Imaginemos un escenario en donde no existieran personas jóvenes participando activamente en el ejercicio de su ciudadanía y pensemos en las implicaciones que esto tendría para la democracia y el futuro del país. Las consecuencias serían profundas y duraderas, pues la ausencia de perspectivas intergeneracionales menguaría la vitalidad de los debates políticos, debilitando las propuestas públicas y los procesos de rendición de cuentas. En un mundo sin personas jóvenes, la institucionalidad democrática sería privada de su propia esencia, pues la representatividad y la legitimidad de la toma de decisiones sería lastimada profundamente por la exclusión. Sin voces juveniles en el espacio cívico, también experimentaríamos un estancamiento en los procesos de innovación pública y social, retrocediendo considerablemente en las agendas de desarrollo económico, tecnológico y cultural.
Un mundo sin personas jóvenes es indeseable por estos motivos y muchos otros más, pero este fenómeno no es hipotético; ya está ocurriendo y se manifiesta a través de la participación ciudadana. Guatemala posee una estructura demográfica predominantemente jóven. Según el XII Censo de Población realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el 2018 el promedio de edad de la población era de 26.5 años. A pesar de ello –y de ser quienes más vivirán las implicaciones de las decisiones tomadas por las autoridades a largo plazo– las brechas en el empadronamiento son alarmantes para las y los jóvenes, pues un 65% de las personas entre los 18 y los 25 años quedaron fuera del padrón electoral y no pudieron ejercer su derecho al voto en estas elecciones (ver tabla). Este desequilibrio entre la composición demográfica y la participación política es preocupante, pues expresa importantes debilidades dentro del tejido democrático que están asociadas a la exclusión política y en última instancia, pueden conducir a la privación de sus derechos como juventud.
Brecha de empadronamiento por grupos etarios
(%) respecto al total de personas con DPI entregado (+18 años)
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).[1]
Los indicadores de representación política también reflejan desequilibrios en los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral el pasado 16 de julio, en donde se observa que la composición de la próxima legislatura estará mayoritariamente conformada por personas entre los 31 y los 40 años (35.3%), seguidos por las personas entre los 41 y los 50 años (26%), y por las personas entre los 51 y los 60 años (25%). En cuarto lugar se encuentran las personas mayores a 60 años (7.1%), mientras que las personas entre los 18 y los 30 años constituyen el rango con menor representación, pues a penas llegan a ocupar un 6.4% de los escaños, aún cuando constituyen el 45% de la población[2]. A su vez, tampoco se reflejaron avances de paridad en el congreso electo, pues únicamente un 20% de personas electas son mujeres, tan solo habrá una diputada más que en la legislatura actual. La baja interacción entre la juventud y la estructuras partidarias puede deberse a muchas causas, como los paradigmas adultocéntricos que ahora operan en el ámbito público e invisibilizan a la población juvenil para la toma de decisiones colectivas.
Composición etaria de legislatura 2024- 2028
(%) Diputaciones electas por rango etario
Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
La concepción de las juventudes como una generación de relevo en el marco del adultocentrismo, les ha relegado a un papel secundario en los procesos de deliberación, dejándoles a la espera de un futuro que siempre está por llegar. Al hacer un análisis similar en los resultados para las autoridades de las municipalidades electas, las brechas etarias se reflejan de forma más pronunciada: un 43% de las alcaldías en el país son ocupadas por personas entre los 41 y los 50 años, un 27.7% son ocupadas por personas entre los 51 y los 60 años, un 10% de ellas son ocupadas por personas mayores a los 60 años y a penas un 0.6% son ocupadas por personas entre los 18 y los 30 años. En el caso de las municipalidades, las brechas de exclusión se extienden con mayor fuerza hacia las mujeres que, entre todas las edades, ocupan apenas 11 de las 340 alcaldías en el país (0.3%).
