“La celaba, la perseguía… La aisló, la golpeó y controlaba todo lo que ella hacía”.
(Caso de Luz María, víctima de femicidio) [1]
Cada noticia sobre femicidio y violencia contra las mujeres sin duda estremece y preocupa. El caso de Luz María es un ejemplo de un continuo de violencia que inició con violencia física, económica y psicológica, y terminó con un cruel asesinato en manos de su pareja. El femicidio es considerado la expresión más extrema de violencia en contra de las mujeres.
En la década de los 70 y 80, los movimientos de mujeres y feminista posicionaron la violencia contra las mujeres como un tema grave de violación a los derechos humanos. A partir de estas luchas, los Estados ratificaron tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convenio de Belém Do Pará” en 1994, en los cuales se comprometieron a crear políticas y leyes especializadas a favor de los derechos de las mujeres.
En Guatemala, hace casi catorce años, se aprobaron leyes específicas sobre el tema, como la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer (2008) y la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (2009). Actualmente, el sistema de justicia cuenta con juzgados especializados y, desde el 2021, con un modelo de atención integral para mujeres víctimas de violencia que reúne a varias dependencias del Estado, ubicado en la ciudad de Guatemala.
Gráfica 1. Muertes violentas de mujeres de enero a septiembre, 2019 a 2022
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio Público
A pesar de estos logros en materia jurídica, los esfuerzos institucionales no han sido suficientes para atender a las víctimas y disminuir la violencia contra las mujeres, que sigue siendo un problema alarmante. Según datos del Ministerio Público, de enero a septiembre de 2022, se han registrado 458 muertes violentas de mujeres, lo cual representa un aumento del 13% en comparación con el año 2021. Del total de muertes violentas de mujeres, el 20% se ha catalogado como femicidio, definido en la ley de la siguiente forma: “comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer”.[2]
Por el contrario, las denuncias realizadas por mujeres en el Ministerio Público por los delitos de violencia sexual y violencia contra las mujeres han disminuido en 14% y 29% en el mismo período, respectivamente. Los registros administrativos de denuncias tienen una serie de limitantes porque no miden la dimensión real de la violencia; sólo nos aproximan a un grupo de personas que decidió denunciar.
Gráfica 2. Denuncias de mujeres por violencia sexual y violencia contra las mujeres de enero a septiembre, años 2019, 2020, 2021 y 2022
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio Público
* La variable “denuncias de violencia sexual” incluye delitos de violación, agresión sexual, violación a la intimidad y exhibicionismo sexual
**La variable “denuncias de violencia contra la mujer” incluye violencia psicológica, física y económica
Estereotipos y normas culturales
Una de las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia física, psicológica, económica y sexual es que estos tipos de hechos se consideran como un problema individual o familiar. Para referirse a ellos, por lo general se usan términos como “crímenes pasionales”, se asume que el perpetrador actuó cegado por las emociones, los celos o el enojo, o incluso se llega a pensar que la víctima fue quien provocó el hecho o se lo merecía. Estos estereotipos y normas culturales que enfrentan las mujeres normalizan la violencia ejercida hacia ellas, ya que eliminan la culpa del perpetrador y desmotivan la intención de denunciar.
Según un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en doce países de América Latina en 2014, en Guatemala, las razones por las que las mujeres no buscaron ayuda frente a la violencia física o sexual sufrida por parte de su esposo o compañero fueron: porque no confían en nadie (40.0%); por vergüenza (24.5%); lo consideraban innecesario, no grave o normal (17.4%); y porque tenía miedo de represalias (15.7%).[3]
Si bien es necesario el cambio de normas sociales y culturales, la violencia contra las mujeres tiene raíces estructurales. Para Lagarde (2006), la organización de la vida social (las relaciones, prácticas e instituciones sociales como el Estado) tiene un orden patriarcal, donde se generan, preservan y reproducen poderes de los hombres sobre las mujeres, y que al mismo tiempo estos privilegios que poseen los hombres, quebrantan los derechos sexuales, económicos, políticos, jurídicos y culturales de las mujeres.[4]
La violencia contra las mujeres no sólo se da en el hogar o la familia; también ocurre a nivel escolar, laboral, comunitario e institucional. Los autores de los crímenes contra las mujeres son, en su mayoría, hombres. Según los datos de personas sindicadas por delitos de violencia sexual en 2022, el 72% fue cometido por hombres, el 12% por mujeres y el 15% no está registrado. En muertes violentas de mujeres, sin incluir el femicidio, el 52% fueron cometidas por hombres, el 9% por mujeres y el 39% no fue registrado.
Gráfica 3. Personas sindicadas, desagregadas por sexo, de enero a septiembre de 2022
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio Público
* La variable “denuncias de violencia sexual” incluye delitos de violación, agresión sexual, violación a la intimidad y exhibicionismo sexual
**La variable “denuncias de violencia contra las mujeres” incluye violencia psicológica, física y económica
Existen también otros tipos de violencias, como el acoso sexual o la violencia simbólica, que no están tipificados, pero también afectan a las mujeres. Los movimientos en redes sociales, como #MeToo o #YoSiTeCreo, donde miles de mujeres expusieron y compartieron sus experiencias de violencia y acoso sexual, fueron medios de denuncia que generaron lazos de sororidad entre mujeres; en algunos casos, se logró un rechazo y una sanción moral hacia los violentadores.
