Osmundo Oxlaj, Consejo del Pueblo Maya y autoridades comunitarias de Cunén, Quiché: “Mucha gente se solidarizaron, mucha gente llevaron víveres […], algunas gasolineras nos llevaban gasolina, otro nos llevó un motor generador de energía eléctrica […] un pequeño empresario del municipio nos fue a poner Internet en el lugar, […] todo fue apoyo de los hermanos de las comunidades […]; también tuvimos el apoyo de algunos hermanos en Estados Unidos, nos enviaron 100 dólares, 50 dólares […] Ese dinero que tenemos ahora, no es mucho, poco fueron las personas que nos ayudaron desde la Unión Americana […].”
Muchos observadores externos de las recientes protestas lideradas por organizaciones indígenas ancestrales, que duraron casi tres semanas en toda Guatemala, coinciden en lo histórico de las mismas, tanto por su presencia territorial, su duración, y la amplia articulación lograda entre muy diversos actores, incluyendo al sector privado organizado -que finalmente se sentó a negociar con las organizaciones indígenas, reconociendo así su agencia y beligerancia-. Estas manifestaciones requirieron la organización de miles de individuos y decenas de colectividades, así como la movilización de recursos financieros para hacerlas sostenibles. Siguiendo la pista que nos da la entrevista al líder Osmundo Oxlaj, arriba citada, en este breve ensayo proponemos una hipótesis: el ingreso de divisas por las remesas familiares, también históricamente alto, está redistribuyendo el poder económico y político en Guatemala. El auto financiamiento de las protestas es sólo una expresión de dicho fenómeno.
La movilización social, en sus diversas manifestaciones, como las protestas ciudadanas que hemos presenciado en los últimos días, se sustenta en una serie de elementos interconectados. Uno de los factores clave que explican el surgimiento de estas manifestaciones es el agravio, que comprende ofensas o agresiones, ya sean reales o percibidas, que un grupo experimenta. En el contexto guatemalteco, uno de los principales actores identificados como responsables de estos agravios es el Ministerio Público (MP), en particular a través de su Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que ha ejercido presión e intimidación sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluyendo a sus magistrados y al personal encargado del Registro de Ciudadanos. Esto se ha realizado con el evidente propósito de minar la credibilidad del proceso electoral y ejercer influencia con objetivos poco transparentes. Además, el MP ha emprendido acciones en contra del partido y binomio que resultaron victoriosos en las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto, inmediatamente después de que estos avanzaran a la segunda vuelta el 25 de junio, en un intento por descalificarlos de la contienda. Sin embargo, el agravio más profundo ha recaído sobre la población guatemalteca que acudió a las urnas, la cual percibe claramente que su voto está siendo irrespetado. El MP ha llegado al extremo de manipular las actas que documentan el escrutinio de los votos, violentando así un sistema que ha funcionado desde 1985 con la participación de decenas de miles de ciudadanos voluntarios que custodian y garantizan el proceso electoral. De esta manera, el núcleo mismo de la creencia democrática -el conteo de votos- se encuentra bajo asedio en los tribunales, con la complicidad de las altas cortes y los otros dos poderes del Estado.
No obstante, desafiar la autoridad soberana del pueblo no es suficiente para explicar la movilización que vemos. Se ha conformado una amplia coalición prodemocracia, pero ésta no surge de manera espontánea. Para ello, se requiere la existencia de una identidad compartida y un sólido sentido de pertenencia que faciliten la resolución de los desafíos inherentes a la acción colectiva. Si bien el beneficio de recuperar la democracia en el país es claro y compartido por casi todos, son escasos aquellos actores dispuestos a asumir los costos que conlleva la defensa de las instituciones democráticas. Sin una coordinación efectiva entre los diversos actores clave, resulta prácticamente imposible que alguien dé los primeros pasos hacia la movilización. Los pueblos indígenas de Guatemala son quienes poseen una rica tradición organizativa que recorre siglos y que les ha permitido afrontar y resolver los problemas que les afectan. Su repertorio de acciones colectivas es amplio y diverso, abarcando desde peticiones dirigidas a las autoridades locales y nacionales, hasta movilizaciones y paros, como los que estamos presenciando en estos días.