Composición etaria de alcaldías municipales 2024 – 2028
(%) Municipalidades electas por rango etario
Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
En este entorno de exclusión manifiesta, se señalan importantes riesgos a la democracia reflejados en el persistente uso indebido del sistema penal y sus patrones sistemáticos de hostigamiento y detenciones a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas operadoras de justicia y personas de partidos políticos de oposición. En marzo de este año, el Informe de Libertad en el Mundo (2023) de Freedom House indicó que, debido a las erosiones experimentadas en muchos países, la libertad ha disminuído por decimoséptimo año consecutivo a nivel global. Guatemala es uno de esos países, pues su calificación de 49/100 da cuenta de una estructura de libertades civiles y políticas, que junto con Honduras y El Salvador, es catalogada como “parcialmente libre”. Las crecientes restricciones a la libertad han evidenciado un cierre del espacio público, afectando directamente la participación ciudadana y la libertad de prensa con constantes expresiones de acoso e intimidación. Este puntaje ha decrecido por tercer año consecutivo desde el 2020, con el inicio del turno de gobierno de Alejandro Giammattei, y actualmente posee la calificación más baja en los últimos 10 años.
Estructura de libertades civiles y políticas en Centroamérica (2013 – 2023)
Puntaje nacional por año
Frente a esto, las voces juveniles han tomado un rol protagónico de denuncia, encabezando manifestaciones ciudadanas y esfuerzos colectivos de resistencia reflejados a través de las acciones de calle, el arte, la academia y el activismo. A pesar de ello, las juventudes continúan afrontando importantes retos en el posicionamiento de sus derechos, demandas y necesidades en la agenda pública. Desde agosto de 2012 se aprobó la Política Nacional de Juventud (PNJ) para el periodo 2012 – 2020, representando un parteaguas en materia del avance de derechos para juventudes. Su vigencia fue de ocho años, y al concluir, se inició con un proceso de actualización para el periodo 2021 – 2030, en el cual se implementaron espacios multisectoriales de diálogo con más de 365 organizaciones juveniles.[3] En ese proceso se reflejó la necesidad de incorporar una perspectiva de interseccionalidad dentro de la PNJ para profundizar sobre las diversas condiciones que transitan las personas jóvenes en cada contexto, abordando enfoques de identidad étnica, diversidad funcional, género y grupos pertenecientes de la comunidad LGTBIQ+. Lamentablemente, en el Informe anual sobre la situación de los derechos humanos (2022) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se detalla cómo la PNJ (2021 – 2030) se mantuvo en revisión durante todo el 2022, y con casi 3 años de retraso, no se está implementando hasta la fecha.
A pocos días de la segunda vuelta electoral, –que curiosamente es tan solo ocho días después del Día Internacional de la Juventud– reafirmamos que las personas jóvenes no son una promesa para el futuro de Guatemala, son la fuerza viva del presente y están aquí para ser escuchadas. Es necesario abandonar la idea de que la juventud es una mera etapa transitoria de preparación hacia la adultez, pues esto niega a las personas su reconocimiento como sujetos sociales con la capacidad de tener agencia política en una etapa esencial para su desarrollo. A pesar de todo, la esperanza es un rasgo dominante en las nuevas generaciones, y en medio de desafíos y atropellos, el proceso electoral ha demostrado que las voces juveniles resuenan con fuerza y determinación, otorgando una nueva oportunidad a nuestra democracia. A medida que la juventud forja un camino hacia adelante, es fundamental reconocer las diversas luchas que atraviesan las personas jóvenes en este contexto tan cambiante, y así fomentar las condiciones necesarias para visibilizarles en los espacios cívicos y abrir una oportunidad a la construcción de país y el futuro que tanto deseamos.
[1] Nota: existen porcentajes negativos en algunos rangos que podrían explicarse debido a motivos de migración internacional: pueden existir personas que están empadronadas, pero aún no han obtenido su Documento Personal de Identificación (DPI), pues este documento empezó a generarse a partir de mayo del 2009.
[2] Guatemaltecos entre los 18 y los 30 años en el país con DPI entregado.
[3] Sofía Montenegro (2021): “Las juventudes desprotegidas ante el COVID-19 en Guatemala”
Allan Dennis (@demmmms). “Que el arte nos salve de esta agónia…”. Fotografía de Instagram, 21 de noviembre. 2020, https://www.instagram.com/p/CH4WdhBA3lt/?img_index=1
