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La democracia que soñamos se está tornando en pesadilla

Por Carlos Mendoza
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En memoria de Ronaldo Robles, soñador y luchador por un mundo mejor.

Recuerdo perfectamente mi experiencia como niño de 12 años en sexto primaria, estudiando de qué se trataba eso de la elección de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, cuando el entusiasmo por “elecciones abiertas, competitivas y sin fraude” movilizó al 78 % del electorado.[1] También tengo muy presente mi cuaderno con hojas cuadriculadas para ir anotando los resultados parciales de las elecciones generales del año siguiente, cuando Vinicio Cerezo y la Democracia Cristiana lograron conectar con la gente por medio de su discurso sobre la existencia de un camino, uno que se abría con posibilidades reales para el cambio hacia un mejor país. Así aprendí que la democracia no sólo era deseable, sino que además era posible y perfeccionable. Más tarde compartí el sueño por una sociedad más justa, sin exclusiones, utopía realizable por medio de esa democracia electoral, participativa y competitiva.

No obstante, ahora veo con mucha preocupación que la ya precaria democracia guatemalteca podría deteriorarse aún más debido a serios problemas de integridad electoral. Dos indicadores preelectorales nos dan alertas sonoras sobre el asunto: 1) el alto porcentaje de exclusión del padrón de jóvenes guatemaltecos -se proyecta que más de la mitad de aquellos entre 18-25 años quedarán fuera-; y 2) la exclusión arbitraria de ciertas candidaturas a conveniencia, mientras se aceptan otras que claramente no son permitidas por nuestra Constitución. 

¿Qué entendemos por integridad electoral?

Según el Informe Global sobre Integridad Electoral, dicho concepto se refiere a la adopción de normas y convenciones internacionales, es decir, estándares cuya aplicación es esperada en todos los países democráticos durante su respectivo ciclo electoral. En ese sentido, el índice de percepción sobre la integridad electoral (PEI, por sus siglas en inglés) mide varias dimensiones como la imparcialidad de la legislación y los procedimientos electorales; criterios para la inscripción de votantes y de partidos o candidatos; el papel de los medios de difusión; el acceso equitativo a recursos financieros; los procesos de votación sin violencia ni fraude, y con fácil accesibilidad a las urnas, incluyendo el voto en el exterior; el conteo pronto y justo de los votos; la observación nacional e internacional; la aceptación de resultados y la resolución de disputas por medio de mecanismos legales; así como la ecuanimidad por parte de las autoridades electorales.[2]

En la más reciente edición del índice PEI, que comparó la percepción de expertos sobre 169 países para 480 elecciones ocurridas entre 2012-2021, Guatemala obtuvo una calificación de 48 puntos sobre 100, situándose entre los países con las más bajas notas de la región, sólo por arriba de Paraguay (44), Guyana (43), Venezuela (36), Haití (35), Honduras (29) y Nicaragua (28). Muy lejos de los mejor evaluados: Canadá (83), Uruguay (83), Chile (79) y Costa Rica (76). Si cada una de las dimensiones evaluadas fuera una clase del pensum escolar, podríamos decir que reprobamos en casi todas, excepto dos: conteo de votos y aceptación de los resultados. Y si nos comparamos con el vecino más aventajado del aula podemos evidenciar lo mal que estamos.


Informe Global sobre Integridad Electoral (PEI, 8.0): Costa Rica vs. Guatemala

Fuente: elaboración propia a partir de Electoral Integrity Project, pp. 23 & 25. Datos disponibles en https://www.electoralintegrityproject.com/

Recientemente, la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist calificó el régimen político de Guatemala como uno híbrido, es decir, aquel donde las elecciones tienen irregularidades sustanciales que frecuentemente previenen que sean libres y justas; los gobiernos comúnmente presionan a los partidos y candidatos de oposición; hay debilidades serias en cuanto a su cultura política, así como en el funcionamiento del gobierno y la participación; la corrupción tiende a ser extendida y el Estado de derecho es débil; la sociedad civil también es débil; típicamente hay acoso contra periodistas, y el organismo judicial no es independiente. Cualquier país evaluado que tiene una puntuación mayor de 4, pero menor o igual a 6, en una escala de 0 a 10, se considera como un régimen híbrido. Guatemala obtuvo una calificación de 4.68 en el índice correspondiente al año 2022. Si la nota cae a 4 puntos seremos considerados como un régimen autoritario.


Índice de Democracia 2022: América Latina y el Caribe

Fuente: elaboración propia a partir de EIU, Democracy Index 2022, p. 41. Datos disponibles en https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022/Nuevamente, en la región Latinoamericana y del Caribe, estamos más cerca de los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, y más lejos de los plenamente democráticos como Chile, Costa Rica y Uruguay. Volviendo a nuestra comparación con Costa Rica, las diferencias son notorias en las cinco dimensiones que mide el índice sobre democracia de la EIU. 


Índice de Democracia 2022

Fuente: elaboración propia a partir de EIU, Democracy Index 2022, p. 41

Por otro lado, según el reporte 2022 elaborado por el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) –otro de los esfuerzos para medir y entender los regímenes democráticos y sus distintas configuraciones a nivel mundial–, Guatemala definitivamente no puede ser considerada como una democracia liberal, sino como una democracia electoral, que se encuentra entre el 40-50% de los países con peores calificaciones en el índice de democracia liberal (puesto 98 de 179 países). Entre 2011-2021, muestra un retroceso en el puntaje, es decir, en dirección hacia la autocratización. Aunque todavía no se considera como un deterioro sustantivo, eventualmente el régimen podría convertirse en una autocracia electoral. La diferencia con Costa Rica en este indicador es mucho más evidente, pues el vecino centroamericano se ubica en el cuarto puesto del ranking, sólo por detrás de Suecia, Dinamarca y Noruega, es decir, en el Top4 mundial de las democracias liberales. El sueño al que muchos aspiramos desde hace casi 40 años.


