Hace dos años, en Diálogos escribimos sobre la posibilidad de un escenario de violencia como el que vivimos actualmente. Utilizando la crisis en Ecuador como ejemplo, en esa ocasión señalamos que Guatemala podría vivir una situación similar si el Estado continuaba abordando el crimen y la violencia como lo había hecho hasta entonces: con políticas de “mano dura” que priorizan la militarización de la seguridad y el encarcelamiento de jóvenes, quienes a menudo se involucran en la vida delincuencial por el contexto en el que se han desarrollado (precariedad, violencia intrafamiliar, falta de acceso a recursos básicos, desempleo), sin atender otros problemas estructurales. Planteamos que el Estado necesita combinar políticas reactivas y de control con políticas de prevención y rehabilitación, prestando especial atención a los centros carcelarios que, a lo largo de los años, se han ido transformando en bombas de tiempo.
Lamentablemente, ahora vivimos el resultado del cúmulo de decisiones del gobierno actual y gobiernos anteriores, algunos con más responsabilidad que otros. Después de una serie de motines y toma de rehenes protagonizados por miembros del Barrio 18 en tres centros carcelarios (Renovación I, Fraijanes II y Preventivo de la zona 18) durante dos días (el 17 y 18 de enero), las fuerzas de seguridad lograron controlar la situación en las cárceles, pero en seguida registraron varios ataques simultáneos dirigidos a agentes de la Policía Nacional Civil en once puntos del área metropolitana (ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla y San Pedro Ayampuc), presuntamente coordinados por miembros de la misma organización. La situación llevó a una crisis generalizada y al gobierno a decretar un estado de sitio por 30 días, una decisión política con potenciales consecuencias significativas en materia de derechos y controles. El saldo hasta el momento es de 11 policías asesinados y cinco heridos.
El escenario actual es complejo y demanda una respuesta clara y organizada por parte del Estado. Según un reportaje de Prensa Libre, durante las primeras 48 horas del estado de sitio, las fuerzas de seguridad capturaron a 23 presuntos pandilleros y detuvieron a 293 personas. También neutralizaron al presunto cabecilla de los ataques y líder del Barrio 18: Aldo Dupie Ochoa, alias “El Lobo”. Además, la policía inhabilitó y estableció puntos de control en varias calles en la capital, mientras que el ejército fue desplegado hacia diversos sectores del país, con el fin de establecer una presencia en las calles, controlar el flujo de personas, vigilar e identificar a presuntos criminales. Ambos—policía y ejército—realizaron operativos combinados en varios departamentos del país.
Las políticas del gobierno actual y futuras administraciones deben tomar en cuenta una característica esencial del fenómeno al que se enfrentan. Como es bien sabido, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 son estructuras jerárquicas que basan una buena parte de sus actividades en las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)—como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, la mensajería instantánea o la banca en línea—para comunicarse y coordinar acciones entre sí, obtener y manejar recursos de la población. Estas tecnologías hacen posible, por ejemplo, que estos grupos organicen un ataque simultáneo en diferentes puntos geográficos, como el que vimos el pasado 18 de enero, y que luego regresen a las sombras para quizás reorganizarse y coordinar otro ataque similar en otros puntos más adelante. Estas tecnologías, además, modifican parcialmente a estas organizaciones, ya que permiten formas de coordinación más horizontales y fluidas entre sus miembros, lo que las transforma en entidades altamente adaptativas que, al mismo tiempo, mantienen una estructura formalmente jerárquica.
Organizaciones de esta naturaleza no pueden atacarse sólo con las acciones reactivas como las que las fuerzas de seguridad implementan actualmente (despliegues territoriales, puntos de control, operativos combinados). Estas están diseñadas para manejar crisis que involucran a estructuras menos sofisticadas, estrictamente jerárquicas, que operan desde ubicaciones fijas. Las acciones reactivas deben ser acompañadas a corto y mediano plazo por políticas diseñadas para neutralizar estas redes, enfocadas en cortar sus vínculos físicos, comunicacionales y financieros, dentro de las que la recopilación de todo tipo de inteligencia, pero en particular la inteligencia de señales (SIGINT), debe jugar un papel significativo. El riesgo de no hacerlo es de nuevo caer en lo que ha caído el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, en donde tan sólo entre principios de 2024 y agosto de 2025, se implementaron 14 estados de excepción, con un último decretado el pasado 31 de diciembre.
