; en prácticas que reconozcan a las niñas, a los niños y a los adolescentes como sujetas y sujetos de derechos. Mientras esto no ocurra, el dolor de Nahamán y de otros niños y niñas como él seguirá acompañándonos.
[1] Amnistía Internacional (septiembre 1997). “En libertad los policías condenados por matar a un niño de la calle; los familiares de la víctima siguen esperando una indemnización”. Guatemala: Amnistía Internacional. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr340321997es.pdf
[2] Walda Barrios-Klee, Ana Lucía Ramazzini Morales, Karina Peruch Álvarez & Hilda Beatríz Marroquin Suárez (2019). Vidas silenciadas. Una tragedia de la que no se habla. Ciudad de Guatemala: FLACSO.
