El sábado 17 de octubre, el abogado, exfiscal y exjefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado en las canchas del Campo Marte, zona 5 de la capital. También murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Hoy no existe evidencia pública sobre el móvil y este texto no pretende darlo. Mas bien, propone mirar el hecho dentro de un panorama más amplio y huir de la simplificación de hechos como este. En ese sentido, esto se ofrece más como una hipótesis de trabajo que como una conclusión.
El ataque ocurrió por la mañana, en el Campo Marte y con gente alrededor. Quien ordenó el asesinato y quienes ejecutaron saben perfectamente que las consecuencias serán mínimas en imperio el de la impunidad. Según un estudio del Instituto Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, 9 de cada 10 homicidios quedan impunes. Es decir, que no se lleva al culpable ante la justicia. La falta de castigo efectivo es uno de los factores que alimentan la violencia.
De manera que cuando la certeza de ser atrapado, juzgado y sentenciado es mínima, el crimen deja de esconderse. La impunidad no sustituye otras explicaciones del crimen, pero abre una puerta que las demás aprovechan.
Por otro lado, detrás de los hechos violentos suele haber redes criminales con intereses económicos y acumulación de poder en las que participan varios tipos de actores. Entre ellos se encuentran criminales de calle como sicarios y extorsionadores; líderes de pandillas y de estructuras criminales, mafias locales; políticos corruptos que ofrecen contratos o protección, empresarios con intereses en las ganancias de economías ilícitas así como mandos militares y policiales que facilitan armas, protección o información. Todos ellos forman una constelación de actores que están insertados en parcelas institucionales de la impunidad estatalmente organizada.
De manera que mi reflexión es ver el infame homicidio de Solórzano Foppa en un marco de eventos que reflejan un problema sistémico en el que se tejen redes criminales.
¿Hechos recientes que conviene dibujan una trama?
- Octubre 2025. Veinte miembros del Barrio 18 se fugaron de Fraijanes 2, y el MP habló de cooperación de personal del penal.
- Octubre 2025. Salieron del Comando Aéreo del Norte, en Petén, 55 fusiles, más de 14 mil municiones y tres lanzagranadas. Cuatro militares, entre ellos el comandante, fueron ligados a proceso.
- Diciembre 2025 en adelante. En Nahualá (Sololá), el Gobierno atribuyó un ataque a un destacamento militar a grupos armados que buscarían control territorial y rutas ilícitas, mientras el alcalde ofreció otra versión.
- Enero 2026. Hubo motines en tres cárceles, 45 custodios retenidos y ocho policías asesinados en pocas horas.
- Incremento de homicidios en el trimestre julio-septiembre 2026 con respecto al mismo periodo al año anterior. Además de la aparición de cuerpos en bolsas con señales de violencia.
- Agosto 2026. El Organismo Judicial detectó un faltante de armamento en su armería y lo denunció ante el MP, sin precisar cuántas armas faltan.
- 27 de septiembre 2026. En Huité, Zacapa, murieron ocho personas. El Gobierno reconoció después que soldados dispararon y relevó mandos militares, y la investigación sigue abierta.
- 1 de octubre 2026. Prensa Libre publicó una nota en la que se describe una investigación que vincula a cuatro policías de la PNC con una estructura criminal que se dedica al robo y venta de municiones. Estas fueron identificadas en la investigación de una masacre en una cevichería de zona 6.
- 8 y 15 de octubre 2026. Un soldado murió por el disparo de un francotirador en San Marcos, y el 15 de octubre se desplegaron 700 efectivos en Tajumulco e Ixchiguán, zona donde Defensa reporta presencia de crimen organizado.
¿Cómo ver estos hechos?
Acá no se afirma que estos hechos estén conectados ni que una sola mano los dirija. Cada uno tiene su propia aproximación y dinámica criminal que podrían ser explicados sea por la disputa de las pandillas por los territorios y el marcado de la droga, las incursiones de cárteles y reacomodos de mercados criminales, el negocio de la compra venta de armas ilegal, la corrupción que teje el vínculo entre parcelas institucionales y estructuras criminales, solo por citar unos ejemplos. Lo que se planteo es que, cuando los negocios ilícitos se acomodan, las redes se mueven en varios frentes; las armas, las cárceles, los territorios que precisan de protección institucional. Estas redes tienden a activarse con particular intensidad antes de momentos que definen quién controla las llaves del poder público. Lo que habrá que preguntarse con todos estos hechos es ¿quién gana qué? y ¿quién pierde qué y por qué?
Por qué mirar hacia 2027
El año electoral importa porque de él dependen contratos, cargos y una cadena de protección de las redes criminales que están detrás del negocio del crimen. Ahí entra la economía política local y nacional, es decir, las condiciones que facilitan la captura de instituciones como la contratación pública y el clientelismo. Si esas condiciones existen, estas redes tienen incentivos para recuperar espacios institucionales y para frenar procesos que las expongan; o bien, eliminar actores que les incomodan y estorban.
Las autoridades parecen verlo así, pues el 22 de septiembre una delegación de fiscales federales de Estados Unidos visitó el país, y el 25 el fiscal general, Gabriel García Luna, dijo que el MP investiga cómo el narcotráfico se ha incrustado en órganos del Estado y que ha detectado candidatos que aceptan dinero de pandillas y estructuras narcotraficantes.
¿Qué veríamos si leyéramos estos hechos como señales de una red de intereses y mercados criminales en movimiento, sostenido por la certeza de que están trabajando para ganar impunidad y asegurarse protección después de la elección presidencial? Responder exige datos y no suposiciones, así que toca esperar el trabajo del MP, exigir que se esclarezca quién ejecutó y quién ordenó el crimen, y dar seguimiento a los patrones y no solo a los casos. Así como a todos los hechos que se he citado anteriormente.
Finalmente, Marcelo Bergman sostiene en su libro El negocio del crimen que el delito creció en América Latina porque se volvió un negocio, con mercados ilegales que dejan ganancias y prosperan donde el Estado es débil o cómplice. Por eso no basta con mirar a quien aprieta el gatillo. Hay que seguir las ganancias y a las redes que se benefician a lo largo de toda la cadena de mando, hasta su último eslabón, desde sicarios y extorsionadores hasta líderes de estructuras, políticos corruptos, empresarios que se lucran de economías ilícitas y mandos militares y policiales que facilitan armas, información o rutas. Se habla de roles y no de personas. Simplificar las explicaciones sobre el fenómeno de la violencia no abona a la discusión y abre la puerta a los discursos de mano dura que no han resuelto nada en la disminución de la violencia.