La movilización que vemos ahora no proviene de organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por la cooperación internacional. Es el resultado de procesos asamblearios que buscan el consenso desde las bases, las cuales ponen presión sobre los liderazgos periódicamente renovados, para que éstos tomen ciertas acciones. De allí se obtiene la legitimidad de esas autoridades y su protección, pues sólo pueden hacer lo que ha sido consensuado. Por ello, es importante profundizar en estas modalidades del autogobierno comunitario que tienen raíces ancestrales. Dimensionar correctamente lo que está ocurriendo pasa por este reconocimiento y comprensión, pues los pueblos indígenas han experimentado agravios históricos que han definido muchas de sus estrategias de organización y acción colectiva.
Severo Martínez Peláez, en su influyente ensayo titulado “Motines de Indios: La Violencia Colonial en Centroamérica y Chiapas,” meticulosamente documentó las diversas causas que llevaron a los amotinamientos y a otros métodos que los indígenas emplearon para expresar su profundo descontento. Entre los agravios que describió se incluyen los tributos, los conflictos de tierras, el trabajo forzado, los repartimientos, las epidemias y los numerosos abusos perpetrados por curas, ladinos y sus secuaces indígenas. Respecto al repertorio de acciones colectivas, Luis Pedro Taracena, en su presentación para la compilación de ensayos sobre “Motines y Rebeliones Indígenas en Guatemala: Perspectivas Historiográficas,” describe protestas tales como el motín, que ocurría a nivel local; la rebelión, que implicaba una mayor intensidad y extensión; la resistencia, que perdura a lo largo del tiempo; y la identidad política, que se enfoca en demandas culturales o étnicas.[1] Sin embargo, como ya hemos sugerido, no es suficiente sufrir agravios, ni tener un repertorio de métodos de lucha, para movilizarse efectivamente. Especialmente si se trata de lograr un movimiento de alcance nacional, como el que hemos presenciado ahora.
La actual movilización social, que tiene como demanda específica la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, así como de sus fiscales operativos y del juez involucrado en el acoso contra el Tribunal Supremo Electoral y el Movimiento Semilla, con la intención de desconocer los resultados de las elecciones presidenciales y llevar a cabo un golpe de Estado con apariencia de legalidad, duró casi tres semanas con bloqueos intermitentes en carreteras y manifestaciones masivas en puntos estratégicos. Estos plantones se desplegaron a lo largo y ancho del territorio nacional y fueron convocados y liderados por diversas organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Entre estas destacan los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá, la Alcaldía Indígena de Palín, la Municipalidad Indígena de Santa Lucía Utatlán y las Comunidades Indígenas de Chichicastenango. Sin embargo, es importante destacar que esta movilización, muy probablemente, ha requerido la coordinación entre aproximadamente 24 mil autoridades indígenas a nivel comunitario, distribuidas en todo el país.[2]
Indudablemente, un nivel de movilización social de esta envergadura requiere una gestión adecuada de recursos financieros, si bien este aspecto tampoco lo podría explicar todo.[3] Las personas dejan sus ocupaciones cotidianas para unirse a las manifestaciones, lo que conlleva un costo de oportunidad, ya que dejan de percibir sus salarios o ingresos por negocios durante ese tiempo. Implica cierto sacrificio personal en función de un bien mayor, de carácter colectivo. En palabras de Stener Ekern (2011): los indígenas guatemaltecos comparten las cargas del gobierno local asumiendo ciertos deberes públicos -de allí el término “cargo”-, lo cual mantiene la cohesión comunitaria y les permite la autonomía política.[4] Además, incurren en otros costos relacionados con traslados, alimentación y recursos logísticos, como los sistemas de sonido, las pancartas y el alojamiento.
Es importante señalar que, debido al clasismo y al racismo tradicionales en las elites gobernantes, éstas suelen asumir que las organizaciones indígenas carecen de los recursos necesarios para financiar este tipo de protestas, lo que los lleva a sospechar de la cooperación internacional a través de algunas ONG. Sin embargo, existe una realidad económica innegable: el poder de las remesas que los guatemaltecos residentes en el extranjero envían mensualmente al país. Es muy probable que este año superen los 20 mil millones de dólares, por lo que su peso será el equivalente a casi 20 % del producto interno bruto (PIB). Este aporte podría financiar no sólo consumo, ahorro e inversión, sino también activismo político como el que hemos visto en las calles, carreteras y plazas de todo el país.