Índice de Democracia Liberal (IDL)

Fuente: elaboración propia a partir de V-Dem Institute, Democracy Report 2022, pp. 46-47. Datos disponibles en https://v-dem.net/data/the-v-dem-dataset/

Una cuarta fuente que nos puede ayudar a entender los retos que enfrentamos durante este ciclo electoral para alcanzar o preservar algo de integridad electoral en Guatemala es la reconocida encuesta World Values Survey que se hizo para nuestro país en 2019, muy cerca de la segunda vuelta electoral de ese año. En ella  se incluyó una batería de diez preguntas relacionadas, precisamente, con el concepto de integridad electoral. Cinco son sobre características deseables y las otras cinco son defectos del sistema. Entre las primeras, preocupa que las peor calificadas son la limpieza de las elecciones, pues el 67% opina que es nada o poco frecuente el conteo limpio de los votos, y hasta un 62% piensa que las autoridades electorales son poco o nada justas. Del lado de las características indeseables, hasta un 82% asegura que es muy o algo frecuente la compra de votos, y un 72% considera que los ricos frecuentemente compran las elecciones.


En su opinión, ¿con qué frecuencia ocurren las siguientes cosas en las elecciones de Guatemala?


Fuente: elaboración propia a partir de World Values Survey Wave 7 (2017-2020). Guatemala Study #WVS-2017. Datos disponibles en 
https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp

A pesar de que 9 de cada 10 de las personas encuestadas ese año manifestaron desconfianza en las elecciones, lo cierto es que 6 de cada 10 también afirmaron que siempre votan en elecciones y sólo 1 de cada 10 nunca lo hace. Lo cual, aparentemente, representa una paradoja. Si vemos los resultados de las encuestas del Latinobarómetro de 2020, los porcentajes de desconfianza siguen siendo altos, pero no tanto: 8 de cada 10 tienen poca o nada de confianza, específicamente, en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante, casi 5 de cada 10 consideran que las elecciones sí ofrecen a los votantes una opción real para elegir entre partidos y candidatos. ¿Cómo se explica esta posible contradicción? En el caso del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) 2021 –la más reciente encuesta internacional con su base de datos publicada que nos permite detectar matices en la calificación que dan los encuestados–, nos revela que son 4 de cada 10 los que confían poco o nada en las elecciones, mientras que 4 de cada 10 tienen regular confianza y sólo 2 de cada 10 confían bastante o mucho. Esto nos indica que posiblemente no hay tal paradoja. Seguramente, los que estaban por arriba de la media en el nivel de confianza en las elecciones son los que fueron a votar en 2019, incluso en la segunda vuelta.[3] En el caso de Costa Rica, para retomar nuestro ejercicio de contraste, LAPOP muestra que los porcentaje se invierten: sólo 2 de cada 10 desconfían, 4 de cada 10 muestran regular nivel de confianza, y 4 de cada 10 tienen mucha o bastante confianza en las elecciones. 

Las seis fuentes citadas, todas esfuerzos internacionales independientes para evaluar y dar seguimiento a la robustez de los regímenes democráticos en la región y el resto del planeta, nos indican que la situación de la democracia en Guatemala es delicada. Estamos ante una encrucijada: o tomamos el camino necesario para fortalecer nuestra democracia electoral, y así poder seguir aspirando a una democracia liberal; o nos vamos directamente hacia la autocracia electoral, que tarde o temprano nos podría conducir hacia la pesadilla de algún tipo de dictadura o autocracia cerrada, para utilizar la tipología del V-Dem Institute. 

Este 25 de junio de 2023, la participación de la ciudadanía será vital para mantener la eficacia legitimadora de las elecciones periódicas, lo cual permite a quien gane ejercer el poder con cierta capacidad de gobernabilidad; pero el comportamiento tramposo de los partidos políticos podría erosionar esa participación y, por lo tanto, su propia legitimidad. No obstante, en estos meses previos al día de las elecciones, la integridad electoral depende de la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. La percepción de ecuanimidad del pleno de los magistrados del TSE, y de los demás órganos electorales, será vital para preservar el sueño democrático. Es decir, para que no caigamos en una pesadilla de conflictividad y violencia electoral. Pues, en ese escenario caótico no gana nadie, sólo los criminales que desean terminar, de una vez por todas, con cualquier posibilidad de Estado de derecho, participación ciudadana y separación de poderes. Su sueño es nuestra pesadilla.

[1] Tomo la caracterización y el porcentaje del libro de Boneo y Torres-Rivas (2001). ¿Por qué no votan los guatemaltecos? Estudio de participación y abstención electoral, pp. 6-7. 

[2] Ver The Electoral Integrity Project en https://www.electoralintegrityproject.com/ 

[3] La muestra de WVS 2019 fue de 1,229 personas encuestadas. La muestra del Latinobarómetro en 2020 fue de 1,000 y la de LAPOP en 2021 de 1,410. Los datos y metodologías de estas dos últimas encuestas disponibles aquí: https://www.latinobarometro.org/ y aquí, respectivamente: https://www.vanderbilt.edu/lapop/ 

Carlos Mendoza

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Año

2023

Tema

Serie

País

Guatemala