La idea de que las maras no responden a políticas tradicionales por ser grupos que se organizan en redes gracias a la tecnología no es nueva. En los años 90, la corporación Rand planteó que el surgimiento de grupos organizados en redes facilitados por la tecnología había producido un nuevo tipo de guerra, a la que denominó netwar o “guerra de redes”. Contrario a las guerras tradicionales, que se libraban entre ejércitos ubicados en posiciones geográficas concretas con liderazgos únicos discernibles, estas guerras respondían a una lógica más fluida por la misma naturaleza de las nuevas formas de organización involucradas, cuyos miembros aparecían y desaparecían aquí y allá, carecían de un liderazgo único y coordinaban sus acciones simultáneamente desde el mundo invisible de lo virtual. Las luchas, por lo tanto, debían librarse no sólo en el espacio físico sino también en el digital, y debían enfocarse en desarticular estas redes y hacerlas inoperantes. Las “victorias”, en este contexto, serían relativas, ya que siempre cabría la posibilidad de que las redes se rearticularan, reorganizaran y atacaran de nuevo. En su momento, los autores del informe argumentaron que este nuevo tipo de guerra requeriría un cambio de paradigma que compararon con el juego de Go, en le que el jugador victorioso no aniquila a su oponente, como en el ajedrez, sino que solamente controla más territorio y gana el balance final.
La idea de utilizar SIGINT tampoco es nueva para el Estado guatemalteco. La Ley contra la delincuencia organizada contempla, en su artículo 48, las “interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación” para “evitar, interrumpir o investigar” varios delitos, e incluye “comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético, así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan”. Con esto, las autoridades competentes, con autorización judicial y coordinación con el sistema de justicia, pueden hacer uso de herramientas para interceptar no sólo llamadas telefónicas, sino también mensajes instantáneos entre aplicaciones de teléfonos inteligentes o correos electrónicos, siempre y cuando cuenten con el conocimiento y la tecnología para hacerlo. Cabe señalar que el artículo 48 es producto de las reformas impulsadas por la CICIG en 2008, las cuales, junto con las operaciones más amplias que realizó con el Ministerio Público a partir de ese año, han sido señaladas como posibles factores que contribuyeron al descenso sostenido de los homicidios desde 2009.
Claramente, el uso de SIGINT plantea desafíos enormes para cualquier gobierno de turno en Guatemala, no sólo por las dificultades técnicas y de conocimiento que conlleva, sino también por la historia de los aparatos de inteligencia del Estado durante y después de la guerra civil. Los gobiernos que implementen esta clase de políticas deberán garantizar el cumplimiento de los derechos civiles, políticos y humanos de la ciudadanía en general. En este punto, también es importante señalar que la recomendación no es que los gobiernos de turno desarrollen la recopilación de SIGINT de manera aislada, ignorando otras formas de inteligencia, como la financiera, técnica y humana (FININT, TECHINT y HUMINT, respectivamente). Cualquier política de esta naturaleza debe involucrar todos los tipos de inteligencia necesarios y legalmente disponibles para alcanzar el objetivo de desarticular estas redes y hacerlas inoperantes.
A largo plazo, como hemos argumentado en un texto más reciente, las acciones reactivas y punitivas deben acompañarse por políticas que aborden los problemas estructurales que han dado origen a organizaciones como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. La violencia intrafamiliar, la precariedad, el desempleo, la falta de acceso a recursos básicos, el control de armas de fuego y la situación del sistema penitenciario deben ser temas prioritarios para cualquier gobierno de turno que tenga la voluntad y la capacidad de implementar políticas integrales. En dicho texto, sugerimos que los gobiernos pueden voltear a ver a casos exitosos como el de Medellín, en donde, desde principios de los años 2000, se han implementado una serie de políticas integrales bajo el concepto de “seguridad humana” que abarcan temas sociales como el empleo, la educación y la salud, a la par del combate directo a la delincuencia y el uso de inteligencia. Con una combinación de este tipo—políticas de reacción, prevención, rehabilitación y sociales—podremos empezar a pensar en salir de la crisis en la que nos han metido décadas de políticas de “mano dura”.