Analizando la Encuesta sobre Migración Internacional de Personas Guatemaltecas y Remesas 2022 (OIM, 2023), se ha constatado que la población beneficiaria de remesas en Guatemala superaría los 6.55 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 38 % de la población total proyectada para el año 2022. Es importante destacar que la mayoría de los beneficiarios residen en áreas rurales (51.3 %) y son mujeres (57.5 %). Desde el punto de vista étnico, el 57 % de la población beneficiaria se autoidentificó como ladina -especialmente en área urbana-, mientras que el 40 % se identificaron a sí mismos como mayas -sobre todo en área rural-. Los departamentos con la mayor concentración de beneficiarios con relación al total nacional antes mencionado son Guatemala (18.7 %), San Marcos (10.2 %), Huehuetenango (9.0 %) y Quetzaltenango (7.7 %). Sin embargo, al ajustar estos datos en función de la población de cada departamento, destacan tres departamentos del oriente del país: Jalapa (69.2 %), Zacapa (67.2 %) y Chiquimula (57.8 %) con los porcentajes más significativos de beneficiarios sobre su población departamental. En las siguientes posiciones, se encuentran dos departamentos del occidente: San Marcos (55.4 %) y Quetzaltenango (54.7 %).
Ahora bien, en lo que concierne al tamaño de la economía de cada departamento, estimado por FUNDESA para el año 2022, se ha realizado un ordenamiento de los departamentos de acuerdo con el impacto que les generan los montos anuales de las remesas recibidas.
Gráfico 1. Peso de las remesas respecto al Producto Interno Bruto en cada departamento, 2022.
Fuente: elaboración propia a partir de OIM 2023 y el Índice de Competitividad Local 2022 (FUNDESA).
Los departamentos de Quiché, Chimaltenango y Sololá destacan como aquellos en los que las remesas tienen un mayor impacto en sus economías. Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos también se sitúan por encima del promedio nacional en cuanto a la influencia de las remesas en su actividad económica. Totonicapán se revela como uno de los departamentos más impactados por el peso de las remesas, ocupando el séptimo lugar entre los veintidós departamentos del país. El mapa que refleja estos mismos porcentajes es el siguiente:
Mapa 1. Peso de las remesas respecto al Producto Interno Bruto en cada departamento, 2022.
Fuente: elaboración propia a partir de OIM 2023 y el Índice de Competitividad Local 2022 (FUNDESA).
Las remesas ejercen un impacto económico sumamente significativo en varios departamentos de Guatemala, un hecho que adquiere aún mayor relevancia dada la modesta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales. Este fenómeno es crucial para entender el contexto socioeconómico en el que se desarrolla la movilización social y las demandas de los pueblos indígenas en el país. No obstante, es imposible establecer qué porcentaje de las remesas se podría destinar al activismo político, si no se diseña una encuesta específicamente destinada para investigarlo. Indirectamente, sí podríamos inferir la disponibilidad de recursos familiares para esta u otras actividades que consideren importantes, como también podría ser el financiamiento de campañas.
En el Censo de Población y Vivienda de 2018 se preguntó a los hogares: “A partir del año 2002, ¿alguna persona que pertenecía a este hogar se fue a vivir a otro país y aún no ha regresado?” Del total de hogares que respondieron positivamente el ordenamiento de los departamentos fue el siguiente:
Gráfico 2. Ordenamiento de los departamentos de la República de Guatemala según el porcentaje de hogares que respondieron que una o más personas del hogar se fueron a vivir a otro país entre 2002-2018.ersonas.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2018.
Mapa 2. Departamentos de la República de Guatemala según el porcentaje de hogares que respondieron que una o más personas del hogar se fueron a vivir a otro país entre 2002-2018.
Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2018.
Si bajamos a examinar el nivel municipal, el 25 % de los 340 municipios tienen una alta tasa de emigración internacional -es decir, por arriba del 10 % de los hogares con al menos un migrante-, pero cuando desagregamos por el tipo de municipio, según tiene o no una mayoría de población que se autoidentifica como indígena, los porcentajes cambian: el 35 % de los municipios con mayoría indígena reportaron alta migración, mientras que baja a 17 % en los municipios con minoría indígena. Visto de otra manera, los municipios con mayoría indígena son el 46 % del total nacional, pero el 64 % de los municipios con alta migración. En estos municipios el porcentaje de población indígena incluso supera el 90 %.
Tabla 1. Municipios agrupados según su porcentaje de población indígena y de hogares con alto nivel de emigración, según Censo de Población y Vivienda 2018.
Nota: porcentaje de migración se calcula dividiendo total de hogares que, en cada municipio, respondieron que al menos alguien se fue a vivir al extranjero a partir de 2002 y aún no había regresado en 2018, respecto al total de hogares censados.
Por lo tanto, la tabla anterior muestra una asociación significativa entre municipios con mayoría de población indígena y alto nivel de emigración internacional, al menos para el período 2002-2018. No se está asumiendo que todos los vecinos u hogares de un municipio se comportan como el agregado municipal. Simplemente, se está señalando dónde hay mayor o menor porcentaje de hogares con algún pariente residiendo en el extranjero. Así que, indirectamente, sabiendo la procedencia de los manifestantes, se podría inferir si provienen de lugares con mayor o menor flujo de remesas. El otro problema aún por resolver sería el porcentaje de remesas que, en efecto, podría ser dedicado al activismo social o político. Al menos podemos calcular cantidad de personas que se sumaron a las protestas y que es muy probable que también sean beneficiarias de remesas.
Latinobarómetro 2020 nos permite saber que casi un 7 % de las personas encuestadas ese año habían realizado o estaban dispuesta a hacer un bloqueo del tráfico como acción política. Para la población que se autoidentificó como indígena dicho porcentaje subió a casi 11 %. Ello en el contexto de la pandemia por COVID-19, pues en años previos los porcentajes eran mayores. Destacando el año en que se firmaron los acuerdos de paz, cuando más de un tercio de los entrevistados estaba dispuesto a bloquear el tráfico alguna vez, o ya lo había hecho antes. Aplicando el 11 % de población indígena dispuesta a bloquear carreteras en 2020, al 40 % de beneficiarios mayas de remesas en 2022, podríamos tener unas 200 mil personas mayas adultas dispuestas a bloquear carreteras y que además recibieron remesas en 2023, asumiéndose que esos porcentajes no variaron.[5] Dados los niveles de cobertura y duración de las protestas en octubre 2023, esa cifra no parece descabellada.
La lucha reciente por la democracia, entonces, podría haber sido financiada en alguna medida por el esfuerzo de aquellos que emigraron en busca de las oportunidades que no encontraron en su tierra de nacimiento. Ellos, mejor que nadie, comprenden las consecuencias de un sistema político corrupto que les priva de oportunidades a los más desfavorecidos. Y aspiran, como nosotros, a una sociedad democrática e inclusiva, donde el sistema de justicia no persiga a los inocentes y proteja a los culpables.
[1] En una interesante nota a pie de página, Taracena describe brevemente otros términos utilizados: muchedumbre, multitud, turba, tumulto, zafarrancho, trifulca, disturbio, revuelta, sublevación, levantamiento, sedición, insurrección y subversión. Ver libro editado por Ana Lorena Carrillo Padilla (BUAP y FLACSO-Guatemala, 2015).
[2] Estimación realizada en 2021 por los 48 Cantones de Totonicapán. Conversación con Martín Toc (13 de octubre de 2023), ex presidente de dicha organización, a quien agradezco sus explicaciones sobre cómo funciona el autogobierno comunitario. También aprecio los comentarios y sugerencias de mis colegas Daniel Núñez e Isabel Reyes a una versión previa de este ensayo.
[3] Como explican los teóricos de la movilización social, como McAdam, Tarrow y Tilly, el cambio social afecta la oportunidad de que surjan potenciales actores, también estructuras para la movilización que facilitan la comunicación, la coordinación y los compromisos entre esos actores, y los encuadres que producen definiciones compartidas de lo que ocurre (el consenso entre los actores). Estos elementos determinan los repertorios de la protesta (el conjunto de medios utilizados para hacer los reclamos colectivos). La interacción entre todos estos elementos facilita la protesta social, al menos en el modelo clásico. McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge University Press.
[4] Ekern, S. (2011). The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemala. Journal of Latin American Studies, 43(1), 93–119. http://www.jstor.org/stable/23030585
[5] OIM estima, según su encuesta (2022), que un 70 % de los 6.56 millones de beneficiarios son adultos, y el 40 % son mayas. Por lo tanto, si se aplica porcentaje de Latinobarómetro (2020) a esa cantidad, se obtienen las 200 mil personas.
